Giorgio Franyuti
/ En los próximos meses, los países se reunirán en Naciones Unidas para la penúltima Reunión de Alto Nivel sobre VIH antes de concluir con la Agenda 2030. En teoría, estos encuentros sirven para monitorear el avance y renovar compromisos, así como acelerar el camino hacia el fin del SIDA como amenaza de salud pública. Pero esta vez el contexto es distinto. Y es preocupante.
Después de más de dos décadas de avances, la respuesta global al VIH atraviesa uno de sus momentos más frágiles.
No se trata solo de cifras o metas internacionales. En el terreno, esto se traduce en clínicas que reducen servicios, programas comunitarios que desaparecen y pacientes que ya no tienen la misma certeza de acceso a tratamiento y/o prevención. Para millones de personas, la continuidad de la atención no es un tema político: es la diferencia entre vivir o morir.
Una gran parte del problema es financiero. Programas que han sido pilares de la respuesta global como PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para hacer frente al SIDA por sus siglas en inglés), USAID, Fondo Mundial y otros mecanismos de cooperación internacional hoy enfrentan incertidumbre, recortes, reorientaciones o cierre total. Muchos países medianos y bajos ingresos dependen de estos fondos para sostener tratamiento antirretroviral, pruebas, prevención y acompañamiento comunitario. Cuando ese financiamiento tiembla, todo el sistema se vuelve vulnerable.
Al mismo tiempo, en el marco de la iniciativa UN80, están sobre la mesa propuestas que podrían transformar drásticamente el rol de ONUSIDA. En la práctica, esto ya se traduce en grandes reducciones de personal y de presencia en terreno, y existe la posibilidad de que su mandato actual, como programa especializado en la respuesta al VIH, se integre en otras oficinas de la ONU como la OMS y deje de existir como entidad autónoma hacia 2027.
Esto no es un ajuste administrativo menor: ONUSIDA ha sido la pieza central para coordinar la respuesta global al VIH, recolectar datos, exigir rendición de cuentas y mantener la visibilidad y voluntad política en la lucha contra el VIH/SIDA. Su desmantelamiento o absorción en estructuras más amplias corre el riesgo real de que las necesidades específicas de quienes viven con VIH sobre todo en regiones con epidemias dinámicas y desigualdades profundas se diluyan entre una agenda más amplia y competida, así mismo, ONUSIDA siempre ha puesto a las comunidades al frente de la respuesta contra el VIH, mientras que los mecanismos de participación activa de la sociedad civil organizada como la OMS son ampliamente burocráticos, restrictivos, sistemáticamente limitativos y obstaculizan la participación equitativa de las minorías y países de bajos ingresos dificultando que las voces de las personas viviendo con VIH se escuchen, se tomen en cuenta y sirvan para coaccionar soluciones intersectoriales.
Desde Medical Impact trabajamos en contextos de marginación y difícil acceso. Ahí es donde estas decisiones globales se sienten primero. Las poblaciones más afectadas: mujeres, jóvenes, comunidades clave son también las que menos margen tienen para absorber retrocesos. Cuando falla la prevención, aumenta la transmisión. Cuando se interrumpe el tratamiento, crece la mortalidad. Cuando se reduce el trabajo comunitario, la gente simplemente deja de llegar a los servicios.
La próxima reunión de alto nivel debería ser un último llamado de alerta, no una ceremonia diplomática más. El mundo aún puede controlar la epidemia, pero eso exige compromiso político real y financiamiento sostenido.
Retroceder ahora no sería solo un error estratégico. Sería una decisión con consecuencias y costo que se paga con vidas humanas.
Porque el VIH no desaparece cuando deja de ser prioridad. Solo se vuelve más silencioso y desigual.
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