Luis Rubio
/ La noción de continuidad que alberga el concepto de “segundo piso” entraña la evidente oportunidad de perseverar en un proyecto político, pero al mismo tiempo sufre de la inevitable asociación con los errores, costos, animadversiones y consecuencias de lo que se pretende continuar. El gobierno actual no ha buscado distinguirse de su predecesor en proyecto, legislación o inversiones como es lo usual en nuestra historia y la del mundo. La novedad es que prácticamente todos los cambio
Luis Rubio
/ La noción de continuidad que alberga el concepto de “segundo piso” entraña la evidente oportunidad de perseverar en un proyecto político, pero al mismo tiempo sufre de la inevitable asociación con los errores, costos, animadversiones y consecuencias de lo que se pretende continuar. El gobierno actual no ha buscado distinguirse de su predecesor en proyecto, legislación o inversiones como es lo usual en nuestra historia y la del mundo. La novedad es que prácticamente todos los cambios legislativos fueron diseñados por el predecesor y no hay aspiración a diferenciarse, al menos en lo general, del plan preconcebido. Y ese plan no sólo le ha amarrado las manos al gobierno, sino que lo inclina al precipicio, por lo que el afán de continuidad está haciendo agua.
La más reciente de las señales provino de dos agencias calificadoras del crédito del gobierno federal. Al inicio de este siglo, el gobierno mexicano logró crear las condiciones necesarias para que la calificación de esas agencias fuese favorable, lo que le rindió al país el grado de inversión. Esa categoría implica dos cosas fundamentales: primero, le abre la puerta a toda clase de fondos de inversión que son la sangre del progreso económico; y, segundo, reduce sensiblemente el costo de intereses de la deuda pública, liberando fondos para el gasto público que, de otra manera, irían a los acreedores. Ese grado de inversión está en riesgo en este momento, pero en lugar de reconocerlo como un problema que debe ser atendido con urgencia, la respuesta presidencial y de Hacienda ha sido la de criticar a las calificadoras, o sea atacar al mensajero en lugar de entender y actuar frente al mensaje.
Hace unos meses tuve la oportunidad de conversar con una misión de una de las principales agencias calificadoras. De entrada, resumieron la forma en que veían la situación mexicana: México “funciona a pesar de sus contradicciones y, aunque experimenta un gradual deterioro en todos los órdenes, mantiene un equilibrio en sus cuentas fiscales, con una deuda creciente, pero (todavía) no grave, y un pobre desempeño en términos de crecimiento. Hay un claro equilibrio producto de la relación economía formal e informal que evita elevados riesgos políticos, pero no hay un proyecto de desarrollo en ciernes. La pregunta es si el deterioro gradual es sostenible o si México se enfila hacia una discontinuidad.”
Dudo que haya alguien serio -libre de la cerrazón ideológica y política de observadores oficiosos- que no vea en esta fotografía más que una fiel evaluación del momento actual.
La clave radica en el concepto de “discontinuidad.” ¿Qué quiere decir esto? Una discontinuidad puede ser tan simple como una nueva ley que corrige el rumbo previo hasta una mega crisis como las de 1982 o 1995. Si nos vamos a la historia, la caída de Roma fue una evidente discontinuidad, como lo fue la independencia de México. El punto nodal es que una discontinuidad puede ser igual modesta que violenta, administrable o incontenible. Todo depende de las previsiones que se hayan tomado antes de su estallamiento y de la destreza y claridad de mente con que se encare. Aunque México ha padecido muchas “discontinuidades” en las décadas pasadas, algunas de naturaleza financiera, otras de origen político, todas pudieron ser manejadas gracias a la existencia de una estructura institucional que le confirió fortaleza al equipo gobernante y una capacidad técnica para enfrentarlas. Me temo que hoy ya no existe ninguna de esas dos fuentes de estabilidad y operación.
La pregunta entonces es si el gobierno logrará desarrollar la capacidad necesaria (y urgente) para asimilar la complejidad del momento que atraviesa el país y el propio gobierno o si persistirá en enconcharse, proteger el statu quo y pretender que encerrándose en una retórica trasnochada podrá salir del hoyo en que se encuentra. El dilema no es difícil de dilucidar: las presiones vienen tanto de Palenque como de Washington y unas chocan con las otras, a la vez que no encuentran salida porque se topan con una ceguera intencional. La única alternativa sería reconocer que la ceguera es deliberada y que las salidas se encuentran construyendo una nueva manera de concebir el dilema porque, de lo contrario, el colapso será inevitable.
Otra manera de decir lo anterior es que la salida no se encuentra acatando instrucciones de Palenque o de Washington, sino desarrollando una nueva institucionalidad con su estrategia de seguridad y crecimiento económico que, por definición, implicaría redefinir y reconstruir el marco político y legislativo que hoy existe. Con esto no quiero sugerir que esto es algo sencillo de lograrse, pero es lo único que, a mi entender, permitiría romper el dilema.
Cuando de Gaulle retornó al gobierno en 1958 Francia estaba atrapada en un inescapable dilema: mantener Argelia a un enorme costo reputacional y frente al ejército, o abandonarla, traicionando a los franco-argelinos y corriendo el riesgo de un conflicto civil dentro de Francia. En lugar de paralizarse, de Gaulle redefinió el interés nacional, negoció desde una posición de fortaleza y no de desesperación.
México enfrenta un reto similar. La solución no radica en encajonarse en una inasible continuidad, sino en encontrar la imaginación política para romper con ella.
