Fernando Núñez De La Garza
En menos de dos semanas hemos visto dos marchas en el país: la primera, exitosa, la segunda, no del todo. Sin embargo, surge la interrogante de si habrá más protestas durante el sexenio claudista, o si la presidenta será capaz de controlar lo que parece ser una creciente frustración social. Porque el contexto económico, ciertamente, no es el mismo que aquel que heredó López Obrador.
La presidenta tiene razones para no preocuparse en lo inmediato. Su presidencia descansa sobre elevados niveles de aprobación popular, de alrededor del 70%. Solo López Obrador logró esos números en su primer año de gobierno, ya que ni Fox, ni Calderón, y mucho menos Peña Nieto, los alcanzaron. Sin embargo, también es una realidad que la gran mayoría de sus políticas públicas se encuentran reprobadas: en corrupción, 75% la reprueba; en crimen organizado, 74%; y en seguridad pública, 54%. Solo está aprobada en materia económica, con un reducido 53% y, evidentemente, en programas sociales, con un 75% (Alejandro Moreno, El Financiero). Ante lo anterior, surge la pregunta de qué tanto resistirá la luna de miel política frente al creciente deterioro económico, social y político del país.
López Obrador recibió un país con finanzas sanas, pero el dinero acabó por derrocharse, heredando una difícil situación financiera a su sucesora. Ante el crecimiento de la deuda y un déficit de 5.7% en 2024 –el mayor en 30 años–, la presidenta ha tenido que embarcarse en un proceso de consolidación fiscal que solo ha implicado más recortes al gasto público. A ello hay que agregar una caída de la inversión privada nacional, ocho meses al hilo de pesimismo empresarial (ICE – INEGI), siete meses al hilo con salida de capitales extranjeros y una contracción económica del -0.3% en el tercer trimestre del año. Con la incertidumbre proveniente del extranjero y de las reformas políticas internas, mucho indica que el estancamiento económico está para quedarse, en un contexto de opacidad y corrupción institucional, y de mucha inseguridad pública.
Mientras tanto, cada vez hay menos canales institucionales para darle cauce al descontento social que podría surgir. Por una parte, si Morena impulsa la reforma político-electoral con el fin de apropiarse del INE, habrá cerrado un canal clave al quitarle legitimidad a las elecciones. Por otra parte, los partidos de oposición no parecen ser una opción del todo viable, ya que registran muy bajos niveles de aprobación popular. Más aún, si llega a haber partidos políticos que reúnan los requisitos de ley, pero les negaren el registro ante un INE cooptado, se habrá cerrado un canal más de protesta política. Y entonces, el gran problema radica en que tenemos instituciones públicas que responden menos ante los recortes presupuestales y de personal (seguridad pública recibirá un recorte de 18% para 2026, por ejemplo), mientras que las instituciones políticas no son capaces de responder por los boicoteos desde el poder, y la falta de confianza ciudadana en ellas.
López Obrador habrá sido carismático, pero ese carisma se sostuvo también en dinero y finanzas públicas sanas. Claudia Sheinbaum no tiene el carisma, no tiene del todo el control de la agenda política, y el dinero público resulta cada vez más escaso. Y no hay luna de miel que dure dos sexenios.
