Diego Gómez Pickering
/ El pasado 12 de enero las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel irrumpieron en las instalaciones del centro de salud de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo en Jerusalén Oriental -UNRWA por sus siglas en inglés-, amagando a sus empleados y funcionarios, ordenando el cese de sus operaciones durante 30 días y retirando la señalización que indica el estatus del predio como edificio en funciones de la Organización de las Naciones Unidas y por tanto inviolable de acuerdo con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 1946. Una clara afrenta de Tel Aviv contra el derecho internacional y un paso más en su campaña contra UNRWA y su trabajo en Gaza y Cisjordania.
Las acciones del gobierno israelí causaron indignación ante los reiterados intentos por minar el mandato de la Agencia y provocaron la inmediata condena por parte de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.
El asalto a las instalaciones del centro de salud, que diariamente atiende a cientos de refugiados palestinos impedidos de recibir asistencia sanitaria en el Estado de Israel, se suma a la toma por parte de las autoridades israelíes del complejo operativo de UNRWA en el barrio de Sheikh Jarrah, en la parte ocupada de Jerusalén, y a la votación en el Knesset de una nueva ley que promulga el cese de la operaciones de UNRWA en el territorio del Estado de Israel y en los territorios ocupados por el mismo, ambos incidentes acaecidos en meses recientes y parte de una serie de ataques sostenidos contra empleados e instalaciones de la Agencia, sobre todo en Gaza, donde de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas un total de 126 funcionarios de UNRWA fueron asesinados y todas sus instalaciones bombardeadas en más de una ocasión por las fuerzas israelíes, fueran escuelas, centros de salud o de asistencia social.
«Las autoridades israelíes han seguido adoptando medidas incompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Estas medidas constituyen una afrenta a la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas y un obstáculo para la implementación del mandato otorgado por la Asamblea General a UNRWA para que continúe sus operaciones en los Territorios Ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas prohíbe cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de las Naciones Unidas. El Secretario General insta al Gobierno de Israel a que adopte medidas inmediatas que garanticen el mantenimiento de los servicios básicos en las instalaciones de la UNRWA», conminaba Antonio Guterres en un comunicado de prensa dado a conocer el pasado día 15 de enero.
La campaña israelí para minar la credibilidad y capacidad operativa de la agencia establecida en 1949, encargada de proveer asistencia humanitaria a cerca de 6 millones de refugiados palestinos y garante de su derecho al retorno, es sintomática del creciente desprecio por instituciones multilaterales que enarbolan gobiernos y regímenes antiliberales y etno-nacionalistas.
El reciente anuncio de Washington al respecto de su retirada de 66 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran agencias del sistema de Naciones Unidas como ONU Mujeres o el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat es otro ejemplo de ello. Vivimos un contexto cada vez más acuciante de abandono de la diplomacia en favor de la confrontación, lo que delata la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema creado a la postre de la Segunda Guerra Mundial, ante la posibilidad de verlo colapsado como parte de la conformación del nuevo paradigma internacional.
La continuidad de la Organización de las Naciones Unidas y de las agencias que lo componen, incluida UNRWA, dependerá de un sesudo ejercicio de reforma, que traiga como resultado su consolidación y refrende la primacía del derecho internacional por encima de la belicosidad nacionalista. Un ejercicio en el que México debe a toda costa participar, so pena de sufrir las consecuencias al no hacerlo.
Participación el El Sol de México
COMEXI
