Andrea Navarro
/ Durante años, México ha explicado su atractivo industrial a partir de la cercanía con Estados Unidos, los costos de producción y el acceso preferencial del TMEC. Esa fórmula permitió consolidar a nuestro país como una gran plataforma manufacturera, pero el nuevo ciclo de competencia geoeconómica está cambiando las reglas del juego. Hoy, el sector empresarial también debe preguntarse si tendrá electricidad suficiente, cuánto costará operar y qué tan limpia será la energía que sostenga su producción.
La relocalización industrial hacia México (nearshoring) puede atraer nuevas inversiones, pero no garantiza por sí sola que el país avance hacia una industria más sofisticada. Para que este proceso se traduzca en una transformación productiva más profunda, México necesita electricidad suficiente y confiable, disponibilidad de agua, personal calificado y empresas nacionales capaces de integrarse a las nuevas cadenas de suministro. De lo contrario, podría sumar plantas y exportaciones sin aumentar de manera significativa el contenido nacional, la transferencia de conocimiento ni el valor agregado que permanece en el país.
La transición energética forma parte de esta competencia industrial y ha ganado una relevancia creciente tanto en el discurso como en las decisiones de inversión. La huella de carbono, la confiabilidad de la red y el origen de la electricidad ya influyen en costos, contratos y acceso a mercados. En ese contexto, IRENA reportó que las energías renovables concentraron 85.6% de la nueva capacidad eléctrica instalada en el mundo durante 2025.
México cuenta con abundantes recursos solares y eólicos, experiencia manufacturera y una posición estratégica dentro de América del Norte. Sin embargo, esa fortaleza convive con una infraestructura que necesita crecer al ritmo de la demanda. La capacidad de generación, transmisión y almacenamiento será determinante para sostener sectores como la electromovilidad, los semiconductores y los centros de datos, cuya expansión requiere un suministro eléctrico constante y competitivo.
La urgencia aumenta cuando se incorpora el cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía ha documentado que las olas de calor y la baja generación hidroeléctrica provocaron tensiones de suministro en México durante los periodos de mayor consumo. El mismo calentamiento que eleva la demanda puede reducir la capacidad del sistema para responder, de modo que la seguridad climática termina definiendo también la viabilidad de la política industrial.
La revisión del TMEC ocurre precisamente en este punto. México, Estados Unidos y Canadá discuten cómo preservar la competitividad regional en medio de cadenas de suministro más frágiles y una competencia tecnológica cada vez más intensa. Nuestro país debería llegar a ese proceso con una agenda que combine infraestructura, certidumbre regulatoria, cooperación trilateral y desarrollo de capacidades propias. Al Estado le corresponde planear y garantizar la confiabilidad del sistema, mientras la inversión pública y privada amplía la generación, moderniza las redes e incorpora almacenamiento.
El nearshoring será una ventaja duradera únicamente si México convierte la energía en parte de su política industrial. Y aunque la cercanía con el mercado estadounidense seguirá siendo valiosa, definitivamente será insuficiente para competir en una economía que exige mayor resiliencia, menor huella de carbono y más conocimiento.
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