Fernanda Ríos Herrera
/ El oro ilícito se ha consolidado como pilar financiero del crimen organizado transnacional en América Latina, superando incluso a mercados tradicionales como el narcotráfico y el tráfico de personas. Detrás de esta economía criminal existe un componente menos visible pero igualmente importante: el tráfico de insumos químicos esenciales para la extracción del oro, en particular el mercurio.
Este fenómeno responde a varios factores. La concentración importante de depósitos del mineral, aunado con el alza sostenida de su precio, impulsada por la incertidumbre geopolítica ha incrementado su atractivo. A ello se suma el endurecimiento de las políticas contra la migración irregular y las drogas, lo que ha llevado a organizaciones criminales a diversificar sus fuentes de ingreso hacia actividades con altos rendimientos y menor riesgo relativos. En este contexto, el oro ilícito se ha posicionado como una alternativa estratégica, impulsado por el suministro de mercurio y cianuro.
El mercurio ocupa un lugar central en la minería artesanal y de pequeña escala, donde permite separar el oro de otros sedimentos. Esta dependencia ha generado un mercado ilícito lucrativo en torno a su producción y contrabando. A pesar de mecanismos internacionales como la Convención de Minamata de 2013, la demanda de mercurio ha crecido junto con la expansión de la minería ilícita de oro.
Los carteles mexicanos han identificado el control de precursores químicos como una oportunidad clave. Históricamente, México ha sido uno de los principales productores y proveedores de mercurio a nivel global. En años recientes, esta posición ha sido explotada por organizaciones criminales para consolidar su presencia en zonas de extracción y rutas de contrabando. El Cartel Jalisco Nueva Generación ha logrado controlar algunas de las principales minas de mercurio, mientras que el Cártel de Sinaloa ha expandido su influencia hacia el comercio de otros insumos como el cianuro, usado en operaciones de mayor escala.
El destino y uso principal de estos químicos es la minería ilícita en Sudamérica, especialmente en la Amazonia. El uso de mercurio en la minería ilícita de oro genera graves impactos: contaminación en ríos y suelo y riesgos para la salud humana, particularmente para comunidades indígenas y poblaciones cercanas a zonas mineras. Además, estas actividades intensifican la deforestación, la ocupación ilegal de territorios y la proliferación de economías criminales asociadas como el lavado de dinero, explotación sexual y abuso sistemático.
El tráfico de mercurio no es un fenómeno aislado, sino un componente esencial del crimen organizado en América Latina. La capacidad de los cárteles para integrarse a este mercado refleja no solo su adaptabilidad, sino su creciente internacionalización. No basta con combatir la minería ilícita en el sitio de extracción, sino también intervenir los mercados de los precursores que sostienen estas actividades.
Columna Invitada
