/ Del fin de la Guerra Fría a la Segunda Guerra Fría 3.0 hay un país que ha visto y vivido de todo desde las entrañas: Ucrania. De formar parte de la entonces Unión Soviética y lograr su independencia de dicho país pasó a ser agredido brutalmente por la actual Federación de Rusia. De tener lazos históricos y familiares entre ambas fronteras, Ucrania ha sido presa de intereses geopolíticos y geoeconómicos. De ser simbolizada con la hoz, el martillo y la estrella roja con borde amarillo sobre fondo rojo evolucionó al tridente amarillo en fondo azul. De los colores rojo y amarillo del pasado, floreció al azul con amarillo en su presente y su futuro.
/ El dilema de México entre Washington y La Habana no nació con Donald Trump. Desde la Guerra Fría, Cuba pone a prueba cuánto margen puede conservar México frente a Estados Unidos.
Cuando Washington promovió el aislamiento continental de la isla, México no apoyó su exclusión de la OEA y mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana. No fue una ruptura con Estados Unidos, sino una diferencia gestionada dentro de una relación profundamente asimétrica. La tensión resurgió en 1996 con la Ley Helms-Burton, que buscó castigar a empresas de otros países que hicieran negocios con Cuba. México respondió con una ley para impedir que esas disposiciones se aplicaran en territorio nacional. La posibilidad de que la relación con La Habana produjera costos económicos o políticos en la frontera norte tampoco es nueva.
Lo novedoso en la era de Trump es la forma en que la presión es aplicada. Los aranceles, la migración, la seguridad y la revisión del T-MEC pueden convertirse en fichas de un frente de negociación comprehensivo y amplio. La amenaza de imponer gravámenes a los países que suministraran petróleo a Cuba —aunque después fuera retirada— actualizó un dilema histórico en un contexto de integración económica mucho más profundo.
Una sanción comercial así no afectaría solo las exportaciones mexicanas. Un arancel motivado por Cuba podría encarecer productos, retrasar inversiones y afectar empleos en el bloque norteamericano. También contaminaría la revisión del T-MEC con una disputa ajena a sus reglas. La integración aumenta la vulnerabilidad de México, pero también el costo de coerción para Washington.
México enfrenta una falsa disyuntiva: permitir que Estados Unidos determine su relación con Cuba o convertir cada gesto hacia La Habana en una manifestación de soberanía nacional. Ninguna opción es genuinamente autónoma, sino que responde a una falsa dicotomía que ha secuestrado la política exterior de México durante décadas. La autonomía estratégica consiste en decidir por cuenta propia, con objetivos claros y una evaluación cándida de los beneficios y los costos de las implicaciones de una política de Estado.
El dilema también tiene una dimensión interna. Para el gobierno mexicano, la defensa de Cuba cohesiona a sus bases nacionalistas y valida sus licencias revolucionarias al presentarse como campeón de los principios de soberanía y no intervención. Para la oposición, los envíos de petróleo y los acuerdos de cooperación permiten denunciar opacidad, desperdicio de recursos o respaldo a un régimen autoritario. Cuba se convierte así en una herramienta de identidad y cálculo electoral. Cuando la política exterior busca movilizar simpatizantes o desacreditar adversarios, queda menos espacio para evaluar qué conviene al país y da cabida a que sea tratado como producto de consumo interno en lugar de una política de Estado.
México tiene razones propias para mantener canales diplomáticos, oponerse al aislamiento económico y prestar ayuda humanitaria a Cuba. Sin embargo, defender esta posición no exige justificar al régimen cubano. México debe hablar con la misma claridad sobre el embargo y sobre la falta de libertades, los presos políticos y las restricciones a la participación ciudadana. Si invoca principios frente a Washington, pero calla ante La Habana, la posición mexicana parecerá ideológica, no autónoma.
También hace falta transparencia. La cooperación energética, sanitaria o financiera debe explicar públicamente sus montos, condiciones y beneficios. La opacidad debilita una política defendible por razones humanitarias y permite que cualquier cuestionamiento se reduzca a una batalla entre afiliaciones ideológicas.
Frente al transaccionalismo de Trump, México necesita firmeza sin estridencia. Debe rechazar que el comercio, la migración o el T-MEC se utilicen para dictar su relación con terceros países, pero también evitar gestos simbólicos que eleven el conflicto sin ayudar a los cubanos. La diplomacia discreta, la coordinación regional y la defensa de reglas comunes ofrecen más margen que la confrontación retórica.
El objetivo no es guardar la misma distancia frente a Washington y La Habana. Estados Unidos es el principal socio económico de México y un vecino inevitable; Cuba representa una relación histórica y una prueba de consistencia diplomática. El verdadero dilema no es elegir entre dos capitales, sino decidir si México actuará mediante reflejos ideológicos o conforme a una estrategia propia. Una política madura puede cooperar estrechamente con Estados Unidos, rechazar presiones indebidas, ayudar al pueblo cubano y exigir libertades a su gobierno. La autonomía en este sentido se evalúa por la capacidad de defender intereses y principios mexicanos, incluso cuando exige decir verdades incómodas a estos dos destinatarios de su política exterior.
/ La energía nuclear en la Unión Europea está incluida entre las actividades sostenibles para lograr una economía climáticamente neutra con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. La energía nuclear dio un giro de 180 grados y se incluyó en ese rubro tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2024, ya que los Estados miembros compraban gas y petróleo de Rusia a precios muy asequibles.
Debido a los compromisos de la Unión Europea con la comunidad internacional, se acordó reducir las emisiones en un 55 % para 2030 y en un 90 % para 2040, con respecto a los niveles de 1990. Esto solamente se puede lograr incluyendo la energía nuclear, ya que no emite gases de efecto invernadero, reduce las emisiones de carbono en el corto plazo, es estable 24/7, es asequible y limpia, y contribuye a alcanzar los objetivos estratégicos de competitividad industrial y descarbonización, así como de seguridad y de autonomía energética.
En marzo de 2026, la Comisión Europea emitió un comunicado sobre la estrategia para el desarrollo y el despliegue de reactores modulares pequeños en Europa y señaló que pueden convertirse en grandes proyectos de desarrollo industrial para Europa, ya que su combinación con fuentes de energía renovable facilita el equilibrio de la carga de la red eléctrica en áreas como la industria química, la calefacción urbana, los centros de datos. Sin embargo, esto requiere un compromiso colectivo y una acción coordinada por parte de las instituciones, los Estados miembros, la industria y las organizaciones de investigación. Se busca que los reactores modulares pequeños estén en operación a principios de 2030 y se integren a la red eléctrica para que sirvan de respaldo a la energía eólica y solar.
El debate es intenso y las posiciones en la Unión Europea siguen siendo distintas entre el bloque que apuesta por la energía nuclear, liderado por Francia (67 %), Eslovaquia (61 %) y Hungría (42 %), y el de Austria y Alemania, preocupadas por la seguridad de las plantas y el almacenamiento de largo plazo de los residuos y desechos radioactivos.
Actualmente, la energía nuclear representa entre el 22 % y el 23 % de la producción total y está activa en doce de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, hay que recordar que los Estados miembros pueden decidir qué tipo de energía quieren utilizar, por lo que el futuro de la energía nuclear, al final, dependerá de ellos.
/ Una de las principales innovaciones del T-MEC en 2020 fue el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). Una característica es que solo se aplica en México a trabajadores mexicanos, a exclusión del sector de agricultura. En pocas palabras, si en una instalación cubierta se niegan derechos de libertad sindical o negociación colectiva, el caso puede escalar hasta tener consecuencias comerciales. La implementación de este mecanismo se considera un paso hacia una agenda más progresiva en la región, pues las condiciones de trabajo en México dejaron de ser sólo un asunto interno y se volvieron parte de la integración económica de Norteamérica.
Desde la creación del TLCAN se incluyeron aspectos de derechos humanos, haciéndolo de los primeros tratados modernos en hacerlo. Ese cambio hizo espacio en la mesa para temas que durante años parecían ajenos al comercio, como el género. Canadá, de la mano de Chrystia Freeland y la agenda de política exterior feminista de Trudeau, intentó incluir un capítulo específico durante la negociación y no lo consiguió. En cambio, en el capítulo 23, el artículo 23.9 incorporó compromisos frente a la discriminación por sexo, embarazo, acoso sexual, responsabilidades de cuidado y discriminación salarial. El simple uso de estas palabras dentro del tratado representó una herramienta para las trabajadoras, principalmente en industrias de sectores prioritarios como lo son la industria automotriz, minería, manufactura, etc. Quienes han analizado esta inclusión desde una perspectiva de género señalan que un capítulo dedicado exclusivamente a las mujeres no se traduce a mejores resultados. Laura Macdonald resume esta discusión al explicar que incorporar estas disposiciones dentro de un capítulo laboral puede ser más útil para las trabajadoras, ya que al vincular el género con derechos laborales y mecanismos de cumplimiento, se evita limitarlo a compromisos de cooperación o al impulso del emprendimiento femenino.
¿Qué tiene que ver el MLRR con género?
El T-MEC reconoce la discriminación de género dentro de su agenda laboral, pero el MLRR, sólo puede activarse por hechos sindicales, pero si revisamos con atención algunos casos, quienes estaban promoviendo los sindicatos eran mujeres. De los 48 casos registrados, al menos una docena fueron promovidos por sindicatos mexicanos encabezados por mujeres, entre ellos la Liga Sindical Obrera Mexicana, SINTTIA y SNITIS.
Esto no convierte al MLRR en un mecanismo de género, pero conviene recordar que los derechos laborales no se ejercen de la misma manera para todas las personas. Tal vez puede comenzar como una extensión de aplicación a discriminación por género en organización sindical y, más adelante, considerar el diseño de un mecanismo exclusivo de género, debido a la inmensa cantidad de situaciones que pueden surgir y requerir un panel especializado.
Así como el T-MEC llegó con una reforma laboral en 2019, para los próximos años puede incluir más cláusulas de género, sin ser un capítulo aparte. Integrar a más mujeres en la fuerza laboral representa un gran beneficio para el crecimiento y desarrollo económico del país, y la mejor forma de integrarse es que haya un respaldo. El T-MEC ha cambiado parte del trabajo en México. Elevó los estándares y volvió ciertos derechos laborales un asunto regional. Visto desde las trabajadoras, la discusión no tendría que ser si el T-MEC necesita un capítulo separado para las mujeres, sino cómo fortalecer las herramientas que ya existen.
/ La certeza jurídica se confunde a menudo con la inmutabilidad de las normas. Las normas cambian siempre, y un sistema que no admitiera cambio sería inservible.
Lo que la certeza supone es algo más modesto y difícil: que una empresa pueda anticipar, con un margen razonable de error, las consecuencias jurídicas de una decisión que toma hoy y que producirá efectos durante los próximos diez años. Ese margen es lo que permite comprometer capital.
En los últimos seis meses ocurrió en Estados Unidos una secuencia que muestra con inusual claridad dónde reside ese margen. El 20 de febrero de 2026, por seis votos contra tres, la Suprema Corte resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no faculta al presidente para imponer aranceles. La facultad de establecer derechos y contribuciones corresponde al Congreso conforme al artículo I de la Constitución, y regular la importación no equivale a gravarla. Cayeron con ello los aranceles recíprocos y los vinculados al combate al tráfico de estupefacientes.
La voluntad política no cambió ese día. Cambió el cauce. Esa misma fecha se emitió una proclamación con fundamento en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que impuso un recargo temporal del 10% sobre la mayoría de las importaciones, vigente desde el 24 de febrero. La Sección 122 tiene un límite estricto: 150 días, y su prórroga exige un acto del Congreso. El plazo se cumplió el 24 de julio y la autoridad expiró. Ese mismo día entró un arancel del 10% con fundamento distinto —la Sección 301, en la vertiente de trabajo forzoso—, que mantuvo la exención para los productos que cumplen el T-MEC. La misma tasa, tres fundamentos jurídicos en cinco meses.
De ahí se desprende algo que conviene retener. La voluntad política fija el objetivo. El cauce jurídico disponible determina el alcance, el plazo y el procedimiento con que puede alcanzarse. Cada vía trae consigo sus propios requisitos: determinaciones administrativas, audiencias públicas, límites temporales, posibilidad de revisión judicial. Para una empresa, la diferencia entre un arancel que expira por ministerio de ley y uno que subsiste mientras una investigación permanezca abierta no es una sutileza académica. Es la variable que decide si conviene absorber un costo o rediseñar una cadena de suministro.
El T-MEC se lee mejor desde esa misma clave. El 1 de julio de 2026 la Comisión de Libre Comercio se reunió para cumplir con el artículo 34.7. México y Canadá confirmaron su intención de extender el acuerdo por dieciséis años más; Estados Unidos no lo hizo. Al faltar la confirmación unánime se activó el régimen de revisiones anuales previsto en el propio texto, que puede prolongarse hasta 2036. El tratado sigue plenamente vigente y todas sus disposiciones conservan eficacia. Lo que se acortó fue el horizonte: de dieciséis años a doce meses renovables.
Conviene distinguir dos planos que la conversación pública mezcla. El tratado gobierna el acceso preferencial. Los gravámenes que hoy pesan sobre las empresas mexicanas —acero, aluminio y sector automotriz bajo la Sección 232; trabajo forzoso y la determinación pendiente sobre sobrecapacidad manufacturera bajo la Sección 301— provienen del derecho interno estadounidense. México los ha planteado en la mesa bilateral y la cuarta ronda está prevista para septiembre, de modo que se negocian junto con el tratado. Pero su modificación depende de una decisión unilateral tomada por un cauce con procedimiento propio, no del cumplimiento de una obligación convencional. Negociar el tratado y negociar esas medidas no son la misma operación, aunque ocurran en la misma sala.
Para las empresas esto se traduce en tareas concretas. Según la Secretaría de Economía, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas entra a Estados Unidos sin arancel cuando cumple las reglas de origen; Moody’s estima que cerca del 80% de las importaciones estadounidenses provenientes de México y Canadá satisface las disposiciones del acuerdo. Esas cifras describen el acceso. No describen la estabilidad. Lo que se modificó es la intensidad de la verificación, y el origen debe poder acreditarse en cualquier momento: trazabilidad de insumos, certificados de proveedores de segundo y tercer nivel, registros capaces de resistir una auditoría practicada años después de la operación.
En el plano contractual, la mayoría de los instrumentos plurianuales se redactó bajo el supuesto de un marco estable y guarda silencio sobre quién absorbe un arancel impuesto con posterioridad a la firma. Ese silencio se resuelve en litigio, y llega cuando la evidencia documental ya no puede construirse. Las cláusulas que hoy importan son las de ajuste por medidas gubernamentales sobrevenidas, revisión de precio con umbrales definidos y no discrecionales, obligaciones de información y auditoría hacia la proveeduría, y una elección de foro coherente con el lugar donde el conflicto se producirá.
Queda una franja que ningún contrato repara. Moody’s anticipa que el tratado sobrevivirá acompañado de entendimientos bilaterales paralelos y concesiones sectoriales, y advierte que la incertidumbre prolongada modera el gasto de capital aun cuando algunos aranceles desaparezcan más tarde. La inversión en México muestra debilidad desde 2024. Ninguna cláusula corrige una decisión que simplemente no se toma.
El trabajo jurídico se ha desplazado en consecuencia a una consejería estratégica multidisciplinaria. Durante buena parte de las últimas tres décadas, asesorar en comercio exterior consistió en interpretar correctamente un marco que se daba por estable. Hoy, ya no basta una asesoría en comercio exterior sino consejería estratégica en desarrollo y protección de negocios desde un enfoque jurídico. Consiste en identificar, para cada medida, por qué cauce se dictó, qué límites trae ese cauce y qué puede construirse dentro de él. Por tanto, la certeza jurídica dejó de ser algo que se recibe: se produce, con método y con anticipación, o no existe.
/ Hace treinta años Estados Unidos decidió enfocarse en el cerebro (tecnología, servicios, finanzas) y hacer de China sus brazos, la fábrica del mundo. China aceptó, pero aprovechó para invertir en universidades, patentes, gigantes comerciales y tecnológicos. Le creció un cerebro propio. Hoy compite en el terreno que Washington creía suyo, y los aranceles de Trump son la reacción de un país asustado que intenta recuperar la industria que él mismo regaló. Washington reordenó toda su estrategia de seguridad alrededor de la prioridad de contener a China. En el terreno militar tomó forma con la "disuasión por negación" de Elbridge Colby, pensada para impedir que China domine el Pacífico; y con la "doctrina Donroe" quiere sacar a China del "Hemisferio Occidental".
En medio de todo esto, el T-MEC funciona como parte de esta estrategia. El gobierno estadounidense quiere que México sea ahora "el tapón" que impida la entrada de productos chinos a su mercado. Y tiene razones para preocuparse. Por dar un ejemplo, maquiladoras de Tijuana traen piezas de Asia, las ensamblan y distribuyen los productos finales a lo largo de EEUU. Solamente el año pasado alcanzamos una cifra récord histórica de 133,270 millones de dólares en importación de productos chinos.
¿Y nosotros qué hemos hecho? Presentamos cifras récord de decomisos de fentanilo y tenemos los niveles más bajos de migración (desplegando la Guardia Nacional). En lo comercial, México asumió su papel de tapón y desde enero subió aranceles a más de 1,400 productos de países sin tratado, incluyendo China. Cedimos a todo y, aún así, Trump mantuvo los aranceles al acero, al aluminio y a los autos por la Sección 232, y el 24 de julio sumó otro, de la Sección 301, que alcanzó al 15% de exportaciones que no cumplen las reglas de origen.
No solo eso. Tras la revisión conjunta del 1 de julio, Estados Unidos no aceptó extender el tratado dieciséis años más. El tratado sigue vivo con revisiones anuales hasta 2036 y 85% de nuestras exportaciones conserva arancel cero si cumple las reglas de origen. Pero la Sección 232 continúa y por eso, a pesar de ser el principal socio comercial de EEUU, nuestros autos pagan 25% mientras que los de Corea, Japón o la UE pagan 15%.
Sí cerramos la puerta a China, usémoslo como nuestra carta más grande en la mesa para eliminar los aranceles de las Secciones 232 y 301 o renovar el tratado hasta 2042.
Hay al menos tres cosas que México puede hacer.
1) Recuperar a la Sheinbaum estadista. Al inicio de su gobierno negociaba con Trump y conseguía resultados; hoy entrega a mexicanos, sin el debido proceso, mientras se envuelve en la bandera por funcionarios con presuntos nexos inconfesables.
2) Tejer nuevas alianzas. Necesitamos una estrategia coordinada entre nuestros consulados y las cámaras de comercio locales en los estados que más dependen de nosotros (Texas, California, Michigan, Ohio, Illinois) para mostrarles cuántos empleos y cuánta producción pierden de su lado si se golpea nuestra economía. Así presionan a sus gobernadores y al Congreso a nuestro favor.
3) Seguir diversificando. El acuerdo modernizado con la Unión Europea y nuestra presencia en el Tratado Transpacífico (CPTPP) son la puerta para depender menos de un solo mercado.
No podemos mudarnos del vecindario que nos tocó, pero sí llegar a la mesa con la fuerza para que el vecino del norte nos trate con la dignidad que merecemos. El balón está de nuestro lado.
/ Hace 28 años recorrí Cuba junto con mi padre. De aquel viaje conservo muchas imágenes, pero ninguna tan clara como la noche en que escuchamos a Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en el Teatro Karl Marx. La Habana parecía un museo viviente: automóviles de los años cincuenta, fachadas que respiraban otra época y una sociedad que, pese a las carencias, todavía transmitía una sensación de “esperanza”. Todo parecía congelado en el tiempo; el sistema, al parecer, aún sobrevivía.
Tres décadas después, la pregunta resulta inevitable: ¿qué fue lo que pasó con Cuba?
Sería un enfoque parcial atribuir toda la responsabilidad al embargo estadounidense. Ha sido un factor determinante durante décadas y ha limitado seriamente el acceso de la isla a financiamiento, inversión y comercio. Pero también sería ingenuo ignorar que buena parte de la tragedia cubana nació desde dentro. Ningún embargo explica por sí solo la ausencia de productividad, la asfixia de la iniciativa privada, la centralización absoluta de las decisiones económicas ni la incapacidad del Estado para corregir sus propios errores.
Un pensador cubano que conocí en aquella ocasión resumía esa contradicción con una frase contundente: "Fidel hablaba de comunismo, pero firmaba sus documentos con Montblanc." En pocas palabras, retrata el problema esencial de muchos proyectos revolucionarios: el sacrificio siempre fue para la población; los privilegios, para quienes ejercían el poder.
Durante décadas, el modelo sobrevivió gracias a subsidios externos. Primero fue la Unión Soviética; después, la Venezuela de Chávez y Maduro. Cuando ambos soportes desaparecieron o se debilitaron, quedó al descubierto una economía incapaz de sostenerse por sí misma.
Las cifras son contundentes. La economía cubana acumula cinco años consecutivos de contracción o estancamiento y todavía permanece alrededor de 10% por debajo de su tamaño en 2019. Sectores como la agricultura y la industria han perdido más de la mitad de su capacidad productiva; la manufactura continúa en retroceso y el ingreso de divisas ha caído drásticamente.
El deterioro cotidiano resulta todavía más dramático. Los apagones de hasta veinte horas diarias se han convertido en parte de la normalidad en numerosas provincias; la escasez de alimentos y medicamentos obligó incluso al gobierno a solicitar apoyo alimentario internacional, mientras que cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en la mayor ola migratoria de su historia reciente. Entre 2021 y 2023, la población disminuyó cerca de un 10%, principalmente por la emigración. Cuando una nación exporta más talento que productos, pierde más población que inversión y ofrece a sus jóvenes como principal proyecto de vida la emigración, el fracaso ya no admite eufemismos.
La historia de Cuba no debería utilizarse para alimentar trincheras ideológicas, sino para recordar que ningún modelo político está por encima de la realidad. Las ideas pueden inspirar revoluciones; la economía, en cambio, exige resultados. Cuando el poder sustituye la libertad por el control, el mercado por la miseria y la crítica por el silencio, las consecuencias terminan pagándolas millones de personas.
Las ideologías radicales suelen enamorar por sus promesas, pero con demasiada frecuencia terminan justificando el sufrimiento en nombre de un futuro que nunca llega. Cuba es quizá el ejemplo más doloroso de esa contradicción. Una revolución que prometía dignidad terminó administrando escasez; un proyecto que hablaba de igualdad produjo privilegios; un sueño de justicia concluyó en resignación.
Las revoluciones pueden cambiar gobiernos. Lo verdaderamente difícil es construir un país donde la libertad y la prosperidad caminen de la mano.
/ La invasión de Rusia a Ucrania constituye una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de ese país, así como una transgresión al Derecho Internacional. Las causales que Rusia ha esgrimido históricamente son del todo conocidas, pero no constituyen un factor que legitime la guerra. Los espacios para dirimir esas disputas no son los que determinan las armas. Rusia no está sola en esa tendencia: la acompañan Estados Unidos, Israel y otros países. El unilateralismo de las potencias es el cáncer que puede llevarnos a la conflagración final.
No existe en las siguientes líneas más que el ánimo analítico que, desde el realismo, busca desmenuzar un momento de nuestra actualidad y extraer conclusiones del mismo.
El nuevo encuentro entre el presidente estadounidenses Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, celebrado el 28 de julio de 2026, atrajo la atención internacional, dominada por un ambiente de especulaciones no exento de una carga de morbo. La tristemente célebre reunión del 28 de febrero de 2025 entre ambos mandatarios proyecta una larga y ominosa sombra que condiciona cualquier escenario cada vez que el Presidente ucraniano visita Washington. El protocolo de ese día concedió un respiro al líder ucraniano: esta vez no hubo una conferencia de prensa en el Despacho Oval que pudiera convertirse en el presagio de un nuevo pelotón de fusilamiento público. Kiev tendrá algo más que agradecer al recientemente fallecido senador Lindsey Graham. Sus honores fúnebres obligaron a breves reuniones en privado.
Después de varios meses marcados por una serie de exitosas operaciones ucranianas de ataque en profundidad contra objetivos militares y energéticos rusos situados a cientos de kilómetros del frente, la reunión pareció reflejar un cambio significativo en el ambiente político de Washington. La disposición expresada por Trump en Ankara para considerar el otorgamiento de licencias que permitan la producción de misiles interceptores Patriot en Ucrania, aunada al creciente respaldo bipartidista en el Congreso estadounidense para endurecer las sanciones contra Moscú, alimentó la percepción de que Kiev había recuperado tanto la iniciativa militar como el impulso político.
No resulta difícil comprender esa interpretación. Por primera vez en muchos meses, Ucrania parecía estar moldeando los acontecimientos, en lugar de limitarse a reaccionar ante ellos. Sus ataques con drones de largo alcance evidenciaron una notable capacidad para imponer costos estratégicos en el interior del territorio ruso, mientras que la desaceleración de los avances terrestres de Moscú sugería que el equilibrio militar comenzaba a modificarse. En ese contexto, un Zelenski más seguro, aunque, supongo, protegido por una sana dosis de escepticismo respecto del resultado final de su visita, llegó a Washington con un ánimo renovado: no como el dirigente de un país que luchaba únicamente por sobrevivir, sino como el representante de unas fuerzas armadas capaces de innovar, adaptarse y sorprender, desde el punto de vista operacional, a su adversario.
Sin embargo, la realidad estratégica rara vez coincide plenamente con las apariencias políticas. El verdadero significado del encuentro entre Trump y Zelenski no puede evaluarse de manera aislada. Durante esos mismos días se produjo una serie de acontecimientos que trasciende ampliamente el ámbito de la política estadounidense. Diversos informes revelaron la reducción de los inventarios estadounidenses de misiles interceptores y otras municiones de precisión de largo alcance; Rusia intensificó su campaña de ataques aéreos contra ciudades ucranianas; Polonia volvió a experimentar los riesgos derivados de la proximidad del conflicto al territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); aparecieron indicios de una participación china más activa en el suministro de armamento a Irán, y una fábrica de drones perteneciente a una empresa estadounidense establecida en Kiev fue destruida por un misil ruso.
Considerado de manera aislada, cada uno de estos hechos podría interpretarse como un episodio más dentro de un entorno internacional crecientemente complejo. Analizados en conjunto, sin embargo, parecen apuntar a un fenómeno de mayor alcance. Todo indica que la guerra en Ucrania está dejando de ser un conflicto predominantemente europeo, respaldado por actores externos, para convertirse paulatinamente en uno de los escenarios de una confrontación estratégica mucho más amplia, en la que convergen Europa Oriental, el Medio Oriente, el Indo-Pacífico, la industria occidental de defensa y la rivalidad entre las principales potencias del sistema internacional.
Resulta todavía prematuro afirmar que esta convergencia sea definitiva. La historia ofrece ejemplos de guerras que generan momentos de aceleración y convergencia aparentes que posteriormente se diluyen sin modificar de manera sustancial las tendencias de fondo. No obstante, los acontecimientos recientes obligan a formular una pregunta distinta de la que dominaba el debate hace apenas unos meses. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si Ucrania ha logrado obtener un grado significativo de iniciativa militar o si Washington ha adoptado una actitud más favorable hacia Kiev. La interrogante esencial consiste en establecer si nos encontramos ante los primeros indicios de una nueva fase estratégica, en la que las decisiones políticas, las capacidades industriales, la innovación militar y los conflictos regionales comienzan a interactuar de manera mucho más estrecha que en el pasado.
La distinción no es menor. El impulso político y la capacidad estratégica evolucionan a ritmos diferentes. Una reunión presidencial, una declaración pública o una exitosa operación militar pueden modificar las percepciones en cuestión de días. En cambio, la movilización industrial, la ampliación de la producción de armamento, la formación de personal especializado y la adaptación de las cadenas logísticas son procesos que requieren años. A lo largo de la historia, numerosos líderes políticos han confundido el impulso político del momento con una ventaja estratégica duradera, solo para descubrir posteriormente que el equilibrio real de poder apenas había cambiado y que estaba lejos de traducirse en victorias sostenibles en el frente. La incursión ucraniana en Kursk, entre agosto de 2024 y abril de 2025, constituye un claro ejemplo. Hoy, el nuevo frente profundo abierto por Kiev configura una realidad que ha alterado profundamente la ecuación del combate.
Desde esta perspectiva, los acontecimientos que rodearon el encuentro entre Trump y Zelenski deben analizarse no solo como un episodio diplomático de gran visibilidad, sino como manifestaciones de tendencias estructurales más profundas. Los recientes éxitos militares de Ucrania son indiscutibles y no deben minimizarse. Por su parte, más allá de sus evidentes limitaciones estructurales, Rusia continúa demostrando una significativa capacidad para absorber reveses operacionales sin abandonar sus objetivos estratégicos. Entretanto, pese al optimismo que ha traído el aparente cambio de la marea, el entorno internacional se ha vuelto más complejo, más interdependiente y, probablemente, mucho más demandante para que el apoyo occidental a Ucrania se mantenga como un esfuerzo sostenido y coherente con la nueva realidad estratégica del conflicto.
Comprender estas dinámicas paralelas exige mirar más allá del encuentro celebrado en la Casa Blanca. La cuestión esencial no radica solo en si el presidente Trump ha adoptado una posición más favorable hacia Ucrania, ni siquiera en si la mantendrá. Más importante aún es determinar si el entorno estratégico dentro del cual deberán actuar tanto Washington como Kiev ha comenzado a transformarse de manera más profunda, hasta el punto de que el futuro del conflicto dependa menos del simbolismo diplomático que de factores como la capacidad industrial, la adaptación militar y la creciente interrelación entre escenarios estratégicos que hasta hace poco se analizaban por separado. Hoy tenemos una primera respuesta: Trump ha vuelto a recular y no habrá licencias para que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot. Sin embargo, la relación entre Trump y Zelenski está lejos de haber regresado al punto en que se encontraba en febrero de 2025.
La corta vida de un renovado impulso político tras Washington A primera vista, la narrativa política que siguió al encuentro entre los presidentes Trump y Zelenski resultaba convincente. La visita tuvo lugar después de una de las etapas más exitosas de las operaciones ucranianas de ataque en profundidad desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Las fuerzas ucranianas demostraron una capacidad creciente para alcanzar objetivos estratégicos situados a gran distancia del frente, incluidas instalaciones energéticas, centros logísticos e infraestructura militar localizados a más de mil kilómetros del territorio bajo control de Kiev. Tales operaciones no solo impusieron costos económicos apreciables a Rusia, sino que también cuestionaron la percepción, largamente aceptada, de que la profundidad estratégica de su territorio constituía una protección efectiva frente a ataques sostenidos. Los estrategas rusos confrontan una nueva realidad: la guerra del futuro superará cualquier intento de relocalizar la industria militar, incluso más allá de los Urales.
Éxitos militares de esta naturaleza trascienden inevitablemente el ámbito estrictamente operacional. Influyen en los cálculos de los aliados, modifican las percepciones de los parlamentos, afectan las expectativas de la opinión pública e inciden en la disposición de los gobiernos para mantener o ampliar su respaldo político y militar. En Washington, donde el apoyo a Ucrania ha debido competir con otras prioridades estratégicas de alcance mundial, las recientes operaciones ucranianas han brindado nuevos argumentos a quienes sostienen que la asistencia occidental continúa generando rendimientos estratégicos tangibles. Simultáneamente, ha surgido una nueva narrativa: la marea ha cambiado; la victoria es posible, sostienen unos; una negociación más justa es hoy viable, afirma el bando realista.
En ese contexto, el anuncio del presidente Trump durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, relativo a la disposición de Estados Unidos para autorizar la producción bajo licencia de misiles interceptores Patriot en territorio ucraniano, reforzó la impresión de que Washington estaba dispuesto a inaugurar una nueva etapa de cooperación. Aun cuando permanecían sin resolver importantes cuestiones técnicas, industriales y contractuales, el significado político del anuncio era evidente. Tras varios meses marcados por la incertidumbre respecto de la orientación de la política estadounidense hacia Kiev, la Casa Blanca parecía contemplar la posibilidad de una asociación industrial más profunda, en lugar de limitarse a transferir, claro, previo pago, armamento procedente de sus propias existencias.
La evolución del debate político estadounidense contribuyó igualmente a fortalecer esa percepción. Diversas iniciativas bipartidistas orientadas a endurecer el régimen de sanciones contra Rusia evidenciaban que la resistencia frente a Moscú seguía contando con apoyos significativos en ambos partidos, pese a las diferencias existentes sobre el alcance y la duración del compromiso estadounidense. Paralelamente, algunas figuras influyentes dentro de sectores ultraconservadores, tradicionalmente escépticos o incluso opuestos al apoyo a Ucrania, comenzaron a matizar sus posiciones tras conocer de primera mano la evolución del conflicto.
Considerados en conjunto, estos elementos parecían indicar que Ucrania había recuperado un margen político en Washington que pocos habrían considerado posible apenas unos meses antes. Ese margen, debo anotar, debería materializarse en hechos concretos; sin ellos, el impulso político es mera retórica.
No obstante, conviene distinguir cuidadosamente entre impulso político y transformación estratégica. En ese sentido, se puede decir que los límites del impulso político son la capacidad industrial y la restricción de los inventarios de misiles.
La hipótesis de un renovado impulso político generado durante la visita del presidente Zelenski a Washington descansaba sobre un supuesto fundamental: que un mayor respaldo político terminaría traduciéndose en un incremento efectivo de las capacidades militares de Ucrania. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que esa relación pronto comenzaría a verse condicionada por factores que la mera expresión de voluntad política, por sí sola, no puede resolver.
Además, la principal limitación ya no parece residir exclusivamente en la disposición de los gobiernos occidentales para apoyar a Kiev. Comienza a radicar, cada vez más, en la capacidad industrial. El apoyo militar de Occidente a Ucrania ha dado saltos cuantitativos y cualitativos. En 2022, la primera oferta de ayuda alemana se limitaba a poner a disposición de Kiev 5000 cascos para su ejército. Hoy, la ayuda europea es mayoritaria y el apoyo financiero y militar de Occidente, en su conjunto, se acerca a los 300 000 millones de euros.
Durante buena parte de la guerra, el debate sobre la asistencia militar occidental estuvo dominado por decisiones eminentemente políticas: autorizar o no el envío de sistemas de armas cada vez más sofisticados, flexibilizar las restricciones sobre su empleo o ampliar el respaldo financiero a Ucrania. Esas discusiones fueron, sin duda, decisivas. No obstante, conforme el conflicto se prolonga, tienden a ocultar una realidad mucho más elemental: ningún sistema de armas puede transferirse si ya no existe en cantidades suficientes, ni la producción industrial puede multiplicarse de manera inmediata por el simple hecho de que así lo decidan los responsables políticos.
Hoy, diversos informes de fuentes abiertas sobre la reducción significativa de los inventarios estadounidenses de misiles interceptores ilustran con particular claridad esta nueva realidad estratégica. En concreto, dichos informes señalan que las existencias de misiles Patriot se han reducido en dos terceras partes a partir de la guerra con Irán.
En general, las estimaciones relativas a la disminución de las existencias de misiles Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, JASSM, Tomahawk y otras municiones guiadas de alta precisión no deben interpretarse únicamente como datos logísticos o presupuestales. Constituyen indicadores de naturaleza estratégica. La capacidad de disuasión contemporánea depende no solo de la sofisticación tecnológica de los sistemas de armas, sino también de la confianza en que estos se encuentran disponibles en cantidades suficientes para sostener operaciones simultáneas en diversos teatros.
Esta consideración adquiere especial relevancia por una razón frecuentemente soslayada. La reducción de los inventarios estadounidenses no obedece de manera determinante al apoyo brindado a Ucrania. Más aún, la mayor parte del consumo reciente responde a las operaciones desarrolladas por Estados Unidos en el Medio Oriente, donde los sistemas interceptores han sido empleados intensamente para proteger a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados regionales frente a sucesivas oleadas de misiles balísticos y drones iraníes.
