Fernando Núñez de la Garza
/ El país se encuentra en un proceso de decadencia política. Resulta imposible que no sea así ante la destrucción institucional por la que atravesamos y el aumento del malestar social. Una destrucción que probablemente no veíamos desde tiempos de la Revolución, y un malestar que posiblemente acabará asemejándose a lo ocurrido en la década de los ochenta.
La participación política y el desarrollo político son conceptos distintos. Que haya una mayor participación política no se traduce necesariamente en un mayor desarrollo político e, incluso, ambos pueden entrar en conflicto, de acuerdo con el fallecido académico de la Universidad de Harvard, Samuel P. Huntington. La participación política se refiere al derecho a votar y ser votado, a pertenecer a partidos políticos, a manifestarse públicamente. Pero el desarrollo político está asociado a la construcción institucional: desde el propio aparato administrativo del Estado, pasando por las organizaciones que regulan las elecciones, hasta los partidos políticos mismos. ¿Cuándo la CNTE toma las calles, cuando las madres buscadoras buscan a sus desaparecidos o cuando los transportistas toman las carreteras, significa que tenemos un mayor desarrollo político? Al contrario: son manifestaciones crecientes de un menor desarrollo político.
La regresión en el desarrollo político del país ha sido significativa en los últimos años. Si en las últimas décadas del siglo pasado la creciente participación se acompañó de un mayor desarrollo político, con instituciones como el IFE, la CNDH, la autonomía del Banco de México y la independencia del Poder Judicial, hoy el autoritarismo del oficialismo se ha acompañado de la destrucción institucional. Los mecanismos de tal destrucción han sido dos: la desaparición (PF, INAI, INEE, IFETEL, COFECE, CONEVAL) y la captura institucional (INE, CNDH, TEPJF, SCJN). Por si fuera poco, muchas instituciones continúan debilitándose ante la creciente asfixia presupuestal, mientras muchos procedimientos administrativos que daban certidumbre y estabilidad han sido destruidos o mermados: pensemos en la elección de juzgadores, en las reformas a la ley de amparo, en los exámenes de evaluación docente y estudiantil, o en los mecanismos de acceso a la información para los ciudadanos.
El desarrollo político trae estabilidad política, según Huntington. Lo anterior es así porque las demandas sociales encuentran cauce en las instituciones. Sin embargo, los problemas se agravan cuando las demandas no encuentran respuesta ante la incapacidad institucional. ¿No es eso lo que hemos visto con la CNTE, las madres buscadoras, los transportistas, los agricultores, las feministas y un etcétera creciente? Por ahora, ciertos sectores de la población están tranquilos ante los incrementos del salario mínimo y los programas sociales, pero ¿qué sucederá cuando ya no sean suficientes y la economía continúe estancada, como ocurrió en Brasil con Rousseff o en Colombia con Petro? Es en estos contextos donde siempre se recurre al discurso fácil del nacionalismo. Y, por ello, no debe sorprender el viraje discursivo de la presidenta frente a Estados Unidos.
Ante una coyuntura cada vez más problemática, habrá más malestar y más movilizaciones sociales. El gran problema será la falta de respuesta del Estado mexicano, con menos instituciones, menor legitimidad y mayor corrupción. En ese estado de decadencia política, el reto mayúsculo no será poner fin a la hegemonía de Morena, sino la construcción institucional que vendrá después.
