COMEXI

Luis Rubio

/ Entre vecinos, como en los matrimonios, la paz requiere trabajo continuo. Este principio de convivencia es aplicable a nuestros países que desde hace décadas optaron, primero de facto y luego a través de acuerdos formales, por aprovechar la vecindad para multiplicar los beneficios de la cercanía. En estos tiempos de tensión, parte por la retórica de unos y las violaciones a esos acuerdos de otros (en ocasiones los mismos), resulta evidente que la paz -y los beneficios- sólo pueden lograrse mediante la existencia de reglas explícitas que se hacen cumplir.

No es necesario remontarse a la invasión estadounidense de 1847 para observar una historia de complejas interacciones que incluyen comercio, tránsito de personas, venta de armas (en una época de sur a norte, estos días en sentido contrario), drogas, acuerdos en materia de aguas, ecología, inversión, drenajes y un sinnúmero de otras cosas que son inevitables entre dos naciones tan distintas y, a la misma vez, tan cercanas y que experimentan una imparable integración tanto humana como económica.

La retórica sugeriría que hay una contradicción entre la intensa interacción económica que caracteriza a las dos naciones y la retórica norteamericana, especialmente respecto a la migración y la presencia de un amplio número de extranjeros, muchos de ellos mexicanos, viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Yo no veo contradicción alguna.

La existencia de acuerdos formales y debidamente ratificados por los respectivos cuerpos legislativos, notablemente el TLC, expresa el reconocimiento de ambas sociedades sobre la necesidad de establecer reglas para normar esa interacción, a la vez de darle curso y viabilidad. Por su parte, la inexistencia de reglas similares en materia migratoria, asunto típicamente unilateral y soberano de cada nación, constituye una evidente e inexorable fuente de controversia y disputa política.

En los tempranos noventa, México y Estados Unidos elaboraron reglas de convivencia que facilitaron un creciente intercambio comercial a la par con flujos de inversión que acabaron desarrollando una imponente planta manufacturera y una imparable interdependencia entre las dos naciones. Son cada vez más los bienes y sectores que interactúan y que dependen de intercambios entre las tres naciones de Norteamérica para el funcionamiento de la vida cotidiana.

Lamentablemente, en paralelo con ese extraordinario dinamismo económico, se permitieron y hasta se fomentaron, desde ambos lados, medidas irregulares que violaban las reglas acordadas en los tratados formales o, simplemente, se cerraron los ojos ante el crecimiento de intercambios flagrantemente violatorios de las leyes y reglamentos existentes. No hay mejor ejemplo de esto que el contraste entre las reglas que norman el comercio entre las naciones signatarias y la forma en que opera, en el plano de la realidad, el mercado laboral. Estados Unidos no ha protestado las múltiples violaciones que el gobierno mexicano le ha infligido al tratado, en tanto que el candente asunto migratorio se esquiva con retórica, persecuciones y desdén por sus consecuencias económicas.

Por el lado de la inversión y el comercio las reglas son estrictas y (casi siempre) se hacen cumplir; sin embargo, por lo que toca al mercado laboral, los americanos no han sido capaces de legislar en materia migratoria, tanto para las visas de personal altamente calificado, especialmente en el sector tecnológico (H1b), como para la mano de obra de la cual dependen sectores enteros: desde la agricultura hasta los servicios, e incluyendo diversos sectores industriales y la construcción. Este asunto involucra a muchos mexicanos, pero abarca a personas de todas las nacionalidades.

Un principio elemental de los migrantes que ofrecen su mano de obra es que responden a la demanda de fuerza laboral y no tienen mayores opciones: migran desde los lugares más remotos del orbe porque saben que hay oportunidades, es decir, responden ante una realidad económica que el aparato político estadounidense no ha reconocido de manera formal, pero -hasta recientemente- había aceptado por la demanda de los empleadores que enfrentan permanente escasez de trabajadores. Inevitable la dislocación política que esto generó sin encararse, hasta que triunfó un candidato decidido a hacerlo de manera violenta, pero sin ofrecer una solución económicamente viable.

El resultado es que el mercado laboral real ha funcionado, pero ante la realidad política actual demanda una definición integral para la cual no ha habido capacidad de atender. Por otra parte, quienes creen que es factible un divorcio entre las dos naciones viven sueños guajiros de soberanía y autosuficiencia cuando lo que se requiere es diálogo y programas conjuntos para resolver los ingentes problemas de la relación, pero sobre todo de la seguridad y la parálisis económica mexicana.

El statu quo es insostenible porque es la causa de la reacción visceral en ambos países, que nos ha retrotraído a donde nos encontramos y que se traduce en propuestas extremas de solución. La única forma de combatirlas es con estrategias conjuntas, producto de la interacción política y diplomática que parta del imperativo que produce la vecindad: convivencia pacífica en la que cada quien pone de su parte. Como en los matrimonios exitosos.