Luis Rubio
Las confusiones dominan. La presidenta tiene razón cuando dice NO a volver a la “guerra contra el narco”, pero acto seguido equipara Estado de derecho con “matar narcos”, cuando lo que está de por medio es la seguridad de la población, la primera obligación del Estado. Por supuesto que el gobierno no debe hacer nada que esté fuera de la ley, aunque lo haga con frecuencia, pero ese es otro asunto. El asunto central que afecta a la población no son los narcos y las drogas, sino la inse
Luis Rubio
Las confusiones dominan. La presidenta tiene razón cuando dice NO a volver a la “guerra contra el narco”, pero acto seguido equipara Estado de derecho con “matar narcos”, cuando lo que está de por medio es la seguridad de la población, la primera obligación del Estado. Por supuesto que el gobierno no debe hacer nada que esté fuera de la ley, aunque lo haga con frecuencia, pero ese es otro asunto. El asunto central que afecta a la población no son los narcos y las drogas, sino la inseguridad en que viven su cotidianidad, producto del crimen organizado en la forma de extorsión, secuestro, robo y otros delitos. La obligación del gobierno es hacer cumplir la ley apegandose al Estado de derecho y no hay componente más fundamental de ambos principios que la seguridad del mexicano, comenzando por el más modesto.
Si la prioridad número uno del gobierno no es la seguridad de la población, uno tiene que preguntar cuál es la agenda que sí lo es: permitir la operación impune del narco, procurar que los narcos tengan vía libre hacia los mercados, nacionales y extranjeros; asegurar impunidad plena para quienes profesen lealtad a Morena; preservar los flujos que alimentan a las clientelas; o, quizá de manera más simple, mantenerse en el poder sin tener que resolver ninguno de los problemas que enfrenta el país.
Con esto no pretendo ofender a nadie, simplemente me pregunto dónde quedan los objetivos de desarrollo o, incluso, de ataque a la pobreza que anima al partido en el gobierno. Si la primera prioridad no es la paz social, por más que uno quisiera, no parece haber otra manera de comenzar a crear condiciones adecuadas para el crecimiento económico y social. Ese debería ser el objetivo primario de cualquier gobierno: facilitar el desarrollo. Hace décadas que quedó claro que la pobreza se combate incentivando el empleo, no subsidiando el ocio, como promueven los programas gubernamentales. En sus publicaciones sobre criminalidad, Moynihan critica la proclividad de la izquierda (de la cual él venía) a menospreciar y simplificar los costos de la criminalidad sobre la población más vulnerable para justificar, o excusar y tolerar, la desaparición de un comportamiento civil y civilizado. Al revés, decía él, la criminalidad se debe combatir desde abajo, para promover y elevar las normas de convivencia y los estándares de civilidad.
Es paradójico que la presidenta le impute a “la derecha” la demanda de combatir al crimen organizado, cuando esa es precisamente la actividad más prominente (y, en cierto sentido, la más exitosa) de su propio movimiento. El asunto central, sin embargo, es que la seguridad es el más elemental de los cimientos de la supervivencia individual y de toda sociedad. Como ilustra la pirámide de Maslow, inmediatamente después de las necesidades fisiológicas viene la seguridad. Sin eso no hay nada. Es cierto que, dada la enormidad y ubicuidad de la criminalidad y la violencia que aquejan al país, hemos caído en la aceptación o normalización del fenómeno. Sin embargo, cuando en el gobierno se preguntan por qué la anomia, por qué tanta falta de crecimiento, quizá deberían hacer una introspección y observar sus acciones (sobre todo las reformas legales) y sus inacciones (sobre todo frente a los criminales) para encontrar las respuestas.
La conclusión no puede ser sino un intento de racionalizar lo que ha ocurrido. Suponer que la resolución de los problemas viene de combatir la criminalidad, del éxito frente al narco, de la desaparición de los cárteles o la captura de los capos, es una ilusión aunque, en ocasiones, acciones de esa índole sí puedan tener un impacto sobre la actividad criminal. El tipo de criminalidad que aqueja al país es uno que, como escribe Eduardo Guerrero, depende de la impunidad y la falta de contrapesos, no de los grandes capos. De ahí la importancia de que el gobierno se ocupe de elevar los niveles de civilidad. En la medida en que la criminalidad no sea tolerable y haya sanciones efectivas, la población podrá comenzar a reconstruir la confianza y comenzar, simultáneamente, a construir una nueva estrategia, congruente con sus propios valores y legítimas prioridades. La retórica oficial dominante caricaturiza un paraíso frente al narco, con metas que hubieran sido imposibles en los años pasados, revela las tensiones inherentes a la correlación de fuerzas al momento. Sin embargo, valdría la pena recordar que estos asuntos de la seguridad tienden a ser de largo aliento, algunas veces de manera dramática y definitiva. Así ocurrió en 1994 cuando, justo un mes después de la masacre de Acteal; pero, más que eso, dos meses después de que se lograra una victoria como la de Aguas Blancas, el sistema se vino abajo. No se puede obviar que aún existen muchos en Morena que esperan reconstruir el pasado y repetir viejos errores.
Recientemente, Carlos Puig recogía dos expresiones en Reforma. La primera, diciendo que “la pérdida del respeto a la vida es consecuencia de muchos factores, entre ellos, ¿la impunidad?”. La segunda, del propio presidente guardia: “Por falta de dinero se mata, por falta de amor se mata, por falta de respeto, por falta… por todo se puede matar”. Por la falta de un replanteamiento de la estrategia de seguridad, por el abandono de un eje de la literatura.”
