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Los precandidatos, ¿suavecitos con el aprendiz de dictador?

Escrito por Cecilia Soto el .

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¿Se les habrán acabado las ideas? He oído repetidamente este tipo de explicaciones para justificar que se acabe con la última pátina de democracia en gobiernos con vocación totalitaria tanto en nuestro continente como fuera de él. Siempre hay un bien superior que justifica todo atropello a las leyes y a las libertades de los ciudadanos. En el caso de Maduro, ese bien superior no es otro que mantenerse en el poder frente a los avances innegables de la oposición. No me identifico con esa izquierda.

Bajo la tesis de que la separación de poderes es “obsoleta”, apenas una expresión anacrónica de la “democracia burguesa”, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron desmontando uno a uno los mecanismos de control del Poder Ejecutivo. Primero cooptando y designando a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia hasta convertirlo en un triste apéndice del Poder Ejecutivo. La última muestra de obediencia absoluta del STJ fue dictar las sentencias que tomaban para sí las funciones de la Asamblea Nacional y limitaban la inmunidad de los parlamentarios que habían apoyado la última resolución de la OEA. Y dos días después, siguiendo una petición expresa de Maduro, el mismo Tribunal Superior las revocó ante la avalancha de críticas internacionales y las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que las sentencias rompían el orden constitucional.

Antes, desde 2009, cuando la oposición comenzaba a ganar alcaldías y gubernaturas, Chávez inventó una Ley Habilitante que le permitía pasar por alto decisiones de la Asamblea Nacional, donde la presencia de la oposición crecía. La Ley Habilitante le permitió, mediante la expedición de decretos, crear todo tipo de estructuras gubernamentales paralelas para neutralizar la influencia de sus adversarios. Cuando Antonio Ledezma ganó por primera vez la alcaldía de Caracas, Chávez inventó el Distrito de la Capital, al que canalizaba fondos que negaba al alcalde electo legítimamente. Cuando Henrique Capriles ganó la gubernatura del estado de Miranda, se creó la figura del Protector del Estado de Miranda con funciones paralelas.

El Consejo Nacional Electoral demostró su falta de independencia al dificultar el cumplimiento de los requisitos para el Referéndum Revocatorio y una vez que, a pesar de los obstáculos, fueron satisfechos, impidió su realización. Claro que la Asamblea Nacional no puede ni debe acatar decisiones arbitrarias e ilegales que violentan los derechos políticos, electorales y humanos de los venezolanos.

En América Latina ya habíamos tenido la lección del autogolpe de Alberto Fujimori, quien en agosto de 1992 disolvió la Cámara de Diputados del Perú. Sin embargo, en Venezuela, paso a pasito, se fue construyendo el puente hacia un gobierno totalitario con la anuencia no sólo de los países llamados bolivarianos, también de gobiernos de izquierda democráticos, como Brasil y Argentina en años recientes, y de centro derecha como el de México, que no dijo ni pío sino hasta 2016, con la excanciller Claudia Ruiz Massieu.

Hoy, la patria de Bolívar no tiene una prensa libre, encarcela a sus opositores, falta al calendario electoral de alcaldes y gobernadores y ha destruido la economía, al grado de ser incapaz de proveer comida y bienes de consumo básico a sus habitantes. En los pasados tres años, el PIB se contrajo 26 por ciento. La inflación anual supera el 500 por ciento. Y por primera vez en la historia reciente, 82% de los hogares venezolanos viven en situación de pobreza.

¿Qué piensan de esta tragedia las y los precandidatos a la Presidencia de México en 2018? Si callan, sospeche querido lector: o hay débil compromiso con la democracia o una franca complicidad. Si justifican el autogolpe usando el argumento de un bien superior, habrá que descartarlos. Si para no opinar acuden al manido argumento de la “no intervención en asuntos externos”, ponga su nombre en el basurero. A ver cuántas y cuántos nos quedan.

 

Fuente: Excélsior

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