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Fernando Núñez de la Garza / Hay vientos de cambio en el sector empresarial mexicano. Después de siete años de haber asumido una actitud de silencio frente al poder político, el empresariado nacional parece intentar recuperar su voz. Y nada lo indica mejor que la elección de José Medina-Mora Icaza como el próximo capitán del capital mexicano.

El papel que ha desempeñado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en los últimos años ha sido lamentable. Fue justo cuando llegó al poder un movimiento populista de corte autoritario que la máxima cúpula empresarial del país decidió poner a un empleado -y no a un empresario- a cargo. Después del fracaso, los empresarios mexicanos decidieron colocar a un cabildero y experto en relaciones públicas que, en el mejor de los casos, guardó silencio ante las reformas autocráticas morenistas y, en el peor de ellos, las aplaudió. El cambio de timón hoy es evidente en la figura de José Medina-Mora Icaza: un empresario con amplios estudios en universidades nacionales y extranjeras quien, además, se desempeñó como presidente nacional de Coparmex en esos mismos años críticos. Tiene reputación de negociador pero, también, ha criticado muchas de las reformas políticas del morenismo.

La coyuntura política nacional e internacional ciertamente ayudaron a que el empresariado mexicano encontrase algo de valentía. La presidenta Claudia Sheinbaum no es la fundadora de Morena, no tiene el carisma del expresidente y su partido político se encuentra crecientemente dividido. Que López Obrador haya salido nuevamente a la luz pública posiblemente abonará a las divisiones internas. Por otra parte, 2026 será un año definitorio ante la renegociación/revisión del TMEC, con un sector empresarial que formará parte de la delegación mexicana. Sin embargo, el país llega debilitado ante las quejas formales y las preocupaciones de innumerables sectores económicos y gubernamentales estadounidenses ante las políticas de Morena. Todas las fricciones anteriores solo prometen crecer.
A la coyuntura política hay que agregarle el contexto económico nacional, con alarmas por doquier que ya no cuentan con salidas fáciles. La presidenta Sheinbaum no podrá recurrir al aumento continuo del salario mínimo, el cual ayudó a estimular el mercado interno en su momento. Pero tampoco podrá recurrir al déficit y a la deuda como lo hizo su predecesor ante las preocupaciones de las calificadoras, razón por la cual se ha embarcado en un proceso de consolidación fiscal que ha provocado los niveles más bajos de inversión pública en décadas. A lo anterior hay que añadir la caída en la inversión nacional -la cual conforma más del 85% de la inversión privada total-, la caída en la confianza empresarial -con ocho meses al hilo en percepción pesimista-, y la salida de capitales -con siete meses al hilo en ese sentido-. De esperarse, entonces, el estancamiento económico.

La corrección de rumbo del empresariado nacional llegó, aunque muy tarde: solo basta ver lo que ha sucedido en días recientes en la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum necesita a los empresarios más que nunca, pero es altamente probable que el dogma político acabe por imponerse. Mucho indica que la polarización política -y la incertidumbre económica- solo se acentuarán.