El Corolario Trump: seguridad hemisférica y migración de retorno en América Latina
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Paola Suárez
/ Apenas en noviembre de 2025 se publicó el documento National Security Strategy of the United States of America, acompañado de un prólogo del actual presidente de los Estados Unidos. En él, en pocas palabras, se expone el significado del llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este corolario refuerza la intención de acentuar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y de protegerlo frente a los intereses de otros actores y países.
De esta estrategia se desprenden dos líneas de acción: enlistar y expandir (Enlist and Expand). La primera coincide con un conjunto de medidas orientadas al control migratorio, que buscan recuperar las mejores prácticas y fortalecer alianzas clave, tanto para frenar la migración y el flujo de drogas ilícitas en toda América e inclusive más allá de sus fronteras, así como fortalecer la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas.
La segunda acción es una estrategia de política exterior de Estados Unidos centrada en recuperar y consolidar su preeminencia en el Hemisferio Occidental. El enfoque principal es desplazar la influencia de potencias extranjeras (competidores no hemisféricos) mediante una combinación de presión económica, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la presencia comercial estadounidense.
Estas dos líneas de acción coinciden plenamente con las medidas aplicadas para la gestión fronteriza y migratoria durante el primer año de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025. Bajo el liderazgo de Marco Rubio como secretario de Estado, Estados Unidos ha impulsado una nueva forma de relacionarse con países no alineados al bloque occidental, como Cuba y Venezuela.
Esta reconfiguración diplomática se ha traducido en acciones concretas, entre ellas la devolución de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de dichos países, así como la cancelación de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas medidas han implicado que terceros países cedan ante la presión estadounidense para aceptar deportaciones sin un proceso judicial previo, como ocurrió con los 252 venezolanos trasladados a El Salvador, donde fueron sometidos a procedimientos injustos en una cárcel de alta seguridad.
Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, la deportación en cadena se convirtió en una estrategia central de control fronterizo. A través de decretos presidenciales, se establecieron mecanismos de devolución a países de origen o a terceros Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esta configuración ha generado un flujo migratorio inverso que no solo tensa los lazos diplomáticos en el hemisferio, sino que desprotege a los solicitantes de asilo. La celeridad e imposición de estos acuerdos ponen en tela de juicio el principio de retorno seguro y ordenado, creando un entorno propicio para la impunidad y el maltrato sistemático de la población migrante.
El impacto en la vida de las personas migrantes sometidas a deportaciones no regularizadas —particularmente a través de redadas masivas— ha generado un creciente descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, fundada en 2001, ha sido objeto de un número cada vez mayor de protestas, a partir de enero de 2026, debido a actos violentos contra personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos.
La deportación no regularizada en este contexto implica un riesgo aún mayor para las personas que se beneficiaron del programa Parole —particularmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos—, así como para quienes carecen de estatus legal o han sido señalados por alguna falta relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas deportaciones inmediatas eliminan la posibilidad de un debido proceso antes de la remoción y exponen a las personas a riesgos graves para su vida y seguridad al ser enviadas de vuelta a países de los que huyeron debido a la violencia o a la pobreza.
/ El rápido envejecimiento poblacional en España es una realidad que necesita respuestas y enfoques multidisciplinares para su correcto tratamiento. Hacerle frente implica repensar la organización actual del Estado debido a que cada vez hay más registros de muertes que de nacimientos.
Por lo tanto, vale la pena analizar a la inmigración como un aspecto que puede ayudar en el sostenimiento del Estado de bienestar español.
La inmigración se ha presentado como un elemento fundamental para darle fuerza a las áreas que están mayoritariamente envejecidas y para reducir la tensión provocada por la poca de mano de obra joven y por el preocupante desequilibrio demográfico que está presente alrededor de todo el territorio español. De acuerdo con el Banco de España, el aporte de la población extranjera que vive en España se evidencia sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
Lo expuesto anteriormente demuestra el importante rol que tiene la inmigración para servir como motor para el mantenimiento de la economía del país. De hecho, según el centro de análisis Funcas, desde 2022 y hasta finales de 2024 la población extranjera viviendo en España cubrió el 40% de los trabajos disponibles, lo cual tuvo resultados favorables para el crecimiento del sector económico español. Por lo tanto, con los hechos abordados es posible entender a la inmigración como un elemento que tiene la capacidad de adaptarse a los drásticos cambios demográficos que ha atravesado España en los últimos años y, al mismo tiempo, generar respuestas ante las necesidades del país.
En este sentido, la llegada de extranjeros a España puede generar efectos positivos para áreas prioritarias a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que dichos beneficios pueden volverse más viables al estar acompañados de iniciativas que busquen el bienestar de todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia ni estatus económico. Según datos arrojados por El Observatorio Social, los extranjeros que viven en España son un sector poblacional que atraviesa múltiples dificultades financieras y se enfrenta a diferentes tipos de brechas, como la laboral. Por esta razón, es necesario que se sumen esfuerzos para que su integración y protección pueda darse de manera exitosa.
En definitiva, la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad en España son factores que afectan el mantenimiento del Estado de bienestar del país a largo plazo. No obstante, crear una agenda con prioridades bien definidas y planes de inclusión para los inmigrantes puede ayudar significativamente a equilibrar las implicaciones causadas por el creciente número de personas de la tercera edad en España.
Al considerar que en el territorio español hay una elevada cantidad de inmigrantes, resulta importante que se analice el papel de dicho sector poblacional como una vía de acción viable para hacerle frente a los desequilibrios provocados por el envejecimiento poblacional. Lograr este objetivo no podrá darse de forma inmediata, pero, para intentar contrarrestar sus efectos actuales, puede ser conveniente que el gobierno de España empiece por abordar las causas estructurales que han provocado que la natalidad haya tenido una caída drástica.
Por último, vale la pena reconocer que el potencial positivo de la inmigración no está libre de problemáticas sociales. Al considerar que la integración de los no nacionales es un aspecto que genera desafíos, es posible plantear que las dinámicas de convivencia en el país se ven afectadas. Por eso, al contemplar a la inmigración como un factor clave para el dinamismo en la economía española, no se debe ignorar la necesidad de promover procesos de cohesión que puedan mantenerse con el paso del tiempo.
/ El Ártico dejó de ser una periferia silenciosa. Hoy es el espacio donde confluyen el deterioro climático, la ambición estratégica y una disputa política que amenaza con profundizar el quiebre trasatlántico. El 22 de marzo de 2025, el hielo marino alcanzó el máximo anual más bajo desde que hay registros satelitales: 14.33 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del promedio histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo resumió sin eufemismos: el techo helado del hemisferio norte está dejando de cumplir su función de estabilizador climático. En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento en el Ártico es más acelerado que en cualquier otra región, amplificando riesgos ambientales, económicos y políticos.
Ese deterioro físico abre oportunidades —y tentaciones—. Con menos hielo, se extienden las temporadas de navegación y se acortan distancias entre Asia y Europa. Pero la eficiencia logística convive con una vulnerabilidad mayor: infraestructuras escasas, ecosistemas frágiles y una gobernanza incapaz de contener rivalidades crecientes. El Ártico no solo se derrite; se vuelve disputable.
Soberanía y rutas marítimas
En ese contexto debe leerse el renovado interés de Donald Trump por Groenlandia. Lo que en otro momento pareció una excentricidad, hoy aparece como una pieza coherente —y profundamente inquietante— de una ambición geoestratégica mayor. De lo que se ha filtrado de las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no se desprende que Washington busque, al menos de manera inmediata, más bases militares, acceso privilegiado a minerales específicos o la instalación de armas estratégicas en la isla. El núcleo del diferendo es otro: la soberanía.
Groenlandia no es relevante solo por lo que tiene, sino por dónde está. Para Estados Unidos, adquirir soberanía sobre la isla significaría alterar de manera sustantiva el mapa de colindancias en el Ártico. Hoy, la huella estadounidense en la región deriva casi exclusivamente de Alaska. Esa posición es relevante, pero limitada frente a las amplias proyecciones de Rusia, que cuenta con la mayor línea costera ártica y con reclamaciones consolidadas sobre extensas áreas del océano Ártico. La soberanía sobre Groenlandia permitiría a Washington proyectarse directamente hacia el corazón del Ártico, equilibrando —y disputando— esa ventaja rusa.
No es un detalle menor. En el derecho del mar, la posesión de territorios árticos amplía zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y, con ello, derechos potenciales sobre recursos y rutas. Cambiar la soberanía de Groenlandia alteraría ese equilibrio sin necesidad de disparar un solo tiro. De ahí la gravedad del planteamiento.
A esto se suma la dimensión marítima. El deshielo hace cada vez más plausible la navegación regular por rutas árticas. Los pasos al este de Groenlandia —vinculados al Atlántico Norte y a los accesos entre Norteamérica y Europa— adquieren una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de comercio: controlar, influir o condicionar esos corredores implica capacidad de presión económica y militar. En un mundo de cadenas de suministro tensionadas, los canales de navegación se vuelven instrumentos de poder.
Visto así, la pregunta sobre Groenlandia tiene una respuesta incómoda, pero clara. No son solo los minerales, ni las bases, ni siquiera el corto plazo; es el Ártico. Es la posibilidad de redefinir colindancias, de disputar la primacía rusa y de sentar un precedente sobre cómo se reconfiguran espacios estratégicos en el siglo XXI. “Es el Ártico, estúpido”, podría responder Trump si contestara con franqueza.
Riesgo de contagio normativo
El problema es el costo político de esa ambición. El diferendo golpea directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La alianza pierde cohesión cuando uno de sus miembros plantea, siquiera retóricamente, la modificación de la soberanía de un territorio ligado a otro aliado. Ganan, en cambio, las ambiciones extraterritoriales que alimentan narrativas similares en Beijing y Moscú. Rusia observa; China, sin colindancia directa con el Ártico, busca afanosamente una reivindicación que le permita reafirmarse como actor “casi ártico”. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ayuda. Europa recibe, una vez más, un incentivo para cerrar filas, mientras la posibilidad de una guerra arancelaria aparece menos como causa y más como síntoma de un divorcio profundo.
Las consecuencias se proyectan más allá del Ártico. Pierde Ucrania, cuya causa se debilita cuando la soberanía se relativiza. Pierde Taiwán, porque el unilateralismo refuerza la lógica de los hechos consumados. Y pierde el orden multilateral, justo cuando más necesitaría reglas claras.
En este escenario, el Ártico se perfila como uno de los principales vectores del conflicto mundial que viene: no necesariamente una guerra abierta, pero sí una disputa sostenida por colindancias, rutas de navegación y legitimidad. A diferencia de otros teatros, aquí confluyen disuasión nuclear, fragilidad ambiental y rivalidad entre grandes potencias.
En el contexto de la moralidad occidental, la acción estadounidense en Venezuela recuerda, en el marco del multilateralismo y el Derecho Internacional, que ese tipo de acción deja a todos los países menos seguros porque erosiona la regla básica que evita que el planeta se convierta en la jungla anárquica de potencias que hace las pesadillas de los realistas más duros. Además, la captura de Nicolás Maduro y los ataques emprendidos para lograrla debilitan el Derecho Internacional —que costó décadas construir y ha estado bajo asedio en el último lustro—, precisamente por el riesgo de contagio normativo: lo que se tolera una vez se vuelve argumento para repetirse (nuevamente, habría que revisar la acumulación de efectos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina).
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado.
Si ese contagio llegara al Ártico, el daño sería doble: tocaría soberanía y, además, elevaría el riesgo nuclear. Porque el Ártico no es solo comercio y minería: es también un teatro de disuasión. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advirtió, en 2025, que una nueva carrera de armamentos nucleares se perfila mientras los regímenes de control se debilitan, y casi todos los Estados con armas nucleares modernizan sus arsenales. Y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que el Ártico vive “cambios geofísicos y geopolíticos” rápidos que obligan a mejorar capacidades, presencia y cooperación con aliados. A esto se suma el acercamiento ruso-chino en la región, que el Pentágono señala como motivo de preocupación estratégica, en parte por infraestructura, energía y rutas marítimas (Reuters, 2024).
El problema es que la gobernanza ártica llega tarde. A diferencia del Antártico, donde el tratado congeló disputas y organizó la investigación científica, el Ártico combina jurisdicciones, intereses comerciales y competencia militar con una arquitectura más frágil. El Consejo Ártico —foro clave de cooperación— ha intentado recomponer rutinas de trabajo técnico tras las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, pero su reactivación gradual deja claro lo delicado del momento. Y, aun así, la región no está condenada al choque: el Acuerdo para Prevenir la Pesca No Reglamentada en Alta Mar en el Océano Ártico Central entró en vigor en 2021, como ejemplo de precaución multilateral antes de que llegue la depredación. Es una pista importante: cuando el mundo se lo propone, puede acordar “límites” antes de que el mercado o la rivalidad los impongan por la fuerza.
Una oportunidad para la política exterior mexicana
Ahí es donde México tiene una oportunidad que no depende de tener costa en el Ártico, para proponer una Zona Libre de Armas Nucleares en el Ártico (ZLANA). México es un actor con credenciales normativas en desarme y construcción de paz. El Tratado de Tlatelolco —primer acuerdo que estableció una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada— sigue siendo referencia mundial. La idea no es extravagante: es un instrumento previsto por la arquitectura internacional, que ayudaría a la seguridad internacional y fortalecería el papel de México como actor mundial proactivo y responsable.
La propuesta, en una primera fase, no necesita obsesionarse con la cartografía ni con una negociación imposible de la noche a la mañana. Lo que sí necesita es ambición moral con realismo estratégico: México podría impulsar una conversación formal —en la ONU y con Estados árticos— para explorar esta ZLANA. No para “desmilitarizar” el Norte, sino para reducir el terrible riesgo de que un incidente, una crisis de soberanía o una política de hechos consumados escale hacia el umbral nuclear en un ecosistema que es, simultáneamente ambientalmente frágil y estratégicamente deseado. En términos de diseño, el precedente de las zonas libres ofrece herramientas conocidas: compromisos regionales, protocolos para que los Estados con armas nucleares se obliguen a no amenazar ni usar armas nucleares contra la zona, y mecanismos de verificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además, mantiene guías y experiencia sobre verificación y salvaguardias vinculadas a tratados de zonas libres, lo que daría credibilidad técnica a cualquier esquema.
¿Para qué serviría, en la práctica política, una iniciativa así? Primero, para reinstalar una línea roja clara en un entorno donde las líneas se borran. Si el mensaje geopolítico de Venezuela fue “el fuerte puede actuar”, el mensaje ártico debería ser el inverso: “hay ámbitos donde nadie puede jugar con fuego”. Segundo, para proteger el espacio de cooperación científica y ambiental que aún sobrevive. Las organizaciones indígenas, con estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico, han insistido en que el valor del foro es precisamente permitir cooperación pacífica e incorporar conocimiento indígena en decisiones. Tercero, para darle al multilateralismo una victoria concreta en tiempos de fatiga diplomática: una norma de contención nuclear es el tipo de logro que ordena incentivos incluso cuando las potencias desconfían entre sí.
La objeción típica es inmediata: “las potencias nucleares nunca aceptarán”. Pero la historia de las zonas libres enseña que el camino suele empezar por lo que parece improbable y avanza por capas. La clave es presentar el proyecto como una inversión de seguridad compartida, no como una derrota para nadie. De hecho, varias potencias ya conviven con zonas libres en otros continentes y han firmado protocolos de respeto. Y, en el Ártico, la contención nuclear puede alinearse con intereses que no son ideológicos: evitar accidentes, bajar costos de crisis, proteger infraestructura estratégica y sostener estabilidad en rutas y mercados que todos desean utilizar.
También hay un argumento de política exterior mexicana: el Ártico no es una agenda ajena a Norteamérica. La creciente centralidad del Norte en la defensa continental muestra que la seguridad regional se está reconfigurando; Canadá, por ejemplo, formalizó planes de inversión a 20 años por 38 600 millones de dólares canadienses para modernizar capacidades vinculadas al entorno polar. Y la promesa de las rutas árticas también tendrá un valor elevado para Norteamérica como región. México, firme en su prioridad norteamericana, gana si su vecindad estratégica se vuelve más predecible y menos propensa a crisis. Si el deshielo reconfigura rutas y competencia, México tiene incentivos para que ese reordenamiento ocurra con reglas, no con ultimatos.
Compuertas abiertas
La discusión sobre Groenlandia y la intervención en Venezuela dejan una advertencia: cuando se relativiza la soberanía, se abren compuertas. El Ártico es demasiado importante para dejarlo a esa deriva. México puede ofrecer algo escaso: una diplomacia capaz de hablar con el Norte sin perder legitimidad en el Sur, y capaz de poner sobre la mesa una idea de seguridad humana que no compite con la defensa legítima, sino con la escalada irracional. Proponer un Ártico libre de armas nucleares no resolverá por sí solo la rivalidad internacional, pero sí puede recortar el espacio donde un error se vuelve catástrofe. En un mundo que se calienta, reducir la probabilidad del peor incendio es una política exterior sensata.
México no es un espectador irrelevante. Como actor con tradición en desarme y construcción normativa, puede jugar una carta que otros no tienen. Y el llamado Sur global también tiene incentivos para hacerlo: el debilitamiento del Derecho Internacional rara vez se queda en el Norte. Cuando las reglas se erosionan arriba, el costo se paga abajo.
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado. El Ártico ya no es solo un termómetro del clima; es un barómetro del orden internacional. Ignorarlo sería un error estratégico. Disputarlo sin reglas, una irresponsabilidad histórica.
/ Hubo un tiempo en que cruzar mares era un acto de fe y de método. Los navegantes no tenían satélites ni mapas de precisión: tenían cielo. Las estrellas no les decían “qué pasará”, pero sí les daban orientación: dónde está el norte, cuánto falta, si el clima viene torcido. En un cambio de época, la política internacional se parece a esa travesía antigua: no hay ruta segura, pero sí señales. La diferencia es que hoy las constelaciones no están arriba; están en tratados comerciales, reposicionamientos diplomáticos y decisiones energéticas.
Llegó la hora del fuera máscaras: Estados Unidos y México se quitaron la careta en la misma semana. Washington dejó de fingir que su poder es pura “democracia y valores” y habló como lo que es cuando se siente cómodo: un imperio. México, en cambio, dejó de fingir que tiene control interno y se exhibió como un Estado que, incapaz de impartir justicia plena y de narrarse con fuerza propia, termina operando bajo el guion del vecino.
/ De ser el tema emblemático de su campaña electoral, la política migratoria se ha convertido en un pantano para el presidente Donald Trump.
En un esfuerzo para salvar cara, la idea ahora parece enfocarse más en la frontera y la construcción del muro, así como en una ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, donde los inmigrantes indocumentados encuentran refugio y aún apoyo.
/ Cuando se habla de “Davos”, se habla del Foro Económico Mundial organizado por el Banco Mundial, el espacio donde jefes de Estado, empresarios, organismos multilaterales y académicos se reúnen para leer el pulso del mundo y anticipar hacia dónde se mueve la economía global. América Latina no tenía —hasta ahora— un escenario propio de esa escala. Por eso el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá los días 28 y 29 de enero de 2026, se consolidó como un Davos latinoamericano: un punto de encuentro político y económico para posicionar a la región en el mapa geopolítico global, en un momento de alta fragmentación internacional.
Panamá se convirtió en el epicentro del debate regional. Siete jefes de Estado y uno de gobierno, más de 30 delegaciones oficiales y más de 6,500 participantes de 70 países dejaron claro que la región busca algo más que inversión: busca voz.
Entre los presentes estuvieron Raúl Molina (Panamá), Lula (Brasil), Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica); y José Antonio Kast (Chile). Las cifras importan, pero el mensaje político importó más: América Latina quiere defender su lugar en la redefinición del orden económico internacional.
Uno de los ejes más claros fue la defensa de los minerales críticos. Litio, cobre, níquel y tierras raras —concentrados en gran parte en nuestra región— ya no son solo insumos para la transición energética, son activos geopolíticos. No es casual que la disputa por estos recursos venga acompañada de presiones externas, desde intereses de mineras extranjeras hasta narrativas que normalizan la quema del Amazonas o la venta de territorios estratégicos, como hoy se discute en la Patagonia. La transición energética global pasa, inevitablemente, por América Latina.
El foro dejó ver una región políticamente fragmentada. Una América Latina tensionada entre derechas e izquierdas, entre discursos de soberanía y agendas de mercado. En ese contexto, llamó la atención el discurso de unidad de Kast, en contraste con una región donde conviven un Lula que apuesta por integración, un Milei que promueve la liberalización extrema y una nueva derecha en Centroamérica que gana espacio.
Más allá de los paneles —50 en total— el foro fue también un espacio de operación política y económica. Se realizaron más de 400 reuniones bilaterales y, gracias a una plataforma de CAF, más de 1,100 encuentros adicionales. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, fue claro: CAF ya no solo financia, también construye puentes y crea espacios donde la región articula su narrativa frente al mundo. Esa función política, en el contexto actual, es tan relevante como el financiamiento.
Este reacomodo regional no puede analizarse sin mirar hacia afuera. Europa discute la votación final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que crearía un mercado de más de 700 millones de personas. Aunque México no esté incluido, el impacto regional es innegable. Tras más de 25 años de negociación, el acuerdo sigue generando fuertes críticas: organizaciones como Greenpeace y Climate Action Network advierten que acelerará la deforestación para la producción de carne y soja, mientras agricultores europeos temen competencia desleal y pueblos indígenas denuncian afectaciones territoriales.
El “Davos latinoamericano” no resolvió las tensiones de la región, pero las puso sobre la mesa. América Latina está en una disyuntiva histórica. Puede seguir siendo proveedora de recursos en un mundo que los disputa sin reglas claras, o puede usar su peso estratégico para negociar desde una posición más cohesionada. En 2026, eso ya es un primer paso.
Paola V. Suárez Ávila
