/ Hace 28 años recorrí Cuba junto con mi padre. De aquel viaje conservo muchas imágenes, pero ninguna tan clara como la noche en que escuchamos a Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en el Teatro Karl Marx. La Habana parecía un museo viviente: automóviles de los años cincuenta, fachadas que respiraban otra época y una sociedad que, pese a las carencias, todavía transmitía una sensación de “esperanza”. Todo parecía congelado en el tiempo; el sistema, al parecer, aún sobrevivía.
Tres décadas después, la pregunta resulta inevitable: ¿qué fue lo que pasó con Cuba?
Sería un enfoque parcial atribuir toda la responsabilidad al embargo estadounidense. Ha sido un factor determinante durante décadas y ha limitado seriamente el acceso de la isla a financiamiento, inversión y comercio. Pero también sería ingenuo ignorar que buena parte de la tragedia cubana nació desde dentro. Ningún embargo explica por sí solo la ausencia de productividad, la asfixia de la iniciativa privada, la centralización absoluta de las decisiones económicas ni la incapacidad del Estado para corregir sus propios errores.
Un pensador cubano que conocí en aquella ocasión resumía esa contradicción con una frase contundente: "Fidel hablaba de comunismo, pero firmaba sus documentos con Montblanc." En pocas palabras, retrata el problema esencial de muchos proyectos revolucionarios: el sacrificio siempre fue para la población; los privilegios, para quienes ejercían el poder.
Durante décadas, el modelo sobrevivió gracias a subsidios externos. Primero fue la Unión Soviética; después, la Venezuela de Chávez y Maduro. Cuando ambos soportes desaparecieron o se debilitaron, quedó al descubierto una economía incapaz de sostenerse por sí misma.
Las cifras son contundentes. La economía cubana acumula cinco años consecutivos de contracción o estancamiento y todavía permanece alrededor de 10% por debajo de su tamaño en 2019. Sectores como la agricultura y la industria han perdido más de la mitad de su capacidad productiva; la manufactura continúa en retroceso y el ingreso de divisas ha caído drásticamente.
El deterioro cotidiano resulta todavía más dramático. Los apagones de hasta veinte horas diarias se han convertido en parte de la normalidad en numerosas provincias; la escasez de alimentos y medicamentos obligó incluso al gobierno a solicitar apoyo alimentario internacional, mientras que cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en la mayor ola migratoria de su historia reciente. Entre 2021 y 2023, la población disminuyó cerca de un 10%, principalmente por la emigración. Cuando una nación exporta más talento que productos, pierde más población que inversión y ofrece a sus jóvenes como principal proyecto de vida la emigración, el fracaso ya no admite eufemismos.
La historia de Cuba no debería utilizarse para alimentar trincheras ideológicas, sino para recordar que ningún modelo político está por encima de la realidad. Las ideas pueden inspirar revoluciones; la economía, en cambio, exige resultados. Cuando el poder sustituye la libertad por el control, el mercado por la miseria y la crítica por el silencio, las consecuencias terminan pagándolas millones de personas.
Las ideologías radicales suelen enamorar por sus promesas, pero con demasiada frecuencia terminan justificando el sufrimiento en nombre de un futuro que nunca llega. Cuba es quizá el ejemplo más doloroso de esa contradicción. Una revolución que prometía dignidad terminó administrando escasez; un proyecto que hablaba de igualdad produjo privilegios; un sueño de justicia concluyó en resignación.
Las revoluciones pueden cambiar gobiernos. Lo verdaderamente difícil es construir un país donde la libertad y la prosperidad caminen de la mano.
/ Hace treinta años Estados Unidos decidió enfocarse en el cerebro (tecnología, servicios, finanzas) y hacer de China sus brazos, la fábrica del mundo. China aceptó, pero aprovechó para invertir en universidades, patentes, gigantes comerciales y tecnológicos. Le creció un cerebro propio. Hoy compite en el terreno que Washington creía suyo, y los aranceles de Trump son la reacción de un país asustado que intenta recuperar la industria que él mismo regaló. Washington reordenó toda su estrategia de seguridad alrededor de la prioridad de contener a China. En el terreno militar tomó forma con la "disuasión por negación" de Elbridge Colby, pensada para impedir que China domine el Pacífico; y con la "doctrina Donroe" quiere sacar a China del "Hemisferio Occidental".
En medio de todo esto, el T-MEC funciona como parte de esta estrategia. El gobierno estadounidense quiere que México sea ahora "el tapón" que impida la entrada de productos chinos a su mercado. Y tiene razones para preocuparse. Por dar un ejemplo, maquiladoras de Tijuana traen piezas de Asia, las ensamblan y distribuyen los productos finales a lo largo de EEUU. Solamente el año pasado alcanzamos una cifra récord histórica de 133,270 millones de dólares en importación de productos chinos.
¿Y nosotros qué hemos hecho? Presentamos cifras récord de decomisos de fentanilo y tenemos los niveles más bajos de migración (desplegando la Guardia Nacional). En lo comercial, México asumió su papel de tapón y desde enero subió aranceles a más de 1,400 productos de países sin tratado, incluyendo China. Cedimos a todo y, aún así, Trump mantuvo los aranceles al acero, al aluminio y a los autos por la Sección 232, y el 24 de julio sumó otro, de la Sección 301, que alcanzó al 15% de exportaciones que no cumplen las reglas de origen.
No solo eso. Tras la revisión conjunta del 1 de julio, Estados Unidos no aceptó extender el tratado dieciséis años más. El tratado sigue vivo con revisiones anuales hasta 2036 y 85% de nuestras exportaciones conserva arancel cero si cumple las reglas de origen. Pero la Sección 232 continúa y por eso, a pesar de ser el principal socio comercial de EEUU, nuestros autos pagan 25% mientras que los de Corea, Japón o la UE pagan 15%.
Sí cerramos la puerta a China, usémoslo como nuestra carta más grande en la mesa para eliminar los aranceles de las Secciones 232 y 301 o renovar el tratado hasta 2042.
Hay al menos tres cosas que México puede hacer.
1) Recuperar a la Sheinbaum estadista. Al inicio de su gobierno negociaba con Trump y conseguía resultados; hoy entrega a mexicanos, sin el debido proceso, mientras se envuelve en la bandera por funcionarios con presuntos nexos inconfesables.
2) Tejer nuevas alianzas. Necesitamos una estrategia coordinada entre nuestros consulados y las cámaras de comercio locales en los estados que más dependen de nosotros (Texas, California, Michigan, Ohio, Illinois) para mostrarles cuántos empleos y cuánta producción pierden de su lado si se golpea nuestra economía. Así presionan a sus gobernadores y al Congreso a nuestro favor.
3) Seguir diversificando. El acuerdo modernizado con la Unión Europea y nuestra presencia en el Tratado Transpacífico (CPTPP) son la puerta para depender menos de un solo mercado.
No podemos mudarnos del vecindario que nos tocó, pero sí llegar a la mesa con la fuerza para que el vecino del norte nos trate con la dignidad que merecemos. El balón está de nuestro lado.
/ La invasión de Rusia a Ucrania constituye una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de ese país, así como una transgresión al Derecho Internacional. Las causales que Rusia ha esgrimido históricamente son del todo conocidas, pero no constituyen un factor que legitime la guerra. Los espacios para dirimir esas disputas no son los que determinan las armas. Rusia no está sola en esa tendencia: la acompañan Estados Unidos, Israel y otros países. El unilateralismo de las potencias es el cáncer que puede llevarnos a la conflagración final.
No existe en las siguientes líneas más que el ánimo analítico que, desde el realismo, busca desmenuzar un momento de nuestra actualidad y extraer conclusiones del mismo.
El nuevo encuentro entre el presidente estadounidenses Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, celebrado el 28 de julio de 2026, atrajo la atención internacional, dominada por un ambiente de especulaciones no exento de una carga de morbo. La tristemente célebre reunión del 28 de febrero de 2025 entre ambos mandatarios proyecta una larga y ominosa sombra que condiciona cualquier escenario cada vez que el Presidente ucraniano visita Washington. El protocolo de ese día concedió un respiro al líder ucraniano: esta vez no hubo una conferencia de prensa en el Despacho Oval que pudiera convertirse en el presagio de un nuevo pelotón de fusilamiento público. Kiev tendrá algo más que agradecer al recientemente fallecido senador Lindsey Graham. Sus honores fúnebres obligaron a breves reuniones en privado.
Después de varios meses marcados por una serie de exitosas operaciones ucranianas de ataque en profundidad contra objetivos militares y energéticos rusos situados a cientos de kilómetros del frente, la reunión pareció reflejar un cambio significativo en el ambiente político de Washington. La disposición expresada por Trump en Ankara para considerar el otorgamiento de licencias que permitan la producción de misiles interceptores Patriot en Ucrania, aunada al creciente respaldo bipartidista en el Congreso estadounidense para endurecer las sanciones contra Moscú, alimentó la percepción de que Kiev había recuperado tanto la iniciativa militar como el impulso político.
No resulta difícil comprender esa interpretación. Por primera vez en muchos meses, Ucrania parecía estar moldeando los acontecimientos, en lugar de limitarse a reaccionar ante ellos. Sus ataques con drones de largo alcance evidenciaron una notable capacidad para imponer costos estratégicos en el interior del territorio ruso, mientras que la desaceleración de los avances terrestres de Moscú sugería que el equilibrio militar comenzaba a modificarse. En ese contexto, un Zelenski más seguro, aunque, supongo, protegido por una sana dosis de escepticismo respecto del resultado final de su visita, llegó a Washington con un ánimo renovado: no como el dirigente de un país que luchaba únicamente por sobrevivir, sino como el representante de unas fuerzas armadas capaces de innovar, adaptarse y sorprender, desde el punto de vista operacional, a su adversario.
Sin embargo, la realidad estratégica rara vez coincide plenamente con las apariencias políticas. El verdadero significado del encuentro entre Trump y Zelenski no puede evaluarse de manera aislada. Durante esos mismos días se produjo una serie de acontecimientos que trasciende ampliamente el ámbito de la política estadounidense. Diversos informes revelaron la reducción de los inventarios estadounidenses de misiles interceptores y otras municiones de precisión de largo alcance; Rusia intensificó su campaña de ataques aéreos contra ciudades ucranianas; Polonia volvió a experimentar los riesgos derivados de la proximidad del conflicto al territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); aparecieron indicios de una participación china más activa en el suministro de armamento a Irán, y una fábrica de drones perteneciente a una empresa estadounidense establecida en Kiev fue destruida por un misil ruso.
Considerado de manera aislada, cada uno de estos hechos podría interpretarse como un episodio más dentro de un entorno internacional crecientemente complejo. Analizados en conjunto, sin embargo, parecen apuntar a un fenómeno de mayor alcance. Todo indica que la guerra en Ucrania está dejando de ser un conflicto predominantemente europeo, respaldado por actores externos, para convertirse paulatinamente en uno de los escenarios de una confrontación estratégica mucho más amplia, en la que convergen Europa Oriental, el Medio Oriente, el Indo-Pacífico, la industria occidental de defensa y la rivalidad entre las principales potencias del sistema internacional.
Resulta todavía prematuro afirmar que esta convergencia sea definitiva. La historia ofrece ejemplos de guerras que generan momentos de aceleración y convergencia aparentes que posteriormente se diluyen sin modificar de manera sustancial las tendencias de fondo. No obstante, los acontecimientos recientes obligan a formular una pregunta distinta de la que dominaba el debate hace apenas unos meses. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si Ucrania ha logrado obtener un grado significativo de iniciativa militar o si Washington ha adoptado una actitud más favorable hacia Kiev. La interrogante esencial consiste en establecer si nos encontramos ante los primeros indicios de una nueva fase estratégica, en la que las decisiones políticas, las capacidades industriales, la innovación militar y los conflictos regionales comienzan a interactuar de manera mucho más estrecha que en el pasado.
La distinción no es menor. El impulso político y la capacidad estratégica evolucionan a ritmos diferentes. Una reunión presidencial, una declaración pública o una exitosa operación militar pueden modificar las percepciones en cuestión de días. En cambio, la movilización industrial, la ampliación de la producción de armamento, la formación de personal especializado y la adaptación de las cadenas logísticas son procesos que requieren años. A lo largo de la historia, numerosos líderes políticos han confundido el impulso político del momento con una ventaja estratégica duradera, solo para descubrir posteriormente que el equilibrio real de poder apenas había cambiado y que estaba lejos de traducirse en victorias sostenibles en el frente. La incursión ucraniana en Kursk, entre agosto de 2024 y abril de 2025, constituye un claro ejemplo. Hoy, el nuevo frente profundo abierto por Kiev configura una realidad que ha alterado profundamente la ecuación del combate.
Desde esta perspectiva, los acontecimientos que rodearon el encuentro entre Trump y Zelenski deben analizarse no solo como un episodio diplomático de gran visibilidad, sino como manifestaciones de tendencias estructurales más profundas. Los recientes éxitos militares de Ucrania son indiscutibles y no deben minimizarse. Por su parte, más allá de sus evidentes limitaciones estructurales, Rusia continúa demostrando una significativa capacidad para absorber reveses operacionales sin abandonar sus objetivos estratégicos. Entretanto, pese al optimismo que ha traído el aparente cambio de la marea, el entorno internacional se ha vuelto más complejo, más interdependiente y, probablemente, mucho más demandante para que el apoyo occidental a Ucrania se mantenga como un esfuerzo sostenido y coherente con la nueva realidad estratégica del conflicto.
Comprender estas dinámicas paralelas exige mirar más allá del encuentro celebrado en la Casa Blanca. La cuestión esencial no radica solo en si el presidente Trump ha adoptado una posición más favorable hacia Ucrania, ni siquiera en si la mantendrá. Más importante aún es determinar si el entorno estratégico dentro del cual deberán actuar tanto Washington como Kiev ha comenzado a transformarse de manera más profunda, hasta el punto de que el futuro del conflicto dependa menos del simbolismo diplomático que de factores como la capacidad industrial, la adaptación militar y la creciente interrelación entre escenarios estratégicos que hasta hace poco se analizaban por separado. Hoy tenemos una primera respuesta: Trump ha vuelto a recular y no habrá licencias para que Ucrania fabrique misiles interceptores Patriot. Sin embargo, la relación entre Trump y Zelenski está lejos de haber regresado al punto en que se encontraba en febrero de 2025.
La corta vida de un renovado impulso político tras Washington A primera vista, la narrativa política que siguió al encuentro entre los presidentes Trump y Zelenski resultaba convincente. La visita tuvo lugar después de una de las etapas más exitosas de las operaciones ucranianas de ataque en profundidad desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Las fuerzas ucranianas demostraron una capacidad creciente para alcanzar objetivos estratégicos situados a gran distancia del frente, incluidas instalaciones energéticas, centros logísticos e infraestructura militar localizados a más de mil kilómetros del territorio bajo control de Kiev. Tales operaciones no solo impusieron costos económicos apreciables a Rusia, sino que también cuestionaron la percepción, largamente aceptada, de que la profundidad estratégica de su territorio constituía una protección efectiva frente a ataques sostenidos. Los estrategas rusos confrontan una nueva realidad: la guerra del futuro superará cualquier intento de relocalizar la industria militar, incluso más allá de los Urales.
Éxitos militares de esta naturaleza trascienden inevitablemente el ámbito estrictamente operacional. Influyen en los cálculos de los aliados, modifican las percepciones de los parlamentos, afectan las expectativas de la opinión pública e inciden en la disposición de los gobiernos para mantener o ampliar su respaldo político y militar. En Washington, donde el apoyo a Ucrania ha debido competir con otras prioridades estratégicas de alcance mundial, las recientes operaciones ucranianas han brindado nuevos argumentos a quienes sostienen que la asistencia occidental continúa generando rendimientos estratégicos tangibles. Simultáneamente, ha surgido una nueva narrativa: la marea ha cambiado; la victoria es posible, sostienen unos; una negociación más justa es hoy viable, afirma el bando realista.
En ese contexto, el anuncio del presidente Trump durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, relativo a la disposición de Estados Unidos para autorizar la producción bajo licencia de misiles interceptores Patriot en territorio ucraniano, reforzó la impresión de que Washington estaba dispuesto a inaugurar una nueva etapa de cooperación. Aun cuando permanecían sin resolver importantes cuestiones técnicas, industriales y contractuales, el significado político del anuncio era evidente. Tras varios meses marcados por la incertidumbre respecto de la orientación de la política estadounidense hacia Kiev, la Casa Blanca parecía contemplar la posibilidad de una asociación industrial más profunda, en lugar de limitarse a transferir, claro, previo pago, armamento procedente de sus propias existencias.
La evolución del debate político estadounidense contribuyó igualmente a fortalecer esa percepción. Diversas iniciativas bipartidistas orientadas a endurecer el régimen de sanciones contra Rusia evidenciaban que la resistencia frente a Moscú seguía contando con apoyos significativos en ambos partidos, pese a las diferencias existentes sobre el alcance y la duración del compromiso estadounidense. Paralelamente, algunas figuras influyentes dentro de sectores ultraconservadores, tradicionalmente escépticos o incluso opuestos al apoyo a Ucrania, comenzaron a matizar sus posiciones tras conocer de primera mano la evolución del conflicto.
Considerados en conjunto, estos elementos parecían indicar que Ucrania había recuperado un margen político en Washington que pocos habrían considerado posible apenas unos meses antes. Ese margen, debo anotar, debería materializarse en hechos concretos; sin ellos, el impulso político es mera retórica.
No obstante, conviene distinguir cuidadosamente entre impulso político y transformación estratégica. En ese sentido, se puede decir que los límites del impulso político son la capacidad industrial y la restricción de los inventarios de misiles.
La hipótesis de un renovado impulso político generado durante la visita del presidente Zelenski a Washington descansaba sobre un supuesto fundamental: que un mayor respaldo político terminaría traduciéndose en un incremento efectivo de las capacidades militares de Ucrania. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que esa relación pronto comenzaría a verse condicionada por factores que la mera expresión de voluntad política, por sí sola, no puede resolver.
Además, la principal limitación ya no parece residir exclusivamente en la disposición de los gobiernos occidentales para apoyar a Kiev. Comienza a radicar, cada vez más, en la capacidad industrial. El apoyo militar de Occidente a Ucrania ha dado saltos cuantitativos y cualitativos. En 2022, la primera oferta de ayuda alemana se limitaba a poner a disposición de Kiev 5000 cascos para su ejército. Hoy, la ayuda europea es mayoritaria y el apoyo financiero y militar de Occidente, en su conjunto, se acerca a los 300 000 millones de euros.
Durante buena parte de la guerra, el debate sobre la asistencia militar occidental estuvo dominado por decisiones eminentemente políticas: autorizar o no el envío de sistemas de armas cada vez más sofisticados, flexibilizar las restricciones sobre su empleo o ampliar el respaldo financiero a Ucrania. Esas discusiones fueron, sin duda, decisivas. No obstante, conforme el conflicto se prolonga, tienden a ocultar una realidad mucho más elemental: ningún sistema de armas puede transferirse si ya no existe en cantidades suficientes, ni la producción industrial puede multiplicarse de manera inmediata por el simple hecho de que así lo decidan los responsables políticos.
Hoy, diversos informes de fuentes abiertas sobre la reducción significativa de los inventarios estadounidenses de misiles interceptores ilustran con particular claridad esta nueva realidad estratégica. En concreto, dichos informes señalan que las existencias de misiles Patriot se han reducido en dos terceras partes a partir de la guerra con Irán.
En general, las estimaciones relativas a la disminución de las existencias de misiles Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, JASSM, Tomahawk y otras municiones guiadas de alta precisión no deben interpretarse únicamente como datos logísticos o presupuestales. Constituyen indicadores de naturaleza estratégica. La capacidad de disuasión contemporánea depende no solo de la sofisticación tecnológica de los sistemas de armas, sino también de la confianza en que estos se encuentran disponibles en cantidades suficientes para sostener operaciones simultáneas en diversos teatros.
Esta consideración adquiere especial relevancia por una razón frecuentemente soslayada. La reducción de los inventarios estadounidenses no obedece de manera determinante al apoyo brindado a Ucrania. Más aún, la mayor parte del consumo reciente responde a las operaciones desarrolladas por Estados Unidos en el Medio Oriente, donde los sistemas interceptores han sido empleados intensamente para proteger a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados regionales frente a sucesivas oleadas de misiles balísticos y drones iraníes.
/ Fue una semana particularmente ruda para la política exterior estadounidense: por un lado, pareció iniciar una literal guerra comercial con Canadá, hasta hoy socio del acuerdo comercial norteamericano que incluye a México, y bajó de nivel unos simulacros de entrenamiento defensivo con Corea del Sur porque ese país no ha ayudado a abrir el Estrecho de Ormuz.
Al confrontar a Canadá, Trump escoge la batalla incorrecta; amenazas no son creíbles
Si se hiciera un análisis objetivo de cuál es el país más confiable del mundo, Canadá estaría en la parte más alta de la lista. Estados Unidos (en los tumultuosos días de Donald Trump) mucho más abajo. Suena un tanto risible que su presidente sostenga que las negociaciones con su socio del norte fracasaron porque los canadienses no son confiables para negociar. En sus propias palabras, escribió en redes ayer: “they are among the worst Nations in the World to deal with. They feel entitled, and yet, WE DON’T NEED CANADA, THEY NEED US!” (Son una de las peores naciones en el mundo con quien negociar. Sienten que tienen derechos y, sin embargo, NO NECESITAMOS A CANADÁ, ¡ELLOS NOS NECESITAN!)
Esta reacción visceral de la Casa Blanca y la amenaza de nuevos aranceles de 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero a partir de enero 2027 responde al reciente fracaso de las negociaciones para lograr un acuerdo que disminuyere aranceles que Estados Unidos ha impuesto ilegalmente y para los que Canadá ha respondido, de manera muy parcial y modesta, con aranceles compensatorios a las exportaciones estadounidenses.
Merece la pena recordar la cronología para tratar de dilucidar en qué puede terminar todo esto. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez en 2017 encontró tres obstáculos legales para imponer sus amados aranceles: uno, son un impuesto y por lo tanto requieren de autorización del Congreso en iniciativas que surjan de la Cámara de Representantes. Dos, Estados Unidos tiene aranceles consolidados cercanos a tres por ciento promedio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aplicados de casi el mismo nivel, por lo que los aranceles no pueden incrementarse sin violar compromisos multilaterales (ver propuesta de reforma a la OMC para superar este problema). Tres, para ciertos países, sobre todo Canadá y México, Estados Unidos está comprometido a cobrar cero aranceles para todos los productos que cumplan con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) primero y luego del Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC).
Peter Navarro, su asesor comercial, le explicó que la única manera de hacerlo era apelar a las excepciones de seguridad nacional que contemplan la ley de Estados Unidos y todos sus tratados. La excepción de seguridad nacional fue diseñada para que los países pudieren desviarse de sus compromisos internacionales en casos de emergencia nacional, de guerra, ataques nucleares y eventos similares. Abusar de esta excepción la pervierte.
Trump utilizó la sección 232 de su legislación comercial para imponer aranceles en acero y aluminio, en 2018. México y Canadá interpretaron, correctamente, que los aranceles de seguridad nacional eran una salvaguardia disfrazada, basados en múltiples declaraciones de Trump que los justificaban en términos de empleo e inversión y en el testimonio del Departamento de Defensa de que el acero y aluminio comerciados con México y Canadá (y algunos otros países) no representaban un riesgo de seguridad nacional al ser países amigos y confiables. Con base en el capítulo ocho del TLCAN, México y Canadá impusieron aranceles contra exportaciones de Estados Unidos para compensar la pérdida de acceso. La compensación funcionó; en algunos meses la Casa Blanca retiró los aranceles para sus socios de América del Norte y se eliminaron también las represalias.
Poco tiempo después, se terminó la negociación del T-MEC y en ella permaneció la facultad de compensación inmediata en caso de salvaguardias, ahora en el capítulo diez.
La llegada de Trump II en 2025 fue mucho más agresiva: impuso primero aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) a todos los países, aunque las exportaciones canadienses y mexicanas quedaran exentas si cumplían con las reglas de origen del T-MEC. Posteriormente impuso aranceles de seguridad nacional sectorial bajo la sección 232 a acero y derivados, aluminio y derivados, vehículos (al contenido no estadounidense los que cumplan con la regla de origen del T-MEC), autopartes (las que cumplan con la regla de origen del T-MEC exentas), cobre y algunos derivados y madera. A diferencia de 2018, México prefirió no usar su derecho compensatorio y los dejó pasar. Canadá, por su lado, sí ejerció ese derecho de forma moderada, pero ello bastó para tensar la relación con Estados Unidos. Tanto, que el primer ministro Trudeau perdió su puesto. El resto de los países del mundo prefirió no tomar represalias a pesar de la arbitrariedad de Estados Unidos.
Trump inspiraba temor y se optó por llevar la fiesta en paz. De haberse tomado represalias generalizadas, es posible que hoy ya no hubiere aranceles, pero el hubiera no existe.
A inicios de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos mediante IEEPA. Trump los sustituyó con aranceles de diez por ciento bajo la sección 122 para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos (México y Canadá exentos si se cumplía con la regla de origen del T-MEC), que expiraron el 24 de julio sin la necesaria extensión por parte del Congreso (imposible que Trump consiguiera los votos). Ahora está en proceso de imponer nuevos aranceles bajo la sección 301 con los pretextos de falta de control de importaciones de bienes con trabajo forzado y exceso de capacidad instalada. Finalmente, Trump amenazó a Canadá con aranceles considerados en la sección 338 (que requiere mostrar discriminación contra Estados Unidos) para que se retiraran los aranceles de compensación parcial que el gobierno canadiense impuso como respuesta a algunos, pocos, de los aranceles de la sección 232.
El fracaso del fin de semana implica el cumplimiento con la amenaza de la sección 338 que se iba a desactivar de haberse acordado una reducción significativa de los aranceles bajo la sección 232. El primer ministro canadiense Mark Carney explicó que Estados Unidos demandó concesiones adicionales inaceptables sin ofrecer nada a cambio y prometió sí compensar los aranceles ahora impuestos, pero a partir del ocho de septiembre.
En este contexto, Trump acaba de volver a amenazar con aranceles de hasta 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero canadienses a partir de enero de 2027. Esta amenaza no es creíble. Las principales compañías perdedoras son estadounidenses. Por el contrario, en caso de que el conflicto con Canadá se agudice puede iniciar un proceso de fuerte oposición doméstica en contra de su política comercial. Ése sería, sin duda, el sentir del Congreso, cuyo Senado ha votado ya dos veces en contra de aranceles para con Canadá. Puede tener un impacto en las elecciones de noviembre, en el medio oeste y en los estados vecinos de Canadá.
Finalmente, y esto es lo más importante, puede orillar a las empresas de Estados Unidos a pronunciarse con mucho mayor énfasis en contra de aranceles arbitrarios y a litigar la ilegalidad no sólo de los impuestos bajo la sección 122, sino también bajo la 338 y la 301, pero, sobre todo, bajo la sección 232. Claramente la Casa Blanca ha abusado de sus facultades al usar estas secciones, invadido una esfera exclusiva del Congreso, violado compromisos internacionales y comprometido la reputación de Estados Unidos como país confiable.
Los eventos en Irán y en el estrecho de Ormuz, la errática política con respecto a Ucrania, la presión del mercado de bonos de gobierno, las elecciones en noviembre y ahora el enfrentamiento con Canadá, terminarán debilitando a Trump en el ámbito político y económico interno. De todos ellos, el menos importante es el de Canadá, pero puede volverse la gota que derrame el vaso.
Es tiempo que el Poder Judicial, el Congreso y el sector privado de Estados Unidos asuman su responsabilidad histórica. Aunque no pueden esperar a que otros países les resuelvan su problema, Mark Carney, quizá después otros más, les muestra el camino.
Lo único bueno que puede decirse de Trump es que obliga a los países a asumir sus responsabilidades: Europa a apoyar a Ucrania e invertir en defensa, México a abandonar abrazos y no balazos, Canadá a buscar ser competitiva y diversificada. Pero también obliga a sus actores domésticos a actuar; van tarde.
Integrante del Grupo México en el Mundo, analiza cómo la integración de Cuba al T-MEC podría impulsar una transición económica pacífica y frenar la crisis migratoria en la región.
/ A México le debe interesar la relación económica con China. Esta relación enfrenta el desafío de mantener el acceso privilegiado al mercado norteamericano sin renunciar a una relación económica y tecnológica con China. Mientras ambos países tienen incentivos para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación, la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos reduce el margen de maniobra para México. El problema no es solamente cuánto comerciar con China, sino cómo hacerlo sin poner en riesgo la integración con Norteamérica.
Columna Invitada
