Fecha Publicación: 10-04-2024

En mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional de Transparencia y un año después se publicaron siete leyes que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de entonces se involucraba a las entidades federativas en un esfuerzo de corresponsabilidad sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto público, la rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental, innovadoras herramientas para el acceso a la información y las sanciones aplicables a personas servidoras públicas y personas morales.

¿Funcionan o no ambos sistemas? Una reciente evaluación de la OCDE sostiene que México cuenta con un marco regulatorio sólido y robusto entre los mejores de sus países miembro en materia de combate a la corrupción y de integridad pública, pero tiene una débil implementación. La ley es casi perfecta en lo relativo a la estrategia anticorrupción (93 de 100%), en el financiamiento a partidos (90%) y en cuanto a conflictos de interés (89%), pero la puesta en práctica es deficiente: 53, 71 y 44%, respectivamente. La primera edición de Perspectivas de Integridad y Anticorrupción 2024 reconoce que los países de la OCDE han fortalecido sus marcos de lucha contra la corrupción pero recomienda mejorar el monitoreo y la implementación mediante la recopilación de datos y teniendo en cuenta riesgos emergentes. Las leyes evolucionan por los cambios sociales, por eso, el organismo sugiere actualizar los marcos de integridad para hacer frente a nuevas modalidades de corrupción relacionados con la Inteligencia Artificial, la interferencia extranjera y la llamada corrupción estratégica.

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