/ Durante décadas, para México y gran parte del continente, la integración energética significó hacer que el petróleo y el gas fluyeran más rápido y en mayor volumen. Se construyeron gasoductos, oleoductos y se firmaron tratados pensando en los combustibles fósiles. Pero hoy, el panorama más prometedor –y urgente– para unir a la región tiene un nombre distinto: electricidad.
No solo porque América Latina ya es la región con la matriz eléctrica más limpia del mundo, sino porque la demanda está a punto de dispararse. Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), hacia 2050 el continente necesitará tanta electricidad adicional como la que hoy consumen México y Brasil juntos. En Centroamérica, por ejemplo, la demanda se cuadruplicará. Mientras, naciones como Chile y Argentina podrían superar el 90% de generación renovable en solo 25 años.
Detrás de este salto están tres formas de demanda. Primero, la electrificación del transporte: cada auto, autobús y camión que cambia de gasolina a electricidad. Segundo, el auge de los centros de datos, gigantes que consumen energía a escala industrial. Y tercero, la combinación de los motores tradicional: el crecimiento del poder de compra y de la industria manufacturera regional. Más industrias, más fábricas y millones de hogares con mayores ingresos están conectando más aparatos, maquinaria y sistemas, presionando la red como nunca antes.
Esta no es solo una cuestión técnica; es una carrera por la competitividad. En un mundo donde las empresas buscan reducir su huella de carbono y asegurar suministros estables, tener electricidad limpia y abundante es un imán para la inversión. Si no actuamos con visión regional, el aumento desordenado de la demanda –desde los data centers hasta las nuevas fábricas– podría presionar precios y afectar a hogares e industrias.
La región ya tiene experiencias valiosas. Centroamérica lleva la delantera con una red eléctrica troncal que interconecta a casi todos sus países y un mercado que permite equilibrar la oferta y la demanda entre naciones. Este modelo ha demostrado que facilita integrar más energías renovables y responder con agilidad a los picos de consumo. El reto es que proyectos así son costosos y arriesgados, por lo que requieren el compromiso de las grandes economías latinoamericanas y la participación de la banca multilateral.
Pero hay otra oportunidad para la que existen pocos antecedentes –como en materia de vacunas,– de integración comercial inteligente. Hoy, las empresas públicas dominan las redes de transmisión y distribución en gran parte de la región. En países como México, Uruguay u Honduras son totalmente estatales; en Brasil, Colombia o Argentina operan bajo esquemas público-privados. Esto abre una oportunidad concreta: coordinar las compras públicas de equipos y tecnología, con el objetivo de fomentar proveedurí intraregional y el desarrollo de cadenasde valor de mayor valor agregado. Las oportunidades están más allá de las tecnologías de generación, en las que ha habido muy pocos avances en manufactura (con la excepción de Brasil). Un estudio reciente de la CEPAL señala que, en esta década, la inversión en redes será entre dos y tres veces mayor que la de parques solares y eólicos. La transición energética nos obliga a repensar no solo de dónde viene la electricidad, sino cómo actuar en un momento de disrupción de las expectativas sobre cadenas de proveduría globales, para incrementar la cacidad productiva en América Latina. No se trata solo de tender cables entre fronteras, sino de crear mecanismos de gobernanza, compras coordinadas y cadenas de valor compartidas.
América Latina tiene la generación más limpia, el sol y el viento a favor, y una demanda que crece. Lo que nos falta es conectar ese potencial disperso, aún a pesar de los profundos clivajes políticos en la región.
/ En el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) celebrado recientemente en Davos, Suiza, el mensaje fue consistente entre líderes económicos, empresas tecnológicas, organismos multilaterales y gobiernos: el mundo ha entrado en una nueva fase de quiebre estructural.
Las economías están siendo rediseñadas por la tecnología, la ciencia y una presión social que avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptación colectiva.
No se trata de una transición gradual, sino de un cambio profundo que redefine cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo se construye la prosperidad. El costo de no adaptarse será especialmente alto para las economías emergentes, y América Latina se encuentra en una posición particularmente vulnerable.
Desde el propio WEF, el diagnóstico es claro y medible. El Global Risks Report 2025 advierte que 52% de los expertos anticipa un escenario global inestable en los próximos dos años, mientras que 62% proyecta una década turbulenta o tormentosa. A ello se suma un entorno geopolítico frágil, donde los conflictos armados entre Estados y la erosión de la confianza pública asociada a la desinformación y al aumento de brechas socioeconómicas figuran entre los principales riesgos para el crecimiento económico.
En ese contexto, Davos colocó una pregunta crítica en el centro del debate… ¿Estamos formando a las personas que esta nueva economía necesita para sostener productividad, bienestar y cohesión social?
Para las juventudes en América Latina, el desafío se expresa con claridad en tres ejes.
1. Los trabajos del futuro.
De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del WEF, hacia 2030 se crearán alrededor de 170 millones de empleos, pero también se desplazarán 92 millones. Aunque el saldo parece positivo, tendrá un impacto profundamente desigual. Además, 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambiará antes de que termine la década. Los sectores asociados a datos, tecnología, transición energética, ciberseguridad, logística avanzada, salud digital y economía verde crecen más rápido que la capacidad de los sistemas educativos para formar talento compatible. Es decir, el problema ya no es solo la falta de empleo, sino la escasez de habilidades adecuadas.
2. Educación que no se adapta: rezago estructural.
En Davos se subrayó que los sistemas educativos tradicionales siguen formando profesionistas para economías que ya no existen. La economía del conocimiento exige formación permanente, pensamiento crítico, ética y comprensión del impacto social de la tecnología. Sin embargo, en América Latina persisten modelos educativos y laborales rígidos, poco compatibles con la innovación, la movilidad y la interdisciplina que demanda la ciencia contemporánea; lo que sin duda limitará la empleabilidad individual y reducirá la capacidad de los países para absorber los grandes choques tecnológicos y demográficos que, incluso, ya están sucediendo en la región.
3. El costo del rezago.
Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalan que, en los resultados de la prueba educativa PISA 2022, América Latina y el Caribe se ubicó por debajo de la media global en lectura, matemáticas y ciencias, con una brecha equivalente a cinco años de escolaridad frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras que el Banco Mundial advierte que 4 de cada 5 niñas y niños en la región no comprenden un texto sencillo.
Lo anterior evidencia el claro rezago educativo en la región, que tiene un impacto económico directo en la productividad laboral, afectando el crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de financiar sistemas de salud y protección social desde los gobiernos.
Es indiscutible que la inacción global y regional tendrá un costo económico y social sin precedentes. Pero para América Latina, invertir en educación alineada al futuro del trabajo puede significar la mejor estrategia económica y de salud pública que permita asegurar el bienestar y la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.
Para lograrlo, es urgente tomarse en serio la digitalización, fortalecer la educación superior y el posgrado, impulsar trayectorias híbridas entre ciencia, tecnología y humanidades, y construir alianzas reales entre gobiernos, empresas y academia.
Davos no habló del futuro como una promesa, sino como una advertencia. Para América Latina y el Caribe aún hay esperanza. El reto es si la región tendrá la voluntad política y social para virar a tiempo, evitando que las nuevas generaciones paguen el costo de un sistema que ya no responde a lo que el mundo necesita.
/ En los próximos meses, los países se reunirán en Naciones Unidas para la penúltima Reunión de Alto Nivel sobre VIH antes de concluir con la Agenda 2030. En teoría, estos encuentros sirven para monitorear el avance y renovar compromisos, así como acelerar el camino hacia el fin del SIDA como amenaza de salud pública. Pero esta vez el contexto es distinto. Y es preocupante.
Después de más de dos décadas de avances, la respuesta global al VIH atraviesa uno de sus momentos más frágiles.
No se trata solo de cifras o metas internacionales. En el terreno, esto se traduce en clínicas que reducen servicios, programas comunitarios que desaparecen y pacientes que ya no tienen la misma certeza de acceso a tratamiento y/o prevención. Para millones de personas, la continuidad de la atención no es un tema político: es la diferencia entre vivir o morir.
Una gran parte del problema es financiero. Programas que han sido pilares de la respuesta global como PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para hacer frente al SIDA por sus siglas en inglés), USAID, Fondo Mundial y otros mecanismos de cooperación internacional hoy enfrentan incertidumbre, recortes, reorientaciones o cierre total. Muchos países medianos y bajos ingresos dependen de estos fondos para sostener tratamiento antirretroviral, pruebas, prevención y acompañamiento comunitario. Cuando ese financiamiento tiembla, todo el sistema se vuelve vulnerable.
Al mismo tiempo, en el marco de la iniciativa UN80, están sobre la mesa propuestas que podrían transformar drásticamente el rol de ONUSIDA. En la práctica, esto ya se traduce en grandes reducciones de personal y de presencia en terreno, y existe la posibilidad de que su mandato actual, como programa especializado en la respuesta al VIH, se integre en otras oficinas de la ONU como la OMS y deje de existir como entidad autónoma hacia 2027.
Esto no es un ajuste administrativo menor: ONUSIDA ha sido la pieza central para coordinar la respuesta global al VIH, recolectar datos, exigir rendición de cuentas y mantener la visibilidad y voluntad política en la lucha contra el VIH/SIDA. Su desmantelamiento o absorción en estructuras más amplias corre el riesgo real de que las necesidades específicas de quienes viven con VIH sobre todo en regiones con epidemias dinámicas y desigualdades profundas se diluyan entre una agenda más amplia y competida, así mismo, ONUSIDA siempre ha puesto a las comunidades al frente de la respuesta contra el VIH, mientras que los mecanismos de participación activa de la sociedad civil organizada como la OMS son ampliamente burocráticos, restrictivos, sistemáticamente limitativos y obstaculizan la participación equitativa de las minorías y países de bajos ingresos dificultando que las voces de las personas viviendo con VIH se escuchen, se tomen en cuenta y sirvan para coaccionar soluciones intersectoriales.
Desde Medical Impact trabajamos en contextos de marginación y difícil acceso. Ahí es donde estas decisiones globales se sienten primero. Las poblaciones más afectadas: mujeres, jóvenes, comunidades clave son también las que menos margen tienen para absorber retrocesos. Cuando falla la prevención, aumenta la transmisión. Cuando se interrumpe el tratamiento, crece la mortalidad. Cuando se reduce el trabajo comunitario, la gente simplemente deja de llegar a los servicios.
La próxima reunión de alto nivel debería ser un último llamado de alerta, no una ceremonia diplomática más. El mundo aún puede controlar la epidemia, pero eso exige compromiso político real y financiamiento sostenido.
Retroceder ahora no sería solo un error estratégico. Sería una decisión con consecuencias y costo que se paga con vidas humanas.
Porque el VIH no desaparece cuando deja de ser prioridad. Solo se vuelve más silencioso y desigual.
/ Apenas en noviembre de 2025 se publicó el documento National Security Strategy of the United States of America, acompañado de un prólogo del actual presidente de los Estados Unidos. En él, en pocas palabras, se expone el significado del llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este corolario refuerza la intención de acentuar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y de protegerlo frente a los intereses de otros actores y países.
De esta estrategia se desprenden dos líneas de acción: enlistar y expandir (Enlist and Expand). La primera coincide con un conjunto de medidas orientadas al control migratorio, que buscan recuperar las mejores prácticas y fortalecer alianzas clave, tanto para frenar la migración y el flujo de drogas ilícitas en toda América e inclusive más allá de sus fronteras, así como fortalecer la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas.
La segunda acción es una estrategia de política exterior de Estados Unidos centrada en recuperar y consolidar su preeminencia en el Hemisferio Occidental. El enfoque principal es desplazar la influencia de potencias extranjeras (competidores no hemisféricos) mediante una combinación de presión económica, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la presencia comercial estadounidense.
Estas dos líneas de acción coinciden plenamente con las medidas aplicadas para la gestión fronteriza y migratoria durante el primer año de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025. Bajo el liderazgo de Marco Rubio como secretario de Estado, Estados Unidos ha impulsado una nueva forma de relacionarse con países no alineados al bloque occidental, como Cuba y Venezuela.
Esta reconfiguración diplomática se ha traducido en acciones concretas, entre ellas la devolución de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de dichos países, así como la cancelación de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas medidas han implicado que terceros países cedan ante la presión estadounidense para aceptar deportaciones sin un proceso judicial previo, como ocurrió con los 252 venezolanos trasladados a El Salvador, donde fueron sometidos a procedimientos injustos en una cárcel de alta seguridad.
Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, la deportación en cadena se convirtió en una estrategia central de control fronterizo. A través de decretos presidenciales, se establecieron mecanismos de devolución a países de origen o a terceros Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esta configuración ha generado un flujo migratorio inverso que no solo tensa los lazos diplomáticos en el hemisferio, sino que desprotege a los solicitantes de asilo. La celeridad e imposición de estos acuerdos ponen en tela de juicio el principio de retorno seguro y ordenado, creando un entorno propicio para la impunidad y el maltrato sistemático de la población migrante.
El impacto en la vida de las personas migrantes sometidas a deportaciones no regularizadas —particularmente a través de redadas masivas— ha generado un creciente descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, fundada en 2001, ha sido objeto de un número cada vez mayor de protestas, a partir de enero de 2026, debido a actos violentos contra personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos.
La deportación no regularizada en este contexto implica un riesgo aún mayor para las personas que se beneficiaron del programa Parole —particularmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos—, así como para quienes carecen de estatus legal o han sido señalados por alguna falta relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas deportaciones inmediatas eliminan la posibilidad de un debido proceso antes de la remoción y exponen a las personas a riesgos graves para su vida y seguridad al ser enviadas de vuelta a países de los que huyeron debido a la violencia o a la pobreza.
/ El rápido envejecimiento poblacional en España es una realidad que necesita respuestas y enfoques multidisciplinares para su correcto tratamiento. Hacerle frente implica repensar la organización actual del Estado debido a que cada vez hay más registros de muertes que de nacimientos.
Por lo tanto, vale la pena analizar a la inmigración como un aspecto que puede ayudar en el sostenimiento del Estado de bienestar español.
La inmigración se ha presentado como un elemento fundamental para darle fuerza a las áreas que están mayoritariamente envejecidas y para reducir la tensión provocada por la poca de mano de obra joven y por el preocupante desequilibrio demográfico que está presente alrededor de todo el territorio español. De acuerdo con el Banco de España, el aporte de la población extranjera que vive en España se evidencia sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
Lo expuesto anteriormente demuestra el importante rol que tiene la inmigración para servir como motor para el mantenimiento de la economía del país. De hecho, según el centro de análisis Funcas, desde 2022 y hasta finales de 2024 la población extranjera viviendo en España cubrió el 40% de los trabajos disponibles, lo cual tuvo resultados favorables para el crecimiento del sector económico español. Por lo tanto, con los hechos abordados es posible entender a la inmigración como un elemento que tiene la capacidad de adaptarse a los drásticos cambios demográficos que ha atravesado España en los últimos años y, al mismo tiempo, generar respuestas ante las necesidades del país.
En este sentido, la llegada de extranjeros a España puede generar efectos positivos para áreas prioritarias a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que dichos beneficios pueden volverse más viables al estar acompañados de iniciativas que busquen el bienestar de todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia ni estatus económico. Según datos arrojados por El Observatorio Social, los extranjeros que viven en España son un sector poblacional que atraviesa múltiples dificultades financieras y se enfrenta a diferentes tipos de brechas, como la laboral. Por esta razón, es necesario que se sumen esfuerzos para que su integración y protección pueda darse de manera exitosa.
En definitiva, la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad en España son factores que afectan el mantenimiento del Estado de bienestar del país a largo plazo. No obstante, crear una agenda con prioridades bien definidas y planes de inclusión para los inmigrantes puede ayudar significativamente a equilibrar las implicaciones causadas por el creciente número de personas de la tercera edad en España.
Al considerar que en el territorio español hay una elevada cantidad de inmigrantes, resulta importante que se analice el papel de dicho sector poblacional como una vía de acción viable para hacerle frente a los desequilibrios provocados por el envejecimiento poblacional. Lograr este objetivo no podrá darse de forma inmediata, pero, para intentar contrarrestar sus efectos actuales, puede ser conveniente que el gobierno de España empiece por abordar las causas estructurales que han provocado que la natalidad haya tenido una caída drástica.
Por último, vale la pena reconocer que el potencial positivo de la inmigración no está libre de problemáticas sociales. Al considerar que la integración de los no nacionales es un aspecto que genera desafíos, es posible plantear que las dinámicas de convivencia en el país se ven afectadas. Por eso, al contemplar a la inmigración como un factor clave para el dinamismo en la economía española, no se debe ignorar la necesidad de promover procesos de cohesión que puedan mantenerse con el paso del tiempo.
/ El Ártico dejó de ser una periferia silenciosa. Hoy es el espacio donde confluyen el deterioro climático, la ambición estratégica y una disputa política que amenaza con profundizar el quiebre trasatlántico. El 22 de marzo de 2025, el hielo marino alcanzó el máximo anual más bajo desde que hay registros satelitales: 14.33 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del promedio histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo resumió sin eufemismos: el techo helado del hemisferio norte está dejando de cumplir su función de estabilizador climático. En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento en el Ártico es más acelerado que en cualquier otra región, amplificando riesgos ambientales, económicos y políticos.
Ese deterioro físico abre oportunidades —y tentaciones—. Con menos hielo, se extienden las temporadas de navegación y se acortan distancias entre Asia y Europa. Pero la eficiencia logística convive con una vulnerabilidad mayor: infraestructuras escasas, ecosistemas frágiles y una gobernanza incapaz de contener rivalidades crecientes. El Ártico no solo se derrite; se vuelve disputable.
Soberanía y rutas marítimas
En ese contexto debe leerse el renovado interés de Donald Trump por Groenlandia. Lo que en otro momento pareció una excentricidad, hoy aparece como una pieza coherente —y profundamente inquietante— de una ambición geoestratégica mayor. De lo que se ha filtrado de las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no se desprende que Washington busque, al menos de manera inmediata, más bases militares, acceso privilegiado a minerales específicos o la instalación de armas estratégicas en la isla. El núcleo del diferendo es otro: la soberanía.
Groenlandia no es relevante solo por lo que tiene, sino por dónde está. Para Estados Unidos, adquirir soberanía sobre la isla significaría alterar de manera sustantiva el mapa de colindancias en el Ártico. Hoy, la huella estadounidense en la región deriva casi exclusivamente de Alaska. Esa posición es relevante, pero limitada frente a las amplias proyecciones de Rusia, que cuenta con la mayor línea costera ártica y con reclamaciones consolidadas sobre extensas áreas del océano Ártico. La soberanía sobre Groenlandia permitiría a Washington proyectarse directamente hacia el corazón del Ártico, equilibrando —y disputando— esa ventaja rusa.
No es un detalle menor. En el derecho del mar, la posesión de territorios árticos amplía zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y, con ello, derechos potenciales sobre recursos y rutas. Cambiar la soberanía de Groenlandia alteraría ese equilibrio sin necesidad de disparar un solo tiro. De ahí la gravedad del planteamiento.
A esto se suma la dimensión marítima. El deshielo hace cada vez más plausible la navegación regular por rutas árticas. Los pasos al este de Groenlandia —vinculados al Atlántico Norte y a los accesos entre Norteamérica y Europa— adquieren una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de comercio: controlar, influir o condicionar esos corredores implica capacidad de presión económica y militar. En un mundo de cadenas de suministro tensionadas, los canales de navegación se vuelven instrumentos de poder.
Visto así, la pregunta sobre Groenlandia tiene una respuesta incómoda, pero clara. No son solo los minerales, ni las bases, ni siquiera el corto plazo; es el Ártico. Es la posibilidad de redefinir colindancias, de disputar la primacía rusa y de sentar un precedente sobre cómo se reconfiguran espacios estratégicos en el siglo XXI. “Es el Ártico, estúpido”, podría responder Trump si contestara con franqueza.
Riesgo de contagio normativo
El problema es el costo político de esa ambición. El diferendo golpea directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La alianza pierde cohesión cuando uno de sus miembros plantea, siquiera retóricamente, la modificación de la soberanía de un territorio ligado a otro aliado. Ganan, en cambio, las ambiciones extraterritoriales que alimentan narrativas similares en Beijing y Moscú. Rusia observa; China, sin colindancia directa con el Ártico, busca afanosamente una reivindicación que le permita reafirmarse como actor “casi ártico”. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ayuda. Europa recibe, una vez más, un incentivo para cerrar filas, mientras la posibilidad de una guerra arancelaria aparece menos como causa y más como síntoma de un divorcio profundo.
Las consecuencias se proyectan más allá del Ártico. Pierde Ucrania, cuya causa se debilita cuando la soberanía se relativiza. Pierde Taiwán, porque el unilateralismo refuerza la lógica de los hechos consumados. Y pierde el orden multilateral, justo cuando más necesitaría reglas claras.
En este escenario, el Ártico se perfila como uno de los principales vectores del conflicto mundial que viene: no necesariamente una guerra abierta, pero sí una disputa sostenida por colindancias, rutas de navegación y legitimidad. A diferencia de otros teatros, aquí confluyen disuasión nuclear, fragilidad ambiental y rivalidad entre grandes potencias.
En el contexto de la moralidad occidental, la acción estadounidense en Venezuela recuerda, en el marco del multilateralismo y el Derecho Internacional, que ese tipo de acción deja a todos los países menos seguros porque erosiona la regla básica que evita que el planeta se convierta en la jungla anárquica de potencias que hace las pesadillas de los realistas más duros. Además, la captura de Nicolás Maduro y los ataques emprendidos para lograrla debilitan el Derecho Internacional —que costó décadas construir y ha estado bajo asedio en el último lustro—, precisamente por el riesgo de contagio normativo: lo que se tolera una vez se vuelve argumento para repetirse (nuevamente, habría que revisar la acumulación de efectos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina).
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado.
Si ese contagio llegara al Ártico, el daño sería doble: tocaría soberanía y, además, elevaría el riesgo nuclear. Porque el Ártico no es solo comercio y minería: es también un teatro de disuasión. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advirtió, en 2025, que una nueva carrera de armamentos nucleares se perfila mientras los regímenes de control se debilitan, y casi todos los Estados con armas nucleares modernizan sus arsenales. Y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que el Ártico vive “cambios geofísicos y geopolíticos” rápidos que obligan a mejorar capacidades, presencia y cooperación con aliados. A esto se suma el acercamiento ruso-chino en la región, que el Pentágono señala como motivo de preocupación estratégica, en parte por infraestructura, energía y rutas marítimas (Reuters, 2024).
El problema es que la gobernanza ártica llega tarde. A diferencia del Antártico, donde el tratado congeló disputas y organizó la investigación científica, el Ártico combina jurisdicciones, intereses comerciales y competencia militar con una arquitectura más frágil. El Consejo Ártico —foro clave de cooperación— ha intentado recomponer rutinas de trabajo técnico tras las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, pero su reactivación gradual deja claro lo delicado del momento. Y, aun así, la región no está condenada al choque: el Acuerdo para Prevenir la Pesca No Reglamentada en Alta Mar en el Océano Ártico Central entró en vigor en 2021, como ejemplo de precaución multilateral antes de que llegue la depredación. Es una pista importante: cuando el mundo se lo propone, puede acordar “límites” antes de que el mercado o la rivalidad los impongan por la fuerza.
Una oportunidad para la política exterior mexicana
Ahí es donde México tiene una oportunidad que no depende de tener costa en el Ártico, para proponer una Zona Libre de Armas Nucleares en el Ártico (ZLANA). México es un actor con credenciales normativas en desarme y construcción de paz. El Tratado de Tlatelolco —primer acuerdo que estableció una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada— sigue siendo referencia mundial. La idea no es extravagante: es un instrumento previsto por la arquitectura internacional, que ayudaría a la seguridad internacional y fortalecería el papel de México como actor mundial proactivo y responsable.
La propuesta, en una primera fase, no necesita obsesionarse con la cartografía ni con una negociación imposible de la noche a la mañana. Lo que sí necesita es ambición moral con realismo estratégico: México podría impulsar una conversación formal —en la ONU y con Estados árticos— para explorar esta ZLANA. No para “desmilitarizar” el Norte, sino para reducir el terrible riesgo de que un incidente, una crisis de soberanía o una política de hechos consumados escale hacia el umbral nuclear en un ecosistema que es, simultáneamente ambientalmente frágil y estratégicamente deseado. En términos de diseño, el precedente de las zonas libres ofrece herramientas conocidas: compromisos regionales, protocolos para que los Estados con armas nucleares se obliguen a no amenazar ni usar armas nucleares contra la zona, y mecanismos de verificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además, mantiene guías y experiencia sobre verificación y salvaguardias vinculadas a tratados de zonas libres, lo que daría credibilidad técnica a cualquier esquema.
¿Para qué serviría, en la práctica política, una iniciativa así? Primero, para reinstalar una línea roja clara en un entorno donde las líneas se borran. Si el mensaje geopolítico de Venezuela fue “el fuerte puede actuar”, el mensaje ártico debería ser el inverso: “hay ámbitos donde nadie puede jugar con fuego”. Segundo, para proteger el espacio de cooperación científica y ambiental que aún sobrevive. Las organizaciones indígenas, con estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico, han insistido en que el valor del foro es precisamente permitir cooperación pacífica e incorporar conocimiento indígena en decisiones. Tercero, para darle al multilateralismo una victoria concreta en tiempos de fatiga diplomática: una norma de contención nuclear es el tipo de logro que ordena incentivos incluso cuando las potencias desconfían entre sí.
La objeción típica es inmediata: “las potencias nucleares nunca aceptarán”. Pero la historia de las zonas libres enseña que el camino suele empezar por lo que parece improbable y avanza por capas. La clave es presentar el proyecto como una inversión de seguridad compartida, no como una derrota para nadie. De hecho, varias potencias ya conviven con zonas libres en otros continentes y han firmado protocolos de respeto. Y, en el Ártico, la contención nuclear puede alinearse con intereses que no son ideológicos: evitar accidentes, bajar costos de crisis, proteger infraestructura estratégica y sostener estabilidad en rutas y mercados que todos desean utilizar.
También hay un argumento de política exterior mexicana: el Ártico no es una agenda ajena a Norteamérica. La creciente centralidad del Norte en la defensa continental muestra que la seguridad regional se está reconfigurando; Canadá, por ejemplo, formalizó planes de inversión a 20 años por 38 600 millones de dólares canadienses para modernizar capacidades vinculadas al entorno polar. Y la promesa de las rutas árticas también tendrá un valor elevado para Norteamérica como región. México, firme en su prioridad norteamericana, gana si su vecindad estratégica se vuelve más predecible y menos propensa a crisis. Si el deshielo reconfigura rutas y competencia, México tiene incentivos para que ese reordenamiento ocurra con reglas, no con ultimatos.
Compuertas abiertas
La discusión sobre Groenlandia y la intervención en Venezuela dejan una advertencia: cuando se relativiza la soberanía, se abren compuertas. El Ártico es demasiado importante para dejarlo a esa deriva. México puede ofrecer algo escaso: una diplomacia capaz de hablar con el Norte sin perder legitimidad en el Sur, y capaz de poner sobre la mesa una idea de seguridad humana que no compite con la defensa legítima, sino con la escalada irracional. Proponer un Ártico libre de armas nucleares no resolverá por sí solo la rivalidad internacional, pero sí puede recortar el espacio donde un error se vuelve catástrofe. En un mundo que se calienta, reducir la probabilidad del peor incendio es una política exterior sensata.
México no es un espectador irrelevante. Como actor con tradición en desarme y construcción normativa, puede jugar una carta que otros no tienen. Y el llamado Sur global también tiene incentivos para hacerlo: el debilitamiento del Derecho Internacional rara vez se queda en el Norte. Cuando las reglas se erosionan arriba, el costo se paga abajo.
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado. El Ártico ya no es solo un termómetro del clima; es un barómetro del orden internacional. Ignorarlo sería un error estratégico. Disputarlo sin reglas, una irresponsabilidad histórica.
/ Después de una década de negociaciones y de acuerdo con declaraciones oficiales, México y la Unión Europea (UE) están listos para firmar el Acuerdo Global modernizado, un instrumento jurídico que promete, entre otras cosas, transformar las relaciones comerciales entre ambos actores que ya tienen una trayectoria de intercambios importante.
El acuerdo llega en un momento propicio porque, mientras el mundo se enfrenta a guerras comerciales y el proteccionismo gana terreno, ambos actores apuestan por diversificar, aunque sea ligeramente, sus mercados y fortalecer sus relaciones económicas más allá de sus socios tradicionales. ¿Qué gana México? Primero, se extiende la liberalización a casi todos los productos agropecuarios que ahora entrarán al mercado europeo. Segundo, las empresas europeas tendrán acceso a las licitaciones públicas mexicanas, lo que podría incentivar la inversión. Tercero, los productos agrícolas emblemáticos recibirán protección reforzada contra la imitación. Cuarto, las PyMEs mexicanas contarán con procedimientos simplificados para exportar a la UE. Finalmente, la UE garantizará el acceso justo a materias primas críticas.
Sin embargo, el Acuerdo enfrenta retos significativos. La UE insiste en estándares ambientales rigurosos que generan fricción, como sucede con el Mercosur. La política energética de México prioriza la energía estatal sobre las renovables y esto preocupa a Bruselas. Además, el gobierno mexicano deberá adaptar muchas regulaciones para alinearse con las normas europeas, lo que requiere capacidades institucionales aún en desarrollo. Las PyMEs necesitarán apoyo financiero y técnico para cumplir con los estándares que demanda el mercado europeo.
El panorama se complica por el contexto geopolítico. Los Estados Unidos impusieron aranceles a productos mexicanos, creando incertidumbre comercial. Aunque esto podría favorecer el acuerdo con la UE como vía de escape, también significa que México debe mantener buenas relaciones con EU mientras abre o refuerza nuevos mercados. Del lado mexicano, tiene sentido la diversificación, pero desde la perspectiva de ciertos sectores internos, el Acuerdo podría implicar la competencia con productores europeos más consolidados.
En la UE el proceso es más complicado. Aunque la parte comercial del Acuerdo sólo necesita la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, la dimensión política y de cooperación requiere además unanimidad de los 27 parlamentos nacionales y de algunos parlamentos locales. Esto abre la puerta a vetos inesperados, especialmente de países escépticos sobre ciertos temas sensibles.
Pero ¿este acuerdo es bueno para México? La respuesta es matizada. Lo es para grandes empresas exportadoras y para la diversificación económica en un contexto de incertidumbre global. Pero también exige que México asuma compromisos serios y fortalezca sus instituciones para obtener beneficios tangibles. No es un regalo de la UE a México ni viceversa; es una apuesta mutua.
Se trata de una estrategia ganar-ganar, pero sólo si se implementa con seriedad y un compromiso político genuino más allá de la coyuntura.
/ El Cáucaso inicia 2026 con transita de un “conflicto congelado” a una competencia geopolítica con un corredor comercial transcontinental. La influencia regional se desplaza de Moscú a Washington y Ankara. La estabilidad de Georgia y las elecciones armenias de junio presentan riesgos significativos.
Resultado de la reunión en Washington de agosto de 2025, la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) —buscando renacer al “Corredor Medio”— marginó a Rusia y provocó indignación iraní. Presencia de la UE por 99 años en TRIPP, que con medianía pretende impulsar el comercio Este-Oeste, corre el riesgo de acción militar de Irán y sabotaje híbrido por Rusia.
Importante riesgo político son las elecciones armenias en junio. Serán prueba crítica para el primer ministro Pashinyan, cuya “Cuarta República” y sus compromisos post- Segunda Guerra de Karabakh con Azerbaiyán (eliminar referencias constitucionales al territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabakh) han generado amplia oposición, incluyendo a la iglesia armenia y facciones nacionalistas, que califican las concesiones como traición a la identidad nacional. Toda irregularidad electoral e imposibilidad de un referéndum constitucional podría colapsar el proceso de paz y reanudar escaramuzas fronterizas. Pese al giro pro-occidental de Armenia , depende de energía rusa y la ruta comercial del Alto Lars. Moscú ha mostrado disposición a cierres fronterizos y aumentos del precio de energía como apariciones de influencia política. Rusia podría utilizarlos para influir en el electorado armenio o penalizar a Azerbaiyán por acercarse a Washington.
Georgia está sumida en crisis política tras las elecciones de 2024 y el aplazamiento de su adhesión a la UE hasta 2028. El partido “Sueño Georgiano” consolida poder, rompiendo con Bruselas. Para enero de 2026, EUA y el Reino Unido sancionaron a más de 200 funcionarios georgianos. El giro del gobierno hacia una “modernización autoritaria”—financiada progresivamente con capital chino para eludir las sanciones occidentales —ha generado un profundo cisma social, con manifestaciones al estilo Maidán en Tbilisi— peligro persistente para la estabilidad. Un “estado de protesta congelado” en Tbilisi podría derivar en enfrentamientos violentos.
Azerbaiyán requiere equilibrar su alianza estratégica con Washington con la necesidad de gestionar el descontento de Moscú. El derribo en 2024 de un avión azerbaiyano por sistemas rusos sigue siendo fuente de tensión.
La posición militar de Irán en el río Aras es de grave preocupación. Realizó ejercicios a gran escala en frontera con Armenia en 2025 con el objetivo explícito de disuadir al “eje turco” (Turquía y Azerbaiyán). La seguridad de la infraestructura energética es prioridad regional. Los oleoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC) y del Cáucaso Sur (SCP) son vulnerables a sabotaje y ataques asimétricos. En clima de alta tensión geopolítica, estas arterias energéticas son objetivos para cualquiera que busque ejercer presión económica sobre Europa y Turquía.
El presunto deterioro de la salud (necrosis pancreática) del líder checheno Ramzan Kadyrov a principios de 2026 representa la mayor amenaza para la seguridad en el sur de Rusia. Un vacío de poder en Grozni —sin aparente delfín— sumado a operaciones de inteligencia ucranianas y propaganda yihadista, amenaza con desestabilizar el desarrollo socioeconómico del Cáucaso. Abjasia y Osetia del Sur continúan anómalas, pero críticas. Una base rusa en la costa de Abjasia en 2025 incrementó la presencia naval rusa en el Mar Negro.
La arquitectura de seguridad liderada por Rusia fenecido en el Cáucaso. La disolución oficial del Grupo de Minsk de la OSCE en 2025 y la suspensión de la membresía de Armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) provocaron vacíos que EUA aborda. TRIPP y la “paz armada” entre Bakú y Ereván —con riesgos de escaramuzas por “corrección fronteriza”—pusieron fin a décadas de mediación rusa.
La incursión estadounidense enfrenta a la oposición rusa, pero igual de Irán y Turquía, quienes pese a su rivalidad son recelosos. Irán percibe a TRIPP como “tijera geopolítica” de 43 kilómetros diseñada para cortar sus rutas comerciales hacia Europa y Rusia. La actual inestabilidad interna en Teherán (con estimaciones de decenas de millas de muertos en días recientes) agravada por su conflicto con Israel en 2025 le vuelve propenso a escaladas en “zonas grises” en el Cáucaso.
El “ Corredor Medio ” (Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana)—que evita a Rusia e Irán —es el principal escenario de competencia geopolítica.
En 2026 la infraestructura para la paz (ferrocarriles, oleoductos, cables de fibra óptica) se unirá a la región o fungirá como nueva fricción entre potencias.
