Luis Rubio
Afirma la presidenta que la decisión de mover vuelos del aeropuerto de la ciudad de México al AIFA no fue política. Ciertamente, la decisión puede no haber sido intencionalmente concebida para afectar los intereses de algunas líneas aéreas; también, es perfectamente plausible que al entonces presidente ni siquiera se le hubiera ocurrido que, con esa decisión, se estaban violando las reglas que rigen el tratado bilateral con nuestros vecinos. Y ese es el punto: cuando la arbitrariedad se convierte en norma, todo parece posible, incluso violar los principios más elementales de la convivencia social y del funcionamiento de la política y la economía.
Todavía peor, cuando la arbitrariedad y la indolencia son aceptados como práctica común y legítima, todos los actores sociales la hacen suya. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia anunció que “analiza revocar fallos de antecesores,” queriendo decir que algo que ya fue juzgado puede ser nuevamente reabierto o, como en el caso de la ley de amparo, que la retroactividad es permisible. Paso a paso, la 4T avanza hacia el desmantelamiento no sólo de las normas e instituciones que existían, sino de los elementos que hacían funcionar al país. A nadie debería sorprender que, en ese contexto, es absurdo esperar que crezca la inversión que el país tanto necesita y que el gobierno dice querer.
Los abogados emplean el concepto de “pacta sunt servanda,” término de derecho romano que implica que se debe cumplir con los acuerdos que han sido firmados. Sin embargo, desde 2018 el gobierno mexicano se ha dedicado a violar el tratado de libre comercio de Norteamérica, el TMEC, sin siquiera percatarse de ello. Fue así como se prohibió la importación de ciertos productos agrícolas, se pararon proyectos de inversión en energía, se impusieron nuevas regulaciones en telecomunicaciones y se modificaron los criterios con que se determinan los llamados créditos fiscales (lo que un causante supuestamente le debe al fisco). Lo mismo ocurrió con el caso de los aeropuertos cuando el expresidente decidió forzar a las aerolíneas a mudarse de aeropuerto para justificar su decisión inapelable de cancelar el aeropuerto de Texcoco que ya iba muy avanzado, a favor de otro que a nada ni a nadie satisfacía. Todo por una decisión absolutamente política.
Las leyes, al igual que los contratos y los tratados internacionales, son siempre producto de una negociación. El canciller prusiano Otto von Bismark acuñó aquella famosa frase de que “las leyes son como las salchichas. Mejor no ver cómo se producen.” El congreso de una nación es un espacio (supuestamente) deliberativo donde se exponen diversos puntos de vista y se manifiestan intereses encontrados para eventualmente arribar a un texto que satisfaga las necesidades de la sociedad. En los tratados internacionales se sigue el mismo principio, lo que implica costos y beneficios: siempre hay ganadores y perdedores. Quienes promueven esos acuerdos tienen como objetivo y principio de acción el de lograr el mayor beneficio para la colectividad.
El TLC norteamericano es un ejemplo exitoso de una negociación que implicó un reacomodo de la economía mexicana. Algunos sectores y empresas resultaron ganadores y se han convertido en la espina dorsal de la economía mexicana, al grado que incluso los críticos de aquel tratado (incluyendo a muchos de quienes hoy gobiernan) reconocen su importancia y trascendencia para México. Donde el país ha fallado es en crear condiciones para que aquellos que no se subieron al carro de la parte exitosa de la economía pudiesen adaptarse y ser parte de esa economía ganadora.
De ahí que siga habiendo protestas y reclamos por parte de productores agrícolas y otros afines que, en lugar de ajustarse, utilizan medios “alternativos” -como el bloqueo de arterias urbanas críticas para el resto de la sociedad- para lograr satisfacción a sus demandas por la vía política. Para un campesino pobre los reclamos son desde luego legítimos, pero las protestas constituyen una reprobación a todos los gobiernos de los últimos treinta años que han sido indiferentes o, en el mejor de los casos, incapaces, de desarrollar estrategias de ajuste económico y educativo no para satisfacer ideologías, sino para darle herramientas a toda la población para ser exitosa en la vida.
Cuando un gobierno, y crecientemente el país, cae en el reino de la arbitrariedad, no hay límite alguno. Las reglas -leyes, tratados, instituciones- tienen por objetivo establecer el marco de acción dentro del cual interactúan los actores sociales, económicos y políticos. Cuando se violan o eliminan esas reglas, se abre la caja de Pandora. El gobierno toma decisiones para satisfacer intereses o criterios ideológicos y clientelares; cada grupo con algún poder comienza a exigir beneficios particulares; y, poco a poco, se erosionan los fundamentos de la convivencia social. No hay nada más pernicioso que la arbitrariedad para el “gobierno” de un país.
Nadie mejor que Cantinflas para explicar lo que todo esto implica: “Me va usté a perjudicar por qué, ultimadamente pos con qué derecho, qué arbitrariedad o qué, pos si estamos en un pais donde el que ciudadano como, como quien dice… y además es un pais de, de régimen democrático ¿Usté sabe lo que es democracia?”
