Carlos Heredia
/ Desde que el gobierno de Donald Trump etiquetó a los migrantes como ‘criminales que amenazan la seguridad nacional’, 17 mexicanos han muerto –14 bajo custodia de la policía migratoria ICE y 3 más que fueron prácticamente ultimados en redadas.
El gobierno de México ha anunciado que iniciará acciones de investigación:
- Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos;
- Denuncias ante fiscalías estatales;
- Acciones civiles de cese y desistimiento;
- Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No sé qué tanto estas acciones podrían conducir a demandas judiciales eficaces contra las autoridades estadounidenses, pero creo que el Departamento de Justicia no va a ir contra ICE. De cualquier manera, las medidas son bienvenidas.
Fueron muy importantes las demandas del gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, aun si fueron desechadas por las cortes estadounidenses. Washington persigue a los cárteles en México, pero al mismo tiempo los pertrecha al permitirles de facto un suministro abundante de armas letales. Quedó sentado un mensaje político directo: esto es inaceptable y es muestra de la hipocresía de algunas autoridades estadounidenses.
Palacio Nacional ha subrayado una y otra vez: ‘lo que no se nombra, no existe’. Nombro aquí a los 17 compatriotas fallecidos, y el estado en que murieron o fueron ultimados:
Gabriel García Avilés, Jaime Alanís, Ismael Ayala Uribe, Alberto Gutiérrez Reyes y José Guadalupe Ramos Solano, en California; Miguel Ángel García Hernández y Lorenzo Salgado Araujo, en Texas; Silverio Villegas, en Illinois; Oscar Rascón Duarte, en Arizona; Jorge Avellaneda Delgado, Jesús Molina Veya y Heber Sánchez Domínguez, en Georgia; Royer Pérez Jiménez, en Florida; Alejandro Cabrera Clemente, en Louisiana; Leo Cruz Silva, en Missouri; Lorenzo Antonio Batrez Vargas y Lorenzo Jiménez, con información pendiente.
A estos casos se suma el del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero. James Talarico, el candidato demócrata al Senado de EU, lo describió así: "Una niña de 3 años vio cómo el ICE asesinaba a su padre ayer. Todos vimos los momentos finales de Sebastián Guerrero a través de nuestros teléfonos. Nosotros podemos deslizar la pantalla y alejarnos, pero la hija de 3 años de Sebastián no puede".
Me surgen estas preguntas:
A) Se opta por no entregar a Rocha Moya y a otros 9 funcionarios señalados por vínculos con el narcotráfico, incumpliendo el tratado de extradición con EU. ¿Acaso las autoridades estadounidenses colaborarán con México en los casos de las muertes de migrantes?
B) Reconozco el gran trabajo del personal local de protección en nuestros consulados, pero ¿estamos ante acciones coyunturales producto del enojo por los casos Rocha y Zambada, o se trata de un cambio de política, un auténtico compromiso de fondo y de largo plazo de Palacio Nacional y la SRE con los migrantes para que se haga justicia?
C) ¿Y las víctimas en México? El gobierno pide a la ONU que intervenga por los mexicanos muertos en EU, ¿pero al mismo tiempo rechaza su apoyo para esclarecer las desapariciones forzadas en territorio nacional?
Se estrecha el margen de maniobra. México tiene que actuar contra la narcopolítica y defender a nuestros compatriotas migrantes, no porque EU nos arrincone, sino porque nuestras leyes lo exigen y porque hacerlo está en nuestro propio interés nacional.
Carlos Heredia Zubieta
