/ Son las siete de la tarde de un viernes de principios de enero y el termómetro aún marca 33 grados centígrados. Mientras el sol se pone al oeste, por detrás del cúmulo de modestos rascacielos del distrito financiero de la ciudad o CBD, por sus siglas en inglés, las adormecidas calles del barrio de Northbridge, con sus edificios de dos plantas, verandas y balcones de hierro forjado, comienzan a despertar.
/ Llegaron al gobierno seguros de que suyo es el futuro, que su auto imagen de pureza transformaría al país, atendiendo todas las lacras y carencias, las inmediatas y las históricas. No es que estuvieran descubriendo -o inventando- el agua tibia; más bien, como cuando arribo Fox y luego Peña, suponían que jamás podrían acabar siendo como sus predecesores. Pero siete años en el poder son reveladores no solo de la falsedad de sus premisas, sino también de la gravedad en que se encuentra el país. Paradójicamente, gracias a acciones de sus denostados “neoliberales” (especialmente el TLC), los costos de su mala gestión no les han explotado en la cara (como ejemplifica el tipo de cambio peso-dólar), pero eso no les ha impedido desafiar el destino todos los días.
Hay cinco factores que sugieren que la permanencia de Morena en el poder es más precaria de lo que pretenden sus integrantes, por más reformas electorales que emprendan o controles que impongan sobre el acontecer cotidiano. Cada uno de éstos erosiona no sólo su capacidad de acción, sino sobre todo ese halo de legitimidad con que llegaron y que pretenden es eterno y eso sin contar con la inseguridad que, si bien no comenzó con Morena, ciertamente fue exacerbada el sexenio pasado.
El primer factor es la corrupción. Como demostró el gobierno de Peña, nada deteriora tanto la credibilidad de un gobierno como esta lacra histórica. El país vive niveles nunca vistos de flagrante corrupción, pero ésta es distinta a la del pasado. La corrupción de antaño era como un popote que extraía rentas, pero no impedía el crecimiento de la economía. Hoy sólo prosperan quienes son parte integral de Morena o sus empresarios aliados. Todos los demás están excluidos, lo que explica la parálisis generalizada. Otra diferencia crucial es su absoluta impunidad (peor, purificada legitimidad), en buena medida porque los críticos de antaño, por ejemplo, de la era del zenit de la corrupción con Peña, están callados (o acallados) por su cercanía a Morena.
El segundo factor es la insostenible pirámide fiscal: es imposible preservar el nivel de transferencias sociales, clave para la estrategia política de Morena, sin crecimiento económico. El gobierno no tiene dinero (excepto lo que derivaba del petróleo), todo el resto proviene de los impuestos y, tarde o temprano, su crecimiento se agota en ausencia de actividad económica, en mucho consecuencia de la estrategia político-económica del propio gobierno.
Tercero, por más que el gobierno lo minimice, la tumultuosa redefinición institucional que emprendió a lo largo de su primer año (y lo que venga) tiene consecuencias que no se podrá quitar de encima. Todo en el país se ha visto y se verá impactado, de maneras distintas en cada ámbito de la vida y actividad, pero no hay forma de esquivar las implicaciones de la creciente concentración del poder, vigilancia digital, persecución política, ausencia de recursos legales y, sobre todo, impredecibilidad, todo lo cual conduce a una permanente incertidumbre.
Cuarto, las fracturas dentro de Morena son incontenibles y no pueden más que crecer y no hay posibilidad alguna de revertirlas, excepto si AMLO retornara de manera activa y permanente.
Finalmente, quizá la mayor de las lacras que limita el futuro de Morena es su congénita cerrazón para contemplar cualquier idea o posibilidad de error en sus postulados o a escuchar visiones alternativas. Saturados de dogmas y mitos, están estructuralmente impedidos para observar el panorama como es. La gran virtud de las democracias es precisamente la ausencia de verdades oficiales o mitos absolutos. La destrucción de la democracia mexicana tiene consecuencias…
Morena avanza, empuja y prosigue como si el único límite fuese el de su propia voluntad. Sin embargo, paso a paso va abonando el terreno para su eventual declive. Quizá no sobre recordar la forma en que Peña impuso su agenda sin el menor sustento popular, rebasando los límites de lo que entonces parecía aceptable, precipitando su estrepitosa caída. Sí, la presidenta es muy popular, pero esa popularidad se fundamenta en lo que Edna Jaime llamó “los beneficios visibles superan a los costos difusos,” es decir, las transferencias sociales. La popularidad es un gran activo, pero no ha impedido que millones de decisiones cotidianas preserven el estancamiento, que, tarde o temprano, cobrará su factura.
En el catálogo de Morena no está la posibilidad de perder el poder (casi como si reviviera Fidel Velázquez con aquello de que "por las armas llegamos y sólo por las armas nos quitarán"), pero, como dice Luis Farías Mackey, la presidenta se cura en salud cuando afirma que eso no va a pasar en México, “desdoblando su inconsciente [cuando]nadie le estaba preguntando eso.”
El gobierno actúa como si los recursos con que cuenta -financieros, políticos, institucionales- son ilimitados. Sin embargo, paso a paso va encontrando que, efectivamente, no hay tal cosa, y eso sin contar el embate que viene del norte.
Max Weber afirmó que la “política sin responsabilidad” conlleva consecuencias caóticas no intencionadas porque prioriza las intenciones y los ideales por encima de los resultados, que son lo único que, a final de cuentas, le importa a la ciudadanía. Por ahí vamos.
/ "¿A quién le vas a creer, a mí o a tus propios ojos?”. Esa es la pregunta que el cómico Chico Marx planteaba a sus interlocutores al ser sorprendido en una mentira y parece cada vez más la fórmula operativa de las autoridades migratorias estadounidenses, especialmente en lo que se refiere a las formas y tácticas usadas por la policía de Migración y Aduanas (ICE) para cumplir la tarea que le fue asignada: el arresto y deportación masiva de millones de inmigrantes indocumentados.
/ “La historia no se detiene por nadie.” La frase suena a consuelo, pero hoy funciona más como advertencia: estamos dejando atrás una época diseñada —política, económica e institucionalmente— para domesticar la incertidumbre. En el último cuarto de siglo, las sociedades y los Estados apostaron por un “orden basado en reglas” que prometía previsibilidad; no paz absoluta, porque la paz mundial siempre fue elusiva, pero sí una gramática compartida que redujera el margen de sorpresa. Ese andamiaje se está desgastando. Y el desgaste no se expresa solo como crisis coyunturales —una guerra aquí, una intervención allá—, sino como una policrisis estructural: una reconfiguración profunda de las bases históricas sobre las que se construyó el mundo que dábamos por sentado.
La palabra “policrisis” se usa a menudo como sinónimo elegante de caos. Es un error. La policrisis no son muchos problemas acumulados; es la coexistencia de transformaciones que se retroalimentan y que, juntas, cambian el sistema completo. Por eso el vértigo contemporáneo no viene solo de “lo que pasa”, sino de la sensación de que ya no sabemos “cómo funciona” el mundo. Ese desajuste entre expectativas y oportunidades —una de las versiones de lo que la teoría social ha llamado privación relativa— es el combustible emocional de nuestro tiempo: el sentimiento de que “el sistema nos quedó a deber”, que las promesas de ascenso, seguridad y dignidad fueron aplazadas indefinidamente para mayorías cada vez más impacientes.
Cuatro tiempos a la vez
Parte del desconcierto proviene de que vivimos en cuatro bandas temporales simultáneas: 1) en la larga duración se mueven estructuras civilizatorias, como formas de producción, organización social, tecnologías generales, incluso ideas de autoridad y legitimidad; 2) en la mediana duración ocurre el relevo de hegemonías, como potencias que ceden capacidad de ordenar y otras que ganan margen para disputar; 3) en la corta duración operan los ciclos políticos, económicos y tecnológicos que se notan en elecciones, recesiones, auges de inversión o estallidos sociales, y 4) la inmediatez —producto histórico del avance tecnológico y de la ubicuidad mediática— comprime la experiencia, es decir, todo sucede “en vivo”, todo parece definitivo, todo exige reacción inmediata, aunque sus causas sean lentas y sus consecuencias aún más lentas.
La confusión aparece cuando intentamos explicar procesos de larga duración con lenguaje de coyuntura o cuando confundimos la espuma de la inmediatez con el oleaje profundo. Un enfrentamiento fronterizo o incluso una pandemia pueden ser eventos enormes, pero su relevancia histórica se mide con otra vara: si aceleran o revelan cambios estructurales que ya venían en marcha.
Ese es el marco para entender el periodo que va del fin de la Guerra Fría hasta hoy: una secuencia de golpes que no solo dañaron piezas del sistema, sino que erosionaron la fe en el sistema mismo. Tras la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética y el ocaso del orden traído por la certeza de una tensión permanente y conocida, una serie de conflictos sacudieron al mundo que celebraba “el final de la historia”. De entre ellos destaca la guerra del Golfo, no solo porque fue la primera guerra del mundo posterior a la Guerra Fría, sino porque fue el laboratorio donde se volvió visible una nueva forma de hacer guerra: la de la información, la de las narrativas, la de las mentes. La imagen de periodistas embebidos en unidades operativas, transmitiendo en tiempo real, no fue solo un recurso mediático: fue una señal estratégica. A partir de ahí, todas las potencias —o quienes aspiraban a serlo— comenzaron a comprender una nueva dimensión de batalla: la esfera cognitiva, donde la percepción antecede a la decisión, y la decisión antecede a la acción.
El 11-S fracturó la sensación de invulnerabilidad de la superpotencia y dio paso a la “guerra contra el terrorismo”, una era de securitización mundial, expansión de aparatos de vigilancia y guerras prolongadas con resultados estratégicamente ambiguos. La invasión rusa a Georgia en 2008 —frecuentemente tratada como un episodio regional— fue en realidad otro aviso temprano: mostró que la fuerza podía reabrir fronteras políticas en el espacio postsoviético y anticipó el tipo de revisionismo que más tarde veríamos con mayor escala. La crisis financiera de 2008 no fue solo un colapso de mercados: fue un colapso de credibilidad. La narrativa de eficiencia y mérito que acompañó al capitalismo globalizado se vio contradicha por rescates, precarización y desigualdad. Después vinieron los síntomas sociales: Occupy Wall Street y su 99% vs. 1%; los chalecos amarillos en Francia; oleadas contra el poder establecido de distinta ideología; el ascenso de retóricas de agravio y pertenencia —MAGA (“Make America Great Again”), pero también Black Lives Matter— que, aunque divergentes, comparten un diagnóstico emocional: “esto no funciona para mí”.
En este punto suele decirse que “la democracia está muriendo”. La frase captura ansiedad, pero oscurece el fenómeno. Lo que vemos es más estructural: un desplazamiento en la forma en que las sociedades producen legitimidad, autoridad y obediencia. La democracia liberal —como combinación de representación, partidos, prensa, pesos y contrapesos, y un horizonte de progreso material— floreció y se amplió mientras funcionó relativamente bien, mientras pudo prometer movilidad social, construir clases medias y sostener un consenso mínimo sobre lo “normal”. Cuando el rendimiento de ese arreglo se estanca, la democracia no desaparece de inmediato; cambia de textura. Además, pierde capacidad de articular futuro y se vuelve, cada vez más, un procedimiento para administrar agravios presentes.
Ese cambio de textura es clave para entender por qué la erosión democrática no debe leerse como obituario, sino como síntoma de reacomodo de época. En transiciones históricas, las instituciones y formas no “mueren” porque sí: dejan de encajar con el tipo de sociedad, economía y ecología informativa que las rodea. Hoy, la economía precariza, la desigualdad se normaliza, la movilidad social se encoge y la identidad compite con el interés material como eje de la política. En ese entorno, el conflicto se intensifica y la democracia se vuelve campo de batalla donde se disputa qué cuenta como verdad, qué cuenta como pueblo y qué cuenta como pertenencia.
Estados Unidos: del arquitecto de reglas al actor de fuerza
La pérdida relativa de poder de Estados Unidos no es un derrumbe repentino; es un desgaste sostenido que se arrastra desde finales del siglo XX y que se acelera cuando el resto del mundo ya no concede legitimidad automática a reglas escritas desde Washington. El orden liberal se apoyaba en una promesa: apertura económica, expansión de derechos, instituciones multilaterales y democracia como horizonte. Esa promesa se ha agotado por dos vías. Primero, porque produjo ganadores y perdedores dentro de las sociedades, y los perdedores aprendieron a votar, protestar y bloquear. Segundo, porque el mismo sistema que decía universalizar reglas terminó viéndose como mecanismo de asimetrías: sanciones para unos, excepciones para otros; derechos humanos invocados selectivamente; mercados abiertos en el discurso y proteccionismo en la práctica.
En ese contexto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marca algo más que alternancia política: institucionaliza una lectura del mundo donde las reglas son instrumento, no marco; donde la certidumbre se sustituye por la ventaja, y donde la fuerza —económica, tecnológica, militar— vuelve a presentarse como fundamento último del orden. Es tentador reducir el fenómeno a personalidad o estilo, dejando de lado lo estructural. En sociedades saturadas de privación relativa, la promesa de “romper todo” deja de ser un escándalo y se convierte en oferta política; la destrucción de normas se vende como justicia correctiva.
La paradoja es que, al mismo tiempo que la superpotencia se muestra menos dispuesta a sostener el andamiaje multilateral, el mundo enfrenta problemas que solo pueden administrarse con coordinación: cadenas de suministro, pandemias, ciberseguridad, clima, migración. La pandemia fue un espejo brutal: evidenció capacidad científica, pero también un reflejo geopolítico primario —cada quien se salva a sí mismo— que debilitó la ilusión de comunidad internacional y aceleró el “sálvese quien pueda” como ética práctica.
China, Rusia y la India: multipolaridad sin manual y categorías mentales obsoletas
La policrisis también es un problema de percepción. Occidente tiende a pensar el poder con categorías creadas por Occidente: hegemonía, reglas, instituciones, democracia liberal como estándar. Pero el ascenso de China obliga a reconocer que el mundo puede ordenarse con lógicas distintas. Beijing es ya potencia económica y tecnológica, y la disputa por semiconductores e inteligencia artificial (IA) es, en realidad, disputa por la infraestructura del porvenir inmediato: quien controle esas plataformas controlará la productividad, la capacidad militar, la vigilancia y el ritmo de innovación. La pregunta no es solo si China remplazará a Estados Unidos, sino qué papel busca: ¿arquitecto alternativo de reglas, líder civilizatorio, o gran potencia pragmática que asegura márgenes sin cargar con costos de hegemonía? Incluso, ¿qué conceptos y categorías debemos utilizar para ponderar este futuro?
Rusia, por su parte, empuja explícitamente por un mundo multipolar en el que Estados Unidos ya no dicte las reglas del juego. La invasión a Ucrania —y la manera en que reconfiguró sanciones, gasto militar europeo, mercados energéticos y alineamientos— fue también un mensaje sistémico: el territorio como argumento sobre las fracturas en el “orden” establecido. Y, sin embargo, Moscú no ofrece un “modelo” de orden; ofrece una fuerza de fricción: puede impedir, complicar, castigar. Así puede lograr y mantener un lugar importante en la mesa. En un sistema fatigado, el actor que puede romper es tan relevante como el que puede construir.
La India añade otra capa: economía en crecimiento, ambición tecnológica y una base demográfica que ya rebasó a China, un dato con implicaciones de largo plazo para mercado laboral, consumo, poder militar potencial y proyección regional. Nueva Delhi podría ser uno de los grandes ganadores estructurales del reordenamiento, pero su papel internacional aún está en construcción: equilibra autonomía estratégica, rivalidad con China, relación con Estados Unidos y liderazgo del Sur global sin asumir costos de “policía” internacional.
La multipolaridad, así, no es un concierto armónico de potencias: es una redistribución de margen de maniobra. Y, crucialmente, no debemos asumir que “multipolaridad” significa lo mismo para todos: es muy probable que cada actor relevante (China, Estados Unidos, la India, Rusia, Europa o las potencias regionales) tenga una visión distinta —e incluso divergente— de qué implica y cómo debería verse ese arreglo. El resultado es un mundo más negociado, pero también más propenso al choque, porque la capacidad de imponer disciplina disminuye mientras aumentan las oportunidades de desafiar: incertidumbre sobre orden.
Clima, energía, tecnología y migración: las fuerzas transversales que vuelven todo más difícil
Hay fuerzas que no respetan fronteras y que están rediseñando la política mundial desde abajo. El cambio climático avanza más rápido que las respuestas políticas. Multiplica problemas: inflación alimentaria, desastres, estrés hídrico, presión fiscal y migraciones que ya no serán solo económicas o por violencia, sino por habitabilidad. Y, sin embargo, la acción climática pierde prioridad real cuando las potencias compiten por seguridad energética y ventaja industrial. La hipocresía energética no es moral; es estructural: el petróleo barato sigue siendo un factor central de alianzas y de estabilidad interna.
La guerra en Ucrania mostró esa tensión: sanciones, pero también rutas alternativas. China y la India se volvieron compradores cruciales de crudo ruso en distintos momentos. En un mundo de policrisis, la moralidad compite con la factura de energía.
La revolución tecnológica agrava el cuadro. La combinación de IA aplicada, automatización y control de semiconductores acelera la posibilidad de sustituir trabajo humano a escala, no solo en manufactura sino en servicios, logística, análisis e incluso tareas cognitivas. Esto tiene una implicación política explosiva: grandes porciones de población —ya vulnerables— pueden volverse “prescindibles” para la creación de valor, aumentando presión para programas asistencialistas justo cuando muchas pirámides demográficas se invierten y los Estados envejecen. La desigualdad deja de ser un subproducto incómodo y se convierte en motor de inestabilidad.
Pero hay una dimensión adicional, menos discutida y cada vez más influyente: los idearios de la élite tecnológica mundial. En torno a la élite empresarial del sector tecnológico (tech-bros), a ciertos círculos de capital de riesgo y a quienes controlan plataformas, infraestructura digital y narrativas de innovación, circula una visión del futuro que no es neutra. Suele mezclar promesas emancipadoras —eficiencia, progreso, “soluciones” tecnológicas— con un trasfondo marcadamente elitista: la idea de que el rumbo correcto lo define una minoría “capaz” y que las fricciones sociales son obstáculos a optimizar, más que comunidades a representar. En esa lógica, la desigualdad aparece como precio aceptable del avance, o incluso como filtro natural; la política se ve como estorbo y la democracia como un sistema demasiado lento para un mundo que debe acelerarse.
Esa mentalidad importa porque no se queda en discursos: influye en diseño de plataformas, en gobernanza algorítmica, en concentración de datos, en relaciones con Estados y, sobre todo, en la manera en que se concibe quién cuenta en la economía del mañana. Si la automatización vuelve prescindibles a millones y, al mismo tiempo, los idearios dominantes en el sector que produce esa automatización tienden a naturalizar la exclusión, la promesa de “prosperidad para todos” se vuelve más frágil. El resultado es una incompatibilidad creciente entre los aparentes reclamos de mayorías —ya de por sí excluidas— y los proyectos implícitos de una élite que imagina el futuro como un espacio de selectos, hiperproductivos y altamente conectados.
El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos.
Aquí aparece una tensión y divergencia que puede moldear lo que venga: por un lado, sociedades que exigen dignidad, redistribución y protección ante el desplazamiento tecnológico; por el otro, una constelación de actores tecnológicos con recursos, influencia cultural y capacidad de “hacer mundo” por medio de infraestructura digital, muchas veces empujando por desregulación, excepción y poder privado. Esa fricción no es secundaria: puede traducirse en populismos antitecnología, en regulaciones abruptas, en capturas regulatorias silenciosas o en nuevos pactos sociales. En cualquier caso, añade otra capa a la policrisis, porque amplía el conflicto central de nuestro tiempo: quién decide las reglas —y para quién— en un orden que ya no logra producir certidumbre compartida.
La movilidad humana completa el triángulo. Migrar es histórico y natural, pero hoy choca con fronteras rígidas y discursos nativistas que se endurecen mientras las causas de migración se multiplican. La idea de Estado-nación —histórica, no eterna— se defiende con dureza precisamente cuando su capacidad de encausar flujos y economías se reduce.
Y, como telón de fondo, la polarización: política, por crisis de consensos; económica, por desigualdad persistente que se replica en casi todas las sociedades. La polarización no es ruido, es señal de que las viejas coaliciones sociales que sostenían el contrato político se están rompiendo.
Varios países ofrecen este espejo: el impulso mundial de “desmontar” instituciones como respuesta al agravio social. Más allá de simpatías partidistas, el punto estratégico es otro: cuando la estabilidad institucional deja de ser valor central, la incertidumbre se institucionaliza. Reglas menos claras, decisiones más centralizadas.
Pero incluso aquí conviene leer el fenómeno en clave de transición, no de tragedia lineal. No es un “apagón” repentino; es una recomposición del vínculo entre Estado y sociedad cuando cambian las condiciones materiales, informativas y demográficas. En un mundo de incertidumbre estructural, las mayorías demandan protección inmediata —seguridad, precio de la vida, empleo, pertenencia, inclusión—, y los sistemas representativos, diseñados para deliberar y procesar diferencias, quedan tensados. Eso empuja a soluciones de concentración de poder que prometen eficacia, aunque su costo sea la fragilización de contrapesos.
Esto conecta con una idea clave para entender el siglo XXI: la “necesidad de caos”. Una parte de la población apoya destruir el sistema establecido aun sin claridad sobre qué vendrá después, porque siente que el sistema “merece ser derribado”. Es un fenómeno que resuena con el brexit, Trump, los chalecos amarillos, los virajes a derechas extremas y múltiples expresiones de hartazgo internacional.
Gaza, Ucrania y el regreso del realismo, pero con un mundo distinto
Las guerras recientes —Ucrania y Gaza— se leen a menudo como eventos aislados, y ahí está el peligro intelectual. Son también síntomas del debilitamiento del “orden basado en reglas”: la dificultad de disuasión, la fragmentación diplomática, el uso instrumental del Derecho Internacional y la incapacidad de producir salidas estables. No es que las reglas hayan desaparecido; es que su capacidad de obligar se redujo y su legitimidad se volvió objeto de disputa.
En este escenario, muchos celebran un “regreso al realismo”: intereses, poder, zonas de influencia. Pero si concluimos que el futuro será una simple repetición del pasado, erramos. El tablero ya no es el de 1945 ni el de 1991. La diferencia decisiva es la multiplicación de actores no estatales —lícitos e ilícitos— con capacidad real de alterar resultados: plataformas tecnológicas, redes criminales trasnacionales, fondos, milicias, cadenas logísticas privadas, comunidades digitales capaces de movilizar o desestabilizar, y de la diversificación de los ámbitos de acción humana. En campos como el tecnológico, estos actores llevan ventaja sobre los Estados. El resultado podría ser, incluso, el inicio del fin del Estado-nación tal como lo conocimos: no porque desaparezca de un día para otro, sino porque su monopolio de soberanía efectiva se erosiona.
Vemos, además, un auge de nuevas formas de acción estratégica, como “la guerra híbrida”, no como sustituto de la guerra física —que persistirá por control de territorio y recursos tangibles—, sino como expansión natural hacia otros campos, especialmente el cognitivo. La batalla por las mentes, por la influencia convertida en acción, se ha vuelto notable. Y aquí aparece una paradoja central: si bien observamos el agotamiento de la democracia, también vemos el uso de mecanismos democráticos —elecciones, opinión pública, movilización de mayorías— como vehículo de erosión democrática. La influencia sobre mayorías alcanzadas por narrativas que cuestionan los marcos referenciales les ofrece una falsa sensación de comprensión y esperanza: comprensión, porque simplifica el mundo en relatos totales; esperanza, porque promete salvación vía exclusión, castigo o ruptura. Así, se logra la erosión más efectiva de la democracia porque se hace desde adentro, por medio de sus propios mecanismos.
Vale subrayar que esto también es histórico: cada gran cambio de periodo trae consigo una crisis de mediación. En los tiempos más recientes, cuando se transforma la tecnología de la comunicación —como ocurrió con la imprenta, la radio o la televisión— se reordenan los equilibrios de autoridad y la manera en que una sociedad decide qué es real. Hoy, la economía de la atención, las redes sociales, el contenido curado y la IA han alterado esa mediación a una escala inédita y con una velocidad que desborda a las instituciones. La democracia liberal se construyó sobre mediadores relativamente estables (partidos, sindicatos, prensa, academias, burocracias profesionales). Al debilitarse esos puentes, la legitimidad busca rutas alternativas: liderazgos directos, plebiscitarios, identidades duras, comunidades cerradas. No es “el fin” de la política democrática; es su metamorfosis bajo nuevas condiciones de comunicación y desigualdad.
Ese proceso, a su vez, alimenta dos dinámicas que se refuerzan. Primero, facilita a los elitistas —incluida parte de la élite tecnológica— el argumento de que solo minorías “capaces” deberían poder tomar decisiones, porque “las masas” serían demasiado manipulables o demasiado impulsivas. Segundo, produce una cámara de eco permanente en la que el “99%” se mantiene en tensión con el “1%”: no como metáfora política puntual, sino como estructura emocional que recircula la privación relativa y aumenta la presión sobre la idea de que “el sistema debe morir”.
Y aquí aparece la conexión más fina con la transición histórica: la erosión democrática no ocurre pese al “orden basado en reglas”, sino porque ese orden dependía del respaldo de un tipo de gobiernos nacionales y ciudadanía, y de un tipo de confianza social que hoy ya no se reproducen automáticamente. En la era liberal, la promesa era que reglas compartidas —dentro y entre Estados— generarían estabilidad y, con ella, prosperidad suficiente para sostener acuerdos (tanto así que países democráticos estuvieron dispuestos a ir a la guerra para asegurar que otros países se volvieran democráticos). Cuando la prosperidad se concentra, cuando la seguridad se vuelve desigual y cuando la información se convierte en un campo de batalla permanente, las reglas dejan de percibirse como garantías y empiezan a verse como candados: mecanismos que protegen a quienes “ya llegaron” y excluyen a quienes “siguen esperando”. En ese punto, la democracia liberal deja de ser el idioma incuestionado del futuro y se vuelve uno de varios dialectos disponibles para organizar la vida colectiva. Si se le agrega un alza cínica de la transaccionalidad, del poder entendido como derivado solamente de recursos, y no sustentado también en valores, tenemos la explosiva combinación del hoy.
Durante un tiempo, persistirá la idea de que, si logramos recomponer pactos internos —reducir la desigualdad, reconstruir la confianza y actualizar las instituciones a la nueva ecología informativa—, también podremos recuperar parte del “rumbo” colectivo, no como regreso intacto a un pasado, sino como rearticulación de una promesa mínima de convivencia bajo reglas compartidas. Lo decisivo es entender qué forma democrática —con qué mediaciones, qué límites al poder y qué nuevos equilibrios entre lo público y lo privado— puede emerger y sostener certidumbre en una época distinta. Las mentes y el espacio cognitivo ya han sido modificadas. La plasticidad cerebral —a punta de redes sociales, contenido curado, IA y economías de la atención— sembró la idea de un mundo diferente del actual, que para muchos no funciona ni cumple promesas. ¿Cuál es ese mundo? Todavía no lo sabemos. Hay miles de versiones posibles de ese nuevo mundo circulando al mismo tiempo, compitiendo por adhesión, identidad y acción. Y, en gran medida, estamos viviendo esa guerra por sentido que añade otro punto de incertidumbre a esta transición histórica.
Ahí aparece la intuición más incómoda de nuestra época: sabemos que el mundo del que venimos se está acabando, pero no tenemos forma de saber con certeza qué viene. La transición histórica no tiene manual. A diferencia de los siglos posteriores, nosotros no gozamos de retrospectiva. No podemos ver el “corte” que, dentro de 500 años, usarán para nombrar esta etapa. ¿Ya ocurrió? ¿Aún está por venir? ¿Se definirá por 2008, por 2014, por 2020, por 2022, por 2025? Nadie lo sabe. Y, sin embargo, el impulso de buscar patrones —la industria completa de gestión de riesgo, previsión, cumplimiento normativo, análisis— sigue vivo porque fue construido para cerrar la brecha de incertidumbre. Hoy intenta hacerlo con herramientas diseñadas para un mundo más estable.
No hay vuelta atrás: repensar la supervivencia
En tiempos históricos, la nostalgia es una trampa. No hay vuelta al orden liberal “clásico” como marco indiscutido. No significa que desaparezca por completo, pero lo que manda es la tendencia de redistribución del poder, agotamiento ideológico, competencia tecnológica, crisis climática, presión migratoria y polarización.
Eso obliga a replantear la estrategia, sobre todo para potencias medias y países que no dictan reglas, pero que sí pueden ampliar o reducir su vulnerabilidad. La primera tarea es pensar en dos horizontes al mismo tiempo: existencia inmediata y de largo plazo. En el corto plazo, se trata de resiliencia: blindar infraestructura, profesionalizar inteligencia y gestión de crisis, y sostener cohesión social mínima; en situación ideal, además, diversificar dependencias críticas (energía, alimentos, tecnología). En el largo plazo, se trata de apuestas: posicionarse en cadenas de valor del siglo XXI (semiconductores, IA aplicada, transición energética), construir autonomía estratégica sin autarquía, y diseñar políticas demográficas, educativas y de innovación que permitan navegar el remplazo tecnológico del trabajo y acomodar los movimientos naturales humanos naturales y creados por la presión de los tiempos.
La segunda tarea es intelectual: no confundir tácticas heredadas con diagnósticos correctos. Las zonas de influencia, por ejemplo, pueden reaparecer como práctica de poder; pero creer que explican todo conduce a errores, porque hoy compiten con redes, datos, plataformas y mercados que no obedecen fronteras.
La tercera tarea es política: sostener instituciones que produzcan previsibilidad sin caer en el fetiche institucional. Las instituciones importan no por ser “buenas” moralmente, sino porque reducen arbitrariedad y permiten coordinar expectativas. Cuando se destruyen, la incertidumbre no se elimina, se privatiza, se vuelve costo social y se paga con inestabilidad.
El mundo que viene —si es que “viene”, porque en realidad ya está aquí— no será necesariamente mejor ni peor; será distinto. Y ese es el punto central. Estamos entrando en una época donde la certidumbre deja de ser bien público garantizado por un centro hegemónico y se convierte en un recurso escaso que cada actor buscará producir para sí mismo, por la buena o por la mala. Eso reordena alianzas, economías y políticas nacionales. También reordena mentalidades. Quizá el mensaje final sea el más difícil de aceptar: no se trata de esperar a que pase la tormenta para volver a lo de antes. Lo de antes era una fase histórica, y está terminando. El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos, entendiendo que la policrisis no es una suma de crisis coyunturales, sino el cambio lento, pero sostenido, de la estructura total del mundo.
/ El rumbo de la gobernanza internacional en 2026 se encuentra profundamente condicionado por la persistencia y transformación de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento militar regional para convertirse en un caso paradigmático de las tensiones estructurales que atraviesa el sistema internacional contemporáneo. A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania se sitúa en el centro de un entramado de dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y normativas que revelan tanto los límites como las mutaciones de la gobernanza global en un entorno marcado por la fragmentación del poder, la competencia estratégica y la erosión de consensos multilaterales.
La relación entre México y la Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión clave. La modernización del Acuerdo Global no solo redefine nuestros lazos comerciales, sino que abre nuevas avenidas para la cooperación política y el desarrollo social.
"La modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea: relevancia estratégica, beneficios y acciones para México".
Destacados expertos para analizar a fondo qué implica esta renovación y cómo impactará estratégicamente a nuestro país en el corto y mediano plazo.
Participan:
Aribel Contreras Suárez. Coordinadora, Lic. Negocios Globales, Universidad Iberoamericana
Guadalupe González Chávez. Senior Fellow, Núcleo de Estudio de Asuntos Globales, Regionales e Interregionales, COMEXI
/ En México, la gestión de emergencias humanitarias se ha ido desplazando hacia una creciente confianza en la tecnología como herramienta para mejorar la prevención, la respuesta y la coordinación ante crisis que van desde desastres naturales hasta dinámicas humanitarias más complejas y prolongadas. Mecanismos como alertas tempranas, sistemas de información, plataformas digitales o el desarrollo de drones nacionales prometen rapidez y eficiencia en contextos en los que cada minuto cuenta. Sin embargo, la pregunta clave no debería ser si la tecnología puede ayudar, sino cómo y bajo qué condiciones lo hace.
El nuevo sistema de alertas sísmicas en teléfonos móviles permite observar esa promesa de la innovación tecnológica en la gestión de emergencias, en particular como herramienta de prevención. Este tipo de soluciones muestra que la tecnología puede contribuir a la reducción de riesgos cuando se apoya en infraestructura operativa, coordinación institucional y una lógica clara de uso público. Al mismo tiempo, ese potencial se ve limitado por la ausencia de políticas públicas claras, de inversión sostenida y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La tecnología, por sí sola, difícilmente puede sustituir una gestión integral de las emergencias humanitarias.
En muchas crisis en México —como sismos, fenómenos climáticos extremos o desplazamientos internos— la tecnología se implementa de forma fragmentada, sin marcos regulatorios sólidos ni protocolos claros para el uso de la información. Esto abre la puerta a riesgos importantes, especialmente en el manejo de datos personales y biométricos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. La recopilación de información puede ser útil para coordinar ayuda, pero sin las garantías adecuadas también puede derivar en exclusión, vigilancia indebida o en usos secundarios de los datos sin consentimiento.
El problema no es la tecnología, sino la expectativa de que pueda compensar carencias históricas en infraestructura, capacidades institucionales y políticas de prevención. Cuando estos rezagos no se enfrentan, la innovación deja de ser una herramienta de protección y se vuelve un recurso cómodo: ordena datos, genera alertas y produce una sensación de control, sin modificar realmente las condiciones que generan la vulnerabilidad.
Dicho esto, la promesa tecnológica en la gestión de emergencias humanitarias sigue siendo real, pero incompleta. Para que la innovación cumpla su función social, debe ir acompañada de reglas claras, inversión sostenida, protección de datos y un enfoque que coloque a las personas por encima de la eficiencia administrativa. De lo contrario, la tecnología no solo deja de proteger, sino que también puede profundizar desigualdades y trasladar riesgos a quienes ya viven en condiciones de mayor precariedad.
Innovar en emergencias no significa solo digitalizar la respuesta, sino también reconocer que la tecnología necesita reglas, gobierno y responsabilidad para no amplificar los riesgos que promete reducir. De lo contrario, la promesa tecnológica corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de fragilidad, disfrazada de eficiencia y modernización.
Andrea Rosas Guzmán Internacionalista con especialidad en Seguridad Internacional. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias en la London School of Economics (LSE).
Diego Gómez Pickering
