Fecha Publicación: 19-04-2024

Tras su triunfo en 2010, Viktor Orbán y su partido Fidesz han emprendido un sistemático desmantelamiento de la independencia judicial en Hungría, erosionando un baluarte esencial de la democracia que establece límites al ejecutivo y protege los derechos de los ciudadanos. Las acciones iniciales incluyeron la restricción de los amplios poderes de revisión y control de la constitucionalidad del Tribunal Constitucional y la influencia en su composición a través de enmiendas constitucionales. Estas medidas debilitaron la capacidad del Tribunal para actuar como contrapeso efectivo al poder ejecutivo.

Durante los primeros tres años del régimen de Órban, el Tribunal Constitucional intentó salvaguardar su independencia frente a un Parlamento dominado por Fidesz. No obstante, el gobierno procedió a alterar su autoridad y estructura, llenando dos vacantes, expandiendo el número de jueces de 11 a 15 y reduciendo la edad de retiro. Esto permitió la designación de jueces afines al gobierno, reduciendo significativamente la autonomía judicial. Y aunque la Corte y el Tribunal inicialmente se resistieron a las leyes violatorias de la Constitución emitidas en el parlamento con la mayoría del oficialismo, fueron incapaces de mantener su función revisora frente a las leyes y enmiendas constitucionales violatorias de derechos.

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