Fernando Núñez de la Garza
El común denominador de muchos de los problemas nacionales se resume en una palabra: patrimonialismo. Desde el crimen organizado, pasando por los monopolios económicos y hasta los partidos políticos y el gobierno como negocios, el patrimonialismo imperante en México es reflejo de un país que no ha podido alcanzar la modernización. Las políticas del partido en el poder solo lo han exacerbado.
“El cambio histórico del patrimonialismo a la burocracia es la transformación organizacional clave de los últimos mil años”, declaró el reconocido sociólogo estadounidense, Randall Collins. El patrimonialismo clásico, comenta el autor, era una organización basada en el hogar privado, que ejercía poder político a través de las lealtades personales y con mucha discrecionalidad arbitraria. Sin embargo, no solo se basaba en lazos familiares, sino en relaciones personales más amplias, donde la dependencia material del jefe político era esencial. Inevitablemente, la creación del Estado moderno trajo consigo el debilitamiento –más no la completa destrucción– de la organización patrimonialista, donde “la lealtad personal es reemplazada por la adhesión impersonal a los deberes y objetivos abstractos de la organización y la posición de uno dentro de ella.” Entre más Estado, menos patrimonialismo y más desarrollo. Entre menos Estado, más patrimonialismo y menos desarrollo.
En México, los partidos políticos se han convertido en organizaciones patrimonialistas. Sus reglas internas son violadas constantemente –o aprueban nuevas reglas a modo– para que los mismos grupos políticos se mantengan en el poder, accediendo a cuantiosos recursos públicos que resultan altamente opacos. No sorprende entonces que los institutos políticos gocen de algunos de los peores niveles de confianza entre la sociedad, y que la democracia constitucional mexicana haya fallecido. Pero también el gobierno se ha convertido crecientemente en víctima de la política patrimonialista: ahí tenemos los innumerables despidos de cuadros burocráticos; el nombramiento en puestos claves de personas cercanas al Poder Ejecutivo sin experiencia alguna, pero con lealtad de sobra; los nombramientos ad hoc sin estar establecidos en ley; y los continuos escándalos de corrupción de familiares y amigos cercanos al poder. Tenemos un Estado cada vez más débil y más capturado por familias políticas. La capacidad de respuesta gubernamental será progresivamente peor, con la inevitable inestabilidad económica y social.
Si los partidos políticos y el Estado mexicano están crecientemente colonizados por la política patrimonialista (por familias, que dependen de relaciones personales, y no por individuos, regidos por reglas), sucede algo muy parecido en el sector privado con los empresarios… y el crimen organizado. Son un puñado de empresarios los que manejan una parte considerable de la economía nacional, la cual se encuentra sumamente monopolizada, afectando el bolsillo de los consumidores mexicanos. La administración pasada y esta los han favorecido ampliamente al mantener tasas marginales de impuestos bajas, eliminar los organismos constitucionales autónomos que los regulaban -a través de reglas y burocracias- y otorgarles numerosos contratos públicos. Peor aún, algo de eso hubo con el crimen organizado, la organización patrimonialista paradigmática, ante el retraimiento del Estado: porque donde no hay Estado, inevitablemente surgen las familias criminales de todo tipo.
La política patrimonialista impide el progreso del país. La vemos en el sector público, en el privado, y con el crimen organizado. Por lo pronto, crecen las protestas sociales y, mucho indica, solo seguirán aumentando.
