/ Históricamente, México ha defendido la existencia de un sistema internacional basado en reglas e instituciones que garanticen paz, seguridad y desarrollo en el mundo. Por ello, no es sorpresa que, mientras la Organización de las Naciones Unidas atraviesa su proceso de reformas más profundo desde su fundación, México esté en la batalla por el futuro de la organización.
/ Pocos conceptos han conquistado tan rápido la agenda tecnológica global como el de soberanía en la inteligencia artificial (IA). Aparece en planes nacionales, cumbres diplomáticas, foros internacionales y documentos de política pública con una frecuencia que sugiere consenso. Sin embargo, aunque para muchos gobiernos se ha convertido en un asunto de Estado, sigue sin existir acuerdo sobre qué significa realmente.
El problema es que, pese a su popularidad, sigue siendo un concepto ambiguo. Suena muy bien en el discurso político, pero rara vez queda claro qué implica en la práctica. Parte de esta narrativa responde a una preocupación legítima sobre la creciente dependencia a un número reducido de proveedores, concentrados además en unos pocos países, y a la necesidad de reducir riesgos (ya bien documentados) sobre el desarrollo y uso de estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de soberanía de la IA ¿de qué hablamos exactamente? ¿De desarrollar todas las capas de un sistema dentro del propio país? ¿De tener capacidad regulatoria y de gobernanza? ¿O simplemente de reducir la dependencia tecnológica de terceros?
Ante la falta de consenso cada país lo interpreta a su manera. En América Latina tenemos ejemplos ilustrativos. Chile le ha apostado al desarrollo de un modelo de lenguaje regional con “Latam-GPT”. La iniciativa busca construir una infraestructura capaz de reflejar las realidades, identidades y diversidades culturales de la región. Aunque es verdad que difícilmente competirá en escala o adopción con modelos globales como lo son ChatGPT, Claude o Deepseek, no hay que quitarle el crédito. Este tipo de iniciativas no solo buscan competir, buscan participar, desarrollar capacidades locales y reclamar un lugar dentro de la cadena de valor y de las conversaciones globales sobre IA.
Brasil, por su parte, se ha enfocado en la capacidad institucional y regulatoria. Su propuesta de regulación de IA guarda similitudes con el modelo de la Unión Europea, aunque incorpora diferencias importantes, particularmente en materia de flexibilidad, que reflejan un intento por equilibrar supervisión e innovación sin frenar la adopción tecnológica.
México parece avanzar en una dirección distinta, aunque complementaria. El reciente Plan Nacional de Inteligencia Artificial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones incorpora la soberanía tecnológica como uno de sus pilares estratégicos y la define como la capacidad de comprender, adoptar, auditar y orientar sistemas de IA. Más que apostar por una autosuficiencia tecnológica absoluta, el enfoque mexicano apunta hacia la construcción de capacidades de supervisión, adaptación y control sobre infraestructuras consideradas críticas.
A pesar de sus diferencias, estos enfoques presentan el mismo dilema de fondo: ¿cómo construir márgenes reales de autonomía en un ecosistema tecnológico profundamente interdependiente?
Ese es precisamente el reto estratégico que enfrenta la región. No se trata solo de decidir qué modelo adoptar, tampoco se trata de adoptar un concepto de autosuficiencia absoluta (siendo una meta poco realista) sino tener la capacidad de mantener cierto margen de control y toma de decisiones sobre el despliegue, uso y adopción de infraestructuras críticas de IA.
Dicho lo anterior, la soberanía en IA no se gana con un plan en papel, ni tampoco con narrativas vacías. Se construye en cada decisión sobre qué se regula, qué se financia, qué se audita y con quién se negocia. LATAM lleva décadas llegando tarde a las grandes transformaciones tecnológicas. Hoy todavía puede exigir un lugar en la mesa, pero para eso tendrá que entender que la soberanía tecnológica no consiste en hacerlo todo solo, sino en tener la capacidad de decidir sobre aquello de lo que inevitablemente dependemos.
/ La ONU, como institución, enfrenta grandes retos para conservar su relevancia como actor clave en la prevención, manejo y resolución de conflictos. El contexto actual se caracteriza por la multiplicación de conflictos armados y por la proliferación de mecanismos de mediación con niveles diferenciados de relevancia política y efectividad.
La acotación de la ONU “como institución” es clave. No se trata de una idea abstracta, sino de una estructura burocrática liderada por el Secretario General, en la que destaca el Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, que incluye a la Unidad de Apoyo a la Mediación.
Estas instancias realizan análisis de conflictos, alerta temprana y asesoría técnica a mediadores -generalmente enviados especiales- nombrados por el Secretario General o el Consejo de Seguridad. Sin embargo, su alcance está condicionado por el respaldo político y financiero de los Estados miembros.
En paralelo, se ha consolidado un verdadero “mercado de resolución de conflictos”, saturado y competitivo. Actores como Estados Unidos o coaliciones ad hoc intervienen con motivaciones claras y herramientas de presión directa. Sus procesos suelen ser rápidos y visibles, pero también responden a intereses geopolíticos específicos. El activismo de Washington en distintos conflictos ilustra esta lógica: capacidad de presión, acuerdos transaccionales y prioridad a resultados inmediatos.
A ello se suma el auge del mini-multilateralismo, es decir, coaliciones flexibles que operan fuera de marcos institucionales tradicionales. Estas fórmulas responden a la necesidad de rapidez y control político, pero también fragmentan los esfuerzos globales de mediación.
Frente a este panorama, la ONU enfrenta un problema estructural de recursos. Su financiamiento combina un presupuesto regular limitado con contribuciones voluntarias que sostienen buena parte de sus actividades de mediación. El fondo flexible destinado a estas tareas ronda los 30 a 40 millones de dólares anuales, con déficits cercanos al 30 por ciento. A esto se suman retrasos en el pago de cuotas y presiones políticas para reducir el gasto, que han derivado incluso en problemas de liquidez y recortes operativos.
El resultado es una paradoja: cuanto más complejos y numerosos son los conflictos, mayor es la demanda de la ONU, pero menor es el respaldo político y financiero que recibe para actuar. Se le exige resolver, pero no se le dota de las herramientas necesarias.
En este contexto, la relevancia de la ONU no radica en competir con mediadores estatales en poder político. Su ventaja comparativa es diseñar la arquitectura de la paz. Más que protagonizar iniciativas que acaparan reflectores, la ONU opera en el terreno menos visible pero decisivo: estructuración de procesos de negociación, redacción de acuerdos, diseño de arreglos de seguridad, apoyo constitucional e inclusión de actores marginados.
Es ahí donde su contribución resulta insustituible. La ONU no necesariamente cierra acuerdos, pero sí ayuda a que estos funcionen, se implementen y sobrevivan en el tiempo. En un entorno dominado por soluciones transaccionales, su capacidad técnica aporta sostenibilidad institucional.
La mediación internacional parece evolucionar hacia un modelo dual: los Estados negocian los términos políticos del acuerdo, mientras la ONU diseña su viabilidad. Este reparto de funciones no implica irrelevancia, sino reconfiguración.
De cara al futuro, el liderazgo de la Secretaria o Secretario General será determinante. Más que buscar protagonismo, deberá articular una división del trabajo clara con los Estados miembros y posicionar a la ONU como actor central en aquellos procesos donde se requiere neutralidad, legitimidad y capacidad técnica.
La ONU, como institución, no es irrelevante para la paz. Pero sigue atrapada en una brecha cada vez más difícil de sostener: se le exige más de lo que se le permite hacer. La próxima renovación de liderazgo abre una oportunidad real para romper esta inercia. De lo contrario, la comunidad internacional seguirá alimentando la paradoja de contar con una institución sobresaturada de demandas y expectativas, pero privada de los medios necesarios para cumplirlas.
Al proponer que Europa se aboque a crear su propia fuerza militar de disuasión, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, formalizó lo que parece un creciente sentimiento de desconfianza entre los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
/ La llegada de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la participación de Sheinbaum en la Cumbre Progresista en España marcan una tendencia sobre la política exterior: la alineación de la política exterior con la agenda de la Cuarta Transformación.
/ El expresidente López Obrador era un político autoritario con mucha autoridad. Sin embargo, su discípula y actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, está en el peor de los mundos. Porque ostenta el mismo autoritarismo que su padrino político, pero tiene muy poca autoridad política.
Comenzó sin autoridad y mucho indica que terminará sin ella. Jorge Castañeda señala que desde José López Portillo y hasta Felipe Calderón, el promedio de funcionarios públicos del gabinete ampliado que repitieron fue de cuatro; con Claudia Sheinbaum fueron al menos trece. Por otra parte, la agenda política autoritaria anunciada el 5 de febrero de 2024 por López Obrador ha sido la agenda puntual de la presidenta. Y si alguien cree que los nuevos nombramientos representan un rompimiento, que lo piense mejor: muchos de ellos han sido en puestos menores (Nadia López en la SEP), otros resultan intrascendentes (Roberto Velasco en la SRE) y en otros más están políticos lópezobradoristas (Ariadna Montiel en Morena, Ignacio Mier en el Senado). Muchos fueron previamente consensuados: “Ya hablé con quien tenía que hablar”, respondió Adán Augusto al salir de Palacio Nacional para, posteriormente, dejar la coordinación.
El desdén de la propia clase política de Morena y de sus partidos aliados ha persistido hasta hoy. Los lobos políticos le tomaron la medida a la jefa de Estado cuando se inclinó para besarle la mano a Manuel Velasco en plena toma de protesta presidencial: “Me besó en una mano, regresé (el beso)”, dijo ella. “Algo natural”, declaró. Quinientos años antes, el escritor florentino Nicolás Maquiavelo escribiría que “los hombres tienen menos reparo en ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer”. Con una coalición política tan vasta y tan poco institucional, los desafíos a su autoridad no se han hecho esperar: el propio Manuel Velasco retrasó su reforma para combatir el nepotismo hasta 2030; Ricardo Monreal se ha dedicado a diluir innumerables reformas presidenciales hasta el punto de la insipidez; y los desplantes de Adán Augusto han sido notorios. Nunca le habían dado la espalda a un jefe de Estado, y peor aún en un evento masivo. “Estaban distraídos”, declaró la presidenta.
¿Puede una jefa de Estado tan débil meter en cintura a los poderes fácticos que han rebasado al propio Estado que lidera? Un problema significativo es el debilitamiento del Estado mexicano ante las reformas de Morena: ahí están los recortes presupuestales, la desaparición de organismos autónomos y la captura de poderes e instituciones. ¿Quiere la presidenta combatir la corrupción? Imposible ante la desaparición del INAI y la falta de transparencia. ¿Quiere combatir la inseguridad? Imposible ante la desaparición de la Policía Federal y el traspaso de la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, donde un 80% de los miembros de la Guardia Nacional son militares y estos representan un cuasi-Estado dentro del mismo Estado. ¿Quiere romper con el capitalismo de cuates? Imposible ante la desaparición de los organismos autónomos y la captura del Poder Judicial. La presidenta no cuenta con las herramientas para hacer valer su autoridad. En muchas ocasiones, tampoco la quiere hacer valer.
Tenemos a una jefa de gobierno con pocos instrumentos para ejercer el gobierno. Una jefa de Estado con poca autoridad política. Y por ello, la ingobernabilidad en el país se vuelve cada día más evidente.
/ En el theatrum orbis terrarum hay desajustes y conflictos reales o potenciales. Estos eventos, que arriesgan la seguridad, resultan del deterioro de la arquitectura multilateral de la segunda posguerra y de los consensos políticos que hicieron del equilibrio del poder la fórmula para mantener la paz. En este entramado, donde no cabe la ingenuidad, el liderazgo de las potencias que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, se tradujo en las últimas ocho décadas en el reparto concertado del planeta, hasta que el sistema se fracturó tras el fin de la Guerra Fría y el colapso de la globalización. Hoy, en un teatro inédito, se cosechan los esfuerzos de distintas administraciones estadounidenses por distanciarse de los acuerdos fundacionales de Naciones Unidas.
Columna Invitada
