Dení García
/ En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México se encuentra por encima de Europa en materia de paridad política y representación de mujeres en la función pública.
Si bien los datos sobre participación femenina en congresos, gabinetes y espacios de decisión muestran avances históricos que durante décadas parecían impensables, reducir la discusión a una comparación numérica resulta insuficiente.
La presencia de más mujeres en el poder no necesariamente implica una transformación estructural de las condiciones que siguen reproduciendo desigualdad, violencia y exclusión para millones de mexicanas.
La paridad es, sin duda, un avance democrático indispensable. Sin embargo, no resuelve por sí misma los problemas de fondo: la ausencia de una agenda prioritaria sólida, transversal y sostenida con perspectiva de género que impulse políticas públicas capaces de modificar las condiciones materiales de desigualdad. La igualdad sustantiva —es decir, aquella que busca garantizar no solo igualdad jurídica, sino igualdad real en oportunidades, derechos, acceso y condiciones de vida— sigue siendo una deuda pendiente.
Tener más mujeres ocupando cargos públicos no garantiza automáticamente gobiernos comprometidos con los derechos de las mujeres, ni iniciativas eficaces para combatir la violencia, la brecha salarial, la precarización laboral o la carga desproporcionada de cuidados.
En la práctica, la vida de las mujeres no está siendo beneficiada porque estas mujeres estén en los cargos públicos. Comparar a México con países como Suecia o España únicamente desde la cantidad de mujeres en cargos públicos ignora dimensiones mucho más profundas del desarrollo democrático y la igualdad.
En Europa, principalmente en Suecia, existe un sistema de cuidados que brinda una licencia parental, con 480 días de licencia pagada para la pareja, 90 días forzosos para cada uno y 300 días más flexibles para que el padre o la madre realicen labores de cuidado. En México, las licencias de paternidad son solo de 5 días para el padre, mientras que la madre, además de recuperarse del parto, sigue atendiendo las labores del hogar y tiene una licencia de 84 días.
Mientras que en España está legalizada la licencia por dolor menstrual severo pagado por la seguridad social, en México ni siquiera existen productos gratuitos para una menstruación digna. Mientras que en Francia y Reino Unido existe una estricta revisión de cesáreas innecesarias y controles de bienestar maternos, en México, según datos de la ENDIREH 2021, el 31 % de las mujeres que han dado a luz han sido víctimas de violencia obstétrica.
La lista podría ser más grande, pero quizás el factor principal que distingue a los países de la Unión Europea es que su principal enfoque no está en la violencia mortal sistemática hacia las mujeres. En 2025, en España hubo 49 decesos de mujeres a manos de sus parejas; en Reino Unido, un aproximado de 80 al año; en Suecia, 25. En México, 5 mil mujeres fueron asesinadas ese mismo año: más de 10 mujeres cada día. De ellas, solo 597 casos fueron tipificados como feminicidio y solo 2 de cada 10 tienen un seguimiento puntual.
La igualdad sustantiva implica modificar estructuras históricas de poder, no solamente redistribuir espacios políticos. México ha avanzado en representación, pero aún está lejos de convertir esa presencia en cambios estructurales y sostenibles para las mujeres. Cantidad no es calidad. Oportunidad política no es capacidad institucional. Y representatividad no necesariamente significa transformación real. Celebrar la paridad sin reconocer sus límites puede convertirse en un ejercicio de triunfalismo político que invisibiliza las enormes tareas pendientes para construir un país verdaderamente igualitario.
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