Fernando Núñez de la Garza
/ La economía mexicana no solo no despega, sino que comienza a contraerse. Los cambios políticos impulsados por Morena son, con mucho, la principal causa de la debacle que se avecina. Esas mismas políticas serían aprobadas por innumerables movimientos populistas, pero rechazadas por los partidos de izquierda más reconocidos en Europa y en América Latina.
El proyecto económico de Morena no es de izquierda. Al menos, no es un proyecto que reconocerían las izquierdas escandinavas, constructoras de los modernos Estados de bienestar (en otros países europeos —como en Alemania e Italia— fueron las derechas quienes los construyeron). Como comenta el intelectual estadounidense Fareed Zakaria, las llamadas “economías de mercado social” en Escandinavia se basan en mercados laborales altamente flexibles, combinados con robustas redes de seguridad social (le denominan al modelo “flexicurity”). Son economías muy abiertas al libre comercio, en las que se pagan altas tasas impositivas. Sin embargo, gran parte de la recaudación proviene de las clases bajas, medias y medias altas –que pagan una tasa de IVA de alrededor del 25%– porque sería imposible sufragar el modelo solo con las clases altas. Hay más billonarios per cápita en Suecia y Noruega que en Estados Unidos.
En México, se han implementado políticas contrarias a las economías de mercado social escandinavas. No se han construido redes de seguridad social; basta recordar la destrucción del sistema público de salud, del programa de guarderías infantiles y de las escuelas de tiempo completo. Lo que sí se construyó fueron programas sociales sumamente clientelistas, manejados por un partido político, a los que se les quitaron sus condicionamientos y que, crecientemente, resultan fiscalmente insostenibles. Por otra parte, aunque muchos de los liderazgos de izquierda que inicialmente se opusieron al TLCAN acabaron apoyando el TMEC, el mayor intervencionismo en materia energética, la destrucción de los organismos reguladores y la captura del Poder Judicial harán aún más difíciles las negociaciones con Estados Unidos. Y, ciertamente, no hubo una reforma fiscal profunda en el país, a pesar de la raquítica recaudación pública —17,7 % del PIB, en comparación con el 21,3 % en América Latina y el Caribe—, aunque sí exprimieron a numerosos contribuyentes cautivos.
El nuevo modelo económico mexicano tiene una lógica política, no económica, y se basa en la concentración de poder. Por ello, López Obrador canceló el NAIM al inicio de su sexenio y comenzó el declive de la inversión, con lo cual la economía creció solo 0,8% anual en promedio. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la reforma judicial y la inversión cayó aún más, por lo que la economía creció solo 0,8% en su primer año de gobierno y se contrajo 0,6% el primer trimestre de este año. Y por ello, el Índice de Confianza Empresarial del INEGI lleva 14 meses consecutivos en terreno pesimista, mientras el Banco de México advierte de un clima de debilidad económica “más profundo de lo esperado”.
“Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca”, declaró reiteradamente el expresidente López Obrador. No solo la salud pública en México está aún más lejos de Dinamarca, sino que todo el sistema económico mexicano está aún más lejos del Estado de bienestar escandinavo que tanto dicen admirar.
