Asociados en la prensa

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Pequeños señores feudales

Escrito por Ana Paula Ordorica el .

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Excélsior

Se aprobó en el Senado la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Maravilloso primer paso. No nos podemos quejar.

El tema es que el problema de la corrupción en nuestro país no tiene nada que ver con las leyes ya existentes. Tiene que ver principalmente con la falta de su cumplimiento.

Pero, suponiendo que las leyes fuesen el problema, los cambios constitucionales que implica la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción requieren que los Congresos de al menos 16 estados de la República los aprueben.

Gran problema.

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Concesiones y no permisos

Escrito por Luis de la Calle el .

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El Universal

Muchos de los rezagos en materia de competitividad en México están relacionados con el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las recientes reformas estructurales son, precisamente, un reconocimiento de la falta de competitividad en sectores que son, además, precursores la competitividad del resto de la economía.

Quizá la principal razón detrás del rezago competitivo, desde hace tiempo diagnosticado, es la falta de competencia que se ha ido corrigiendo en el tiempo, ahora de manera muy importante por medio de las reformas estructurales.

El régimen concesionario que se tiene en México para la mayoría de las actividades de comunicaciones y transportes está relacionado con la ausencia de competencia que se tenía antes de la apertura. En el país se optó desde hace muchos años por el otorgamiento de concesiones para la explotación comercial de las comunicaciones y transportes en lugar de establecer un régimen permisionario para hacerlo.

Los regímenes concesionarios en la materia no estaban muy alejados del régimen político concesionario que se tuvo durante la mayor parte del siglo XX en México. Por el contrario, había una cercana relación entre uno y otro.

Jurídicamente, las actividades económicas de comunicaciones y transportes se legislaron como concesiones y no como permisos por dos razones: una, posterior relacionada con la rectoría económica del Estado del artículo 25 de la Constitución; otra, producto de la concepción de que estos servicios corresponden originalmente al Estado que los concesiona a particulares para su provisión.

Durante muchos años la concepción de los servicios como públicos se interpretó como sustento para darles un carácter monopólico. Más aún, la propia palabra concesión con frecuencia se interpretaba como equivalente a un monopolio. Por ejemplo, al transportista que se asignaba una ruta, se le hacía de manera única, sin competidores, por lo que la concesión se convertía en una importante barrera de entrada y se establecía un contubernio entre el proveedor y el Estado.

La concesión tiene también una implicación de que se está usando un recurso limitado, no reproducible: una carretera y no dos; espacio aéreo para una línea en una ruta y no más; un gaseoducto entre dos puntos en lugar de varios; espacio limitado en el espectro radioeléctrico analógico, en lugar de multiplicación de señales en el digital, y muchos otros similares.

La apertura que inició con las negociaciones de los tratados de libre comercio empezó a desmantelar los regímenes preferenciales de concesiones para dar paso a la competencia y a los múltiples proveedores de un mismo bien. Para competir exitosamente en el ámbito internacional se volvió indispensable que hubiese competencia en todos los sectores precursores, incluidos las comunicaciones y transportes y ahora la energía.

México ha avanzado mucho en la transformación de su economía y ahora se antojan anacrónicas y obsoletas las figuras de concesiones como monopolios y concesiones como sustitutivas de un servicio público. El avance de la apertura y el avance democrático—en realidad líneas paralelas— requieren una nueva visión de lo que constituye un servicio público. Esto es también especialmente cierto con el cambio tecnológico que ha implicado el crecimiento exponencial de las trasmisión de comunicaciones y la conectividad del transporte en una economía plenamente globalizada.

Las importantes reformas recientes no pusieron en la mesa la conveniencia de transitar de un régimen de concesiones a un régimen de permisos. Al contrario de las concesiones (que parecen un “favor” del Estado), los permisos se otorgan a todo aquel agente que cumpla con las condiciones de seguridad para proveer el bien o el servicio. El permiso no implica un favor (una concesión) sino el ejercicio de un derecho ciudadano a dedicarse a una actividad productiva por demás legal.

Transformar el régimen de concesiones por uno de permisos quizá sea una tarea titánica, desde el punto de vista jurídico y de derechos adquiridos, por lo que es altamente probable que no se haga.

Por otro lado, no hacerlo y seguir pensando que las concesiones son servicios públicos puede resultar en abusos al derecho de amparo que puedan paralizar la inversión en sectores fundamentales para la competitividad de toda la economía.

Twitter: @eledece

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Aumentar salarios

Escrito por Verónica Baz el .

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Reforma

Por meses hemos oído a una gran diversidad de actores políticos argumentar que en México se deben aumentar los salarios, en particular a través de incrementar el salario mínimo. Quienes traen esta propuesta ahora tienen como caso de éxito lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde empresas como Walmart, Starbucks, Ikea, Gap Inc. y Costco, entre otras, proactivamente aumentaron los salarios.

¿Qué sabemos de la decisión de estas empresas para llevar a cabo dichos aumentos? Existen muchas teorías. Hay quienes argumentan que, previendo que el salario mínimo iba a aumentar en algunos estados, se adelantaron para evitar tener que hacerlo por obligación. Anticiparse, además, tiene la ventaja de que les ganó buena publicidad.

En el caso de Walmart, aumentar salarios es también parte de una estrategia por cambiar su imagen. De precios bajos y sueldos bajos, intentar transitar a crear mejores experiencias para sus clientes y esperar a que esto les reditúe.

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Medios para la democracia

Escrito por Víctor Espinoza el .

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La Jornada

El pasado lunes 20 de abril como parte del evento de lanzamiento de La Jornada Baja California, tuve la oportunidad de presentar un magnífico libro coordinado por Pedro Miguel, México en WikiLeaks. WikiLeaks en La Jornada. Memoria de una aventura periodística, publicado por La Jornada Ediciones. El libro incluye varias historias paralelas; desde la creación del portal WikiLeaks por el ciudadano australiano Julián Assange en 2006, que se especializó en la publicación de documentos confidenciales; hasta las vicisitudes de su refugio en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, tratando de evitar un juicio amañado en Suecia, a partir de una acusación de delitos sexuales, con el objetivo de ser extraditado hacia Estados Unidos, donde sería  juzgado por espionaje y alta traición. 

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TPP—¿camino despejado?

Escrito por Jorge Eduardo Navarrete el .

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La Jornada

Los partidarios a ultranza del libre comercio, cuyo santo grial del momento es la Asociación Transpacífica (ATP o TPP por Trans-Pacific Partnership), echaron a volar las campanas con júbilo a mediados de abril al darse a conocer un acuerdo en principio entre los líderes de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.  Se dijo que el acuerdo abría el camino para, por fin, aprobar en el Congreso de Estados Unidos la solicitud de autorización especial de negociación—universalmente conocida como fast track authority—presentada por el presidente Obama en relación, entre otras, a la negociación, tan prolongada y tortuosa como reservada o confidencial en sus detalles, de dicha Asociación con otros once países de la cuenca del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam).  Como se sabe, la autorización especial o fast track authority permite al Legislativo definir los objetivos de la negociación comercial de que se trate, pero lo restringe a rechazar o aprobar in toto el resultado de las negociaciones, sin poder enmendar ninguno de sus extremos.  Desde los tiempos—que ahora se antojan pertenecientes a la prehistoria—de la negociación del NAFTA, los socios comerciales de Estados Unidos saben muy bien que negociar fuera de la fast track authority es, en el mejor de los casos, un ejercicio fútil.  

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Excesos y vacíos

Escrito por Luis Rubio el .

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Reforma 

La denuncia de supuestos actos de corrupción se ha convertido en un deporte nacional. No hay día en que las redes sociales dejen pasar fotografías de un funcionario subiéndose a un helicóptero gubernamental o que la esposa de un político sea fotografiada entrando a una tienda en Los Ángeles. El fenómeno atraviesa el espectro político, pero la mirada está fijamente puesta en el gobierno federal. Las fallas de la izquierda aparecen como menores en la lógica de los denunciantes. ¿Se trata de un exceso o meramente de un acto patriótico y, por lo tanto, democrático?

Establezco mi perspectiva de entrada: por un lado, todo mundo tiene absoluto derecho a expresarse libremente: la libertad está por encima de cualquier discusión. Por otro lado, es evidente que en el país existe una enorme propensión al abuso, la corrupción y el exceso. La libertad es un instrumento extraordinario en manos de una ciudadanía comprometida para exhibir y combatir el abuso, el exceso y la corrupción y nadie puede objetar ese principio fundamental.

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Incentivos a la impunidad

Escrito por Enrique Berruga el .

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El Universal

El fuero es un estímulo para que los funcionarios y legisladores de más alto nivel del país puedan evadir la justicia. Les permite robar, evadir la ley o violar los derechos de otros ciudadanos sin que deban enfrentar las consecuencias. ¿Es ese el sentido del fuero? Por supuesto que no. El fuero está diseñado para eximir a las autoridades de responsabilidad personal cuando están tomando decisiones que son de Estado, cuando están cumpliendo con las tareas propias de su cargo. Sin embargo, en México no se ha querido establecer la distinción y por ende se ha convertido en un pasaporte dorado para fomentar la impunidad y la corrupción. 

El flamante Sistema Nacional Anticorrupción omitió fijar esta diferencia y ha dejado intacto el fuero de las autoridades más prominentes del país. El debate en el Congreso se centró marcadamente en la decisión de eliminar o no el fuero para el Presidente de la República. En tanto que jefe del Estado y del gobierno mexicano, el Presidente es una figura que a todos nos representa, que es el líder de la nación y por ello debe ser un ejemplo a seguir por su honestidad, compromiso y apego a la legalidad. Su comportamiento como jefe de Estado y las decisiones que tome en ese plano deben estar salvaguardas por la ley, no así su conducción en el terreno personal.

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¿El Verde se manda solo? o ¿cuál es la señal?

Escrito por Leonardo Curzio el .

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El Universal

La actitud que ha asumido el PVEM es irritante. Su comportamiento contumaz ha provocado un alud de artículos y expresiones pocas veces visto en los últimos años. La molestia ha crecido hasta el punto que un grupo de ciudadanos se ha organizado para pedir la cancelación de su registro y ha reunido ya varios miles de firmas. Se podrá argumentar que muchos de ellos son simpatizantes de otras opciones políticas con las que no se muestran tan preocupados por las faltas a la ley de las formaciones que apoyan, pero el hecho de que practiquen una indignación selectiva no invalida que la forma reiterada en que ese partido (el Verde) ha violado las disposiciones legales que rigen el proceso electoral es escandalosa y es con mucha distancia el elemento que mayor encono le ha puesto al proceso.

 

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A todos los mártires…

Escrito por Universidad Anáhuac el .

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Excélsior

Por Catherine Prati Rousselet

Recientemente, Ban Ki-moon declaró en Doha, en el 13° Congreso de las Naciones Unidas (NN.UU.) sobre Prevención del Delito y Justicia Penal: “Siempre habrá delincuencia y siempre habrá extremistas. No obstante, debemos conseguir que la delincuencia y el extremismo dejen de ser consideradas opciones atractivas o necesarias, especialmente por los jóvenes. Por eso nos esforzamos por lograr un desarrollo sostenible y equitativo.”

En el umbral de la séptima década de existencia de la organización y ante el siniestro panorama global actual, es legítimo preguntarse qué tanto “nos esforzamos”; ignominioso eufemismo a los ojos de las miles de víctimas mortales y refugiadas de IS/Daesh (su acrónimo árabe), Boko Haram, Al Shabab, Al-Qaeda (y otros).

El señor Ban llamó para esta semana a “un análisis de las condiciones que conducen al surgimiento de grupos como el IS” y anunció el debate temático de alto nivel en la Asamblea General con la Alianza de Civilizaciones (programa de las NN.UU., que busca el mejor entendimiento entre las culturas y los pueblos) sobre tolerancia y reconciliación (sic).

Una tarea noble pero, desafortunadamente, poco oportuna ante las múltiples emergencias humanitarias que permanecen sin la adecuada atención de la comunidad internacional.

El acta constitutiva de la ONU (1945), conocida como Carta de San Francisco, ha establecido mecanismos para garantizar el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales pensando en la consolidación de un sistema de seguridad colectiva que busca, mediante medidas colectivas pacíficas, prevenir o, en su caso, resolver amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión entre naciones (Capítulo VI y VIII).

Desde el fin de la Guerra Fría (1989) los conflictos armados han sido mayormente conflictos que se llevan a cabo en el interior de un solo país, donde grupos antagónicos, en su lucha por el poder, se afrontan causando espeluznantes estragos entre la población civil.

Los mecanismos internacionales disponibles, incluyendo instrumentos más contemporáneos como “la responsabilidad de proteger”, resultan ampliamente insuficientes para la protección de las poblaciones martirizadas por grupos asesinos, toda vez que la comunidad internacional, cuya obligación de proteger es subsidiaria a la del Estado, se resiste a intervenir en defensa de la sociedad civil, aun cuando el poder del Estado en cuestión está manifiestamente mermado y los crímenes en contra de las personas, evidenciados por los propios verdugos.

Aunque el derecho internacional ha logrado grandes avances en materia de protección de la persona, la potestad de las instituciones internacionales en el tema es prácticamente inexistente.

Falta mucho trecho para que los expertos encuentren un camino axiomático para la compatibilidad de la soberanía del Estado con el principio de intervención de la comunidad internacional en casos de ineptitud del Estado en cuestión. Una vía poco promovida, pero sin duda irrefrenable es persistir en la adopción de la Convención Internacional sobre la Responsabilidad de los Estados.

 

 

Catherine Prati Rousselet es Coordinadora académica del doctorado en Seguridad Internacional, Facultad de Estudios Globales,Universidad Anáhuac México Norte.

 

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El engaño del polígrafo

Escrito por Cecilia Soto el .

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Excélsior

La participación del exalcalde de Iguala y de su esposa, en la cadena de eventos que llevó a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ha hecho que para estas elecciones se exija un examen riguroso de la hoja de vida de los candidatos. Algunos partidos han pedido a la Procuraduría General de la República que, en los hechos, palomee a los candidatos con antecedentes limpios o que comparta la información de los que merecen tache. Una responsabilidad difícil para la PGR: por una parte es cierto que la Procuraduría tiene —o debería tener— información a la que no tienen acceso los partidos y, por otra, es ilusorio suponer que su información es infalible.

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