Fernando Núñez de la Garza
/ En los últimos meses hemos visto una creciente división en la clase empresarial nacional. De manera sorpresiva, el magnate Carlos Slim ha tomado su propio camino al acogerse a Palacio Nacional, mientras una parte considerable del gran empresariado parece encontrarse cada vez más disgustado con las políticas del gobierno federal. La pregunta obligada que surge es: ¿qué está motivando al “Ingeniero” a tomar su propio camino y tan públicamente?
Hay un proceso de desinstitucionalización en el país que finalmente alcanzó al empresariado mexicano. Después de ocho años de rascarle la espalda a Palacio Nacional con la esperanza de mantener bajo control el populismo autoritario, los grandes empresarios decidieron hacer un cambio de timón. De haber puesto al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a empleados como Carlos Salazar y a publirrelacionistas como Francisco Cervantes, en diciembre pasado llegó un empresario proveniente de Coparmex, bajo la figura de José Medina-Mora. Sin embargo, es justo en ese momento que Carlos Slim decide contratar como empleado al publirrelacionista Cervantes, crear su propia iniciativa empresarial denominada “Consejo para la Promoción de Inversiones” y tomarse fotos de sus diversas visitas a Palacio Nacional.
El trasfondo parece ser Pemex. La empresa del Estado mexicano tiene una deuda que ronda los 100 mil millones de dólares, con alrededor de 400 mil millones de pesos en deuda con proveedores, mientras su producción cae a sus peores niveles en los últimos cincuenta años. Todo lo anterior en un contexto de aumento de la deuda nacional y recorte del gasto público. Es en esta coyuntura cuando entra quien ya es el “mayor magnate petrolero privado” en México, según un reciente reporte de Bloomberg. En tan solo los últimos años, continúa el diario estadounidense, Carlos Slim adquirió el 80% de la subsidiaria mexicana de Talos Energy, accediendo al lucrativo campo petrolero de Zama. Adquirió también una parte de PetroBal SAPI —del mexicano Grupo Bal— y de Fieldwood México —de la rusa Lukoil— para obtener la totalidad de los campos de Ichalkil y Pokoch. Todo lo anterior aunado a los lucrativos contratos firmados con Pemex para desarrollar diversos campos de gas.
Carlos Slim es el único que tiene los “bolsillos profundos” para invertir en ese sector rodeado de un mar de incertidumbre. Otros empresarios con recursos considerables en el país han incursionado en la industria energética, solo para acabar malheridos. Pero no así Carlos Slim, a quien, además, Morena le hizo el favor de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), del cual se quejó ampliamente al introducir mayor competencia en el sector y perjudicar el monopolio que poseía. La reforma energética de 2013 tenía como fin hacer de Pemex una “empresa productiva del Estado”, mientras se creaban organismos reguladores fortalecidos y rondas petroleras altamente transparentes y competitivas. Eso se acabó con la contrarreforma de 2021, dejándonos con un Pemex más endeudado, menos producción de petróleo y un creciente monopolio privado.
Las políticas morenistas solo han deteriorado las instituciones públicas del país. La presidenta Claudia Sheinbaum jamás menciona las palabras “ley”, “estado de derecho” ni “certidumbre jurídica”. Y por ello, mientras disminuye la confianza empresarial y se prenden alertas económicas por doquier, el magnate mexicano y el partido en el poder se agarran de la mano.
