Después de varias situaciones que se han venido suscitando en diferentes escuelas del Estado de México, con relación a difamaciones, extorsiones y maltratos sufridos por docentes de forma injustificada por parte de padres de familia, que, al no cumplir con su obligación de salvaguardar el derecho a la educación de sus hijos, prefieren agredir, violentar, extorsionar o difamar a los docentes y trabajadores de la educación de manera injustificada.
Esto se ha convertido en el pan de cada día para los docentes en el Estado de México y en todo el país, por lo que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México presidida por el Diputado Rigoberto Vargas Cervantes han propuesto una iniciativa de ley que permita salvaguardar a los docentes y a todo el personal que labora en instituciones educativas.
Dentro de la propuesta está que aquella persona que violente difame o extorsione a un trabajador de la educación, pueda recibir sanciones de 3 meses hasta 12 años de prisión dependiendo la gravedad, si esta propuesta de ley se logra concretar, sería uno de los recursos más valiosos e importantes que podría tener el magisterio mexiquense y un gran precedente para todo magisterio nacional.
La propuesta encabezada por el Diputado Rigoberto es un Proyecto de Decreto que busca garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de todas y todos los trabajadores de la educación de la Entidad, con miras a reconocer, proteger y fortalecer a dicho gremio, para ello se promueve la modificación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Código Penal en la Entidad y la Ley de Educación del Estado de México.
Con esto, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura del Estado de México da un paso firme en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de la educación en el Estado de México, buscando garantizar espacios libres de violencia, no solo para los estudiantes, también para los trabajadores de la educación con el fin de armonizar los espacios escolares que permitan brindar un servicio educativo de excelencia y en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, promoviendo la justicia social de manera coherente y sustentada.
Este acto podría ser un verdadero ejemplo de lo que los diputados locales y federales pueden gestionar, en materia educativa, en pro a un derecho a la educación más sustentable para todos sus actores, así como, el que se busque salvaguardar derechos en los trabajadores de la educación cómo el derecho a la vida, vivir en libertad y seguridad y el derecho a un trabajo digno y que se tengan condiciones adecuadas para el mismo.
/ El proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) ha pasado ya el sexenio de prueba desde que el gobierno cuatroteista de López Obrador lo implementó, es más, ya tiene un período de vida extra con lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum; sin embargo, las dudas de la aplicación de este modelo educativo siguen más vigentes que nunca, al menos en la telesecundaria.
La mayoría de las escuelas telesecundarias del Valle de México han ido implementado a la NEM como el eje rector del intento pedagógico y social que los gobiernos morenistas sugieren y que buscan poner a la comunidad al centro del aprendizaje. Empero, el problema viene cuando los actores involucrados en el modelo educativo no concretan los requerimientos y, lo que es peor, ni siquiera se mantienen en comunicación directa por la falta de interés de quienes les representan.
No me gustaría decir que no existe voluntad para hacer funcionar el modelo porque yo mismo formo parte de esos esfuerzos, pero sí es imperante subrayar que los intentos por concretarle no son suficientes aún, sobre todo porque, desde el magisterio, padecemos las ocurrencias de las autoridades educativas que, en la perspectiva de quien escribe estas líneas y de muchos que se lo han expresado directamente en las aulas y escuelas, no buscan la concreción de una política educativa funcional sino la aprobación de una política pública muy general que les mantenga donde están. Me explico.
En el Valle de México, los profesores, tenemos una fuerte carga de trabajo porque, además de ocuparse en las aulas todos los días con los rezagos académicos y pedagógicos presentados por el alumnado, se debe trabajar –al vapor– con las llamadas convocatorias, que son obligatorias, que se envían a las escuelas donde se pretende paliar y coadyuvar con el mejoramiento a los problemas sociales que se viven día a día debido a la descomposición social que el gobierno no ha sabido resolver desde hace décadas, donde, además, los responsables no solo son los que gobiernan hoy, sino los de ayer y antier también.
Ahora, no todo es malo pues las convocatorias para demostrar que en las telesecundarias se cuida el agua, se siembran árboles, se aman a los animales, se sabe inglés, se dibuja, se baila, se canta, se pinta y se escribe como marcan los cánones enviados desde la ONU a través de los fallidos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS´s), además se ha creado algo que en este modelo se le conoce como Proyecto Integrador Comunitario (PIC) que tiene como objetivo coadyuvar al mejoramiento social y cultural de las comunidades, claro, aprovechando lo dicho en líneas anteriores con respecto a tener a la comunidad al centro del aprendizaje.
El PIC tiene la cualidad de ser diseñado y trabajado por los docentes de cada escuela de manera cuidadosa tomando en cuenta el diagnóstico real de las mismas, sin demeritar los argumentos de las autoridades educativas que hablan, proponen y ¡hasta evalúan! sin haber ido nunca a vivir una jornada escolar completa y real en un día cualquiera de un centro educativo.
En ese orden de ideas, la autonomía de las escuelas telesecundarias cobra relevancia pues la experiencia obtenida a partir de los años y años de trabajo de los docentes que conocen la realidad de la comunidad donde se labora ayuda a crear, planear y aplicar un proyecto que tiene muchas posibilidades de ser benéfico para los alumnos, en particular, y la comunidad, en general, lo cual ayudará, en caso de que se obtengan los resultados esperados, a concretar el proyecto educativo nacional cuatroteista.
El PIC está cuidadosamente pensado para diseñarse y trabajarse en cinco etapas a lo largo del ciclo escolar, desde la semana de inicio hasta la presentación final de actividades antes del fin de cursos, sin embargo, como todo proyecto, no se encuentra libre de modificaciones ni de errores que van surgiendo a través de su puesta en marcha.
El problema principal radica en que no existen espacios suficientes, dentro de la jornada laboral, para que los directivos y los docentes analicen su avance y verifiquen que lo planeado está funcionando. La visión es analizar el PIC a final de ciclo escolar y, entonces, evaluar su pertinencia. Una vez más, se trabaja sin avances verdaderos y solo para tapar hoyos que alguien más destapó por alguna ocurrencia que viene desde arriba. ¿Y los resultados? Lo más triste es que, al final, el ciclo de vida del modelo educativo y del propio PIC no dependerá de la libertad para evaluarles desde las aulas, las escuelas o las comunidades que, por cierto, son las tres etapas del propio PIC, ni de la mejora o posibles adecuaciones que se haga por parte de todos los involucrados a lo largo del ciclo escolar, sino de la continuidad política de nuestros gobernantes y de su clientelismo en el que participamos docentes, autoridades y padres y madres de familia.
Entonces, aunque los esfuerzos son evidentes en el modelo de telesecundaria y en la política educativa de la NEM, estos no serán medibles, comprobables y remediables si no existen dos escenarios paralelos que a continuación describo con la certeza de que no se van a cumplir por una u otra razón que no corresponden a quien escribe ni a quien lee estas líneas: a) que se regrese a la vida un órgano como el extinto INEE, como ya lo han dicho muchas voces como el propio Eduardo Backhoff y otros tantos ex miembros del mismo, para que evalúe y mida con neutralidad la política educativa nacional y b) que nuestro sistema educativo nacional sea un órgano descentralizado para que su actuar no dependa, como ya lo hace, de los caprichos políticos de quienes nos ha gobernado, nos gobiernan y nos gobernarán.
Mientras, el PIC será interrumpido en las telesecundarias del Estado de México para organizar un mundialito de futbol en cada escuela, claro, aprovechando que nuestro flamante secretario de Educación tuvo la ocurrencia de “convocarlo” con motivo de la copa mundial de futbol que se celebrará este verano en nuestro país. Luego, algo nuevo se les ocurrirá. Veremos.
/ Hoy, las elecciones ya no se disputan únicamente en espacios tradicionales —plazas públicas, medios de comunicación, calles o incluso en las propias urnas—. También se libran en redes sociales, donde algoritmos y sistemas de inteligencia artificial influyen —muchas veces sin que lo advirtamos— en lo que pensamos y en cómo decidimos votar.
Toda estrategia política busca conectar con las emociones. Sin embargo, con la inteligencia artificial, la escala y precisión de esa influencia se han transformado. La pregunta es inevitable: ¿realmente decidimos libremente o alguien está incidiendo en lo que creemos?
La dimensión del fenómeno es clara. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2025 más de 6,000 millones de personas tenían acceso a internet. Para millones, las redes sociales son su principal fuente de información, incluidos los temas políticos. Esto plantea una interrogante central: ¿qué tan confiable es lo que consumimos diariamente? Aunque el uso de internet en elecciones no es nuevo, la pandemia consolidó a las redes sociales como eje de la comunicación política. La inteligencia artificial ha profundizado esta tendencia: hoy los mensajes son más atractivos, personalizados y persuasivos. Desde 2020, más de 90 elecciones presidenciales han ocurrido en este entorno digital intensivo.
La IA permite segmentar audiencias y comunicar con gran precisión, pero también abre la puerta a la manipulación, la desinformación y la polarización. No se trata solo de propaganda, sino de contenidos diseñados estratégicamente para influir en percepciones y decisiones.
México no es ajeno a este fenómeno. En las elecciones de 2024 coexistieron información verificada, campañas de desinformación, cuentas automatizadas y contenidos manipulados. La línea entre lo auténtico y lo fabricado es cada vez más difusa. El riesgo es claro: si se debilita la confianza en la información, también se erosiona la confianza en las elecciones. Y sin confianza, la democracia pierde sustento.
La regulación avanza, pero la tecnología lo hace a mayor velocidad. Por ello, el desafío no es solo normativo, sino también ciudadano.
Hoy, ejercer la ciudadanía implica algo más que votar: exige cuestionar, verificar y asumir una postura crítica frente a la información.
La inteligencia artificial no es, por sí misma, ni buena ni mala; es una herramienta poderosa cuyo impacto dependerá del uso que se le dé.
La pregunta de fondo permanece y es ineludible: ¿estamos decidiendo en los procesos electorales con información verificada que nos permite elegir a los mejores perfiles y fortalecer nuestra democracia, o estamos aprendiendo a votar en un entorno cada vez más moldeado —y sofisticado— por la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial?
/ Hace unos días se dio a conocer el informe del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, sobre los avances registrados en el proceso de reforma conocido como Iniciativa UN80 iniciado en marzo de 2025, siguiendo el camino trazado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto para el Futuro. Las reuniones periódicas de negociación entre los 193 Estados miembros sobre las medidas que deberán adoptarse para reformar a la ONU son una evidencia de la voluntad política de la gran mayoría para apoyar al multilateralismo y al funcionamiento de la organización basado en sus tres pilares principales: paz y seguridad internacional, cooperación internacional para el desarrollo y derechos humanos.
Las dificultades derivadas de las tensiones geopolíticas entre los principales actores en el ámbito internacional, la reducción de los recursos presupuestales para la ejecución de los mandatos otorgados a la ONU y las decisiones unilaterales que afectan el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional son elementos que han contribuido, entre otros, a un incremento de las necesidades de financiamiento para atender las urgentes peticiones de asistencia humanitaria a poblaciones afectadas por situaciones de conflicto, y a la búsqueda de soluciones alternas para hacer frente a la disminución del 23% en asistencia internacional registrada entre 2024 y 2025.
No obstante lo anterior, en el citado informe se presentan los avances en lo que se conoce como “flujos de trabajo” que abarcan tres rubros principales de cuestiones por atender: en primer lugar, las acciones tomadas por el Secretario General para reducir y eliminar la fragmentación y duplicación de funciones, procesos y actividades, con un mejor uso de los recursos humanos y financieros disponibles. Resalta la reducción del 21% del personal de la ONU en el presupuesto adoptado para 2026. El objetivo es contar con un sistema más coherente, más útil y mejor preparado para cumplir con los mandatos aprobados por la membresía.
En segundo lugar se encuentran los cuatro mil mandatos activos, derivados de resoluciones y decisiones adoptadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social, entre otros órganos principales, de un total de aproximadamente cuarenta mil adoptadas desde 1945, según datos del informe citado.
Para avanzar en este rubro, se tiene presente lo acordado en la Asamblea General, el 31 de marzo pasado, con la resolución A/RES/80/251 (adoptada con 168 votos a favor, incluido México; ninguna abstención; y 4 votos en contra de Belarús, Corea del Norte, Nicaragua y Rusia) que incluye un examen de los mandatos nuevos y renovados respecto a su duración y financiamiento. Además, se pide el apoyo del Secretariado de Naciones Unidas para la realización de exámenes colectivos de la aplicación de los mandatos, así como mejorar las funciones del Registro de Mandatos para facilitar la adopción de decisiones durante el ciclo de vida de los mismos. En este orden de ideas, es crucial la labor del Grupo de Trabajo Ad Hoc (abierto a toda la membresía) sobre el Examen de la Aplicación de los Mandatos cuyas funciones concluirán el 30 de abril de 2027.
Por último, en el tercer rubro se abordan los cambios estructurales para hacer un uso más eficiente de los recursos presupuestales asignados a labores de asistencia humanitaria. El informe del Secretario General menciona que se han iniciado nuevas acciones de coordinación y concentración de esfuerzos en cinco áreas afectadas por situaciones de conflicto: Afganistán, Haití, los territorios ocupados de Palestina, Somalia y Sudán. Se espera la eliminación de duplicaciones, un mejor uso de las cadenas de suministro para atender a las poblaciones afectadas, aumentar la coordinación y eficiencia entre las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, así como reducir la fragmentación en el uso de bases de datos.
Quedan temas importantes por discutir entre los Estados miembros tales como el funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, la fusión de órganos, agencias o programas con temas en común (igualdad de género, derechos de la mujer, niñas y jóvenes, entre otros), las funciones de los Coordinadores Residentes de la ONU en diversos países, así como las plataformas digitales para tener acceso a las bases de datos del sistema de agencias de Naciones Unidas. Estas negociaciones continuarán durante el presente año y se espera que antes del inicio de funciones del nuevo/a Secretario/a General de la ONU se vuelva a informar a los Estados miembros sobre los avances en este proceso de reforma tan necesario para el fortalecimiento del sistema multilateral.
De creer los considerandos de la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó el miércoles en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Donald Trump que hoy encabeza los Estados Unidos es distinto al que los dirigió entre 2016 y 2020, y con el que el exmandatario alega haber tenido una relación amistosa, respetuosa, fructífera.
/ La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública internacional. Pero a diferencia de crisis anteriores, esta vez el virus encuentra un aliado perfecto: la guerra.
