Diego A. Sánchez-Labrador
/ Pensemos en una empresa familiar mediana en cualquier corredor industrial del país. Puede fabricar envases para la agroindustria, componentes electrónicos, insumos químicos o prendas para una marca que exporta. Durante años su relación con el comercio exterior fue mayormente indirecta: vendía a un cliente que exportaba, y era ese cliente quien se ocupaba de las reglas de origen. Hoy esa empresa está en el centro de dos negociaciones simultáneas.
La primera es la que México sostiene consigo mismo. El Plan México se propone que al menos la mitad del contenido de lo que compra el gobierno federal sea de origen nacional, elevar en 15 % el contenido nacional en cadenas globales de valor y ampliar el acceso a financiamiento de las PYMES. Para esa empresa, el Plan México es una oportunidad concreta de crecer: sustituir insumos que hoy se importan, venderle al Estado y acceder a crédito y a estímulos a la inversión.
La segunda ocurre en la mesa trilateral. El 1 de julio, la revisión conjunta del artículo 34.7 del TMEC concluyó sin que las Partes confirmaran la prórroga del tratado; el acuerdo sigue vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales, con una negociación orientada hacia reglas de origen más estrictas y mayor contenido estadounidense en sectores clave.
Ambas agendas llegan a la misma planta con una exigencia común. El cliente exportador, que certifica el origen conforme al articulado del Tratado vigente y responde ante una verificación del mismo, debe demostrar que cada mercancía cumple la regla del capítulo 4, sea un cambio de clasificación arancelaria o un valor de contenido regional. Para lograrlo pedirá a toda la cadena de suministro (sus proveedores) expedientes de origen, trazabilidad de insumos y evidencia de cumplimiento laboral conforme al capítulo 23. Son requisitos que presuponen un gobierno corporativo que muchas empresas familiares todavía no tienen, y esa misma carencia es la que le cierra el acceso al crédito y a los beneficios que el Plan México busca otorgar.
Por eso el Plan México se ejecutará en la medida en que cada actor asuma la parte que le corresponde. Al gobierno le toca coordinar sus instrumentos con el capítulo 25 del TMEC, dedicado a las PYMES, hasta ahora poco aprovechado, y vincular el financiamiento a la institucionalización de las empresas. La banca puede reconocer el cumplimiento documentado como un criterio de crédito, y las grandes exportadoras tienen más que ganar acompañando a sus proveedores nacionales que sustituyéndolos ante el primer requerimiento. Quienes asesoramos a empresas tenemos la tarea de traducir las reglas del tratado en procesos que una empresa mediana pueda sostener. La propia PYME, por su parte, encontrará en el orden documental su mejor carta comercial. Si esas piezas se alinean, la revisión anual del TMEC dejará de leerse como amenaza y las PYMES podrán demostrar, con papeles en regla, que lo que produce está hecho en México y aprovechar realmente el Plan México.
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