El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias en las que estarán en juego todos los asientos de la Cámara de Representantes y una tercera parte de los del Senado. A menos de cuatro meses de esos comicios, NYT pidió sus pronósticos a seis expertos en temas electorales. Casi todos coinciden en que los demócratas obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes sin que su triunfo sea avasallador y que se quedarán cortos para alcanzarla en el Senado. Los expertos consideran que éstas son las variables que se tienen que tomar en cuenta para explicar el comportamiento de los votantes: la caída en la aprobación de la gestión de Donald Trump, la mala evaluación de su manejo de la economía, el creciente apoyo a los demócratas en el voto genérico para cargos en el Congreso y el incremento en el precio de los combustibles.
Sin proporcionar detalles sobre el contenido de su mensaje, Donald Trump anunció en Truth Social que dará un discurso a la nación el jueves de esta semana a las 19:00 CST; sobre posibles temas, nota de Axios.
La jueza Kathleen Williams de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida emitió un fallo que establece que la demanda de Trump por $10 mil millones de dólares en contra del Servicio de Recaudación Fiscal (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos se presentó con un propósito indebido e implicó una manipulación del sistema legal por parte de sus abogados y del Departamento de Justicia (DoJ) al involucrar a una agencia bajo control presidencial. En su momento, la demanda fue retirada al llegar a un acuerdo que le otorgó inmunidad a Trump en auditorías fiscales futuras y al establecerse un fondo de $1.8 mil millones de dólares para compensar a víctimas del uso político del DoJ. Cobertura en AP, CNN, Axios, The Hill y Washington Post.
Como parte de la escalada del enfrentamiento entre Washington y Teherán, Donald Trump anunció en Truth Social la reanudación del bloqueo a los puertos iraníes. Además, dijo que Estados Unidos se convertirá en el “guardián del estrecho de Ormuz” y recibirá reembolsos equivalentes al 20% de la carga de los buques que obtengan protección al pasar por esa vía marítima. En declaraciones a Fox News, señaló que lo más justo es que las naciones que se han enriquecido por las garantías estadounidenses al libre tránsito por el estrecho en el pasado paguen ahora una cuota. Sobre el tema, notas de Axios, AP, Time, NPR, Politico, Semafor, NYT y Washington Post. Este anuncio contradice posturas previas de Estados Unidos que abogaban por el libre tránsito sin peajes como los que ha pretendido imponer Irán; a manera de ejemplo, Marco Rubio hizo un pronunciamiento en ese sentido hace dos semanas.
Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos informó que ayer se llevaron a cabo nuevos ataques en contra de objetivos estratégicos en territorio iraní.
Marco Rubio anunció que encabezará una campaña para desmantelar “la amenaza” que representa la Corte Penal Internacional (CPI) a la soberanía de Estados Unidos. Cuestionó la pretensión de dicho tribunal de ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, a pesar de que todos los mandatarios de ese país la han rechazado. Criticó la intención de la CPI de convertirse en un “árbitro global que no rinde cuentas.” Como parte de la campaña, identificó seis tipos de acciones diplomáticas para aislar a la CPI. Sobre el tema, video con mensaje de Rubio y notas de Reuters y NYT.
Como parte de la escalada en contra del gobierno de Cuba, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones a diez organizaciones que llevan a cabo “acciones malignas” en la isla y en el Hemisferio Occidental o que generan ingresos para el régimen cubano. Entre las organizaciones sancionadas se encuentran la Brigadas de Respuesta Rápida y el Ministerio de Turismo. Como consecuencia, sus intereses y sus propiedades en Estados Unidos quedan bloqueados.
Una delegación de cuatro representantes demócratas visitó Cuba durante tres días. Entre otras actividades, sostuvieron una reunión con el presidente Miguel Díaz Canel. Al término de su visita, condenaron el bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump. Sobre el tema, nota de AP.
En menos de una semana, otro inmigrante murió a manos de agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En esta ocasión, durante un operativo migratorio, un agente disparó ayer en contra de un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine. Sobre el tema, notas de Portland Press Herald, Maine Public Radio, AP, NBC News, Migrant Insider, NYT y Washington Post.
La semana pasada murió en otro incidente similar un ciudadano mexicano en Houston, Texas. El gobierno de México denunció el hecho y anunció que tomará medidas más enérgicas para responder a la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operaciones de ICE. Desde que comenzó este año, ICE ha sido responsable de la muerte de cuatro personas en sus operativos: dos estadounidenses, un mexicano y un colombiano.
Nota de NPR analiza las distintas posturas en torno a la ampliación del programa de visas temporales H-2A para trabajadores agrícolas temporales. Mientras que las organizaciones de productores agrícolas favorecen su incremento por la escasez de mano de obra, las organizaciones sindicales y los grupos conservadores lo rechazan; en el primer caso, por considerar que facilita abusos laborales y en el segundo, por oponerse a cualquier medida que eventualmente otorgue permisos a trabajadores indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos. En el año fiscal 2025, se autorizaron cerca de 400 mil visas H-2A.
Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur (R), anunció que Darline Graham, hermana del senador Lindsey Graham (R), quien falleció el fin de semana, se encargará de concluir el periodo por el cual fue electo en 2022. Pocas horas antes, Donald Trump declaró en Truth Social que favorecía esta designación. Cobertura en AP, CBS News, NPR, Axios, The Hill, Roll Call, NYT y Washington Post.
Por otro lado, en virtud de que Lindsey Graham había ganado las elecciones primarias de su partido para buscar la reelección el 3 de noviembre, habrá nuevos comicios en la entidad el 11 de agosto para seleccionar al candidato para el asiento en el Senado.
De acuerdo con la información obtenida por Politico, The Hill y Roll Call, Trump envió una comunicación al Senado el viernes pasado en la cual informó sobre la reanudación de las hostilidades con Irán a partir del día 7 de este mes sin desplegar efectivos terrestres. De este modo, con este aviso inicia un nuevo periodo de 60 días en el cual el poder ejecutivo puede utilizar la fuerza sin contar con el aval legislativo.
Claudia Sheinbaum informó ayer que la SRE presentará las denuncias correspondientes ante el Departamento de Justicia y varias fiscalías estatales por la muerte de 17 inmigrantes mexicanos bajo custodia o en operativos de ICE. Por ser un tema que trasciende al gobierno, hizo un llamado para que todas las fuerzas políticas y la sociedad se sumen al rechazo a las violaciones de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Al respecto, nota de Washington Post. Texas Tribune aborda los temas que aún no han sido aclarados en el caso de la muerte de Lorenzo Araujo Salgado a manos de agentes de ICE en Houston, Texas, la semana pasada.
Por otra parte, Sheinbaum se refirió a la decisión del Departamento de Agricultura que permitirá a los productores de caña de azúcar de México aumentar su cuota de exportación en más de 512% en el ciclo 2026-2027 hasta alcanzar 1.15 millones de toneladas. Resaltó la importancia del diálogo con las contrapartes estadounidenses para recuperar el acceso al mercado azucarero estadounidense.
La fiscalía solicitó ayer formalmente al juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York una condena de prisión de por vida para Ismael Zambada “el Mayo” y el decomiso de sus recursos por un monto de $15 mil millones de dólares. La audiencia para la sentencia en contra de Zambada se llevará a cabo el próximo lunes. El documento de la fiscalía señala que el acusado pagó millones de dólares para sobornar a policías, militares y políticos de todos los niveles en México a fin de operar sin interferencias.
Como parte de las conmemoraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Donald Trump dio dos discursos, el primero en Mount Rushmore, Dakota del Sur el 3 de julio y el segundo en el Mall de Washington, DC al día siguiente. En ambos casos, además de resaltar la relevancia histórica del surgimiento de Estados Unidos como nación independiente en 1776, aprovechó la oportunidad para proyectar la importancia de su propia gestión en la Casa Blanca, que definió como una “era dorada” para el país, y para advertir sobre los riesgos del “comunismo” al sistema político estadounidense, en alusión a los recientes triunfos del ala demócrata socialista en las elecciones primarias del partido opositor. Sobre este último punto, en fechas recientes Trump ha utilizado de forma recurrente el lenguaje de las persecuciones anticomunistas de la Guerra Fría para tratar de posicionar al Partido Republicano en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Sobre ambos discursos, notas de USA Today, NYT, CNBC, AP, Reuters y CBS News. Cobertura de la retórica anticomunista en Reuters y Washington Post.
A pesar de que Trump no firmó la ley de vivienda que fue aprobada en ambas cámaras hace dos semanas con una amplia mayoría bipartidista y que goza de gran popularidad por fomentar el aumento de la oferta de casas-habitación y reducir sus precios, la disposición entró en vigor al no ser vetada por el presidente. Como argumentos para no firmarla, señaló en Truth Social que el Congreso no ha avalado todavía la iniciativa Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America), que contiene importantes modificaciones a las disposiciones electorales vigentes y que no cuenta con apoyo en el Senado para ser aprobada. También recordó que el liderazgo republicano en el Senado no ha atendido otra de sus prioridades: la anulación de la regla de aprobación de leyes por una mayoría calificada de 60 votos. Sobre el tema, notas de NBC News, Axios, Reuters, AP, The Hill, NYT y Washington Post. Sobre el contenido de la ley, nota de NYT.
Ayer continuó el intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán a pesar de que siguen vigentes los precarios acuerdos del memorándum de entendimiento entre ambas partes para poner fin al conflicto bélico en un plazo de 60 días. Irán ha tratado de afianzar su control sobre el paso de buques en el estrecho de Ormuz. Mientras que Estados Unidos ha atacado con misiles y drones distintos puntos del territorio iraní, Teherán los ha lanzado sobre objetivos en los países del golfo Pérsico en donde hay bases americanas. Sobre el tema, nota de AP.
En los últimos días, Donald Trump ha hecho varias declaraciones sobre el tema. En una de las más recientes señaló en Truth Social que el cese al fuego llegó a su fin, a pesar de que dijo que continuarán las pláticas entre ambas partes a petición de Irán. También definió al liderazgo iraní como “escoria.”
Trump viajó la semana pasada a Ankara, Turquía, para participar en la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sostener reuniones bilaterales con diversos mandatarios que estuvieron presentes en el encuentro. Si bien públicamente atacó a la organización y a varios de sus miembros, en particular a España, por no apoyar las operaciones militares en contra de Irán y retomó el reclamo para adquirir Groenlandia, en las reuniones a puerta cerrada su actitud fue diferente y resaltó la unidad de alianza atlántica; al respecto, notas de Politico, CBS News, Reuters y NYT. Un resultado concreto de la cumbre fue el compromiso de algunos aliados de adquirir más equipo bélico de proveedores estadounidenses, como parte del acuerdo para incrementar el gasto militar; sobre el tema, notas de Politico, AP y Reuters. Evaluación de la cumbre de Ankara en nota de Atlantic Council.
Durante su estancia en Ankara, Trump sostuvo un encuentro Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. En un cambio de posición, anunció la autorización para que Ucrania pueda producir sistemas de defensa Patriot para interceptar misiles rusos; cobertura en AP, Semafor y NYT. Además, se reunió con Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria. Como parte de la normalización de las relaciones bilaterales, Trump le informó al mandatario sirio que Estados Unidos inició el proceso para remover a su país de la lista de los estados que patrocinan al terrorismo. La medida eliminará las restricciones que actualmente existen para el envío de ayuda extranjera y la realización de operaciones financieras. Sobre el tema, nota del Departamento de Estado y cobertura en Reuters y Time.
Al recordar el quinto aniversario de las protestas antigubernamentales en Cuba, Marco Rubio declaró que tanto Trump como él desean un “mejor futuro” para ese país y su pueblo. Recordó además que el gobierno estadounidense ha ofrecido a Cuba “ayuda, asistencia con la reconstrucción y la promesa de una nueva relación bilateral, de aceptar su régimen llevar a cabo reformas políticas y económicas que brinden al país una oportunidad para ser próspero.”
En su último día de actividades antes de iniciar su receso de verano, el 30 de junio la Suprema Corte emitió el fallo del caso Donald Trump vs Barbara que dejó sin efecto la orden ejecutiva presidencial que anuló el derecho a la ciudadanía a los hijos nacidos en EUA de padres con estatus migratorio temporal o indocumentado. De este modo, con esta decisión por ahora se mantiene vigente la enmienda 14 de la Constitución, que reconoce la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en el territorio de EUA, independientemente de la condición migratoria de los padres. Este era uno de los fallos más anticipados de la sesión que concluyó de la Suprema Corte, tomando en consideración que Trump y sus seguidores han abogado por una interpretación más limitada de esta enmienda como parte de su agenda anti-inmigrante. Por ello, en Truth Social, el presidente lamentó la decisión y pidió al Congreso aprobar una iniciativa para modificar la Constitución. Posteriormente indicó en esa misma red que pedirá a la Suprema Corte examinar nuevamente el tema, un procedimiento muy inusual pero que está contemplado en la ley. Cobertura del fallo en AP, SCOTUSBlog, National Immigration Forum, CBS News, NBC News, USA Today, Axios, NPR, Politico, The Hill, NYT y Washington Post.
El papa León XIV envió un mensaje de felicitación al pueblo de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la Independencia en el que hizo un llamado para que se mantengan los valores de la fundación del país y reconoció la larga tradición en su historia para acoger a migrantes. Sobre el tema, notas de Time y Reuters.
Ambas cámaras retoman actividades hoy después de sus respectivos recesos por la conmemoración del día de la Independencia. En los dos casos hay numerosos temas en las agendas legislativas que deberán ser desahogados en las próximas semanas antes de sus recesos de agosto. Sobre el tema, nota de Politico.
El sábado por la noche falleció de una “enfermedad repentina y breve” en Washington, DC el senador Lindsey Graham (R-Carolina del Sur) de 71 años. Graham era uno de los aliados más cercanos a Donald Trump en varios temas, aunque en ocasiones trabajó de forma bipartidista, como en el caso de la posición de Estados Unidos hacia el conflicto entre Ucrania y Rusia. De hecho, apenas acababa de regresar de una nueva visita a Kyiv apenas hace un par de días. Como primera reacción, Trump reconoció en Truth Social que Graham era “uno de los mejores senadores” que había conocido y lo definió como “un verdadero patriota.” Heny McMaster, gobernador de Carolina del Sur (R), deberá nombrar a su sucesor para que complete el resto de su periodo en el Senado. Graham, quien presidía el poderoso Comité de Presupuesto, iba a buscar mantener su escaño por quinta ocasión en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Cobertura en AP, CNN, Axios, Semafor, CBS News, NPR, Politico, The Hill, Roll Call, NYT y Washington Post. Semblanza con la trayectoria política de Graham en Politico.
Después de un silencio de más de cuatro semanas por su ausencia de las actividades legislativas, el senador Mitch McConnell (R-Kentucky) informó que se recupera de una caída y una pulmonía. Agregó que todavía no está en capacidad de retornar a sus actividades en el Senado. Cobertura en notas de AP, CNBC, Roll Call, NYT y Washington Post.
El deceso de Graham y la ausencia de McConnell generarán complicaciones para que los republicanos puedan impulsar sus prioridades legislativas en el Senado en las próximas semanas. Hasta que se nombre el sucesor de primero y que el segundo retorne al Capitolio, la relación entre bancadas será de 51 R y 47 D. Sobre el tema, notas de Politico, Semafor, CNN y Washington Post.
El representante Ro Khanna (D-California) denunció en X que fue detenido por colonos israelíes mientras hacía un recorrido por Cisjordania la semana pasada. Además, informó que al llegar las fuerzas militares de Israel al punto en el que se encontraba, apoyaron a los colonos y continuaron reteniéndolo hasta que la embajada estadounidense intervino para su liberación. Al respecto, entrevista con Meet the Press de NBC News sobre el tema y notas de ABC News, The Hill y NYT.
A lo largo de la semana pasada, Claudia Sheinbaum dedicó mucha atención en sus conferencias de prensa matutinas al tema de la detención de Ismael Zambada “el Mayo” en Estados Unidos de hace casi dos años a partir de la divulgación de un reportaje exclusivo de Pie de Nota sobre la participación del FBI en el traslado aéreo del narcotraficante y de las declaraciones del exembajador Ken Salazar sobre el tema. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con información sobre el caso que sería presentada más adelante y consideró que Salazar mintió sobre el involucramiento de las agencias estadounidenses en la detención de Zambada. Ernestina Godoy, titular de la FGR, comentó que la dependencia lleva a cabo investigaciones sobre las posibles violaciones a la soberanía nacional por parte de alguna agencia de Estados Unidos y la responsabilidad de Salazar en el caso; al respecto, notas de CBS News, NYT y Politico MX. A partir de esta información, Sheinbaum hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos y a sus agencias a coordinarse mejor con sus contrapartes de México para obtener mejores resultados en materia de seguridad.
Por otro lado, Sheinbaum retomó algunas de las declaraciones que hizo Salazar en una entrevista con Jorge Ramos a propósito de la inminente circulación de su libro Borderlands: my Fight for an Inclusive America. En particular, el exembajador dijo que él no tenía evidencia de los nexos del expresidente López Obrador con la delincuencia organizada. A la luz de lo anterior, Sheinbaum consideró que hay una campaña para desacreditar a AMLO y a su movimiento sobre esos supuestos vínculos.
Marcelo Ebrard (secretario de Economía), Jamieson Greer (representante comercial de EUA) y Dominic LeBlanc (ministro para comercio Canadá-EUA) sostuvieron una reunión virtual el 1 de julio sobre la renovación del TMEC. Tomando en consideración que tanto México como Canadá ya habían planteado su intención de extenderlo por otros 16 años más, había expectativa por conocer la postura de EUA. Greer señaló que EUA no tenía interés en renovarlo en su forma actual, por lo que se optó por mantenerlo en los próximos 10 años con revisiones anuales para corregir “los defectos del acuerdo y el déficit comercial con ambos socios.” Además, confirmó que la semana del 20 de este mes habrá una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México en la capital mexicana. Ebrard explicó posteriormente que las principales preocupaciones de EUA son la pérdida de empleos en el sector manufacturero, la alta dependencia de América del Norte de otras regiones y el déficit comercial. Se anticipa que la modalidad acordada generará incertidumbre en los inversionistas al haber revisiones anuales y al existir la posibilidad de que el TMEC deje de tener vigencia en 2036 en caso de que no haya acuerdo en ese lapso para renovarlo. Cobertura en Reuters, NYT, WSJ, Bloomberg, NBC News, AP, Axios, The Hill, Daily Caller y Washington Post. Chicago Council of Global Affairs presenta un estudio de opinión pública en los tres países de América del Norte sobre el TMEC. Análisis de la decisión en notas del Center for Strategic and International Studies (CSIS) y de Petersen Institute for International Studies.
Sheinbaum y Ebrard se refirieron ampliamente el 2 de julio a la decisión de México, EUA y Canadá de mantener vigente el TMEC en los próximos 10 años con revisiones anuales en lugar de extenderlo hasta 2042. En su caso, la presidenta resaltó que durante ese periodo, en cualquier momento los tres países podrían acordar prolongarlo por 16 años más. Subrayó que en las discusiones con EUA permea la visión proteccionista de Trump sin estar condicionadas a otros temas como la seguridad o la reforma al poder judicial. Entre otros planteamientos, Ebrard dijo que la decisión sobre el TMEC reduce la incertidumbre a inversionistas, a diferencia de lo sostenido por varios analistas.
A partir de que tuvo conocimiento de la muerte de Lorenzo Araujo Salgado, ciudadano mexicano indocumentado que residía desde hace 35 años en Houston, Texas, como consecuencia de una operación de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Sheinbaum anunció que su gobierno tomaría medidas más enérgicas. Sobre la muerte de Araujo, notas de AP, Texas Tribune, Migrant Insider, NYT y Washington Post.
Posteriormente, la SRE informó que se emprenderán “una serie de acciones legales por los casos de mexicanos que lamentablemente han fallecido en centros de detención y operativos” de ICE. En total, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, han perdido la vida 14 mexicanos en dichos centros y 3 en operativos de esa agencia. Entre otras acciones, se solicitará a la FGR apoyo para “presentar de manera formal las denuncias correspondientes ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia” y se iniciarán acciones civiles en contra de las empresas privadas que operan los centros de detención por presentarse condiciones violatorias a los derechos humanos de los migrantes bajo su resguardo. Además, en el ámbito multilateral se pedirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de “medidas cautelares y de protección para los connacionales en dichos centros” y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las garantías para proteger a los mexicanos bajo custodia de ICE. Cobertura en AP, Reuters, CNN, CBS News y NYT.
Sheinbaum inauguró el 27 de junio en Metapa de Domínguez, Chiapas, una planta de producción de moscas estériles para combatir a la plaga del gusano barrenador que afecta a varios países de la región, entre ellos, México y EUA. En la ceremonia también participaron Columba López y Brooke Rollins, las respectivas secretarias de Agricultura, y Ron Johnson, embajador de EUA en México. La planta se construyó con recursos de ambos países. Por ello, Sheinbaum consideró que la obra es un símbolo de la relación bilateral, una demostración de la voluntad para enfrentar retos comunes y un mensaje al mundo de “que la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación.” Sobre el tema, comunicados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Embajada de EUA en México.
El 4 de julio, Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de “Declaración de Independencia.” El texto aprobado en Filadelfia formalizó el anuncio de la escisión de 13 colonias británicas en América del Norte de la metrópoli imperial y el inicio de un experimento revolucionario para el siglo XVIII por el surgimiento de un modelo de autogobierno con instituciones republicanas, contrapesos y separación de poderes. Como momento fundacional de Estados Unidos, en torno al 4 de julio se originaron muchos mitos que alimentan al nacionalismo estadounidense. A la vez, este periodo ha generado numerosas interpretaciones y revisiones en la historia del país. Más allá de las discusiones entre historiadores, la fecha es un motivo de celebración nacional que en otro contexto seguramente habría generado mensajes de unidad pero que en 2026 se ha visto inmerso en la polarización política y las guerras culturales de la era de Trump.
¿Cómo se celebrará el 4 de julio este año?
Para preparar los festejos del 250 aniversario de la Independencia, el Congreso creó una comisión bipartidista en 2016 que recibió el nombre de America250. En esta instancia participan 32 miembros provenientes del gobierno federal, de ambas cámaras y del sector privado. La comisión ha tenido resultados limitados, en parte por las diferencias partidistas que inevitablemente surgieron en sus deliberaciones. El evento más importante en el programa de America250 es una celebración simultánea en varias ciudades que recibió el nombre de America’s Block Party; el 3 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York y al día siguiente en Boston, Filadelfia, Charleston, Fort Campbell, Milwaukee y Los Ángeles.
Sin embargo, desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump consideró necesario contar con una instancia bajo su control para proyectar su visión del momento fundacional de Estados Unidos en las festividades. Para ello, a los 10 días de su regreso creó un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la celebración que eventualmente llevó en diciembre del año pasado al establecimiento de una alianza pública-privada para organizar eventos conmemorativos denominada Freedom250. Como reflejo del estilo de gobernar de Trump, esta instancia desplazó rápidamente a la comisión bipartidista establecida por el Congreso y adquirió mayor protagonismo para el programa de festividades. Freedom250 recibió incluso más recursos del Congreso que America250.
Desde que se dieron a conocer los primeros planes de Freedom250 se evidenciaron los sesgos y las preferencias de Trump por lo que varios músicos e intérpretes que iban a participar en un concierto el 24 de este mes en el Mall de Washington, DC, anunciaron su declinación. Para suplir su ausencia, el presidente canceló el concierto e invitó a sus seguidores a escucharlo en esa misma fecha y lugar en un mitin presidido por él.
Previamente, como parte de Freedom250, la organización Ultimate Fighting Championship (UFC) organizó un evento de siete peleas de artes marciales mixtas en una arena para 4,500 invitados en el South Lawn de la Casa Blanca. El acto deportivo que se denominó UFC Freedom 250 se llevó a cabo el 14 de este mes, en la misma fecha del cumpleaños 80 de Trump.
De acuerdo con el programa de Freedom250, las actividades de la conmemoración incluyen una feria en el Mall de Washington, DC con representación de la mayoría de las entidades federativas – ocho declinaron participar – que se inauguró el jueves de esta semana y concluirá el 10 de julio. El 4 de julio en ese mismo sitio habrá una celebración de todo el día que cerrará con una magna exhibición de fuegos artificiales, precedido por un evento similar en Mount Rushmore, Dakota del Sur el día previo.
La presidencia imperial de Trump
La declaración de Independencia formalizó la separación de las 13 colonias de la metrópoli británica y marcó el inicio de la guerra entre ambas partes que concluyó en 1783 con el triunfo del ejército revolucionario encabezado por George Washington. Ante el fracaso la llamada Confederación - el primer gobierno independiente - surgió un movimiento para crear instituciones nacionales más sólidas que convocó a una convención en Filadelfia que aprobó la Constitución de 1787. La entrada en vigor del texto constitucional fue el resultado de un proceso de ratificación en los 13 estados.
Con variantes y ajustes importantes, las instituciones del actual gobierno federal mantienen estos rasgos principales del diseño constitucional y republicano de 1787: separación de poderes, contrapesos entre las tres ramas de gobierno, elecciones periódicas con participación ciudadana para renovar al ejecutivo y al legislativo y garantías individuales frente a la autoridad. La presidencia de Donald Trump, sobre todo en su actual mandato, puede ser analizada a la luz de estos criterios para evaluar qué tanto se apega o se aleja del modelo de gobierno de la república independiente avalado en 1787.
En El Federalista, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay escribieron artículos para promover la ratificación de la Constitución de 1787. Entre otros argumentos, defendieron el texto por crear instituciones y mecanismos para evitar la concentración del poder en una de las ramas, contrarrestar tendencias monárquicas y limitar las posibilidades de la corrupción del poder público. A lo largo de su gestión, Trump ha excedido los límites constitucionales del ejecutivo y ha tenido que ser acotado por el poder judicial a partir de demandas y controversias que se han presentado ante los tribunales federales inferiores cuyos fallos han llegado a ser invalidados por una Suprema Corte en la que goza de una mayoría conservadora. A pesar de que el Partido Republicano es el mayoritario en ambas cámaras del Congreso, en varios ámbitos Trump se ha excedido en sus atribuciones en detrimento del poder legislativo, en particular en materia de comercio y de uso de la fuerza en el exterior. Sin recurrir a la suspensión de elecciones, por medio de órdenes ejecutivas ha intentado limitar los derechos de la ciudadanía para el registro y el ejercicio del sufragio, a pesar de que la Constitución señala que son atribuciones que solo les corresponden a las entidades federativas y al Congreso. Estos son tan solo algunos ejemplos de muchos que se pueden citar de la usurpación y expansión de poderes de la presidencia imperial de Trump.
Perspectivas
La celebración del 250 aniversario de la Independencia es un motivo de celebración de un hito significativo para la sociedad estadounidense. A la vez, representa una oportunidad para reflexionar hasta donde las instituciones que surgieron de la lucha independentista mantienen su carácter original o se han distorsionado. Después de las celebraciones del 4 de julio, trastocadas por la polarización política y las guerras culturales, el electorado estadounidense tendrá una oportunidad en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre de enviar un mensaje sobre la dirección de la república bajo la presidencia imperial de Trump.
/ La posibilidad de un restablecimiento de relaciones entre México y Perú sería una señal discreta, pero importante, de una nueva tendencia hacia el pragmatismo a esperarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la conducción de la política exterior mexicana.
/ El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea en un referéndum muy cerrado, ya que el 51.9% apoyó la salida y el 48.1% prefirió permanecer. Durante la campaña se prometió recuperar el control de las fronteras, las leyes y el dinero aportado a las instituciones europeas, aunque la decisión también abrió una etapa de inestabilidad política que se reflejó en los constantes cambios de primer ministro.
/ "Hay fechas que tranquilizan porque ordenan el caos y ofrecen la ilusión de una ruptura nítida. Decir que la erosión del llamado “orden internacional basado en reglas” comenzó con Donald Trump, con la invasión rusa de Ucrania, con el ascenso de China, con la anexión de Crimea o con el regreso de la competencia entre grandes potencias permite imaginar una edad dorada anterior: un tiempo en que las reglas eran claras, las instituciones funcionaban y la fuerza estaba razonablemente contenida por el Derecho Internacional.
Esa forma de narrar la crisis tiene una virtud política: identifica culpables recientes y convierte un proceso histórico en un acontecimiento reconocible. Pero tiene un defecto analítico mayor, pues confunde el síntoma con el origen, el episodio con la enfermedad, la malaise acumulada durante décadas con el parte médico de última hora.
Los analistas suelen buscar el momento definitorio —la invasión, el arancel, el veto, la guerra, el líder disruptivo— como si allí se hubiera firmado el acta de defunción de un orden que, en realidad, lleva mucho tiempo enfermo y todavía no termina de morir. Parafraseando a Mark Twain, las noticias de su muerte han sido muy exageradas; lo que conviene explicar no es un fallecimiento súbito, sino una larga agonía administrada bajo el lenguaje de la legalidad, la estabilidad y las reglas.
Una lectura más incómoda, pero más útil para para potencias medias, como México, es que la erosión no comenzó cuando el orden unipolar empezó a ser desafiado, sino cuando pareció haber triunfado sin contrapeso. La corrosión empezó en el momento mismo de la victoria occidental en la Guerra Fría: cuando la caída de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos en una posición de predominio militar, financiero, institucional e ideológico sin precedente moderno; cuando el “fin de la Historia” fue leído no solo como provocación filosófica, sino como clima de época, y cuando el “momento unipolar” dejó de describir una distribución excepcional del poder para convertirse en una autorización tácita de conducción mundial.
El orden comenzó a erosionarse no por falta de poder estadounidense, sino por su exceso. No lo hizo por ausencia de una potencia garante, sino por la dificultad de esa potencia para distinguir entre regla universal, preferencia estratégica, interpretación jurídica e intuición moral propia. La paradoja posterior a 1991 es que el mundo más institucionalizado luego de la Guerra Fría fue también un mundo en el que la potencia central se habituó a reinterpretar mandatos, seleccionar crisis, estirar conceptos, castigar desviaciones y presentar decisiones discrecionales como exigencias naturales del orden. Esa sobrextensión fue militar, jurídica, económica y moral. No siempre fue cínica; muchas veces se formuló en el lenguaje de la protección, la democracia, la paz y los derechos humanos. Precisamente por eso fue tan eficaz. Y precisamente por eso dejó una huella tan profunda.
Esta reflexión no busca atacar a Estados Unidos ni absolver, por contraste, a quienes hoy desafían su primacía mediante invasiones, coerción, anexiones territoriales, represión interna, autoritarismo o nuevas esferas de influencia. Otros actores no quedan moralmente purificados porque Washington haya aplicado reglas de forma selectiva. Pero tampoco se entiende el presente si la crisis del orden internacional se reduce a la conducta de esos revisionismos y la reacción estadounidense. Para países como México, leer la crisis solo como coyuntura —Trump, Ucrania, China, migración, aranceles— empobrece la agencia. Leerla históricamente permite advertir que el problema no es únicamente la excentricidad de un líder o la brutalidad de una coyuntura, sino el desenlace de un proceso largo de expansión, desgaste y reacción.
Qué orden, qué reglas El punto de partida debe ser una distinción conceptual. El orden internacional basado en reglas no es exactamente lo mismo que el Derecho Internacional. Este tiene fuentes, procedimientos, tratados, costumbres, tribunales, principios y una carta constitutiva: la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ella, la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados ocupa un lugar central, salvo las excepciones reconocidas de autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa.
En cambio, el orden basado en reglas designa algo más específico: la arquitectura política, institucional y estratégica posterior a la Guerra Fría, construida sobre el andamiaje de 1945, pero administrada principalmente por Estados Unidos y sus aliados bajo principios liberales. Ese orden incorporó democracia representativa, economía abierta, libre comercio, instituciones multilaterales, derechos humanos, seguridad colectiva selectiva, alianzas militares occidentales y condicionalidad económica como parte de una misma gramática de legitimidad. No es idéntico a la ONU ni al Derecho Internacional; fue una lectura liberal-hegemónica de ese orden jurídico, organizada alrededor de la primacía estadounidense.
Esa precisión importa porque el orden basado en reglas ha funcionado con frecuencia como una fórmula política más elástica que el Derecho Internacional. A veces designa el sistema multilateral de posguerra; a veces, el conjunto de instituciones liberales lideradas por Occidente, y a veces, una idea general de conducta aceptable definida por quienes tienen capacidad de sancionar la desviación.
Esto no significa que la ONU sea ajena a las “reglas reales”. Al contrario: la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la prohibición del uso de la fuerza, la legítima defensa y los tratados multilaterales forman el núcleo jurídico del orden de posguerra. Pero reconocer esa centralidad no obliga a idealizar su práctica. Desde la década de 1990, la ONU operó muchas veces bajo una selectividad identificable en función de las preferencias, los límites y las prioridades de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos durante el momento unipolar. El Consejo de Seguridad no fue, ni es, un tribunal imparcial de la legalidad internacional; fue un espacio político atravesado por jerarquías de poder.
Propongo llamar order creep (expansión gradual del orden) al proceso paulatino por el cual un orden internacional es distorsionado desde dentro mediante pequeñas excepciones, reinterpretaciones, ampliaciones de mandato y usos selectivos de sus propias reglas. No implica el abandono explícito del orden, sino su desplazamiento acumulativo: el actor que se presenta como garante del sistema conserva el lenguaje de la legalidad, la estabilidad y las reglas, pero modifica, en la práctica, los límites de lo permitido, lo excepcional y lo legítimo.
En el caso del orden liberal posterior a la Guerra Fría, la expansión gradual del orden designa la erosión incremental del orden por parte de su principal custodio. Bajo condiciones de unipolaridad, Estados Unidos no destruyó abiertamente el orden que ayudó a crear; más bien, comenzó a estirar sus reglas, excepciones e instituciones en nombre de su defensa. El resultado no fue un colapso inmediato del orden liberal, sino una mutación progresiva: de un sistema presentado como universal, multilateral y normativamente limitado hacia uno más discrecional, jerárquico y dependiente de la interpretación del poder dominante.
La clave conceptual está en que la expansión gradual del orden no es “declive” en sentido clásico. No describe simplemente que el orden se debilite porque otros actores lo desafían desde fuera. Describe algo más incómodo: la autodeformación del orden por parte de quienes dicen protegerlo. Es la erosión del orden bajo la apariencia de su defensa. Es la conversión gradual de un orden basado en reglas en un orden basado en excepciones administradas por el hegemón.
Ese proceso tiene varias dimensiones. La primera es jurídica: mandatos originalmente acotados se reinterpretan hasta permitir acciones que no estaban claramente autorizadas. La segunda es militar-institucional: alianzas defensivas se transforman en instrumentos expedicionarios. La tercera es moral-humanitaria: conceptos como protección de civiles, Responsabilidad de Proteger (R2P) o promoción democrática se desplazan hacia cambio de régimen o ingeniería política. La cuarta es económica: la liberalización y la condicionalidad se presentan como técnica neutral, aun cuando alteran equilibrios sociales internos. La quinta es normativa: los derechos humanos se invocan como universales frente a adversarios, pero se relativizan frente a aliados o frente a la potencia central. En conjunto, estas dimensiones no destruyen el orden de golpe; lo transforman desde dentro. Un sexta, relevante para Latinoamérica, es hemisférica: la influencia estadounidense deja de nombrarse, pero sobrevive como expectativa naturalizada de deferencia.
Los Balcanes: la excepción humanitaria y la mutación de la OTAN La primera gran fisura apareció en los Balcanes. La desintegración violenta de Yugoslavia enfrentó a Europa y a Estados Unidos con atrocidades reales: limpieza étnica, desplazamientos masivos, campos de detención y fracaso de la diplomacia preventiva. En Bosnia, la ONU estableció “zonas seguras”, entre ellas Srebrenica, y el Consejo de Seguridad autorizó medidas para protegerlas. Pero la promesa de protección se derrumbó en julio de 1995, cuando miles de hombres y niños bosniacos musulmanes fueron asesinados en Srebrenica. El caso quedó como símbolo de una comunidad internacional capaz de proclamar principios sin voluntad suficiente para defenderlos.
Pero al hablar de Bosnia, Kosovo y Serbia conviene precisar qué actor ejecutó buena parte de la coerción. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es una instancia universal del Derecho Internacional ni un órgano equivalente a las Naciones Unidas. Es una alianza político-militar regional, diseñada originalmente como mecanismo de defensa colectiva entre sus miembros. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado contra uno o más aliados será considerado un ataque contra todos; el artículo 7 reconoce, además, que el tratado no altera la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ese diseño importa porque las operaciones en Bosnia y Kosovo no respondieron a un ataque contra un Estado miembro de la alianza, sino a conflictos en territorios de Estados no miembros.
En Bosnia, la actuación de la OTAN estuvo vinculada a resoluciones del Consejo de Seguridad y al mandato de las Naciones Unidas. No fue, por tanto, equivalente a Kosovo. Pero aun allí fue extraterritorial respecto del diseño defensivo original de la alianza. La OTAN se convirtió en brazo ejecutor de coerción internacional en un conflicto externo a su membresía, anticipando una mutación más amplia: de alianza defensiva a instrumento expedicionario de administración del orden. Este punto no niega la urgencia humanitaria ni las atrocidades cometidas por fuerzas serbobosnias; identifica otra cosa: una transformación institucional en la que una alianza regional, sostenida materialmente por Estados Unidos, comenzó a operar como mecanismo de imposición extraterritorial de seguridad.
Kosovo llevó esa mutación más lejos. En 1999, la OTAN lanzó la Operación Fuerza Aliada. La campaña aérea duró 78 días y no contó con autorización explícita del Consejo de Seguridad bajo el capítulo VII de la Carta. Kosovo no era un Estado independiente ni miembro de la OTAN; Serbia/Yugoslavia tampoco pertenecía a la alianza. En el propio Consejo de Seguridad hubo objeciones a la legalidad de los ataques. En 2000, la Comisión Independiente Internacional sobre Kosovo formuló después la frase que condensó el dilema: la intervención fue “ilegal pero legítima”.
Esa fórmula no resolvió el problema; lo institucionalizó. Si una coalición liderada por la potencia predominante podía actuar fuera de las reglas establecidas porque se atribuía una legitimidad superior, entonces la regla dejaba de operar como regla común y pasaba a depender de quién tenía poder para definir la excepción. Bosnia mostró una intervención extraterritorial canalizada por el sistema de la ONU, mientras que Kosovo mostró una sin autorización expresa de ese sistema. Juntas revelaron que, desde el inicio del momento unipolar, legalidad multilateral, legitimidad moral y capacidad militar empezaron a desacoplarse.
La discusión actual sobre la OTAN refuerza retrospectivamente este punto. La alianza suele presentarse como comunidad de valores y defensa colectiva, pero su credibilidad material ha dependido de forma desproporcionada de Estados Unidos. Cuando Trump condiciona la protección estadounidense al gasto europeo en defensa, no solo expresa una preferencia presupuestaria, sino que desnuda la dependencia política de una arquitectura atlántica que descansa sobre una correlación de poder. La alianza no flota sobre reglas impersonales; reposa en una distribución concreta de capacidades, voluntad y mando.
Ruanda: la selectividad por omisión Ruanda reveló la otra cara de la misma selectividad. En 1994, mientras se desarrollaba el genocidio, la comunidad internacional no intervino con la rapidez ni la fuerza necesarias. El Consejo de Seguridad redujo la misión de la ONU en el terreno cuando la violencia ya escalaba, y los Estados con capacidad de actuar evitaron asumir costos políticos y militares. La Resolución 912 ajustó y redujo el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda en abril de 1994; informes posteriores de la ONU documentaron fallas graves de la organización y de sus Estados miembros.
Ruanda es el ejemplo más devastador de la selectividad por omisión. El problema fue que los Estados con capacidad de actuar no quisieron pagar el costo de hacerlo. La regla humanitaria existía como aspiración moral; lo que no existió fue voluntad política para aplicarla cuando el interés estratégico parecía bajo y el costo político-militar alto.
La comparación entre Kosovo y Ruanda resulta indispensable. En Kosovo, la legalidad fue rebasada en nombre de la urgencia humanitaria; en Ruanda, la legalidad, el procedimiento y la prudencia institucional sirvieron de coartada para no actuar. La regla formal era la misma: soberanía, prohibición del uso de la fuerza y responsabilidad colectiva frente a atrocidades masivas. La práctica, sin embargo, dependió de geografía, interés estratégico, visibilidad mediática, costo militar y jerarquías políticas no siempre confesadas. Esa doble experiencia produjo el terreno moral sobre el cual nacería la R2P.
Derechos humanos, Responsabilidad de Proteger y justicia selectiva La R2P surgió como respuesta a Ruanda y Srebrenica. Su intuición básica era poderosa: la soberanía no podía entenderse solo como escudo del Estado frente al exterior; implicaba una responsabilidad hacia la población. Si un Estado no quería o no podía proteger a su población frente a genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional debía asumir una responsabilidad subsidiaria. En 2005, los Estados miembros de las Naciones Unidas aceptaron una versión acotada del principio, subrayando que la acción colectiva debía realizarse por medio del Consejo de Seguridad y conforme a la Carta de la ONU.
El problema no estaba necesariamente en el principio. Nadie debería defender una soberanía entendida como licencia para exterminar. El problema estaba en el contexto de poder en que ese principio iba a ser interpretado. En un mundo unipolar, la línea entre proteger civiles, castigar gobiernos, rediseñar regímenes y ordenar regiones podía volverse borrosa. La R2P nació como intento de disciplinar la intervención; en la práctica, corría el riesgo de convertirse en gramática moral de la intervención.
La misma tensión atravesó el orden internacional de los derechos humanos. La era posterior a la Guerra Fría produjo una expansión normativa importante: tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia, mayor centralidad del Derecho Internacional Humanitario, operaciones de paz con componentes de protección civil, discurso mundial contra la impunidad y, más tarde, R2P. Ese giro no debe descartarse porque fue una respuesta a atrocidades reales. Pero el universalismo quedó atrapado en una aplicación selectiva. En teoría, los derechos humanos son universales; en la práctica, los mecanismos para protegerlos han dependido de jerarquías políticas, alianzas estratégicas, visibilidad mediática y costos militares. Por ejemplo, Magnus Lundgren y Mark Klamberg muestran que la atención del Consejo de Seguridad a conflictos armados no se explica solo por la gravedad humanitaria, sino también por intereses y divergencias entre miembros permanentes.
La justicia penal internacional ofrece otro ejemplo. Estados Unidos apoyó o toleró algunos procesos internacionales cuando afectaban a adversarios o a contextos donde su exposición era limitada, pero rechazó someterse plenamente a los mismos mecanismos. Washington no es Estado parte de la Corte Penal Internacional; la Ley de Protección de Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses de 2002 restringió la cooperación con la Corte y buscó proteger a funcionarios y militares estadounidenses frente a posibles procesos. En 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para imponer sanciones contra la Corte por acciones dirigidas contra Estados Unidos, Israel y otros aliados.
La consecuencia es corrosiva. Cuando los derechos humanos se invocan como universales frente a adversarios, pero se relativizan frente a aliados o frente a la potencia central, dejan de funcionar como regla común y pasan a ser percibidos como instrumento de jerarquía. Esto no invalida los derechos humanos. Al contrario, muestra por qué deben defenderse con mayor consistencia. La lección no debería ser abandonar el lenguaje de derechos, sino rescatarlo de la selectividad geopolítica.
Irak: la guerra preventiva como fractura de confianza La segunda guerra de Irak llevó esta lógica a su punto más destructivo. Después de los atentados del 11-S, el gobierno de George W. Bush reformuló la seguridad nacional estadounidense en términos de prevención, cambio de régimen y expansión democrática. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 defendió una posición más activa frente a amenazas emergentes y presentó la libertad política y económica como camino universal hacia la paz. En su segundo discurso de toma de posesión, Bush afirmó que la política de Estados Unidos consistiría en apoyar movimientos e instituciones democráticas en toda nación y cultura, con el objetivo último de terminar con la tiranía en el mundo.
Irak mostró el peligro de confundir intención declarada con legitimidad internacional. La invasión de 2003 no contó con autorización explícita del Consejo de Seguridad. Antes de la guerra, los inspectores de la ONU no habían encontrado evidencia concluyente de programas activos de armas de destrucción masiva; después, el Informe Duelfer tampoco confirmó la premisa central de la invasión. En 2004, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, afirmó que la guerra no había sido conforme con la Carta de las Naciones Unidas y que, desde ese punto de vista, era ilegal.
Irak no fue solo un error de inteligencia ni solo una guerra mal planeada; fue una fractura de confianza. Para buena parte del mundo, confirmó que la potencia garante podía reinterpretar amenazas, invocar resoluciones previas, actuar sin autorización clara y después narrar la intervención como parte de una misión democrática. La guerra derrocó a Saddam Hussein, pero no produjo una victoria en el sentido político profundo del término. Si victoria significa construir un orden legítimo, estable, pacífico y compatible con las reglas invocadas para justificar la acción, Irak fue un fracaso monumental.
El daño no se limitó al caso concreto. Cada excepción mal resuelta se convierte en precedente político, aunque no sea precedente jurídico. Otros actores aprenden no necesariamente el derecho, sino la técnica de la justificación: invocar amenaza preventiva, denunciar dobles raseros, apropiarse del lenguaje de seguridad y reinterpretar la legalidad según conveniencia. La erosión no consiste en que las reglas desaparezcan, sino en que pierdan reciprocidad.
Libia: cuando proteger civiles terminó pareciendo cambio de régimen Libia fue el caso en que la R2P quedó atrapada en la desconfianza acumulada. En 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger civiles, estableció una zona de exclusión aérea y reforzó el embargo de armas. La intervención de la OTAN se presentó como operación para proteger a la población civil frente a las fuerzas de Muamar el Gadafi. El resultado político fue el colapso del régimen y la fragmentación del Estado libio. Reportes posteriores concluyeron que la intervención descansó en supuestos problemáticos, que se subestimaron las consecuencias políticas de la caída de Gadafi y que la comunidad internacional hizo demasiado poco para estabilizar el país tras la intervención.
Libia dejó una lección devastadora para el sistema. Para quienes apoyaban la intervención, fue un caso en que se evitó una masacre inminente. Para otros actores, fue la prueba de que una autorización limitada para proteger civiles podía transformarse en cambio de régimen. Esa percepción importó más que cualquier defensa jurídica posterior, porque el orden internacional vive también de confianza interpretativa. Si los miembros permanentes del Consejo de Seguridad creen que las autorizaciones humanitarias serán tensadas hasta producir resultados políticos no pactados, bloquearán futuras autorizaciones. Así, una intervención justificada en nombre de la responsabilidad colectiva terminó debilitando la posibilidad de acción colectiva futura.
La parálisis actual del Consejo de Seguridad debe entenderse en esa genealogía. No es simplemente prueba de que el orden basado en reglas se debilitó recientemente; es el reflejo institucional de una confrontación creciente dentro de un sistema cuyas promesas universales ya habían sido dañadas por la selectividad de origen. Conforme algunos observaron la manera en que Estados Unidos y sus aliados utilizaron, estiraron o rodearon el sistema multilateral, aprendieron también la fórmula: invocar soberanía, bloquear mandatos, usar el veto, denunciar dobles raseros y defender esferas de interés propias. La tragedia es que esa politización no empezó cuando otros actores empezaron a desafiar a Washington; empezó cuando Estados Unidos pudo aplicar reglas, excepciones y principios de manera selectiva sin enfrentar contrapesos equivalentes.
Latinoamérica: la Doctrina Monroe sin decir su nombre Latinoamérica vivió el momento unipolar desde otro registro. No fue el escenario principal de las intervenciones humanitarias posteriores a la Guerra Fría, pero sí el laboratorio de democratización, condicionalidad económica, disciplinamiento financiero y administración hemisférica. La región salió de dictaduras, guerras civiles y crisis de deuda con una promesa: democracia representativa, apertura comercial, privatización, disciplina fiscal, autonomía de bancos centrales, integración a mercados mundiales y reinserción financiera. Algunas reformas respondían a problemas reales; otras fueron presentadas como ruta casi única hacia la modernidad.
El llamado Consenso de Washington no fue una conspiración secreta, sino una convergencia de diagnósticos y prescripciones. John Williamson acuñó el término para describir un conjunto de políticas que, según su lectura, eran compartidas en Washington respecto de Latinoamérica. Estudios posteriores han evaluado ese legado con mayor distancia: algunas reformas estabilizaron variables macroeconómicas, pero los resultados en crecimiento sostenido, equidad, legitimidad social y fortaleza institucional quedaron por debajo de las expectativas de sus promotores.
Aquí la advertencia de Roland Paris resulta útil, aunque provenga del estudio de operaciones de paz. La liberalización no es neutral cuando llega antes que la capacidad institucional. En sociedades con Estados débiles, sistemas judiciales frágiles, desigualdad extrema, estructuras fiscales regresivas, élites concentradas y ciudadanía desconfiada, abrir mercados y acelerar competencia política puede producir resultados muy distintos a los esperados. Puede generar modernización, sí; pero también captura regulatoria, privatización de rentas, informalidad, precarización, frustración democrática y terreno fértil para economías ilícitas. En 2004, Paris propuso “institucionalización antes que liberalización” para advertir que democratización y mercantilización pueden ser transformaciones turbulentas cuando se introducen antes de capacidades institucionales robustas.
La pregunta decisiva no es si el mundo posterior a la hegemonía estadounidense tendrá orden, sino qué tipo de orden será y bajo qué reglas se organizará. No se trata de decir que el Consenso de Washington causó por sí solo la violencia criminal, la desigualdad, la corrupción o el desencanto democrático que golpean a Latinoamérica. Sería simplista. Se trata de reconocer que la adopción —a veces voluntaria, a veces bajo presión— de formas de gobierno y mercado sin suficiente construcción institucional contribuyó a crear condiciones de vulnerabilidad. La democracia llegó muchas veces como procedimiento electoral; el mercado, como disciplina externa, y el Estado, como aparato reducido antes de volverse eficaz.
El sistema interamericano refleja esa tensión. Tras la Guerra Fría, la Organización de los Estados Americanos desarrolló mecanismos de defensa colectiva de la democracia. La Resolución 1080 de 1991 y la Carta Democrática Interamericana de 2001 expresaron la idea de que la democracia representativa era condición del orden hemisférico. En principio, fue un avance histórico: Latinoamérica, marcada por golpes militares y dictaduras, establecía que la ruptura democrática no era un asunto puramente interno. Pero el diseño tenía una fragilidad de origen. La defensa de la democracia operaba en un hemisferio donde la asimetría con Estados Unidos era abrumadora y donde la memoria de intervención seguía viva. Cuando la democracia se definía desde Washington o se asociaba con preferencias económicas específicas, el mecanismo perdía neutralidad (y nada de esto se expresa en detrimento a las luchas político-sociales reales de la región).
En este contexto, la Doctrina Monroe nunca desapareció del todo. Dejó de nombrarse en el registro diplomático cotidiano, pero siguió operando como gramática profunda. La doctrina original, formulada en 1823, advertía a las potencias europeas contra la intervención en el hemisferio occidental y consolidaba la idea de una esfera de interés estadounidense. El Corolario Roosevelt explicitó después la posibilidad de que Estados Unidos ejerciera un “poder policial internacional” en casos que juzgara flagrantes. Después de la Guerra Fría, el lenguaje cambió: ya no se hablaba necesariamente de tutela civilizatoria ni de exclusión de potencias europeas; se hablaba de democracia, drogas, mercados, corrupción, seguridad, gobernanza, migración y estabilidad financiera. Pero la premisa seguía siendo parecida: el hemisferio era un espacio donde el orden estadounidense se asumía como intérprete natural del orden aceptable.
Lo más problemático no era que se invocara abiertamente la Doctrina Monroe, sino que ya no hacía falta invocarla. Funcionaba como sentido común. Latinoamérica debía democratizarse de cierto modo, abrirse de cierto modo, combatir el narcotráfico de cierto modo, administrar la migración de cierto modo y alinearse geopolíticamente de cierto modo. Si un gobierno se desviaba, la respuesta podía ir desde presión diplomática y condicionalidad financiera hasta sanciones, aislamiento, certificaciones unilaterales o apoyo selectivo a actores internos. La esfera de influencia no desapareció; se tecnificó. Y al tecnificarse se volvió más difícil de discutir, porque ya no se presentaba como dominación sino como normalidad.
Monroe y China: la hegemonía imperfecta La persistencia del espíritu Monroe plantea una aparente contradicción: si Estados Unidos mantuvo una expectativa de deferencia hemisférica, ¿cómo se explica el avance de China en Latinoamérica? Una posible respuesta es que la hegemonía estadounidense fue real, pero no omnipotente. Funcionó como régimen de disciplinamiento político y estratégico, no como control absoluto de todos los flujos económicos. Washington conservó capacidad de presión en asuntos considerados vitales —seguridad, drogas, migración, alineamientos diplomáticos, crisis políticas, sanciones, financiamiento multilateral—, pero, al mismo tiempo, promovió una globalización abierta que permitió a la región diversificar comercio, inversión y financiamiento.
La paradoja es que el propio orden de mercado impulsado desde Washington abrió canales que China utilizó de manera más consistente que Estados Unidos en varios terrenos. Mientras Washington priorizaba el Medio Oriente, la guerra contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, la condicionalidad democrática y la disciplina macroeconómica, Beijing ofrecía demanda de materias primas, financiamiento para infraestructura, inversión en energía y minería, comercio creciente y un discurso de no intervención atractivo para gobiernos latinoamericanos cansados de tutelas externas.
El avance chino, por tanto, no demuestra que la Doctrina Monroe haya desaparecido. Muestra que la versión posterior a la Guerra Fría de esa doctrina fue selectiva, tecnocrática y, en ocasiones, distraída. Estados Unidos siguió esperando deferencia hemisférica en asuntos políticos y estratégicos, pero no pudo impedir que la región respondiera a incentivos económicos mundiales. China llenó vacíos de financiamiento, demanda e infraestructura que Washington no quiso o no pudo ocupar por estar ocupado en otros asuntos, subrayando que las limitaciones de capacidades fueron también constantes durante el al auge del orden basado en reglas.
Sin embargo, la diversificación no equivale automáticamente a autonomía. Las exportaciones latinoamericanas hacia China se han concentrado con frecuencia en materias primas —soya, cobre, hierro, petróleo y otros recursos—, mientras las importaciones desde China incorporan mayor contenido manufacturero y tecnológico. La presencia china amplía márgenes de maniobra, pero también puede reproducir reprimarización, dependencia financiera, vulnerabilidad logística y exposición en infraestructura estratégica. Desde 2020, estudiosos apuntaron que la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos ha reactivado en Washington una lógica de “Monroe 2.0” frente a la presencia china en la región.
La tarea latinoamericana no es sustituir subordinación a Washington por dependencia frente a Beijing; es convertir la competencia entre potencias en capacidad negociadora propia. Esto exige instituciones estatales capaces de evaluar proyectos, regular sectores estratégicos, evitar capturas, diversificar socios, coordinar posiciones regionales y defender márgenes de autonomía sin caer en neutralismos retóricos ni alineamientos automáticos.
Trump como síntoma, no como origen Trump debe leerse menos como anomalía absoluta que como versión superlativa de un proceso largo. No inventó la selectividad, la coerción económica, el unilateralismo ni la idea de que Estados Unidos tiene prerrogativas especiales en su hemisferio. Lo que hizo fue reducir los eufemismos. Donde antes se hablaba de liderazgo, habló de transacción. Donde antes se hablaba de orden liberal, habló de ventaja nacional. Donde antes se insinuaba una esfera de influencia, la nombró con crudeza.
Ya en su segundo mandato, con la política comercial de “Estados Unidos primero”; en abril de 2025 anunció aranceles recíprocos como instrumento de presión económica. Estas medidas no fueron una ruptura total con el pasado, sino la intensificación de una lógica de convertir bienes públicos internacionales —comercio abierto, alianzas, seguridad, instituciones— en instrumentos explícitos de negociación unilateral.
Ese mismo patrón se observa en la OTAN. Durante décadas fue presentada como comunidad de seguridad occidental, alianza de valores y estructura defensiva compartida. Sin embargo, cuando Trump condiciona la protección estadounidense al gasto europeo, queda al descubierto no solo su estilo, sino la dependencia material de la arquitectura atlántica respecto de Estados Unidos y posible víctima de excepciones cada vez más estridentes. El artificio aparece desnudo: la alianza no flota sobre reglas impersonales, sino sobre una correlación de poder.
La hegemonía, cuando se siente segura, administra; cuando se siente amenazada por la multipolarización, exige, castiga y cobra. Por eso Trump parece tan disruptivo: no porque haya inventado la pulsión unilateral, sino porque la ejerce en un mundo donde ya no puede disfrazarse tan fácilmente de universalidad. La política exterior trumpista no destruye un orden perfectamente imparcial; revela la fragilidad de un orden que durante décadas dependió de que la potencia central presentara sus preferencias como reglas comunes.
Multipolaridad sin romanticismo La multipolaridad actual no debe leerse como accidente ni como simple sustitución de una hegemonía por otra. El mundo no se volvió multipolar solo porque China creciera, Rusia resistiera su degradación, la India aumentara su peso u otros actores diversificara alianzas. También se volvió multipolar porque la legitimidad del momento unipolar se desgastó desde dentro. El poder concentrado tiende a producir dos efectos simultáneos: sobrextensión del centro y aprendizaje defensivo de los demás. La multipolaridad actual es resultado de capacidades materiales nuevas, pero también reacción acumulada frente a la selectividad del orden anterior.
En esa discusión, la idea de Amitav Acharya sobre un mundo “multiplex” ayuda a evitar una lectura demasiado estrecha del cambio internacional: el fin del predominio estadounidense no implica necesariamente hegemonía china ni caos absoluto, sino una arquitectura más plural, regionalizada y superpuesta, con múltiples centros de autoridad y arreglos institucionales coexistentes. Pero esa pluralización no garantiza por sí misma un orden más justo. Puede abrir espacios de autonomía, pero también producir fragmentación, competencia normativa, nuevas dependencias y nuevas lógicas de “esferas de influencia” alternativas. La cuestión no es solo describir el mundo que emerge, sino entender por qué el viejo orden perdió autoridad.
Esta distinción es crucial para potencias medias. Si se interpreta la multipolarización solo como oportunidad para remplazar a Washington por Beijing, Moscú u otro centro de poder, reproducirá la misma lógica de subordinación bajo otro lenguaje. Si, en cambio, entiende que la crisis del orden estadounidense se debe tanto a la redistribución del poder como a la erosión de su legitimidad normativa, podrá formular una estrategia más sofisticada: diversificar vínculos, fortalecer capacidades estatales, defender reglas recíprocas, evitar alineamientos automáticos y convertir la competencia entre potencias en margen de negociación propio.
Esto no significa que la multipolaridad garantice justicia. Puede producir equilibrio, pero también fragmentación; pluralismo, pero también nuevos bloques; autonomía, pero también cinismo. El error sería remplazar obediencia automática a Washington por fascinación acrítica con cualquier poder que lo desafíe. La crítica del momento unipolar no debe convertirse en indulgencia frente a la agresión rusa, la coerción china, la represión interna de regímenes autoritarios o la instrumentalización de la soberanía para encubrir abusos.
Para México y Latinoamérica, la conclusión estratégica no puede ser el rechazo automático a Estados Unidos, pues seguirá siendo vecino, socio, mercado, fuente de inversión, potencia militar, actor migratorio y realidad geográfica. Tampoco puede ser la resignación. Necesita una doctrina de agencia: defender el Derecho Internacional con más consistencia que las grandes potencias; rechazar tanto la intervención selectiva como la soberanía usada para encubrir atrocidades; reconstruir mecanismos regionales menos dependientes de la polarización ideológica; diversificar relaciones económicas sin caer en nuevas dependencias; fortalecer capacidades estatales antes de aceptar recetas de apertura o seguridad, y convertir su peso colectivo en capacidad negociadora.
México, en particular, debe entender que su margen no depende solo de reaccionar al último arancel, al último exabrupto o a la última amenaza. Depende de comprender la profundidad histórica del proceso. La presión estadounidense actual no es únicamente el temperamento de un presidente; es la expresión de una potencia que recurre a instrumentos explícitos de coerción, aunque los estilos presidenciales varíen conforme a la coyuntura.
Defender reglas que obliguen también al poderoso La defensa de un orden verdaderamente basado en reglas exige abandonar la nostalgia por la década de 1990. Aquel no fue simplemente un periodo de estabilidad liberal; fue también el laboratorio de muchas distorsiones actuales. Allí se normalizó la idea de que algunas guerras podían ser ilegales pero legítimas; que algunas sociedades podían ser democratizadas desde fuera; que algunos mercados debían abrirse antes de que existieran instituciones capaces de regularlos; que algunas regiones pertenecían de manera natural a la administración estratégica de una potencia, y que algunas violaciones del Derecho Internacional eran amenazas al orden y otras, costos inevitables de preservarlo.
El orden basado en reglas no empezó a erosionarse cuando otros actores aprendieron a bloquear, desafiar o manipular sus mecanismos. Empezó a corroerse cuando, tras la Guerra Fría, la potencia vencedora pudo aplicar reglas, excepciones y principios de manera selectiva sin enfrentar contrapesos equivalentes. La ONU siguió siendo el núcleo jurídico del sistema, pero su funcionamiento reflejó la distribución desigual del poder. La OTAN siguió presentándose como alianza defensiva, pero actuó cada vez más como instrumento extraterritorial de administración coercitiva del orden. Los derechos humanos siguieron siendo principios universales, pero su protección dependió con demasiada frecuencia de quién era la víctima, quién era el perpetrador y qué intereses estaban en juego.
Esa es, precisamente, la lógica de la expansión gradual del orden: la erosión del orden bajo la apariencia de su defensa. No se trata de una ruptura frontal ni de un abandono explícito de las reglas, sino de una deformación progresiva de sus límites. El lenguaje permanece: legalidad, estabilidad, democracia, derechos, seguridad, responsabilidad. Lo que cambia es la práctica: las excepciones se acumulan, los mandatos se expanden, las instituciones se instrumentalizan y la interpretación del poder dominante termina sustituyendo la reciprocidad de la regla. Así, un orden presentado como universal, multilateral y normativamente limitado puede transformarse gradualmente en un orden jerárquico, discrecional y administrado por quien tiene mayor capacidad de definir qué cuenta como amenaza, qué cuenta como urgencia y qué cuenta como legitimidad.
La expansión gradual del orden permite entender por qué la crisis actual no puede reducirse al ascenso de potencias revisionistas ni al estilo de un presidente. Trump no inventó la extralimitación; la desinhibió. China y Rusia no descubrieron por sí solas la utilidad de invocar soberanía, veto, dobles raseros o zonas de influencia; aprendieron también de un sistema en el que las reglas fueron aplicadas de manera selectiva desde el centro. La multipolarización contemporánea, por tanto, no es solo el resultado de una redistribución material del poder. Es también la reacción acumulada ante un orden cuya legitimidad fue desgastada desde dentro por quienes afirmaban custodiarlo.
Reconocer esta genealogía no absuelve a los revisionistas actuales ni justifica invasiones, anexiones, autoritarismos o nuevas esferas de dominación. Más bien permite defender mejor las reglas que todavía importan. Una regla solo sobrevive si obliga también al poderoso; de lo contrario, deja de ser regla y se convierte en privilegio. Y un orden que convierte sus excepciones en método termina produciendo aquello que decía querer evitar: desconfianza, bloqueo institucional, competencia geopolítica y búsqueda de alternativas fuera del marco que alguna vez se presentó como común.
La pregunta decisiva no es si el mundo posterior a la hegemonía estadounidense tendrá orden, sino qué tipo de orden será y bajo qué reglas se organizará. Esa pregunta no puede responderse desde la nostalgia por el momento unipolar ni desde la ilusión de que toda alternativa a Washington es emancipadora. Debe responderse desde la construcción de capacidades propias: instituciones más fuertes, diplomacias más profesionales, coordinación regional menos ideologizada, diversificación económica prudente y defensa consistente del derecho internacional.
La tarea no es escoger amo. Es aprender a negociar en un mundo donde ningún poder debe confundirse con la regla, y donde ninguna promesa de orden —ni la liberal, ni la revisionista ni la multipolar— debe aceptarse sin instituciones, con mecanismos propios y capaces de convertir margen en agencia. Nombrar la expansión gradual del orden ayuda a entender que lo que vivimos no es solo una coyuntura, ni tampoco el colapso instantáneo que tantos diagnósticos anuncian cada vez que encuentran un acontecimiento suficientemente dramático para convertirlo en símbolo. Trump, Ucrania, Gaza, Taiwán, los aranceles, la parálisis del Consejo de Seguridad o el ascenso de China pueden ser hitos de una crisis, pero no son por sí solos su origen ni necesariamente su desenlace. El error está en escoger un evento y declararlo el fin definitivo de un orden que lleva décadas mostrando síntomas de agotamiento, pero que aún estructura instituciones, alianzas, mercados, dependencias y vocabularios de legitimidad. Por eso, la pregunta no es cuándo murió el orden basado en reglas, sino quién ha tenido poder para declarar sus excepciones, quién ha pagado sus costos y quién será capaz de construir reglas que obliguen también al fuerte. Solo entonces las potencias medias dejarán de reaccionar a los síntomas —el último exabrupto, la última guerra, el último arancel— y podrán actuar sobre la enfermedad de fondo: un sistema que decía ser universal, pero que demasiadas veces funcionó como privilegio.
/ La reconfiguración del sistema de partidos en México promete continuar. Con la irrupción de Morena se produjo una reorganización partidista no vista en décadas, con partidos fenecidos, otros seriamente debilitados y el ascenso de un autoritarismo hegemónico. La entrada de Somos México promete continuar con esa reconfiguración, recurriendo, hasta cierto punto, al modelo del partido en el poder.
La realidad incontrovertible es que Morena no es un partido dominante, sino uno hegemónico con altos niveles de popularidad como no se veía desde la década de los ochenta. La gran diferencia entre uno y otro es que, mientras los primeros se mantienen en el poder en un contexto democrático, los segundos cambian las reglas del juego democrático, inclinando el terreno político para mantenerse en el poder y dificultar que otros accedan a él. Con el control del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, así como de una parte considerable del INE, el oficialismo ha inclinado las reglas del juego a su favor. No olvidemos, asimismo, la reforma de supremacía constitucional, así como la sobrerrepresentación espuria de la coalición gobernante en el Congreso de la Unión.
Parte de la problemática autocrática por la que atraviesa el país radica en la falta de cuadros, de propuestas y de narrativa en la oposición. El viejo partido hegemónico y el partido tradicional de la derecha mexicana han dejado de rotar sus grupos políticos en su interior y, peor aún, muchos de sus liderazgos enfrentan serios señalamientos de corrupción – ya ni hablemos de falta de carisma político. Por otra parte, no existen propuestas políticas claras y diferenciadas; por el contrario, vemos políticas reactivas a una coyuntura dominada por el oficialismo. Finalmente, no hay liderazgo opositor alguno que pueda crear una narrativa alterna y propia, a pesar de los innumerables tropiezos del gobierno: desde los narcopolíticos, pasando por el mal estado de la economía, hasta la creciente corrupción.
Si la oposición ha sido incapaz de reinventarse, la única alternativa son nuevos partidos políticos. Es en este contexto donde entra Somos México, cuyo modelo rima con el del oficialismo. Porque si Morena impulsó una narrativa contra el pasado neoliberal, se convirtió en un partido atrapalotodo y carece de definición ideológica, Somos México promete empujar una narrativa contra el pasado reciente morenista (“ya no solo se trata de separar al partido del gobierno, sino a los criminales del gobierno”, declaró Acosta Naranjo), adolece de ideología política (“no somos un partido de derecha ni de izquierda”) y será un partido efectivamente atrapalotodo (“aquí cabemos todos los que creamos en la democracia”). El gran desafío del nuevo partido será doble: evitar la incorporación indiscriminada de personas y proponer políticas populares, aunque no populistas. Porque el discurso de recuperación de la democracia jamás basta: ni en México, ni en Hungría, ni en los Estados Unidos.
Morena es un tigre de papel que debe estar preocupada por el surgimiento de su nueva némesis. Los partidos fundados por Manuel Gómez Morín y Plutarco Elías Calles deben estar aún más preocupados. Por lo pronto, la llegada de Somos México representa una buena noticia para el sistema de partidos del país. Y para lo que aún nos queda de democracia.
