/ El 1 de febrero comenzó la Serie del Caribe 2026, torneo anual de béisbol que organiza la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, integrada por México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Para esta edición se contempló también a Panamá como país invitado.
El encuentro de este año estaba programado originalmente en San Juan, Puerto Rico; sin embargo, la isla pidió un cambio en 2024 que llevó su asignación a Caracas. No obstante, a finales de 2025 México, Puerto Rico y República Dominicana anunciaron a la Confederación que no participarían por problemas logísticos y de seguridad, además de las tensiones políticas que azotaban a Venezuela desde entonces. Varios equipos, principalmente los mexicanos, tienen en sus plantillas jugadores de nacionalidad estadounidense o con doble nacionalidad, algunos con experiencia en Grandes Ligas.
/ Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos "se ha convertido en una potencia hegemónica depredadora", afirma Stephen M. Walt, profesor de Asuntos Internacionales Robert y Renee Belfer en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, en la influyente revista Foreign Affairs. Y advirtió: "la hegemonía depredadora podría funcionar temporalmente. Sin embargo, a largo plazo, está condenada al fracaso".
/ Analiza el acuerdo comercial entre EE. UU. e India y destaca que, si bien desde el punto de vista económico ha sido bien recibido, el principal desafío se encuentra en su dimensión geopolítica, particularmente ante el posible traslado de la compra de petróleo ruso hacia Estados Unidos por parte de India.
/ El Ártico dejó de ser una periferia silenciosa. Hoy es el espacio donde confluyen el deterioro climático, la ambición estratégica y una disputa política que amenaza con profundizar el quiebre trasatlántico. El 22 de marzo de 2025, el hielo marino alcanzó el máximo anual más bajo desde que hay registros satelitales: 14.33 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del promedio histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo resumió sin eufemismos: el techo helado del hemisferio norte está dejando de cumplir su función de estabilizador climático. En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento en el Ártico es más acelerado que en cualquier otra región, amplificando riesgos ambientales, económicos y políticos.
Ese deterioro físico abre oportunidades —y tentaciones—. Con menos hielo, se extienden las temporadas de navegación y se acortan distancias entre Asia y Europa. Pero la eficiencia logística convive con una vulnerabilidad mayor: infraestructuras escasas, ecosistemas frágiles y una gobernanza incapaz de contener rivalidades crecientes. El Ártico no solo se derrite; se vuelve disputable.
Soberanía y rutas marítimas
En ese contexto debe leerse el renovado interés de Donald Trump por Groenlandia. Lo que en otro momento pareció una excentricidad, hoy aparece como una pieza coherente —y profundamente inquietante— de una ambición geoestratégica mayor. De lo que se ha filtrado de las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no se desprende que Washington busque, al menos de manera inmediata, más bases militares, acceso privilegiado a minerales específicos o la instalación de armas estratégicas en la isla. El núcleo del diferendo es otro: la soberanía.
Groenlandia no es relevante solo por lo que tiene, sino por dónde está. Para Estados Unidos, adquirir soberanía sobre la isla significaría alterar de manera sustantiva el mapa de colindancias en el Ártico. Hoy, la huella estadounidense en la región deriva casi exclusivamente de Alaska. Esa posición es relevante, pero limitada frente a las amplias proyecciones de Rusia, que cuenta con la mayor línea costera ártica y con reclamaciones consolidadas sobre extensas áreas del océano Ártico. La soberanía sobre Groenlandia permitiría a Washington proyectarse directamente hacia el corazón del Ártico, equilibrando —y disputando— esa ventaja rusa.
No es un detalle menor. En el derecho del mar, la posesión de territorios árticos amplía zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y, con ello, derechos potenciales sobre recursos y rutas. Cambiar la soberanía de Groenlandia alteraría ese equilibrio sin necesidad de disparar un solo tiro. De ahí la gravedad del planteamiento.
A esto se suma la dimensión marítima. El deshielo hace cada vez más plausible la navegación regular por rutas árticas. Los pasos al este de Groenlandia —vinculados al Atlántico Norte y a los accesos entre Norteamérica y Europa— adquieren una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de comercio: controlar, influir o condicionar esos corredores implica capacidad de presión económica y militar. En un mundo de cadenas de suministro tensionadas, los canales de navegación se vuelven instrumentos de poder.
Visto así, la pregunta sobre Groenlandia tiene una respuesta incómoda, pero clara. No son solo los minerales, ni las bases, ni siquiera el corto plazo; es el Ártico. Es la posibilidad de redefinir colindancias, de disputar la primacía rusa y de sentar un precedente sobre cómo se reconfiguran espacios estratégicos en el siglo XXI. “Es el Ártico, estúpido”, podría responder Trump si contestara con franqueza.
Riesgo de contagio normativo
El problema es el costo político de esa ambición. El diferendo golpea directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La alianza pierde cohesión cuando uno de sus miembros plantea, siquiera retóricamente, la modificación de la soberanía de un territorio ligado a otro aliado. Ganan, en cambio, las ambiciones extraterritoriales que alimentan narrativas similares en Beijing y Moscú. Rusia observa; China, sin colindancia directa con el Ártico, busca afanosamente una reivindicación que le permita reafirmarse como actor “casi ártico”. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ayuda. Europa recibe, una vez más, un incentivo para cerrar filas, mientras la posibilidad de una guerra arancelaria aparece menos como causa y más como síntoma de un divorcio profundo.
Las consecuencias se proyectan más allá del Ártico. Pierde Ucrania, cuya causa se debilita cuando la soberanía se relativiza. Pierde Taiwán, porque el unilateralismo refuerza la lógica de los hechos consumados. Y pierde el orden multilateral, justo cuando más necesitaría reglas claras.
En este escenario, el Ártico se perfila como uno de los principales vectores del conflicto mundial que viene: no necesariamente una guerra abierta, pero sí una disputa sostenida por colindancias, rutas de navegación y legitimidad. A diferencia de otros teatros, aquí confluyen disuasión nuclear, fragilidad ambiental y rivalidad entre grandes potencias.
En el contexto de la moralidad occidental, la acción estadounidense en Venezuela recuerda, en el marco del multilateralismo y el Derecho Internacional, que ese tipo de acción deja a todos los países menos seguros porque erosiona la regla básica que evita que el planeta se convierta en la jungla anárquica de potencias que hace las pesadillas de los realistas más duros. Además, la captura de Nicolás Maduro y los ataques emprendidos para lograrla debilitan el Derecho Internacional —que costó décadas construir y ha estado bajo asedio en el último lustro—, precisamente por el riesgo de contagio normativo: lo que se tolera una vez se vuelve argumento para repetirse (nuevamente, habría que revisar la acumulación de efectos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina).
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado.
Si ese contagio llegara al Ártico, el daño sería doble: tocaría soberanía y, además, elevaría el riesgo nuclear. Porque el Ártico no es solo comercio y minería: es también un teatro de disuasión. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advirtió, en 2025, que una nueva carrera de armamentos nucleares se perfila mientras los regímenes de control se debilitan, y casi todos los Estados con armas nucleares modernizan sus arsenales. Y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que el Ártico vive “cambios geofísicos y geopolíticos” rápidos que obligan a mejorar capacidades, presencia y cooperación con aliados. A esto se suma el acercamiento ruso-chino en la región, que el Pentágono señala como motivo de preocupación estratégica, en parte por infraestructura, energía y rutas marítimas (Reuters, 2024).
El problema es que la gobernanza ártica llega tarde. A diferencia del Antártico, donde el tratado congeló disputas y organizó la investigación científica, el Ártico combina jurisdicciones, intereses comerciales y competencia militar con una arquitectura más frágil. El Consejo Ártico —foro clave de cooperación— ha intentado recomponer rutinas de trabajo técnico tras las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, pero su reactivación gradual deja claro lo delicado del momento. Y, aun así, la región no está condenada al choque: el Acuerdo para Prevenir la Pesca No Reglamentada en Alta Mar en el Océano Ártico Central entró en vigor en 2021, como ejemplo de precaución multilateral antes de que llegue la depredación. Es una pista importante: cuando el mundo se lo propone, puede acordar “límites” antes de que el mercado o la rivalidad los impongan por la fuerza.
Una oportunidad para la política exterior mexicana
Ahí es donde México tiene una oportunidad que no depende de tener costa en el Ártico, para proponer una Zona Libre de Armas Nucleares en el Ártico (ZLANA). México es un actor con credenciales normativas en desarme y construcción de paz. El Tratado de Tlatelolco —primer acuerdo que estableció una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada— sigue siendo referencia mundial. La idea no es extravagante: es un instrumento previsto por la arquitectura internacional, que ayudaría a la seguridad internacional y fortalecería el papel de México como actor mundial proactivo y responsable.
La propuesta, en una primera fase, no necesita obsesionarse con la cartografía ni con una negociación imposible de la noche a la mañana. Lo que sí necesita es ambición moral con realismo estratégico: México podría impulsar una conversación formal —en la ONU y con Estados árticos— para explorar esta ZLANA. No para “desmilitarizar” el Norte, sino para reducir el terrible riesgo de que un incidente, una crisis de soberanía o una política de hechos consumados escale hacia el umbral nuclear en un ecosistema que es, simultáneamente ambientalmente frágil y estratégicamente deseado. En términos de diseño, el precedente de las zonas libres ofrece herramientas conocidas: compromisos regionales, protocolos para que los Estados con armas nucleares se obliguen a no amenazar ni usar armas nucleares contra la zona, y mecanismos de verificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además, mantiene guías y experiencia sobre verificación y salvaguardias vinculadas a tratados de zonas libres, lo que daría credibilidad técnica a cualquier esquema.
¿Para qué serviría, en la práctica política, una iniciativa así? Primero, para reinstalar una línea roja clara en un entorno donde las líneas se borran. Si el mensaje geopolítico de Venezuela fue “el fuerte puede actuar”, el mensaje ártico debería ser el inverso: “hay ámbitos donde nadie puede jugar con fuego”. Segundo, para proteger el espacio de cooperación científica y ambiental que aún sobrevive. Las organizaciones indígenas, con estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico, han insistido en que el valor del foro es precisamente permitir cooperación pacífica e incorporar conocimiento indígena en decisiones. Tercero, para darle al multilateralismo una victoria concreta en tiempos de fatiga diplomática: una norma de contención nuclear es el tipo de logro que ordena incentivos incluso cuando las potencias desconfían entre sí.
La objeción típica es inmediata: “las potencias nucleares nunca aceptarán”. Pero la historia de las zonas libres enseña que el camino suele empezar por lo que parece improbable y avanza por capas. La clave es presentar el proyecto como una inversión de seguridad compartida, no como una derrota para nadie. De hecho, varias potencias ya conviven con zonas libres en otros continentes y han firmado protocolos de respeto. Y, en el Ártico, la contención nuclear puede alinearse con intereses que no son ideológicos: evitar accidentes, bajar costos de crisis, proteger infraestructura estratégica y sostener estabilidad en rutas y mercados que todos desean utilizar.
También hay un argumento de política exterior mexicana: el Ártico no es una agenda ajena a Norteamérica. La creciente centralidad del Norte en la defensa continental muestra que la seguridad regional se está reconfigurando; Canadá, por ejemplo, formalizó planes de inversión a 20 años por 38 600 millones de dólares canadienses para modernizar capacidades vinculadas al entorno polar. Y la promesa de las rutas árticas también tendrá un valor elevado para Norteamérica como región. México, firme en su prioridad norteamericana, gana si su vecindad estratégica se vuelve más predecible y menos propensa a crisis. Si el deshielo reconfigura rutas y competencia, México tiene incentivos para que ese reordenamiento ocurra con reglas, no con ultimatos.
Compuertas abiertas
La discusión sobre Groenlandia y la intervención en Venezuela dejan una advertencia: cuando se relativiza la soberanía, se abren compuertas. El Ártico es demasiado importante para dejarlo a esa deriva. México puede ofrecer algo escaso: una diplomacia capaz de hablar con el Norte sin perder legitimidad en el Sur, y capaz de poner sobre la mesa una idea de seguridad humana que no compite con la defensa legítima, sino con la escalada irracional. Proponer un Ártico libre de armas nucleares no resolverá por sí solo la rivalidad internacional, pero sí puede recortar el espacio donde un error se vuelve catástrofe. En un mundo que se calienta, reducir la probabilidad del peor incendio es una política exterior sensata.
México no es un espectador irrelevante. Como actor con tradición en desarme y construcción normativa, puede jugar una carta que otros no tienen. Y el llamado Sur global también tiene incentivos para hacerlo: el debilitamiento del Derecho Internacional rara vez se queda en el Norte. Cuando las reglas se erosionan arriba, el costo se paga abajo.
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado. El Ártico ya no es solo un termómetro del clima; es un barómetro del orden internacional. Ignorarlo sería un error estratégico. Disputarlo sin reglas, una irresponsabilidad histórica.
• Durante el fin de semana, un grupo de senadores de ambos partidos negoció un acuerdo que representa el primer paso para reanudar las actividades gubernamentales después de un cierre parcial que ayer alcanzó su cuadragésimo día. Como parte del acuerdo, el Pleno del Senado aprobó anoche, por una mayoría calificada de 60 votos a favor (52 R y 8 D) y 40 en contra (1 R y 39 D), la resolución que garantiza fondos temporales para la reapertura hasta el día 21 de este mes. Hoy podría aprobarse un paquete complementario que después deberá ser validado por la Cámara de Representantes. La negociación bipartidista en sí misma fue un avance importante, tomando en cuenta que, al pasar el tiempo, es mayor el impacto negativo de la suspensión de actividades gubernamentales. Para detalles adicionales, ver el apartado de “Agenda legislativa”.
• Antes del desenlace de anoche, durante el fin de semana, Donald Trump abordó en Truth Social varios temas relacionados con el cierre del gobierno federal. Por una parte, presionó a la bancada republicana del Senado con varios mensajes para cambiar las reglas del procedimiento legislativo, a fin de que la resolución para reanudar actividades fuera aprobada por mayoría simple y no calificada. Por otro lado, atacó la insistencia de los demócratas de incluir los subsidios al programa de salud conocido como Obamacare para la reapertura del gobierno, al considerar que, en los hechos, equivale a un respaldo a las compañías de seguros médicos.
• A partir de una apelación del Departamento de Justicia, la Suprema Corte autorizó al gobierno federal retener, por ahora, la entrega de 4 mil millones de dólares del programa de asistencia para alimentación y nutrición conocido como SNAP, que otorga el Departamento de Agricultura a 43 millones de beneficiarios, en tanto se resuelve otro litigio sobre el tema en un tribunal inferior. Hubo cobertura en medios como Reuters, AP, The New York Times, Fox News, NBC News, Time, Scoutsblog, Roll Call, Daily Caller y The Washington Post.
• En respuesta a la autorización de la Suprema Corte, el Departamento de Agricultura pidió a los gobiernos estatales suspender cualquier acción que hayan emprendido para proporcionar ayudas del programa SNAP. Sobre este tema, publicaron notas AP, NBC News, NPR y The Washington Post.
• Donald Trump se reúne hoy en la Casa Blanca con Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria, quien anteriormente fue yihadista. Esta es la primera ocasión en la que un mandatario sirio es recibido en la Casa Blanca. Para contexto, hay cobertura en The New York Times, Fox News, NBC News y The Washington Post.
• El viernes, Trump se reunió en la Casa Blanca con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, uno de los mandatarios en funciones más cercanos al presidente estadounidense. Trump se refirió a su invitado como “un gran líder”. En la sesión de preguntas y respuestas previa a su reunión privada, evitó confirmar si habrá sanciones contra Hungría en caso de que continúe con la compra de petróleo ruso, considerando el anuncio de medidas similares para otros países. Tras el encuentro, el Departamento de Estado dio a conocer los principales acuerdos para fortalecer la relación bilateral. Hubo cobertura en The New York Times, ABC News, Politico y The Hill.
• En declaraciones a AP desde Atenas, Grecia, Chris Wright, secretario de Energía, calificó la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30) como un “engaño” y una “organización deshonesta que no busca mejorar la calidad de las vidas humanas”. Este planteamiento se suma a la ausencia de una delegación oficial de alto nivel de Estados Unidos en la COP-30, que se celebra en Belém, Brasil, y que ha generado críticas de líderes internacionales, dado que Estados Unidos es el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Axios informó sobre estas críticas, mientras que Reuters señaló que la ausencia no implica que Washington no envíe algún tipo de representación para influir en los acuerdos.
• La delegación de Estados Unidos no se presentó a la sesión del grupo de trabajo de la ONU programada en Ginebra, Suiza, para examinar la situación del país en materia de derechos humanos, conforme al Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU). El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lamentó la ausencia, llamó a Estados Unidos a reanudar su cooperación y anunció que la sesión será reprogramada en 2026. Hubo cobertura en comunicados oficiales y en medios como AP y Reuters.
• Estados Unidos no enviará representación oficial a la reunión de líderes del G20, que se realizará los días 22 y 23 de este mes en Johannesburgo, Sudáfrica, según informó Donald Trump en sus redes sociales. Explicó que la decisión responde a la supuesta matanza de afrikáners y la confiscación de tierras agrícolas, hechos desmentidos por el gobierno sudafricano. Dado que Estados Unidos será sede del G20 el próximo año, su ausencia implica que no participará en las actividades de traspaso de la presidencia. El tema fue cubierto por AP, Reuters, Fox News y The Washington Post.
• El Departamento de Estado recordó en un mensaje en la plataforma X la política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump contra los “narcoterroristas que envenenan al país” y se refirió a los ataques armados contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico. En paralelo, la “Declaración Conjunta de la Cumbre CELAC-UE 2025”, aprobada en Santa Marta, Colombia, destacó la importancia de la seguridad marítima y la estabilidad regional, así como la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas. Sin embargo, el texto no incluye una referencia explícita ni una condena a los 17 ataques militares de Estados Unidos, en los que han muerto 70 personas, según una cronología de InSight Crime.
• Christopher Landau, subsecretario de Estado, encabezó la delegación estadounidense que asistió a la toma de posesión de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia. Ambos sostuvieron una reunión en la que acordaron relanzar las relaciones bilaterales y anunciaron los primeros acuerdos en materia de promoción económica, cooperación en seguridad pública y ciudadana, y fortalecimiento de los vínculos entre ambos pueblos.
• Después de registrar un aumento en el respaldo a Donald Trump en 2024 en el electorado latino de Nueva Jersey y Virginia, Washington Post analiza su comportamiento en los comicios de la semana pasada. En esta ocasión, nuevamente favoreció a las candidaturas demócratas de forma significativa por encima de las republicanas. De acuerdo con varias encuestas, el cambio de postura respondió a las afectaciones en la economía y a la política de deportación de migrantes de Trump. Varios analistas consideran que este tipo de cambio no se registrará necesariamente entre los votantes latinos del sur de Texas y de Florida.
• NBC News informa en exclusiva que el gobierno de Donald Trump planea adquirir grandes bodegas cercanas a aeropuertos para convertirlos en centros de detención de migrantes a fin de alojarlos allí antes de ser deportados por la vía aérea. De este modo, la capacidad para tener bajo su custodia a migrantes se incrementará.
• Durante el fin de semana, un grupo bipartidista de senadores negoció un acuerdo que llevará eventualmente a la reapertura del gobierno federal. Por ello, ocho senadores demócratas se sumaron anoche a la mayoría republicana para la aprobación calificada de la resolución temporal que garantiza el financiamiento de las actividades de las dependencias federales hasta el día 21 del mes, como lo estableció el texto validado en septiembre por la Cámara de Representantes. A la luz de la inminencia de esta fecha y como parte del acuerdo, hoy se podría considerar un paquete complementario que contempla un nuevo plazo para la asignación de fondos temporales del gobierno hasta el 30 de enero, la autorización del presupuesto del año fiscal en curso para varias dependencias, la garantía de la cobertura del programa de alimentación y nutrición SNAP, el pago de salarios que no se hayan cubierto durante el cierre de gobierno y la cancelación de despidos que se hayan anunciado después del 1 de octubre. Por otra parte, en diciembre se considerará en el Pleno otra iniciativa para cubrir los apoyos a los seguros médicos incluidos en el programa Obamacare. La votación de anoche en el Senado puso en evidencia una división al interior de la bancada demócrata y fue objeto de críticas por parte de legisladores de ese partido de la cámara baja. Cobertura del tema en AP, NYT, CBS News, NBC News, NPR, Axios, Politico, The Hill, NOTUS, Roll Call, Government Executive, Daily Caller y Washington Post.
• El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes anunció el viernes la continuación por octava semana de la suspensión de actividades del Pleno hasta el 16 de noviembre. Desde el receso por Rosh Hashaná de una semana que comenzó el 22 de septiembre, la cámara baja no ha sesionado por decisión del presidente Mike Johnson (R-Luisiana). La última jornada de trabajo con votaciones del Pleno fue el 19 de septiembre. Sin embargo, a la luz del acuerdo en el Senado, el Pleno de esta instancia tendrá que volver a reunirse esta semana.
• Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, se refirió a los compromisos de México y Estados Unidos contemplados en el Tratado de Aguas de 1944. Comentó que abordó el tema en la reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum la semana pasada y señaló que está pendiente que México cubra la totalidad de la cuota quinquenal de agua de la cuenca del río Bravo que se debe transferir a Texas. Por ello, indicó que buscará que México entregue la cantidad faltante.
• Por su parte, los senadores texanos Ted Cruz (R) y John Cornyn (R) presentaron una iniciativa de ley a fin de obligar al gobierno de Estados Unidos a responder en los casos de incumplimiento en la entrega quinquenal de agua del río Bravo por parte de México al sur de Texas, de acuerdo con los términos identificados en dicho tratado. La propuesta refleja el malestar en Texas por los retrasos recurrentes en la entrega de agua desde México. Sobre el tema, comunicado de la oficina de Cruz y nota de Texas Tribune.
• Varios medios, entre ellos Border Report, El Universal y La Silla Rota, informaron sobre dos incidentes en los que hubo disparos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, que estaban supuestamente dirigidos en contra de agentes de la Patrulla Fronteriza ubicados en territorio estadounidense sin que se hubieran reportado víctimas. Las autoridades de ambos países investigan los hechos.
• Eventos:
o “Simposio anual de integración” organizado por Texas Mexico Center de la Universidad Metodista del Sur (SMU) (Ciudad de México; 11 de noviembre, 08:00-14:00 CST; enlace para registro en evento presencial).
o Conferencia organizada por Chicago Council on Global Affairs sobre “TMEC 2026: la renegociación del futuro económico de América del Norte” (13 de noviembre, 17:30 CST; enlace para evento mixto).
o Conversación organizada por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), el Centro México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard sobre “Revisión del TMEC: América del Norte en vilo” (14 de noviembre, 11:00 CST; enlace para Zoom).
o Webinario organizado por Quincy Institute sobre “Ante la revisión del TMEC ¿Cuál es el futuro de la integración de América del Norte?” (14 de noviembre, 13:00 CST; enlace para Zoom).
/ Después de una década de negociaciones y de acuerdo con declaraciones oficiales, México y la Unión Europea (UE) están listos para firmar el Acuerdo Global modernizado, un instrumento jurídico que promete, entre otras cosas, transformar las relaciones comerciales entre ambos actores que ya tienen una trayectoria de intercambios importante.
El acuerdo llega en un momento propicio porque, mientras el mundo se enfrenta a guerras comerciales y el proteccionismo gana terreno, ambos actores apuestan por diversificar, aunque sea ligeramente, sus mercados y fortalecer sus relaciones económicas más allá de sus socios tradicionales. ¿Qué gana México? Primero, se extiende la liberalización a casi todos los productos agropecuarios que ahora entrarán al mercado europeo. Segundo, las empresas europeas tendrán acceso a las licitaciones públicas mexicanas, lo que podría incentivar la inversión. Tercero, los productos agrícolas emblemáticos recibirán protección reforzada contra la imitación. Cuarto, las PyMEs mexicanas contarán con procedimientos simplificados para exportar a la UE. Finalmente, la UE garantizará el acceso justo a materias primas críticas.
Sin embargo, el Acuerdo enfrenta retos significativos. La UE insiste en estándares ambientales rigurosos que generan fricción, como sucede con el Mercosur. La política energética de México prioriza la energía estatal sobre las renovables y esto preocupa a Bruselas. Además, el gobierno mexicano deberá adaptar muchas regulaciones para alinearse con las normas europeas, lo que requiere capacidades institucionales aún en desarrollo. Las PyMEs necesitarán apoyo financiero y técnico para cumplir con los estándares que demanda el mercado europeo.
El panorama se complica por el contexto geopolítico. Los Estados Unidos impusieron aranceles a productos mexicanos, creando incertidumbre comercial. Aunque esto podría favorecer el acuerdo con la UE como vía de escape, también significa que México debe mantener buenas relaciones con EU mientras abre o refuerza nuevos mercados. Del lado mexicano, tiene sentido la diversificación, pero desde la perspectiva de ciertos sectores internos, el Acuerdo podría implicar la competencia con productores europeos más consolidados.
En la UE el proceso es más complicado. Aunque la parte comercial del Acuerdo sólo necesita la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, la dimensión política y de cooperación requiere además unanimidad de los 27 parlamentos nacionales y de algunos parlamentos locales. Esto abre la puerta a vetos inesperados, especialmente de países escépticos sobre ciertos temas sensibles.
Pero ¿este acuerdo es bueno para México? La respuesta es matizada. Lo es para grandes empresas exportadoras y para la diversificación económica en un contexto de incertidumbre global. Pero también exige que México asuma compromisos serios y fortalezca sus instituciones para obtener beneficios tangibles. No es un regalo de la UE a México ni viceversa; es una apuesta mutua.
Se trata de una estrategia ganar-ganar, pero sólo si se implementa con seriedad y un compromiso político genuino más allá de la coyuntura.
CARLOS GASTÉLUM
