El martes 19 de este mes, Ronald Johnson cumple su primer año como titular de la Embajada de Estados Unidos en México. Llegará a ese aniversario con una relación bilateral golpeada por los frentes que se han abierto en las semanas recientes por temas de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción.
Desde que se conoció que dos funcionarios estadounidenses murieron en un accidente de automóvil en Chihuahua el 19 de abril después de un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas a la fecha, prácticamente todos los días Claudia Sheinbaum ha aludido en sus conferencias matutinas a distintos aspectos de las reglas de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para detener en forma provisional con fines de extradición a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (MORENA) y otros nueve funcionarios electos y agentes de seguridad estatales y locales ha puesto a prueba a los mecanismos bilaterales de cooperación legal. De nueva cuenta, Donald Trump se refirió a la posibilidad de ordenar algún tipo de operación terrestre antidrogas en el territorio nacional de no actuar el gobierno mexicano y reiteró que los carteles gobiernan México. Todo esto ha ocurrido en una coyuntura de recomposición del equipo diplomático mexicano, en particular el encargado de la relación con Estados Unidos, y de una posible evaluación del Departamento de Estado de la red consular mexicana en víspera del inicio de las conversaciones bilaterales de revisión del TMEC.
El aviso de Johnson
Johnson participó el 23 de abril en la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de la planta de metanol “Pacífico Mexinol” en Sinaloa que contará con una inversión estadounidense de $3.3 mil millones de dólares. Entre otros mensajes, advirtió en su discurso que los proyectos esta naturaleza requieren certeza y se alejan de la corrupción, que “no sólo frena el progreso, lo distorsiona.” Planteó que el TMEC “exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos.” De inmediato anticipó que “es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito.” A manera de presagio, pidió al público permanecer atento.
A los pocos días, el diario Los Angeles Times publicó una nota que señaló que el mensaje de Johnson formaba parte de una campaña anticorrupción del gobierno de Estados Unidos que contemplaba actuar en contra de funcionarios gubernamentales de México con supuestos vínculos con el narcotráfico. Dos días después Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, administrador de la Agencia de Control de Drogas DEA), dieron a conocer cargos formales por narcotráfico y tráfico de armas en contra de Rubén Rocha Moya (MORENA), gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas, incluidos un senador federal y funcionarios y agentes de seguridad estatales. La acusación señala que todos se asociaron con el cartel de Sinaloa, y en particular, los “Chapitos,” con el fin de “distribuir cantidades masivas de narcóticos a EUA,” protegerlos y en algunos casos, participar en los delitos y actos de violencia cometidos por la organización. En el caso de Rocha Moya, el documento indica que contó con el apoyo de los “Chapitos” para ser electo gobernador de la entidad.
Al difundir desde las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en México la acusación formal, Johnson recordó que “combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida” por los dos países. Agregó que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de EUA.” Esta semana, Todd Blanche, fiscal general interino, anticipó que podría haber más acusaciones contra funcionarios del gobierno mexicano con vínculos con el crimen organizado, incluido un juez.
La respuesta del gobierno de México
En las últimas tres semanas, prácticamente todos los días Claudia Sheinbaum se ha referido en sus conferencias matutinas a algún aspecto de la cooperación bilateral de seguridad y de combate a la corrupción.
En el caso de Chihuahua, ha habido fuertes reclamos por la presencia de los agentes estadounidenses en la brigada estatal durante el operativo de desmantelamiento de un laboratorio clandestino sin la autorización ni el conocimiento del gobierno federal. Sheinbaum ha dirigido las críticas tanto a las autoridades de la entidad como al gobierno estadounidense. En varias ocasiones ha recordado que las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional impiden la participación de agentes extranjeros en operativos en territorio nacional a la vez que ha reiterado la utilidad del intercambio de información para facilitar su realización
En el caso de Rocha Moya y otros nueve acusados, la presidenta se ha referido a los posicionamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República sobre la falta de pruebas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para poder atender la solicitud de su detención provisional con fines de extradición. A la vez, ha subrayado el compromiso de su gobierno de combatir a la corrupción. Mientras tanto, Rocha Moya dejó temporalmente el cargo de gobernador de Sinaloa sin que todavía quede claro si enfrentará cargos en México por alguna actividad delictiva. La presidenta también ha hecho un recuento de la falta de reciprocidad en materia de extradiciones y de entrega de presos con cargos en el otro país.
Los casos de Chihuahua y de Rocha Moya han puesto a prueba en muy poco tiempo a Roberto Velasco, quien asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores al comienzo de abril. Hasta el momento, no hay información pública sobre alguna comunicación con su homólogo estadounidense para abordarlos. Entre uno y otro, Sheinbaum anunció el relevo en la titularidad de la Embajada de México en Estados Unidos sin que todavía se haya confirmado el otorgamiento del beneplácito de Roberto Lazzeri como nuevo titular. Hasta el momento, para una coyuntura como la actual en la relación bilateral, no se ha anunciado quién estará al frente de la Subsecretaría para América del Norte. Una vez que se conozca el nombre de la persona que ocupará el cargo, una de sus primeras tareas será abordar el tema del posible cierre de representaciones consulares mexicanas en Estados Unidos. De llevarse a cabo una medida de esa naturaleza, enviará una pésima señal sobre el estado de la relación bilateral y afectará a las comunidades mexicanas en las localidades en las que se lleguen a cerrar consulados.
Perspectivas
A poco más de una semana de su primer aniversario al frente de la Embajada de Estados Unidos en México, la interlocución de Ron Johnson con el gobierno federal se ha visto severamente afectada. El 30 de abril, Claudia Sheinbaum se refirió a sus declaraciones sobre la corrupción en México y dijo los diplomáticos no deben tener actitudes injerencistas. En ese contexto, vinculó su apreciación a la que hizo en su momento en sus memorias Miguel de la Madrid sobre la gestión del embajador John Gavin, a quien calificó como “insolente” por su intromisión en la política nacional.
En poco más de dos semanas, está programado el inicio de la revisión del TMEC por parte de las delegaciones de México y Estados Unidos. Se requerirá un trabajo diplomático muy fino para evitar que los temas álgidos de la relación bilateral con el trasfondo de las renovadas amenazas de Trump contaminen el ambiente de las negociaciones comerciales.
Columna Invitada
