Luis Rubio
/ La inseguridad que sobrecoge a la población a todos los niveles, estratos y regiones quizá haya sido normalizada y, por lo tanto, desaparecido del mapa político inmediato, pero no deja de ser la principal preocupación de la sociedad mexicana. La normalización de esta enfermedad quizá explique en parte la popularidad presidencial, pero no deja de ser una espina clavada en el corazón del país y constituye una enorme carga que impacta costos, la economía y, en general, el potencial del país. En este contexto, una respuesta legalista y visceral a las acusaciones de corrupción, delincuencia organizada y narcotráfico resulta inverosímil -o peor.
No hay mexicano alguno que esté libre de la inseguridad rampante o que no haya podido observar la naturaleza evidente del sistema político mexicano, no de hoy, sino de siempre. La inseguridad de los últimos lustros tiene que ver con el colapso del viejo sistema político, la apertura de la economía y la democratización política, pero México tiene una larga historia de corrupción, abuso, criminalidad, delincuencia y, en general, desprecio por la civilidad, que se remite a la era colonial. Cada etapa de nuestra historia se ha caracterizado por sus peculiaridades, pero un común denominador ha sido la autoridad abusiva, cuando no la ausencia de autoridad.
Por supuesto, ha habido épocas extremadamente violentas en las que ni gobierno constituido existía, en tanto que otras, como el periodo post revolucionario, lograron la pacificación del país y la consecución de avances significativos en materia de crecimiento económico y movilidad social. Sin embargo, aun en esos exitosos periodos, buena parte del éxito económico se logró gracias a la existencia de “acuerdos” y pactos entre grupos, mafias, milicias y todo tipo de intereses que permitieron la pacificación a cambio de beneficios particulares.
Es decir, la gobernanza en México ha sido históricamente mucho menos producto de leyes, reglas o prácticas democráticas que de un contubernio implícito entre los diversos grupos e intereses que conforman el entramado sociopolítico. A nadie sorprenderá la obviedad de que la corrupción era (es) una práctica no sólo aceptada sino plenamente normalizada en la forma de gobernar al país a lo largo del tiempo. La política mexicana siempre ha involucrado lealtad a cambio de beneficios y puestos públicos expresamente otorgados para el enriquecimiento personal. “No me des, sólo ponme donde hay.” El folklor de la corrupción es amplio y evidente para todos e interminables sus frases y chistes justificatorios. Todos, incluido el actual.
Desde el campesino más modesto (históricamente abusado por los Conasupos y predecesores y sucesores), hasta el changarro obligado a pagar derecho de piso, pasando por las mordidas que sufre toda la población en su vida cotidiana, la evidencia de corrupción, narcotráfico, delincuencia institucionalizada, robo de mercancías, tráfico de personas y, en estos años, violencia incontenible, es más que transparente para la todos. Suponer que nadie se da cuenta de todo esto es inaudito e increíble. Más bien, el mexicano promedio vive temeroso de la inseguridad que le afecta de manera directa, pero ha acabado por aceptarla como un factor inevitable, producto más de la impotencia que de su satisfacción con el statu quo.
Los expertos dirían que la criminalidad, violencia y corrupción se han normalizado, pero no que son ignorados. Quizá eso explique, al menos en parte, el contraste entre la popularidad de la presidenta y la reprobación de su gobierno que se expresan en las mismas encuestas: lo primero producto de la percepción sobre la persona y los beneficios directos que de ahí se derivan, frente a la precariedad de la vida cotidiana que refleja el juicio de la población sobre las políticas gubernamentales, comenzando por la inseguridad.
Así, a ningún mexicano sorprendieron las acusaciones recientemente vertidas por el gobierno americano. Por más que se quieran minimizar, como se ha intentado con los “desaparecidos,” no hay forma de ignorar la daga lanzada de manera directa, precisa y con nombres de funcionarios fácilmente identificables por su corrupción y vinculación con el crimen organizado. Responder de manera leguleya y con contraataques insostenibles en el país (y el gobierno) de “no me vengan con que la ley es la ley” resulta patético y estremecedor.
Ciertamente, nadie querría estar en los zapatos de la presidenta, quien tiene que enfrentar el dilema de responder mientras se toca el corazón del partido gobernante e, indirectamente, de sus principales líderes. La respuesta retórica podrá satisfacer a una porción de su base partidista, pero excederse podría llevar a otro manotazo, como ocurrió con los ataques al gobierno de Chihuahua. Más al punto, la evidente contradicción entre el súbito legalismo con las crecientes limitaciones a las protecciones ciudadanas, tarde o temprano le explotarán en la cara. Por otro lado, no actuar de manera decisiva la pone contra la pared frente a la superpotencia que, por primera vez en muchas décadas, se comporta como tal.
La alternativa sería asir la oportunidad para construir su propia presidencia, desarrollar una plataforma de futuro independiente del pasado cercano. Entre malas opciones, ésta no sería la peor.
