Alejandro Ibarra Pérez
/ Durante años, la conversación global giró en torno a la soberanía digital: cómo regular las tecnologías emergentes de forma ética. Pero el actual contexto geopolítico, marcado por el auge de la inteligencia artificial, ha desplazado ese debate. No se cuestiona si el desarrollo tecnológico ocurrirá, sino en manos de quién está el control de la infraestructura crítica que sostiene a gobiernos y economías. De ahí surge con fuerza la noción de soberanía tecnológica, un debate más estructural que plantea riesgos directos para la autonomía de los Estados.
Esta preocupación la previó hace más de una década Tim Wu, reputado académico que acuñó el término de "neutralidad de la red". En su libro, The Master Switch, sostiene que las tecnologías suelen nacer abiertas, pero con el tiempo se concentran en pocas manos. Quien controla esos recursos termina teniendo el “botón maestro”: la capacidad de decidir las reglas del juego. La IA no parece ser la excepción.
El riesgo es latente. La visión de la postura de realpolitik adoptada por Estados Unidos, reiterada durante la última edición del Foro Económico Mundial (WEF), y su rivalidad con China, se ha extendido al ámbito digital. Esto ha empujado a los gobiernos europeos a regular con mayor fuerza a las empresas transnacionales sobre cuya infraestructura descansa gran parte de su actividad digital. La última Cumbre Digital Europea dejó claro el objetivo: reducir dependencias y recuperar soberanía.
En ese escenario, América Latina enfrenta un riesgo doble. Según un reciente reporte del WEF, la región depende en gran medida de servicios operados fuera de sus fronteras y arrastra brechas profundas de talento, infraestructura y coordinación. Aunque la adopción tecnológica avanza, la generación de valor sigue siendo limitada. Así, copiar el modelo europeo y apostar por una autonomía tecnológica total resulta costoso y poco realista. De ahí la necesidad de buscar modelos híbridos que fortalezcan capacidades estratégicas sin aislarse de la realidad global.
México ha optado por un enfoque singular. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reflejó la apuesta por centralizar capacidades tecnológicas del Estado y avanzar hacia mayor autonomía. A ello se suman los Principios de Chapultepec, que colocan el uso de la IA al servicio del bien público, el acceso a derechos y la responsabilidad social: que el “botón maestro” no esté siempre fuera del país.
Aun así, la soberanía tecnológica no se logra por decreto. Requiere contemplar una política industrial inteligente, inversión sostenida en talento y una gobernanza que brinde certeza jurídica para que el sector privado sume como aliado estratégico.
En la era de la IA, una visión tecnológica social y ética es indispensable (y debe celebrarse). Pero el dilema no es elegir entre soberanía o innovación, sino articular ambas, construyendo capacidades nacionales sin renunciar a una colaboración responsable con quienes hoy empujan la frontera tecnológica.
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