Declive
Luis Rubio / Cuando le preguntaron a Demóstenes, el estadista griego, su opinión sobre el declive que experimentaba Atenas, su respuesta fue lapidaria: “Daré la respuesta más honesta y justa en la que creo: No sigas haciendo lo que has estado haciendo.” El declive de las naciones no es obligatorio, aunque en ocasiones pudiese ser popular, pero las señales en nuestro país están por todas partes, se reconozca o no. Los gobiernos -y la ciudadanía que con su voto los elige- toman decisiones y enca
Luis Rubio
/ Cuando le preguntaron a Demóstenes, el estadista griego, su opinión sobre el declive que experimentaba Atenas, su respuesta fue lapidaria: “Daré la respuesta más honesta y justa en la que creo: No sigas haciendo lo que has estado haciendo.” El declive de las naciones no es obligatorio, aunque en ocasiones pudiese ser popular, pero las señales en nuestro país están por todas partes, se reconozca o no.
Los gobiernos -y la ciudadanía que con su voto los elige- toman decisiones y encauzan el devenir social en su actuar cotidiano. No hay un camino predeterminado: como en el poema de Machado, se hace camino al andar, pero ese andar tiene consecuencias. Cada acción que emprende una sociedad en la forma de legislación, gasto público, inversión y consumo abona hacia un determinado destino. Lógicamente, por su tamaño y posición, el impacto del gobierno es enorme comparado con el de cada ciudadano en lo individual. Y ese impacto en nuestro caso es del de un declive (todavía) no grave, pero sí sistemático.
Este no es el lugar para debatir los méritos de diversos modelos económicos, pero todos los modelos entrañan virtudes y defectos. Los defectos de los gobiernos previos a 2018 han sido discutidos y exagerados hasta el cansancio, pero ahora ya no hay forma de eludir la necesidad de apreciar los que ha traído consigo el partido que, desde ese año, gobierna al país.
Aunque se disputen los números, nadie puede tener ni la menor duda que la política social de Morena se ha traducido en un mayor ingreso para muchas familias mexicanas que, por lo tanto, han experimentado un mucho mayor nivel de consumo. Las virtudes de esa estrategia son evidentes y encomiables, pero tienen un costo, esencialmente en la forma de menor crecimiento económico.
Al asignar los recursos públicos, el gobierno decide qué privilegiar y qué sacrificar. Los dos gobiernos más recientes han privilegiado las transferencias sociales y eso ha implicado una mucho menor inversión en infraestructura, mantenimiento de instalaciones y otros elementos que podrían contribuir al crecimiento de la economía. Además, no sobra decir, el tipo de proyectos que promovió la administración pasada no fueron de aquellos que generan una gran derrama económica para el conjunto del país. Un tren de poco uso y con poco consumo de materiales nacionales impacta a la economía mucho menos que una nueva carretera o un nuevo aeropuerto. Es decir, importa no sólo cuánto se gasta o invierte, sino también en qué.
También es evidente que el crecimiento de la economía en las décadas recientes no ha sido elevado ni parejo, sobre todo esto segundo. El crecimiento ha estado alrededor del 2% anual, pero ese es un promedio que esconde más de lo que revela, porque hay estados y regiones -como Aguascalientes y Querétaro- que han crecido a tasas cercanas al 7% mientras que otras, sobre todo en el sur del país, que se han quedado estancadas. Trágicamente, los proyectos emblemáticos del gobierno anterior, aunque concentrados en el sur, no estuvieron diseñados para generar una gran derrama en esa región. O sea, doble golpe: se gastaron ingentes recursos en cosas inútiles que ni siquiera contribuyeron a un mejor desempeño de la región más rezagada del país, a la que se dedicó toda la retórica, pero nada de los beneficios.
Un menor crecimiento implica menor movilidad social, mayor desempleo, menor innovación, menor dinamismo en general, menor crecimiento de la productividad y, por lo tanto, mayor rezago. Además, paradójicamente, un menor crecimiento también implica menores recursos fiscales, con el riesgo de perder el grado de inversión. El punto de todo esto no es criticar a un gobierno que ganó decisivamente las elecciones, sino plantear las contradicciones inherentes a su modelo de gestión socioeconómica.
Desde luego, los beneficiarios directos del modelo económico están satisfechos y agradecidos, pero eso no reduce las consecuencias. Dado que los recursos siempre son escasos, los beneficiarios van a acabar siendo muchos menos de los que podrían haber sido. Ese legado parece poco prometedor.
El declive no ocurre porque se haya elevado el salario mínimo o por las transferencias sociales, sino por los criterios que los animan: por ejemplo, la condición para que un joven reciba recursos del programa “construyendo el futuro” es que no estudie ni trabaje. ¿Podría alguien pensar una peor manera de construir un futuro?
El declive ocurre por la combinación de la forma en que se utilizan y asignan los recursos, por un lado, y por las decisiones que de facto impiden la inversión privada. Un modelo más equilibrado utilizaría al erario para promover una menor desigualdad social, a la vez que se empeñaría en crear condiciones propicias para que la inversión privada se aboque a construir y ampliar una plataforma para el crecimiento económico acelerado. Lo que de hecho tenemos es una estrategia social que impide el crecimiento y una estrategia política que penaliza la inversión. Difícil imaginar una combinación más pérfida.
En las democracias que se respetan, la ciudadanía estaría levantada en armas ante la realidad que vivimos, pero las organizaciones que tradicionalmente estarían movilizándose parecen haber abandonado el ideal de progreso, pluralidad, democracia y desarrollo.
Ya lo decía Demóstenes: por donde vamos no llegaremos.
