Omar Alejandro Loera
/ El dilema de México entre Washington y La Habana no nació con Donald Trump. Desde la Guerra Fría, Cuba pone a prueba cuánto margen puede conservar México frente a Estados Unidos.
Cuando Washington promovió el aislamiento continental de la isla, México no apoyó su exclusión de la OEA y mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana. No fue una ruptura con Estados Unidos, sino una diferencia gestionada dentro de una relación profundamente asimétrica. La tensión resurgió en 1996 con la Ley Helms-Burton, que buscó castigar a empresas de otros países que hicieran negocios con Cuba. México respondió con una ley para impedir que esas disposiciones se aplicaran en territorio nacional. La posibilidad de que la relación con La Habana produjera costos económicos o políticos en la frontera norte tampoco es nueva.
Lo novedoso en la era de Trump es la forma en que la presión es aplicada. Los aranceles, la migración, la seguridad y la revisión del T-MEC pueden convertirse en fichas de un frente de negociación comprehensivo y amplio. La amenaza de imponer gravámenes a los países que suministraran petróleo a Cuba —aunque después fuera retirada— actualizó un dilema histórico en un contexto de integración económica mucho más profundo.
Una sanción comercial así no afectaría solo las exportaciones mexicanas. Un arancel motivado por Cuba podría encarecer productos, retrasar inversiones y afectar empleos en el bloque norteamericano. También contaminaría la revisión del T-MEC con una disputa ajena a sus reglas. La integración aumenta la vulnerabilidad de México, pero también el costo de coerción para Washington.
México enfrenta una falsa disyuntiva: permitir que Estados Unidos determine su relación con Cuba o convertir cada gesto hacia La Habana en una manifestación de soberanía nacional. Ninguna opción es genuinamente autónoma, sino que responde a una falsa dicotomía que ha secuestrado la política exterior de México durante décadas. La autonomía estratégica consiste en decidir por cuenta propia, con objetivos claros y una evaluación cándida de los beneficios y los costos de las implicaciones de una política de Estado.
El dilema también tiene una dimensión interna. Para el gobierno mexicano, la defensa de Cuba cohesiona a sus bases nacionalistas y valida sus licencias revolucionarias al presentarse como campeón de los principios de soberanía y no intervención. Para la oposición, los envíos de petróleo y los acuerdos de cooperación permiten denunciar opacidad, desperdicio de recursos o respaldo a un régimen autoritario. Cuba se convierte así en una herramienta de identidad y cálculo electoral. Cuando la política exterior busca movilizar simpatizantes o desacreditar adversarios, queda menos espacio para evaluar qué conviene al país y da cabida a que sea tratado como producto de consumo interno en lugar de una política de Estado.
México tiene razones propias para mantener canales diplomáticos, oponerse al aislamiento económico y prestar ayuda humanitaria a Cuba. Sin embargo, defender esta posición no exige justificar al régimen cubano. México debe hablar con la misma claridad sobre el embargo y sobre la falta de libertades, los presos políticos y las restricciones a la participación ciudadana. Si invoca principios frente a Washington, pero calla ante La Habana, la posición mexicana parecerá ideológica, no autónoma.
También hace falta transparencia. La cooperación energética, sanitaria o financiera debe explicar públicamente sus montos, condiciones y beneficios. La opacidad debilita una política defendible por razones humanitarias y permite que cualquier cuestionamiento se reduzca a una batalla entre afiliaciones ideológicas.
Frente al transaccionalismo de Trump, México necesita firmeza sin estridencia. Debe rechazar que el comercio, la migración o el T-MEC se utilicen para dictar su relación con terceros países, pero también evitar gestos simbólicos que eleven el conflicto sin ayudar a los cubanos. La diplomacia discreta, la coordinación regional y la defensa de reglas comunes ofrecen más margen que la confrontación retórica.
El objetivo no es guardar la misma distancia frente a Washington y La Habana. Estados Unidos es el principal socio económico de México y un vecino inevitable; Cuba representa una relación histórica y una prueba de consistencia diplomática. El verdadero dilema no es elegir entre dos capitales, sino decidir si México actuará mediante reflejos ideológicos o conforme a una estrategia propia. Una política madura puede cooperar estrechamente con Estados Unidos, rechazar presiones indebidas, ayudar al pueblo cubano y exigir libertades a su gobierno. La autonomía en este sentido se evalúa por la capacidad de defender intereses y principios mexicanos, incluso cuando exige decir verdades incómodas a estos dos destinatarios de su política exterior.
Participación en El Sol de México
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