Diego Gómez Pickering
/ En unos días más se cumplirán tres años del fatídico ataque de Hamás contra Israel y del inicio de una desproporcionada respuesta por parte de Tel Aviv contra la población civil palestina tanto en Gaza como en Cisjordania, investigada por la Corte Internacional de Justicia como presunto genocidio. En marzo, si la situación sigue su curso, en un mundo que resulta cada vez más imprevisible, la guerra iniciada por Rusia tras la invasión a Ucrania de 2022 entrará en su sexto año y el conflicto civil sudanés, en el que están involucrados muchos más países de los que públicamente se reconoce, cumplirá casi un lustro de devastar a la nación africana y de llevar a su población al borde de la inanición.
Un escenario de constante confrontación que se replica en otros rincones del orbe y en el cual tanto el derecho internacional como las convenciones y normas que lo rigen son cada vez más vulnerados, sin que medie nada, hasta el momento, para evitarlo. Las consecuencias de esta barbarie legal son múltiples y afectan a todos por igual, de Estados grandes y poderosos a naciones pequeñas e indefensas. El incumplimiento de las convenciones y normas internacionales que con tanto esfuerzo tejió la diplomacia al final de las guerras mundiales del siglo pasado para garantizar un futuro de paz y convivencia, amenazan el presente de toda la humanidad, incluido nuestro patrimonio compartido.
La Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece que “la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo” y requiere de protección internacional, pues su daño implica un menoscabo para toda la humanidad. Un menoscabo que, sin embargo, en fecha reciente, atestiguamos en todos los frentes con impotencia: los budas del siglo V labrados sobre las montañas afganas de Bamiyán, el puente medieval construido por los otomanos en Mostar, los tesoros arqueológicos de la antigua Palmira romana, la ciudad fenicia de Tiro, el enramado de callejuelas del centro histórico de Mosul, el palacio persa de Golestán, las milenarias oliveras de las colinas y valles jerosolimitanos. La vulnerabilidad del Patrimonio Mundial es más evidente que nunca en la historia contemporánea, y frente a ello en América Latina no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados.
El pasado mes de julio en la ciudad surcoreana de Busan en ocasión de la 48ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO se adoptó la decisión de incorporar a la lista del Patrimonio Mundial la red de castillos del Monte Amel en el sur del Líbano y el sitio arqueológico de Sebastia-Samaria en la provincia palestina de Naplusa, siguiendo el protocolo de emergencia de la organización establecido para casos como los del Líbano, Ucrania y Palestina, el cual permite la incorporación de forma inmediata a la lista de sitios patrimoniales amenazados por conflictos bélicos, a fin de blindar su protección internacional.
Como el país del continente americano con mayor número de sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, México posee una posición privilegiada para erigirse como paladín del sistema legal que a través de las Convenciones en la materia aboga por la inalienabilidad de sitios patrimoniales durante los conflictos armados. Como países fundacionales de la UNESCO, el resto de las naciones latinoamericanas deben jugar un papel en la protección del orden jurídico de la organización y en la lucha contra la impunidad de los Estados que la vulneran. Frente a la elección del próximo o la próxima Secretario o Secretaria General de Naciones Unidas es más necesario que nunca que alcemos la voz para preservar el sistema que dio vida a la organización y que se erige como la única y más efectiva barrera frente a la barbarie.
Diego Gómez Pickering
