La Infraestructura pública digital es un síntoma de evolución social
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Mariel Peña
/ Si viviéramos en un mundo ideal, la inteligencia artificial únicamente potenciaría la capacidad productiva de un país. En un mundo real, su implementación entre el Norte y el Sur global será marcadamente distintiva en torno a dos ejes: control de la infraestructura y repercusiones en el tejido social.
Daniel Susskind, economista de Oxford, distingue dos maneras de relacionarnos laboralmente con esta disrupción. En primer lugar, la complementariedad: el escenario ideal donde la IA eleva la productividad y acelera la ejecución de tareas sin reemplazar al trabajador. En segundo lugar, la sustitución: un proceso que afecta severamente a las clases medias, donde la tecnología es capaz de asumir funciones administrativas, contables y manufactureras.
El pronóstico es que la IA polarizará el mercado laboral, desplazando a la clase media hacia empleos de muy alta o de muy baja especialización.
La OCDE, en su Estudio Económico de México 2026, estima que la IA podría afectar hasta al 35 % de los empleos mexicanos, en un país donde la clase media la constituyen más de 47 millones de personas.
Las consecuencias serán desiguales: el Norte global dispone de mayor capacidad para financiar la transición educativa y tecnológica de sus ciudadanos, pero los países del Sur enfrentan un escenario más difícil.
El desafío recae en la inteligencia y maniobra del Estado.
México surfea una ambivalencia: sí está integrado a la cadena de semiconductores mediante el diseño, ensamblaje y empaquetado, pero no desarrolla procesadores GPU, ni es propietario de software de diseño, o de la arquitectura soberana de sus centros de datos en Querétaro. Amazon, Microsoft y Google dirigen el rumbo de la infraestructura.
Tenemos que observar muy bien a la India, que ha liderado la democratización de la infraestructura de inteligencia artificial. Por ejemplo, el gobierno subsidia tiempo de acceso a supercómputo para que las startups locales puedan acceder a entrenar a sus modelos por 65 rupias la hora (~0.68 USD). Además, India impulsa el desarrollo de modelos lingüísticos propios en lenguas regionales, procurando que su cultura no quede excluida.
México ha comenzado a articular su propia defensa a través de Coatlicue, donde se priorizará el entrenamiento científico, climático y energético.
Desarrollar infraestructura pública digital es hablar de soberanía y capacidad estatal. Un centro de datos o una cadena de ensamblaje deben tratarse como tal. La infraestructura y el impacto humanitario no están en la mesa de la competencia comercial, sino que son nuestra mayor capacidad de proteger y legar un futuro a nuestras generaciones.
El acaparamiento monopólico conlleva una pérdida de autonomía, limita el margen de maniobra electoral y comercial, y genera riesgos de seguridad donde el ciudadano es incapaz de proteger sus propios datos e identidad. Construir ecosistemas públicos protegidos por las democracias es un síntoma de evolución social.
/ A fines de agosto de 2026 EEUU hizo algo paradójico para una potencia que es uno de los mayores productores de petróleo: asegurarse una fuerte posición económica y política sobre parte de las reservas petroleras de Venezuela. El acuerdo, anunciado por la Casa Blanca, involucra 17 campos y 65.000 millones de barriles de reservas probadas y ha generado interrogantes jurídicos y comerciales. Tiene un componente geopolíticamente relevante: Washington obtuvo una participación del 35% en la empresa matriz y derechos preferentes sobre parte de la producción. Por tanto, la pregunta no es sólo por qué Donald Trump quiere el petróleo venezolano, sino por qué busca ampliar el control sobre los hidrocarburos en su hemisferio si ya dispone de una formidable capacidad energética.
Al confrontar a Canadá, Trump escoge la batalla incorrecta; amenazas no son creíbles
Si se hiciera un análisis objetivo de cuál es el país más confiable del mundo, Canadá estaría en la parte más alta de la lista. Estados Unidos (en los tumultuosos días de Donald Trump) mucho más abajo. Suena un tanto risible que su presidente sostenga que las negociaciones con su socio del norte fracasaron porque los canadienses no son confiables para negociar. En sus propias palabras, escribió en redes ayer: “they are among the worst Nations in the World to deal with. They feel entitled, and yet, WE DON’T NEED CANADA, THEY NEED US!” (Son una de las peores naciones en el mundo con quien negociar. Sienten que tienen derechos y, sin embargo, NO NECESITAMOS A CANADÁ, ¡ELLOS NOS NECESITAN!)
Esta reacción visceral de la Casa Blanca y la amenaza de nuevos aranceles de 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero a partir de enero 2027 responde al reciente fracaso de las negociaciones para lograr un acuerdo que disminuyere aranceles que Estados Unidos ha impuesto ilegalmente y para los que Canadá ha respondido, de manera muy parcial y modesta, con aranceles compensatorios a las exportaciones estadounidenses.
Merece la pena recordar la cronología para tratar de dilucidar en qué puede terminar todo esto. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez en 2017 encontró tres obstáculos legales para imponer sus amados aranceles: uno, son un impuesto y por lo tanto requieren de autorización del Congreso en iniciativas que surjan de la Cámara de Representantes. Dos, Estados Unidos tiene aranceles consolidados cercanos a tres por ciento promedio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aplicados de casi el mismo nivel, por lo que los aranceles no pueden incrementarse sin violar compromisos multilaterales (ver propuesta de reforma a la OMC para superar este problema). Tres, para ciertos países, sobre todo Canadá y México, Estados Unidos está comprometido a cobrar cero aranceles para todos los productos que cumplan con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) primero y luego del Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC).
Peter Navarro, su asesor comercial, le explicó que la única manera de hacerlo era apelar a las excepciones de seguridad nacional que contemplan la ley de Estados Unidos y todos sus tratados. La excepción de seguridad nacional fue diseñada para que los países pudieren desviarse de sus compromisos internacionales en casos de emergencia nacional, de guerra, ataques nucleares y eventos similares. Abusar de esta excepción la pervierte.
Trump utilizó la sección 232 de su legislación comercial para imponer aranceles en acero y aluminio, en 2018. México y Canadá interpretaron, correctamente, que los aranceles de seguridad nacional eran una salvaguardia disfrazada, basados en múltiples declaraciones de Trump que los justificaban en términos de empleo e inversión y en el testimonio del Departamento de Defensa de que el acero y aluminio comerciados con México y Canadá (y algunos otros países) no representaban un riesgo de seguridad nacional al ser países amigos y confiables. Con base en el capítulo ocho del TLCAN, México y Canadá impusieron aranceles contra exportaciones de Estados Unidos para compensar la pérdida de acceso. La compensación funcionó; en algunos meses la Casa Blanca retiró los aranceles para sus socios de América del Norte y se eliminaron también las represalias.
Poco tiempo después, se terminó la negociación del T-MEC y en ella permaneció la facultad de compensación inmediata en caso de salvaguardias, ahora en el capítulo diez.
La llegada de Trump II en 2025 fue mucho más agresiva: impuso primero aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) a todos los países, aunque las exportaciones canadienses y mexicanas quedaran exentas si cumplían con las reglas de origen del T-MEC. Posteriormente impuso aranceles de seguridad nacional sectorial bajo la sección 232 a acero y derivados, aluminio y derivados, vehículos (al contenido no estadounidense los que cumplan con la regla de origen del T-MEC), autopartes (las que cumplan con la regla de origen del T-MEC exentas), cobre y algunos derivados y madera. A diferencia de 2018, México prefirió no usar su derecho compensatorio y los dejó pasar. Canadá, por su lado, sí ejerció ese derecho de forma moderada, pero ello bastó para tensar la relación con Estados Unidos. Tanto, que el primer ministro Trudeau perdió su puesto. El resto de los países del mundo prefirió no tomar represalias a pesar de la arbitrariedad de Estados Unidos.
Trump inspiraba temor y se optó por llevar la fiesta en paz. De haberse tomado represalias generalizadas, es posible que hoy ya no hubiere aranceles, pero el hubiera no existe.
A inicios de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos mediante IEEPA. Trump los sustituyó con aranceles de diez por ciento bajo la sección 122 para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos (México y Canadá exentos si se cumplía con la regla de origen del T-MEC), que expiraron el 24 de julio sin la necesaria extensión por parte del Congreso (imposible que Trump consiguiera los votos). Ahora está en proceso de imponer nuevos aranceles bajo la sección 301 con los pretextos de falta de control de importaciones de bienes con trabajo forzado y exceso de capacidad instalada. Finalmente, Trump amenazó a Canadá con aranceles considerados en la sección 338 (que requiere mostrar discriminación contra Estados Unidos) para que se retiraran los aranceles de compensación parcial que el gobierno canadiense impuso como respuesta a algunos, pocos, de los aranceles de la sección 232.
El fracaso del fin de semana implica el cumplimiento con la amenaza de la sección 338 que se iba a desactivar de haberse acordado una reducción significativa de los aranceles bajo la sección 232. El primer ministro canadiense Mark Carney explicó que Estados Unidos demandó concesiones adicionales inaceptables sin ofrecer nada a cambio y prometió sí compensar los aranceles ahora impuestos, pero a partir del ocho de septiembre.
En este contexto, Trump acaba de volver a amenazar con aranceles de hasta 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero canadienses a partir de enero de 2027. Esta amenaza no es creíble. Las principales compañías perdedoras son estadounidenses. Por el contrario, en caso de que el conflicto con Canadá se agudice puede iniciar un proceso de fuerte oposición doméstica en contra de su política comercial. Ése sería, sin duda, el sentir del Congreso, cuyo Senado ha votado ya dos veces en contra de aranceles para con Canadá. Puede tener un impacto en las elecciones de noviembre, en el medio oeste y en los estados vecinos de Canadá.
Finalmente, y esto es lo más importante, puede orillar a las empresas de Estados Unidos a pronunciarse con mucho mayor énfasis en contra de aranceles arbitrarios y a litigar la ilegalidad no sólo de los impuestos bajo la sección 122, sino también bajo la 338 y la 301, pero, sobre todo, bajo la sección 232. Claramente la Casa Blanca ha abusado de sus facultades al usar estas secciones, invadido una esfera exclusiva del Congreso, violado compromisos internacionales y comprometido la reputación de Estados Unidos como país confiable.
Los eventos en Irán y en el estrecho de Ormuz, la errática política con respecto a Ucrania, la presión del mercado de bonos de gobierno, las elecciones en noviembre y ahora el enfrentamiento con Canadá, terminarán debilitando a Trump en el ámbito político y económico interno. De todos ellos, el menos importante es el de Canadá, pero puede volverse la gota que derrame el vaso.
Es tiempo que el Poder Judicial, el Congreso y el sector privado de Estados Unidos asuman su responsabilidad histórica. Aunque no pueden esperar a que otros países les resuelvan su problema, Mark Carney, quizá después otros más, les muestra el camino.
Lo único bueno que puede decirse de Trump es que obliga a los países a asumir sus responsabilidades: Europa a apoyar a Ucrania e invertir en defensa, México a abandonar abrazos y no balazos, Canadá a buscar ser competitiva y diversificada. Pero también obliga a sus actores domésticos a actuar; van tarde.
/ El nombre que China se da a sí misma lo dice todo: Zhongguó, “el país del medio”, el reino que durante milenios se consideró el centro del mundo civilizado, rodeado de pueblos periféricos. Durante la mayor parte del último milenio, China fue la economía más grande del planeta. Angus Maddison estimó que a principios del siglo XIX China representaba el 30 por ciento del PIB mundial, más que Europa occidental en su conjunto (The World Economy: A Millennial Perspective. París: OECD Development Centre, 2001).
Ciudad de México, marzo 11, 2026. En el marco de su 25° aniversario, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) celebró el primero de sus eventos conmemorativos con un conversatorio con excancilleres, un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y oportunidades de la política exterior mexicana en un orden cambiante.
El encuentro contó con la participación de las y los excancilleres: Bernardo Sepúlveda, José Ángel Gurría, Jorge Castañeda, Patricia Espinosa (en línea) y Claudia Ruiz-Massieu, y fue moderado por Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI.
Durante el evento, las y los ponentes compartieron sus experiencias al frente de la política exterior mexicana y reflexionaron sobre la vigencia de los principios constitucionales que históricamente han guiado la política exterior de México. En este sentido, destacaron que el ejercicio de la diplomacia implica equilibrar principios e intereses, así como interpretarlos de manera dinámica frente a los cambios del entorno internacional.
Las y los participantes también enfatizaron la relevancia de que México mantenga una presencia activa en el ámbito multilateral, participando en cumbres internacionales y fortaleciendo su interlocución con otros países, especialmente en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y por un sistema internacional en transformación.
Asimismo, señalaron que México cuenta con oportunidades para impulsar una política exterior más activa, revitalizar su participación en foros y consolidar alianzas estratégicas —como con la Unión Europea— que permitan ampliar su margen de acción internacional.
Dentro de las prioridades inmediatas se destacó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la necesidad de garantizar certeza jurídica para la inversión extranjera. También se subrayó la importancia de fortalecer la relación con Norteamérica, y particularmente con Estados Unidos, mediante una estrategia más proactiva —y no meramente reactiva—, además de impulsar la diversificación no solo en el ámbito comercial, sino también a través de la reapertura del diálogo en temas estratégicos.
Finalmente, las y los excancilleres compartieron sus principales aportaciones a la diplomacia mexicana, así como reflexiones sobre lo que les hubiera gustado impulsar y lo que, en retrospectiva, pudo haberse hecho mejor. Entre aspiraciones, memorias y testimonios destacaron temas como la diversificación del comercio exterior, la recuperación de espacios de influencia en distintas regiones, la organización de cumbres internacionales y el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, entre otros.
Para más información escribe a: comunicacion@consejomexicano.org
/ Quizá una de las consecuencias más directas, pero menos pensadas del libro Ni Venganza Ni Perdón de Julio Scherer es que pareció confirmar mucho de lo que se decía ya dentro y fuera del país acerca del gobierno fundador de la llamada Cuarta Transformación.
Los señalamientos sobre problemas de legalidad están ahí, significados menos por las que hubieran sido quizá debatibles, pero justificables decisiones de corregir abusos previos que por el deseo de imponer determinaciones basadas más en el deseo personal, en el "yo creo" o en la simpatìa ideológica que en capacidades.
Programa de Jóvenes COMEXI
