Asociados en la prensa

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Una nueva etapa para la India

Escrito por Julio Faesler el .

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Excélsior

Narendra Modi llegó al poder el verano pasado, con un triunfo arrasador, apoyado en la clase media y las esperanzas del voto rural que constituye más del 65% de la población. El gobierno saliente, del histórico Partido del Congreso, había decepcionado a todos por su debilidad frente a las necesidades de crecimiento, su incapacidad para frenar la corrupción y la falta de carisma de sus líderes.

Con mayoría en ambas cámaras del Parlamento, Modi recibió una carta blanca para emprender una larga lista de medidas diseñadas para inyectar eficiencia y competitividad en la actividad agrícola, que representa el 50% de la ocupación nacional y a la industria demasiado atribulada bajo pesadas reglamentaciones federales, estatales y locales.

Al nuevo gobierno se le pidió estabilidad en las políticas, simplificación del complejo aparato fiscal con sus irritantes impuestos, ajuste de subsidios dispendiosos y una acción más ejecutiva del gobierno. Al igual que en México, en India la reforma educativa es urgente, como también la judicial.

Sin perder tiempo, Modi arrancó su gestión visitando el país, inaugurando programas de infraestructura, organizando a productores locales de todo nivel, organizando apoyos y castigando a los corruptos.

El Primer Ministro ha realizado visitas oficiales a sus importantes vecinos China y Paquistán, expresando firmeza en sus propósitos de arreglar espinosos problemas fronterizos pendientes desde hace años, aclarando malos entendidos y tejiendo así renovadas alianzas estratégicas. India ocupa un predominante lugar por su dimensión y su vecindad con los países del pujante sureste asiático y los de Asia central, todos los cuales están desarrollando su gran potencial.

En sus viajes a Estados Unidos, a países europeos y latinoamericanos, Modi ha reiterado posiciones conocidas desde anteriores gobiernos respecto a su lugar en la globalización. La prioridad de aliviar la pobreza masiva en que aún vive 30% del pueblo indio, no admite adoptar políticas liberales con aperturas indiscriminadas a importaciones que pueden dejar sin trabajo a los agricultores y trabajadores. Así lo manifestó el Ministro de Comercio en las sesiones de la OMC en Ginebra y en las reuniones con empresarios en Davos.

En cuanto a la economía, el futuro a corto plazo de la India se anuncia con un crecimiento más moderado que el del 10% anual que Modi logró como gobernador de Gujarat. Habrá que esperar que fructifiquen las reformas.

En estos días, la atención de todos está centrada en el tenor del presupuesto para 2015 que se presentará esta semana. Se entiende que el documento será la entrada en acción de las promesas de campaña de Modi marcando un inicio más formal de su gobierno.

Las políticas económicas y sociales de la India buscarán el difícil equilibrio entre lo que el país necesita con urgencia y lo que su intrincada estructura permite. Por ahora, con un PIB de mil 877 mil millones de dólares, el país crecerá, este año, a 6.4% o 7%, después de lo cual, probablemente, retomará ritmos superiores.

El futuro de la India no empieza hoy. Hace años su revolución verde agrícola, a la que la semilla mejorada mexicana contribuyó como factor definitivo, le confirmó su independencia política. Ahora, sus sorprendentes avances cosechados en la industria informática mundial colocan al país en primera línea en muchas otras áreas. Su vasto mercado interno, de más de 400 millones de clase media, ya atrae un creciente número de inversiones que incluyen firmas mexicanas industriales, de alimentos, entretenimiento y de servicios.

En cualquiera de nuestros estudios de prospectiva, la India que ya nos compra mil millones de dólares, figurará siempre como un activo socio en los múltiples intercambios que ya realizamos.

juliofelipefaesler@yahoo.com

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¿Quién defiende al INE?

Escrito por Ana Paula Ordorica el .

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Excélsior

Vaya andanada de ataques en contra del Instituto Nacional Electoral. Recuerdo cuando el antecesor del INE, el IFE, gozaba de enorme prestigio.

En los años del IFE presidido por José Woldenberg, cuando los partidos quisieron hacer de las suyas y someter a los Consejeros Electorales que trabajaban en temas tan delicados como la fiscalización de la campaña presidencial del 2000 del PAN/PVEM o del PRI, los partidos se vieron arrinconados. No había quién apoyara su ataque.

Así, el caso de Amigos de Fox y el Pemexgate llevaron a una multa por 399 millones de pesos al PAN y 98 millones de pesos al PVEM y de mil millones de pesos para el PRI.

Entonces los partidos quisieron someter a los consejeros electorales para que se retractara el IFE en las indagaciones, acusaciones y multa. Pero no lo lograron. Para el PAN era un golpe duro porque salían perdiendo, pagando los platos rotos, y a Vicente Fox, ya como presidente, el tema ni siquiera lo tocó. Para el PVEM era un dinero mal invertido ya que la alianza electoral se rompió pronto con las quejas de ese partido hacia Fox por no haber cumplido en darle al partido los puestos políticos que sentían merecían.

En el caso del PRI, el Pemexgate era un clavo más en el ataúd después de haber perdido la presidencia, tras 70 años ininterrumpidos de estar en el Ejecutivo.

Pero con todo y todo, los Consejeros del IFE se mantuvieron firmes, ante éste y otros ataques de los partidos, logrando dar mayor prestigio, seriedad y, sobre todo, confianza a la ciudadanía de que a través del IFE las elecciones eran ahora más transparentes.

Se sentía que México empezaba a dejar la trampa y elcochupo atrás. Y esto generó respaldo ciudadano para el instituto. Premisa indispensable para hacer crecer al IFE; para darle fortaleza.

Seis años después, cuando Andrés Manuel López Obradorquiso atacar al IFE, desde las mismas instancias ciudadanas, se le reprochó al tabasqueño el golpeteo a la institución ciudadana que tanto trabajo había costado construir.

Entonces eran AMLO y los suyos quienes constantemente denostaban a las instituciones electorales.

Hoy AMLO es uno más de los que atacan. Los partidos han hecho y deshecho de las instancias electorales de manera constante, ya por casi una década, y el resultado no sorprende.

Hoy el INE, heredero del IFE, se encuentra huérfano; aislado; sin nadie que lo defienda.

Los partidos políticos se han salido con la suya; han logrado poner de rodillas al Instituto.

Tan sólo esta semana, las sesiones del INE se llevaron a cabo con siete de las 10 sillas de los partidos vacías como protesta a lo que acusan es un favoritismo al PVEM y al PRI. La situación es preocupante. ¿Qué consecuencias tendrá este descrédito para las elecciones del 7 de junio?

¿Tendrá este INE la firmeza ante los llamados a anular elecciones en lugares como Guerrero? ¿A instalar las casillas en sitios conflictivos de Michoacán, Tamaulipas, Morelos? ¿A responder a quienes desde ahora acusan piso disparejo en la contienda?

Con tanto golpeteo, se antoja difícil.

Twitter: @AnaPOrdorica

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Auditores y consejeros ¿seducidos?

Escrito por Cecilia Soto el .

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Excélsior

La corrupción que se practica en México y en países como el nuestro es silvestre. Se traduce en el enriquecimiento de unos cuantos, en pérdidas y fallas en los proyectos y empresas afectadas por ésta y en robo de recursos públicos con la gravedad que esto implica. Comparada con la corrupción que causó la gran depresión de 2008-2009 de la que todavía no logran salir del todo Europa y Japón, la nuestra es un ejercicio de primerizos seriales. Porque en el corazón de la crisis financiera, que estalló el 15 de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, estuvo no sólo un problema de desregulación sino la complicidad voluntaria o no, de los sistemas de auditoria interna y externa de bancos, fondos y casas financieras que aprobaron, una y otra vez, los estados financieros de empresas como Lehman y otras que se sostenían apenas por la seguridad de que “eran demasiado grandes para caer”.

Ahora que estamos a punto de estrenar un sistema anticorrupción, hay que aprender de los errores propios y ajenos. Las baterías de la opinión pública y de los legisladores han estado centradas en la corrupción endémica en el sector público, en la falta de transparencia y en el binomio corruptor/corrupto que plaga a la iniciativa privada y al gobierno. Se ha puesto atención en el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización públicas, pero se ha pasado por alto el papel de las herramientas de auditoría privada y la responsabilidad de los consejos de administración de las empresas. Estos también tienen que evolucionar y fortalecer su papel fiscalizador en la iniciativa privada.

Un ejemplo de esta falla institucional, tanto pública como privada, es el caso de Petrobras en Brasil. En noviembre del año pasado, el despacho de auditoría Price waterhouse coopers, PwC, contratado por la empresa brasileña desde 2012, se negó a avalar el informe financiero del tercer trimestre de Petrobras, empresa golpeada por las revelaciones de la investigación lava-jato, montada por la fiscalía de ese país y amenazó reportar sus dudas a la Securities Exchange Commission, SEC, en Nueva York. La pregunta que surge es ¿por qué PwC avaló los informes de 2012, 2013 y primeros dos trimestres de 2014, a pesar de que las operaciones de alteración de precios, cohecho y mordidas estaban presentes? ¿Por qué los avalaron los despachos de auditorías externas anteriores?

Sólo menciono el ejemplo de Petrobras porque su caso es actual, se trata de una compañía que cotiza tanto en la Bolsa de São Paulo como en la de Nueva York, porque su presidente tenía que informar a los accionistas privados y públicos del estado de la compañía y porque muchos (yo, por ejemplo) vivían bajo la ilusión de una mejora sustancial en su gobernanza corporativa. En México sobran ejemplos de malas prácticas públicas que se dejan pasar, ignoradas o encubiertas, por consultores privados. El caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México es, sin duda, uno de ellos.

¿Se trata de complicidad de las firmas de auditoría, de incompetencia, de “ceguera de taller”? Un estudio habla de “seducción moral” del auditor externo, ablandado por la cercanía con la compañía, por periodos de rotación demasiado prolongados, por la absorción cultural casi por ósmosis de estándares laxos propios del “ahí se va” mexicano y del jeitinho brasileño. Otros estudios hablan de que, a diferencia del fraude descarado, la corrupción no deja huella en los papeles de contabilidad de la empresa pública, por lo menos no en forma obvia. Otros indicadores de medición de buenas prácticas de las empresas deberían incluirse de forma sistemática como probables alertas de prácticas indebidas. Y los integrantes de los Consejos de las empresas deberían jugar un papel más allá de ser pasivos receptores de los informes corporativos y activos participantes en los festejos que ambientan las reuniones trimestrales y anuales de los consejeros.

El naciente cambio cultural de rechazo a la corrupción, que hizo posible la reforma recién aprobada, tiene que acelerarse con el fin de la impunidad, rompiendo el ciclo del “no va a haber ninguna consecuencia”, y que la opinión pública presiente cada vez que surge un nuevo escándalo.

La autonomía de la fiscalía es un elemento detonador de este cambio cultural. El caso de Petrobras es ejemplar: varios de los más altos directivos de las once empresas constructoras más relevantes de ese país llevan cuatro meses en prisión. Algunos de ellos ya negocian cierta mejora de su condena, a cambio de confesar y aportar pruebas, sin que ello signifique que se disminuya el pago que tendrán que hacer para resarcir al Estado brasileño por las pérdidas en las que incurrió por sobresaturación o que no se les sentencie. Todos los casos son públicos y la vergüenza que han traído sobre sí y sus familiares es parte de la destrucción de la cultura —igual que la mexicana— que celebraba la habilidad para burlarse de la ley en beneficio propio.

Para el gobierno la tarea apenas empieza: poner en práctica las reformas recién aprobadas bajo la vigilancia de la opinión pública. Consejeros corporativos y firmas de auditoría externa deben hacer la suya con rigor pues también son responsables. Nos encontramos enTwitter: @ceciliasotog

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Confianza

Escrito por Verónica Baz el .

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Reforma

En las últimas semanas, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha mencionado un par de veces que México necesita confianza. Lo dijo en su discurso en la Universidad Anáhuac y lo volvió a hacer en una entrevista con el diario Financial Times, donde su mensaje fue que al País no le basta con las reformas, sino que necesita confianza.

Poner la palabra confianza en el discurso es un gran distractor. Si tan sólo nos centramos en la falta de confianza, entonces ya no estamos hablando de los fracasos de este gobierno. Los desaciertos del Ejecutivo quedan, así, diluidos ante la desconfianza de los demás actores: medios, inversionistas, empresarios, etc.

Respecto a la confianza, hay tres conferencias en el sitio de internet de TED Talks, que nadie que las escuche a conciencia podrá volver a usar el término con tanta ligereza.

La primera es de la filósofa británica Onora O'Neill que muestra por qué hablar de confianza se ha vuelto un lugar común. Los tres clichés son que la confianza se perdió, que debemos tener más de ella y que la debemos reconstruir. Hablar de confianza en abstracto nos evita hacer preguntas claves como ¿confiar en quién? y ¿para hacer qué? Al final, propone preguntas básicas para evaluar si debemos confiar en alguien: ¿es competente?, ¿es honesto? y ¿es consistente?

La filósofa británica señala cómo se crea un sinnúmero de instituciones gubernamentales para generar confianza, pero, con frecuencia, acabamos sólo con más trámites y burocracia que distraen a las personas de hacer lo importante.

La segunda conferencia es de Rachel Botsman, quien aborda el tema desde otra dimensión. Se trata de la revolución que representa la economía colaborativa, también conocida como sharing economy. La experta explica cómo hoy la reputación de cualquier persona va más allá de su historial crediticio. Bajo este nuevo paradigma (Uber, Airbnb, Homeaway, etc.), cada servicio que utilices implicará que tú también seas evaluado como proveedor o cliente. Después de ver su conferencia, me queda claro cómo la tecnología ha hecho posible generar confianza entre desconocidos, mucha más confianza que la que tenemos en nuestros representantes. Lo que nos deja con material para la reflexión.

Por último, está la conferencia de Ivan Krastev, quien se plantea si la democracia puede existir sin confianza. Su visión es reveladora porque comenta cómo, a diferencia de lo que muchos actores creen, la transparencia y los datos abiertos son insuficientes para restaurar la confianza en las instituciones democráticas.

Para Krastev, la desconfianza es básica, pues gracias a ella se crean pesos y contrapesos en los sistemas políticos. Pero si la política se vuelve sólo la administración de la desconfianza, entonces acabamos con una sociedad que se dedica únicamente a vigilar a los gobernantes (una especie de Big Brother a la inversa).

El riesgo que comenta Krastev es que, en un entorno así -de vigilancia constante a los políticos-, nadie que posea talentos y sea decente querrá un puesto público. Para el politólogo búlgaro, se requerirá mucho más que transparencia, ciudadanos activos, tecnología o más legislación para recuperar la confianza en la política.

La confianza no puede ser ni un slogan de una campaña ni una demanda política o ciudadana. La confianza se construye con humildad, honestidad y, después, con consistencia en el tiempo. Esto es cierto para el Secretario de Hacienda, pero también para cualquier otro actor.

Verónica Baz es Directora General del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y recibe comentarios en verobaz@cidac.org y en @VeronicaBaz

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¿Dónde ponemos el pasado?

Escrito por Juan Pardinas el .

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Reforma

Toda sociedad que vive un terremoto de cambios acelerados tiene que enfrentar una pregunta sin consensos, ni respuestas cómodas: ¿Qué hacemos con la historia? Alemania y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este con el colapso del comunismo, América del Sur en el ocaso de las dictaduras militares, Sudáfrica después del apartheid. Cada una de estas geografías y naciones tuvieron circunstancias incomparables e irrepetibles, pero todos estos países tuvieron que encontrar alguna forma de exorcismo para lidiar con sus respectivos pasados. El México de hoy está marcado por dos heridas antiguas y vigentes: los derechos humanos y la corrupción. La respuesta que se ofrezca para ambos desafíos determinará, en gran medida, la prestancia con la que nuestro país podrá mirar al porvenir. La ruta de nuestro futuro estará marcada por el lugar que encontremos para ubicar al pasado.

En materia de derechos humanos, hay dos cifras que forman una bruma imposible de disipar para poder mirar la verdad histórica de los últimos sexenios. La primera cifra es 194, esas son el número de personas desaparecidas atribuibles a autoridades municipales, estatales o federales de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El segundo número es 23 mil, la suma de nombres en el Registro Nacional de Personas Extraviadas. 194 y 23 mil son dos magnitudes muy distintas al cuantificar la escala de una tragedia humana. La cifra de tres dígitos no es pequeña, pero representa una investigación judicial muy distinta que averiguar la suerte individual de las víctimas de un genocidio. Resolver la incertidumbre entre estas cantidades no es sólo una necesidad de justicia, sino una manera de definir nuestra identidad colectiva: ¿somos un país donde 23 mil familias quedaron enlutadas en la más pavorosa incertidumbre o somos una nación que tiene que resolver 194 casos de desapariciones forzadas? La gobernabilidad de México pasa en gran medida por aclarar esta terrible incertidumbre.

La periodista Denise Maerker publicó un texto con una pregunta desagradable y oportuna sobre nuestro pasado persistente: "¿Amnistía para los políticos corruptos?" (El Universal, 24-II-2014). La disyuntiva provoca náuseas, pero el pragmatismo tiene su razón de ser: un sólido sistema de instituciones anticorrupción pondría en riesgo la impunidad de un número importante de autoridades de los principales partidos políticos. Los propios coyotes serán los encargados de implementar el sistema de sanciones para proteger a las gallinas.

Esta semana, la Cámara de Diputados dio un paso importante para aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo aún falta mucho. El Senado debe aprobar la iniciativa y luego la mayoría de los congresos estatales deberán ratificar los cambios a la Constitución. Posteriormente se abre un plazo de un año para aprobar la ley secundaria en la materia. Durante este proceso pesarán las sombras de muchos escándalos conocidos o por conocer. La reforma anti-corrupción tiene entre sus enemigos a varios de los políticos más encumbrados de México.

Para romper con su pasado, muchos países decretaron amnistías e indultos para torturadores, violadores y asesinos. ¿Qué debe hacer México para enfrentar una práctica donde el poder político se ejerce como una forma de patrimonio personal? No tengo estómago para proponer una respuesta, pero la pregunta está escrita con letras mayúsculas sobre los muros gigantes de todas las casas financiadas por hipotecas Higa. Como dice William Faulkner, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado.

@jepardinas
 

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La crisis de 'Big Brother'

Escrito por Raymundo Riva Palacio el .

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El Financiero

Fernando del Rincón es un polémico periodista mexicano que trabaja para CNN en español y conduce de lunes a viernes en una de las tres horas del horario estelar de televisión a todo Estados Unidos y América Latina, un programa de comentarios y entrevistas llamadoConclusiones. Tiene uno de los ratings más altos de la televisión hispana y lo siguen casi dos millones de personas en Twitter. Es decir, es un periodista bastante popular, seguido y con credibilidad. Por eso no puede minimizarse, si es el gobierno de México, lo sucedido hace unos días cuando en Miami los escoltas del Estado Mayor Presidencial de la primera dama, Angélica Rivera, trataron de intimidarlo y obligarlo a que les entregara su teléfono celular para que borraran todas las fotografías que pudo haber sacado de ella.

La señora Rivera no estaba en un lugar privado, sino público, en un restaurante y aparentemente con una familia amiga de ella y sus hijos. En la mesa contigua estaban Del Rincón, su esposa y unos amigos, y le sacaron una fotografía a la primera dama. Lugares públicos, dicen los criterios éticos en el trato de la prensa con personas públicas, son espacios donde éstas pueden ser sujetas a escrutinio y registro de hechos. No hubo ningún acto excesivo como suelen hacer lospaparazzis, pero los miembros del Estado Mayor Presidencial, violentando incluso leyes de otro país, cometieron un atropello en su contra.

El abuso no quedó sin registro. Rápidamente subió las fotografías en su cuenta de Twitter –dijo que como medida de seguridad–, y este miércoles en su programa continental difundió masivamente lo que sucedió: “Con una mirada inquisitiva me veían a mi y a mi mujer, sin cenar, sólo viéndonos”. Habló sobre los escoltas, que al salir del restaurante le pidieron su celular. Esto, agregó, “conlleva muchos atropellos y atrevimientos contra un periodista y su familia, pero además, hacerlo en territorio extranjero es reprobable”. La oficina de la primera dama envió un comunicado a CNN donde dijo haber registrado “el incidente” y que darían una respuesta a él, cosa que no ha sucedido. “Como mexicano –dijo Del Rincón–, espero una respuesta, como periodista denuncio lo ocurrido y como ser humano lo repruebo”.

Este tema no es frívolo, como algunos han sugerido en México. El incidente, que no pasa de ser un absurdo atropello del Estado Mayor Presidencial, tan rígido en las pequeñeces, tan laxo e incompetente en temas de seguridad nacional –como permitir que vuelen juntos el presidente y el secretario de Gobernación, sin reparar en la crisis constitucional ante la eventualidad de un accidente fatal–, es parte de un patrón de conducta en la Oficina de la Presidencia que no termina de encontrar qué modelos de control puede ejercer sobre los medios de comunicación en México, bajo la lógica de que en la brutal y cruel crítica actual a Peña Nieto –como a ningún otro presidente en la memoria, y menos aún en el arranque del segundo tercio del sexenio–, lo importante no es quién la hizo, sino quién se las paga.

La Oficina de la Presidencia avala que la PGR esté realizando investigaciones sobre periodistas críticos, y que las áreas de seguridad intervengan teléfonos y sigan a sus detractores. Permite amenazas implícitas como el envío de sobres anónimos con las fotografías de los hijos de quien les señala sus errores. En uno de los momentos de mayor intento de control, en diciembre pasado pidió a todos los jefes de comunicación en el gobierno federal una lista de todos los periodistas con quienes tienen amistad o relación. La idea de esa relación se puede interpretar en dos líneas: por un lado detectar cuáles pudieran ser las fuentes de información de periodistas críticos, y por el otro, saber con quién y cuántos podrían contar para que les ayuden en sus esfuerzos propagandísticos. En este contexto, algunos altos funcionarios en esas áreas quisieron reclutar periodistas de renombre para que sirvieran de megáfono a los que les proporcionara la Oficina de la Presidencia, sin que tuvieran éxito en su atrevida iniciativa.

La piel en la Oficina de la Presidencia está muy sensible desde hace un buen tiempo. En este mismo espacio se refirió en diciembre una entrevista del jefe de esa oficina, Aurelio Nuño, con el diario español El País, donde el hombre más cercano a Peña Nieto afirmaba: “Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas”. “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”, dijo. Nuño no ha dejado de repetirlo, palabras más, palabras menos, en otros encuentros privados con periodistas extranjeros. No quiere saber nada de la crítica, ni del disenso.

Cuando se escucha ese tono beligerante, y se junta con las actitudes que toman policías y militares en el entorno presidencial, el tufo del 'Big Brother' de George Orwell –su novela 1984 habla de una sociedad donde se manipula la información y hay vigilancia masiva con represión política y social– empieza a volar de manera ominosa sobre los cielos mexicanos. Ya no hay síntomas, sino realidades. El abuso de las escoltas de la señora Rivera es la primera secreción pública de intolerancia, agravada por provenir de una parte del entorno presidencial, en donde el poder es casi absoluto.

Twitter: @rivapa

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¿Importa la corrupción?

Escrito por Luis Rubio el .

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Reforma

La corrupción fue un asunto de profunda reflexión cuando los “padres fundadores” de la nación norteamericana discutían los elementos que debían incorporarse en su nueva constitución. Hamilton argumentaba que si se le purga al modelo constitucional heredado de los británicos “sus fuentes de corrupción y si se le da igualdad de representación al poder popular, se creará un gobierno disfuncional: como está en el presente, con todos sus supuestos defectos, es el mejor sistema de gobierno que jamás existió”. Para Hamilton la corrupción era un costo inevitable de la vida pública. Al final Hamilton perdió, quedando el sistema integral de pesos y contrapesos que postulaba Madison.

230 años después, la argumentación pública en México es casi idéntica. Pulula la noción de que, primero, así ha sido siempre y, por lo tanto, así seguirá. Segundo, que en la medida en que la corrupción permite que las cosas funcionen, su costo es menor. Aunque hay mediciones que sugieren un costo incremental (más de 1% del PIB anual), es evidente que ésta ha ido mutando y que lo que pudo haber sido válido en el pasado no necesariamente lo es ahora.

Más allá de las características específicas del fenómeno y de cómo ha cambiado, lo que debería preocuparnos a todos no es el hecho mismo de que un funcionario se enriquezca en el poder (algo usual), sino el hecho de que la corrupción se ha ido generalizando, sumando a todos los partidos políticos y penetrando de manera incremental a toda la sociedad. Si antes fue un factor que permitía atenuar conflictos o acelerar la implementación de proyectos, sobre todo la obra pública, fuente ancestral de corrupción, hoy se vive un fenómeno de metástasis que podría acabar paralizando no sólo al gobierno sino al país en general.

En su excelente ensayo en Nexos de febrero, Luis Carlos Ugalde describe la naturaleza y dimensiones del fenómeno, ilustrando la forma en que la corrupción piramidal de la era de presidencialismo autoritario se ha ido “democratizando” al incorporarse todos los niveles de gobierno, partidos y poderes públicos. Lo que antes era concentrado y un instrumento de cohesión política se ha convertido en un mecanismo de control político en manos de un creciente número de actores. Peor, su ubicuidad ha generado un amplio repudio en la sociedad, enojo que ha llegado a convertirse en odio.

La democratización de la corrupción ha generado un efecto ejemplo que, combinado con la impunidad, se ha propagado hacia otros ámbitos de la sociedad. Mientras que la corrupción de antes era típica de la disponibilidad de información privilegiada dentro del gobierno (por ejemplo para comprar terrenos a sabiendas de que ahí se construiría una carretera), del uso del gasto público para fines privados o de la interacción entre actores públicos y privados (como las compras gubernamentales), hoy la corrupción es frecuente en transacciones entre actores privados (como la compra de publicidad) y se ha enquistado en la definición de reglas de comportamiento (por ejemplo hospitales) que exigen estudios innecesarios que engrosan los cargos a los pacientes.

Racionalizar a la corrupción como algo ancestral y cultural permite generar y alimentar clientelas políticas. Los propios partidos se han dedicado a incorporar regulaciones cada vez más extremas (y absurdas) para el financiamiento de las campañas, mismas que son los primeros en violar: un cálculo sugiere que la campaña promedio cuesta veinte veces más de lo que la legislación permite.

Más que un fenómeno exclusivamente monetario, la corrupción ha alterado el léxico, el discurso y el modus operandi: podría parecer que se trata de un mero cambio semántico, pero lo que en realidad implica es que deja de concebirse a la corrupción como un “mal necesario” para pasar a ser la única forma de conducir la vida pública. Ese “pequeño” paso implica que deja de haber límites y que todo se vale: todo vestigio de comunidad, sociedad organizada o reino de la ley desaparece y se torna inasequible. La historia demuestra que ese es el mejor caldo de cultivo para liderazgos mesiánicos, populistas y autoritarios.

La mayor parte de las propuestas de solución no atacan más que los síntomas. La legislación en materia de transparencia se ha atorado en un conjunto de excepciones que diversas entidades del gobierno han intentado interponer, algunas más lógicas que otras. Pero la dinámica de esa discusión es reveladora en sí misma: todo el esfuerzo se concentra en transparentar y fiscalizar (importante), no en eliminar las causas del fenómeno. El título mismo del instrumento que se ha propuesto para combatirla es sugerente de sus limitaciones: “sistema nacional anti-corrupción”.

El problema de todas las recetas que se han presentado para combatir la corrupción es que no se atreven a reconocer el fondo, sobre todo la razón por la cual ésta se ha “democratizado”. En una palabra, nuestro problema no es de corrupción, violencia, criminalidad o drogas. Nuestro problema es la ausencia de un sistema de gobierno profesional. Pasamos de un patrimonialismo autoritario de corrupción controlada a un desorden patrimonialista en que la corrupción hizo metástasis. Nada va a cambiar mientras no se construya un sistema moderno de gobierno, con una burocracia profesional y apolítica, anclado en el reino de la legalidad.

En tanto eso no ocurra, la descomposición persistirá y la economía seguirá arrojando resultados mediocres. Las reformas son necesarias, pero sin gobierno y sin ley nada cambiará.

@lrubiof

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La defensa del Halloumi

Escrito por Universidad Anáhuac el .

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Excélsior

*Monserrat González Oaxaca y
**Almendra Ortiz de Zárate

En días recientes las noticias de Chipre tomaron una nueva dirección para dejar de hablar de la crisis financiera de la isla o del conflicto que la ha mantenido divida por más de 40 años (en 1974 Turquía envió tropas al norte del país y estableció la “República Turca del Norte de Chipre” o “RTNC”, reconocida desde entonces únicamente por Turquía). Los medios mostraron en sus encabezados a un protagonista diferente: el queso halloumi. Este alimento constituye una de las principales fuentes de ingreso para la isla mediterránea, pues tan sólo en 2013 representó 76 millones de euros para el país. Además, cuenta con una gran demanda para ser exportado a diversos Estados y ha contribuido a la formación de la identidad del pueblo chipriota, pues es base fundamental de su gastronomía, su cultura y sus tradiciones.

El halloumi es un queso blanco parecido al feta o mozzarella, con características que lo podrían hacer parecer sorprendente, pues no se derrite fácilmente, lo que permite que pueda asarse. Su maleabilidad se debe a su elaboración mediante el método de salmuera, que le da un sabor salado. Este producto de origen artesanal tiene su origen en el año 1554 a.C., y se elabora a base de leche de cabra y oveja, aunque actualmente se añade leche de vaca.

Recientemente, los chipriotas productores de halloumisolicitaron el calificativo de Denominación de Origen Protegida (DOP) ante la Unión Europea (UE), tomando en consideración el reconocimiento de las características propias y diferenciales del queso, del medio geográfico en el que se producen las materias primas, cómo se elabora y la influencia del factor humano que participa en su realización.

Con la DOP se establecerá que el queso halloumi deberá tener un proceso de producción, transformación y elaboración en una zona geográfica determinada; en este caso, la isla de Chipre, que cuenta con la especialización necesaria reconocida y comprobada para la realización de este producto. Sin embargo, la obtención de esta denominación podría atravesar por un proceso especialmente complejo para Chipre, ya que se trata de un producto artesanal de suma importancia para los grecochipriotas y para los turcochipriotas al norte del país (región invadida en 1974 por Turquía). En primer lugar, porque es un producto típico para ambos y base muy importante de su alimentación. En segundo lugar, el ingreso de ambas partes depende de las exportaciones de este producto en su economía —vale la pena recordar que Chipre atraviesa desde 2013 por una de las crisis económicas más profundas que se han presentado en la zona euro—.

La complejidad de la solicitud de DOP no radica solamente en la división de la isla, sino que se encuentra también en el hecho de que el producto cuenta con dos nombres:halloumi para los grecochipriotas y hellim para los turcochipriotas; esto dificulta no sólo su comercialización, sino la adopción de un nombre para la DOP. Además, dado que en la actualidad se incorpora leche de vaca en la elaboración del queso, los elementos característicos pertenecientes a la región han sido modificados.

Por todo lo anterior, la DOP resulta compleja, sin embargo, el gobierno de Chipre buscará asegurar este distintivo para el halloumi, pues significa una oportunidad para obtener mayores ingresos económicos para el país con la exportación de un producto con creciente demanda en el exterior, así como la posibilidad de definir ante la comunidad internacional que el queso halloumi es un producto netamente chipriota que se incorpora como un símbolo de identidad nacional para el país.

 

* Alumna de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México Norte.

** Profesora de la Facultad de Estudios Globales y Titular de la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre, Universidad Anáhuac México Norte.

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Venezuela: la urgencia de actuar

Escrito por Laura Rojas el .

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Excélsior 

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro está por cumplir dos años en el cargo. Con su arribo al poder se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de violaciones a los derechos humanos en aquel país. Un capítulo de aún mayor represión contra los disidentes y de anulación de las instituciones democráticas del Estado que el que protagonizó su antecesor Hugo Chávez.

En días recientes se sumaron a la lista de víctimas el alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma quien fue detenido arbitrariamente, y el estudiante Kluibert Ferney Roa de 14 años, asesinado por un policía durante una manifestación de protesta.

Estos actos no son un hecho aislado sino eslabones de una política de represión sistemática y articulada desde las instituciones del Estado. En el último año han sido perseguidos y encarcelados varios líderes de la oposición como Leopoldo López quien lleva más de un año preso sin habérsele comprobado los delitos que se le imputan. Asimismo, dos alcaldes opositores fueron condenados a diez y 12 meses de prisión en procesos penales que violaron las garantías de debido proceso, por haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas en las calles de sus municipios en las cuales se llevaban a cabo protestas.

La intolerancia a las manifestaciones civiles también se ha incrementado. Derivado de la represión en contra de quienes se han manifestado en contra del gobierno desde febrero del año pasado a la fecha, se calcula que han muerto al menos 45 personas y han sido detenidas más de tres mil. Pero como si el Estado no contara ya con una fuerza desproporcionada en relación a la de los ciudadanos, apenas hace unos días, Maduro otorgó nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas que las facultan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas.

Ante este lamentable escenario y a pesar de que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exigido al gobierno de Venezuela no criminalizar a los líderes políticos de la oposición, varios gobiernos de la región de «izquierda progresista» han preferido guardar un silencio cómplice frente a esta situación. Estos gobiernos carecen de una posición coherente: critican duramente a las dictaduras de la «derecha», pero enmudecen frente a los autoritarismos y dictaduras de la «izquierda».

Los organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no sólo han sido omisos ante los abusos de Maduro, peor aún, lo han defendido de quienes han actuado en defensa de los venezolanos violentados.

Bajo una lógica difícil de entender y justificar, el gobierno mexicano ha sido coparticipe de este lamentable silencio. Siendo un país que durante los últimos años se ha hecho Parte de prácticamente todos los tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos; que los incorporó en su Constitución y les otorgó la más alta jerarquía jurídica posible; que ejerció con gran reconocimiento la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; que se ha abierto sin reservas al escrutinio internacional en esta materia y que por primera vez reconoció haber incurrido en responsabilidad de Estado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tiene no sólo la autoridad moral sino el deber como actor con responsabilidad global que pretende ser, de asumir para el caso específico de Venezuela, una posición mucho más congruente con todo lo que ha sostenido en los foros multilaterales.

Si bien es cierto que el canciller José Antonio Meade se ha pronunciado por un diálogo entre el gobierno venezolano y la disidencia, y ha calificado de lamentable la situación, las y los senadores de Acción Nacional creemos que la política de México en este caso debe buscar no sólo ser prudente, sino eficaz e incorporar el sentido de urgencia porque cada día que pasa sin que se le ponga un alto a Maduro, es un día más en el que más vidas de venezolanos corren peligro.

Como en otros casos de conflictos en nuestra región, México debe impulsar un acuerdo que ponga fin a esta historia de muerte y represión, proponiéndose como mediador o proponiendo y respaldando a otro gobierno de nuestra región que pueda lograr la mejor interlocución posible entre las partes. Es la hora de una defensa colectiva de la libertad y de la democracia.

*Politóloga. Senadora de la República.

@Laura_Rojas_

 

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Un abismo de credibilidad

Escrito por Jorge Eduardo Navarrete el .

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La Jornada

Hace poco menos de un año comparecí ante el distinguido jurado que se encargó de seleccionar, entre un conjunto de aspirantes previamente depurado, a los finalistas del proceso de designación del consejero presidente y de los primeros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Afirmé, con base en un ensayo ad hoc, que el mayor déficit remanente del extendido proceso de construcción institucional de la democracia electoral en México era la amplia y persistente falta de credibilidad de las actuaciones y decisiones de la autoridad electoral. Señalé que ésta se refería, principal pero no únicamente, a los resultados proclamados de los comicios. Hablé, en consecuencia, de la prioridad que debía otorgarse a eliminar tan notoria insuficiencia de verosimilitud. Sugerí la conveniencia de adicionar la credibilidad como un séptimo principio rector del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, con igual rango a los seis ya enumerados en la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Aún más, sostuve que concentrar la labor del INE en tornar verosímil el conjunto de su desempeño sería la mejor manera de contribuir a la consolidación definitiva de la democracia electoral mexicana. Propuse, como criterio para apreciar las acciones del INE, considerar positivas a las que abonasen a su credibilidad –como dar cuenta cabal del alcance y contenido de sus deliberaciones, más allá de las que por ley han de ser públicas–, y negativas a las que la demeritasen –como el tono de elogio en boca propia y la tonada paternalista de algunos de los comerciales que actualmente difunde–. Menciono sólo dos ejemplos, hay muchos más, en un sentido y en el otro. Es claro que, a la vuelta de 12 meses, lo que se percibía como un déficit se ha convertido en un ancho y profundísimo abismo de credibilidad.

Ahora, como informó el martes último La Jornada, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –órgano al que compete calificar la legalidad de las elecciones y la validez de sus resultados– reconoce que los comicios de junio de 2015 tendrán lugar “en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales”. El magistrado Flavio Galván Rivera considera que hay “una crisis en las instituciones a escala nacional; obviamente el tribunal y el Instituto Nacional Electoral están incluidos”, pues la crisis alcanza al conjunto de la nación. Opina que está en manos de la ciudadanía hacer que el proceso electoral sea confiable. Estima el magistrado que la muy amplia participación ciudadana en las operaciones de recepción y conteo de los votos emitidos en las casillas en la jornada electoral es, por sí misma, garantía suficiente de credibilidad. O al menos debería serlo. Lo impide, a su juicio, “nuestra cultura de la desconfianza e incredulidad”. Se pregunta: “Si los ciudadanos participan en las mesas de casilla y realizan correctamente sus actividades, ¿cómo pueden dudar de lo que pasó en la jornada?’’ Y alecciona: “Necesitamos educar a la ciudadanía, a niños, jóvenes y adultos, para que aprendan a creer en las instituciones”.

Se ha puesto en boga calificar de rasgos culturales algunas falencias de las conductas individuales y sociales de los mexicanos. No hace mucho se afirmó que las acciones deshonestas pueden entenderse como manifestación de la cultura de la corrupción. Ahora se afirma que denunciar la falta de credibilidad de dichos y acciones de algunas instituciones es expresión de una cultura de la desconfianza y la incredulidad. Por otra parte, se ha vuelto común afirmar que el manejo y solución de diversos problemas nacionales corresponde, no a los servidores públicos abocados a atenderlos, sino al conjunto de los mexicanos. Se intenta salvar de este modo la responsabilidad oficial por la insuficiencia de recursos y los defectos de los servicios a cargo de instituciones públicas.

A diferencia de lo que afirma el magistrado, en casos recientes, documentados con suficiencia, se halla que la falta de credibilidad no se origina en lo ocurrido en diversas jornadas electorales, sino en lo ocurrido antes de ellas y, también en buena medida, en mucho de lo ocurrido después de esas jornadas. Por lo general las objeciones planteadas ante los procesos electorales y sus resultados no aluden a lo que hacen los muy numerosos ciudadanos que actúan en las mesas de casilla, sino a las acciones y omisiones de la autoridad electoral, tanto el tribunal como el instituto. La responsabilidad de tornar verosímiles los procesos electorales corresponde, en primer término, a los integrantes de los órganos que preparan, realizan y califican los comicios. Para eso se les paga, y muy generosamente, por cierto. Es claro, sin embargo, que la responsabilidad de consejeros y magistrados va mucho más allá de desquitar mínimamente su sueldo.

El abandono de una sesión de Consejo General del INE por siete de los 10 representantes de partidos políticos que son parte de ese órgano, en días recientes, se produjo ante la decisión, por la mínima de las mayorías, de diferir la consideración de una cuestión urgente que tiene que ver con la equidad de las campañas. Si faltasen meses para la elección, podría suponerse que posponer una semana el asunto no tendría mayores consecuencias; cuando faltan sólo tres, posponer es procrastinar: diferir dolosamente la consideración de un asunto para afectar su resolución. No abona en mucho a la credibilidad del INE esta proclividad para demorar asuntos que conciernen al PRI o, como en este caso, a alguno de sus adláteres, contrastado con la presteza con que se examinan y aprueban quejas contra los partidos opositores, planteadas por partidos o personalidades que se consideran ofendidas.

Como tantos otros asistentes a salas de cine, he sido repetidamente agredido por anuncios demagógicos y falaces del Partido Verde Ecologista de México, más homicida que ecologista por su devoción a la pena de muerte. Se me ha dicho que, desde diciembre de 2014, el INE ordenó el retiro de tan ofensiva propaganda, sin lograr que se obedezca su acuerdo o resolución al respecto (cuyo texto fui incapaz de localizar en el portal del instituto). Ante hechos como este, más allá del número de ciudadanos que participe leal y eficazmente en las casillas el día de las elecciones, seguirá ampliándose y ahondándose el abismo de credibilidad de las autoridades electorales mexicanas.

 

 

 

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