/ En los próximos meses, los países se reunirán en Naciones Unidas para la penúltima Reunión de Alto Nivel sobre VIH antes de concluir con la Agenda 2030. En teoría, estos encuentros sirven para monitorear el avance y renovar compromisos, así como acelerar el camino hacia el fin del SIDA como amenaza de salud pública. Pero esta vez el contexto es distinto. Y es preocupante.
Después de más de dos décadas de avances, la respuesta global al VIH atraviesa uno de sus momentos más frágiles.
No se trata solo de cifras o metas internacionales. En el terreno, esto se traduce en clínicas que reducen servicios, programas comunitarios que desaparecen y pacientes que ya no tienen la misma certeza de acceso a tratamiento y/o prevención. Para millones de personas, la continuidad de la atención no es un tema político: es la diferencia entre vivir o morir.
Una gran parte del problema es financiero. Programas que han sido pilares de la respuesta global como PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para hacer frente al SIDA por sus siglas en inglés), USAID, Fondo Mundial y otros mecanismos de cooperación internacional hoy enfrentan incertidumbre, recortes, reorientaciones o cierre total. Muchos países medianos y bajos ingresos dependen de estos fondos para sostener tratamiento antirretroviral, pruebas, prevención y acompañamiento comunitario. Cuando ese financiamiento tiembla, todo el sistema se vuelve vulnerable.
Al mismo tiempo, en el marco de la iniciativa UN80, están sobre la mesa propuestas que podrían transformar drásticamente el rol de ONUSIDA. En la práctica, esto ya se traduce en grandes reducciones de personal y de presencia en terreno, y existe la posibilidad de que su mandato actual, como programa especializado en la respuesta al VIH, se integre en otras oficinas de la ONU como la OMS y deje de existir como entidad autónoma hacia 2027.
Esto no es un ajuste administrativo menor: ONUSIDA ha sido la pieza central para coordinar la respuesta global al VIH, recolectar datos, exigir rendición de cuentas y mantener la visibilidad y voluntad política en la lucha contra el VIH/SIDA. Su desmantelamiento o absorción en estructuras más amplias corre el riesgo real de que las necesidades específicas de quienes viven con VIH sobre todo en regiones con epidemias dinámicas y desigualdades profundas se diluyan entre una agenda más amplia y competida, así mismo, ONUSIDA siempre ha puesto a las comunidades al frente de la respuesta contra el VIH, mientras que los mecanismos de participación activa de la sociedad civil organizada como la OMS son ampliamente burocráticos, restrictivos, sistemáticamente limitativos y obstaculizan la participación equitativa de las minorías y países de bajos ingresos dificultando que las voces de las personas viviendo con VIH se escuchen, se tomen en cuenta y sirvan para coaccionar soluciones intersectoriales.
Desde Medical Impact trabajamos en contextos de marginación y difícil acceso. Ahí es donde estas decisiones globales se sienten primero. Las poblaciones más afectadas: mujeres, jóvenes, comunidades clave son también las que menos margen tienen para absorber retrocesos. Cuando falla la prevención, aumenta la transmisión. Cuando se interrumpe el tratamiento, crece la mortalidad. Cuando se reduce el trabajo comunitario, la gente simplemente deja de llegar a los servicios.
La próxima reunión de alto nivel debería ser un último llamado de alerta, no una ceremonia diplomática más. El mundo aún puede controlar la epidemia, pero eso exige compromiso político real y financiamiento sostenido.
Retroceder ahora no sería solo un error estratégico. Sería una decisión con consecuencias y costo que se paga con vidas humanas.
Porque el VIH no desaparece cuando deja de ser prioridad. Solo se vuelve más silencioso y desigual.
/ "Hay fechas que tranquilizan porque ordenan el caos y ofrecen la ilusión de una ruptura nítida. Decir que la erosión del llamado “orden internacional basado en reglas” comenzó con Donald Trump, con la invasión rusa de Ucrania, con el ascenso de China, con la anexión de Crimea o con el regreso de la competencia entre grandes potencias permite imaginar una edad dorada anterior: un tiempo en que las reglas eran claras, las instituciones funcionaban y la fuerza estaba razonablemente contenida por el Derecho Internacional.
Esa forma de narrar la crisis tiene una virtud política: identifica culpables recientes y convierte un proceso histórico en un acontecimiento reconocible. Pero tiene un defecto analítico mayor, pues confunde el síntoma con el origen, el episodio con la enfermedad, la malaise acumulada durante décadas con el parte médico de última hora.
Los analistas suelen buscar el momento definitorio —la invasión, el arancel, el veto, la guerra, el líder disruptivo— como si allí se hubiera firmado el acta de defunción de un orden que, en realidad, lleva mucho tiempo enfermo y todavía no termina de morir. Parafraseando a Mark Twain, las noticias de su muerte han sido muy exageradas; lo que conviene explicar no es un fallecimiento súbito, sino una larga agonía administrada bajo el lenguaje de la legalidad, la estabilidad y las reglas.
Una lectura más incómoda, pero más útil para para potencias medias, como México, es que la erosión no comenzó cuando el orden unipolar empezó a ser desafiado, sino cuando pareció haber triunfado sin contrapeso. La corrosión empezó en el momento mismo de la victoria occidental en la Guerra Fría: cuando la caída de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos en una posición de predominio militar, financiero, institucional e ideológico sin precedente moderno; cuando el “fin de la Historia” fue leído no solo como provocación filosófica, sino como clima de época, y cuando el “momento unipolar” dejó de describir una distribución excepcional del poder para convertirse en una autorización tácita de conducción mundial.
El orden comenzó a erosionarse no por falta de poder estadounidense, sino por su exceso. No lo hizo por ausencia de una potencia garante, sino por la dificultad de esa potencia para distinguir entre regla universal, preferencia estratégica, interpretación jurídica e intuición moral propia. La paradoja posterior a 1991 es que el mundo más institucionalizado luego de la Guerra Fría fue también un mundo en el que la potencia central se habituó a reinterpretar mandatos, seleccionar crisis, estirar conceptos, castigar desviaciones y presentar decisiones discrecionales como exigencias naturales del orden. Esa sobrextensión fue militar, jurídica, económica y moral. No siempre fue cínica; muchas veces se formuló en el lenguaje de la protección, la democracia, la paz y los derechos humanos. Precisamente por eso fue tan eficaz. Y precisamente por eso dejó una huella tan profunda.
Esta reflexión no busca atacar a Estados Unidos ni absolver, por contraste, a quienes hoy desafían su primacía mediante invasiones, coerción, anexiones territoriales, represión interna, autoritarismo o nuevas esferas de influencia. Otros actores no quedan moralmente purificados porque Washington haya aplicado reglas de forma selectiva. Pero tampoco se entiende el presente si la crisis del orden internacional se reduce a la conducta de esos revisionismos y la reacción estadounidense. Para países como México, leer la crisis solo como coyuntura —Trump, Ucrania, China, migración, aranceles— empobrece la agencia. Leerla históricamente permite advertir que el problema no es únicamente la excentricidad de un líder o la brutalidad de una coyuntura, sino el desenlace de un proceso largo de expansión, desgaste y reacción.
Qué orden, qué reglas El punto de partida debe ser una distinción conceptual. El orden internacional basado en reglas no es exactamente lo mismo que el Derecho Internacional. Este tiene fuentes, procedimientos, tratados, costumbres, tribunales, principios y una carta constitutiva: la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ella, la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados ocupa un lugar central, salvo las excepciones reconocidas de autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa.
En cambio, el orden basado en reglas designa algo más específico: la arquitectura política, institucional y estratégica posterior a la Guerra Fría, construida sobre el andamiaje de 1945, pero administrada principalmente por Estados Unidos y sus aliados bajo principios liberales. Ese orden incorporó democracia representativa, economía abierta, libre comercio, instituciones multilaterales, derechos humanos, seguridad colectiva selectiva, alianzas militares occidentales y condicionalidad económica como parte de una misma gramática de legitimidad. No es idéntico a la ONU ni al Derecho Internacional; fue una lectura liberal-hegemónica de ese orden jurídico, organizada alrededor de la primacía estadounidense.
Esa precisión importa porque el orden basado en reglas ha funcionado con frecuencia como una fórmula política más elástica que el Derecho Internacional. A veces designa el sistema multilateral de posguerra; a veces, el conjunto de instituciones liberales lideradas por Occidente, y a veces, una idea general de conducta aceptable definida por quienes tienen capacidad de sancionar la desviación.
Esto no significa que la ONU sea ajena a las “reglas reales”. Al contrario: la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la prohibición del uso de la fuerza, la legítima defensa y los tratados multilaterales forman el núcleo jurídico del orden de posguerra. Pero reconocer esa centralidad no obliga a idealizar su práctica. Desde la década de 1990, la ONU operó muchas veces bajo una selectividad identificable en función de las preferencias, los límites y las prioridades de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos durante el momento unipolar. El Consejo de Seguridad no fue, ni es, un tribunal imparcial de la legalidad internacional; fue un espacio político atravesado por jerarquías de poder.
Propongo llamar order creep (expansión gradual del orden) al proceso paulatino por el cual un orden internacional es distorsionado desde dentro mediante pequeñas excepciones, reinterpretaciones, ampliaciones de mandato y usos selectivos de sus propias reglas. No implica el abandono explícito del orden, sino su desplazamiento acumulativo: el actor que se presenta como garante del sistema conserva el lenguaje de la legalidad, la estabilidad y las reglas, pero modifica, en la práctica, los límites de lo permitido, lo excepcional y lo legítimo.
En el caso del orden liberal posterior a la Guerra Fría, la expansión gradual del orden designa la erosión incremental del orden por parte de su principal custodio. Bajo condiciones de unipolaridad, Estados Unidos no destruyó abiertamente el orden que ayudó a crear; más bien, comenzó a estirar sus reglas, excepciones e instituciones en nombre de su defensa. El resultado no fue un colapso inmediato del orden liberal, sino una mutación progresiva: de un sistema presentado como universal, multilateral y normativamente limitado hacia uno más discrecional, jerárquico y dependiente de la interpretación del poder dominante.
La clave conceptual está en que la expansión gradual del orden no es “declive” en sentido clásico. No describe simplemente que el orden se debilite porque otros actores lo desafían desde fuera. Describe algo más incómodo: la autodeformación del orden por parte de quienes dicen protegerlo. Es la erosión del orden bajo la apariencia de su defensa. Es la conversión gradual de un orden basado en reglas en un orden basado en excepciones administradas por el hegemón.
Ese proceso tiene varias dimensiones. La primera es jurídica: mandatos originalmente acotados se reinterpretan hasta permitir acciones que no estaban claramente autorizadas. La segunda es militar-institucional: alianzas defensivas se transforman en instrumentos expedicionarios. La tercera es moral-humanitaria: conceptos como protección de civiles, Responsabilidad de Proteger (R2P) o promoción democrática se desplazan hacia cambio de régimen o ingeniería política. La cuarta es económica: la liberalización y la condicionalidad se presentan como técnica neutral, aun cuando alteran equilibrios sociales internos. La quinta es normativa: los derechos humanos se invocan como universales frente a adversarios, pero se relativizan frente a aliados o frente a la potencia central. En conjunto, estas dimensiones no destruyen el orden de golpe; lo transforman desde dentro. Un sexta, relevante para Latinoamérica, es hemisférica: la influencia estadounidense deja de nombrarse, pero sobrevive como expectativa naturalizada de deferencia.
Los Balcanes: la excepción humanitaria y la mutación de la OTAN La primera gran fisura apareció en los Balcanes. La desintegración violenta de Yugoslavia enfrentó a Europa y a Estados Unidos con atrocidades reales: limpieza étnica, desplazamientos masivos, campos de detención y fracaso de la diplomacia preventiva. En Bosnia, la ONU estableció “zonas seguras”, entre ellas Srebrenica, y el Consejo de Seguridad autorizó medidas para protegerlas. Pero la promesa de protección se derrumbó en julio de 1995, cuando miles de hombres y niños bosniacos musulmanes fueron asesinados en Srebrenica. El caso quedó como símbolo de una comunidad internacional capaz de proclamar principios sin voluntad suficiente para defenderlos.
Pero al hablar de Bosnia, Kosovo y Serbia conviene precisar qué actor ejecutó buena parte de la coerción. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es una instancia universal del Derecho Internacional ni un órgano equivalente a las Naciones Unidas. Es una alianza político-militar regional, diseñada originalmente como mecanismo de defensa colectiva entre sus miembros. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado contra uno o más aliados será considerado un ataque contra todos; el artículo 7 reconoce, además, que el tratado no altera la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ese diseño importa porque las operaciones en Bosnia y Kosovo no respondieron a un ataque contra un Estado miembro de la alianza, sino a conflictos en territorios de Estados no miembros.
En Bosnia, la actuación de la OTAN estuvo vinculada a resoluciones del Consejo de Seguridad y al mandato de las Naciones Unidas. No fue, por tanto, equivalente a Kosovo. Pero aun allí fue extraterritorial respecto del diseño defensivo original de la alianza. La OTAN se convirtió en brazo ejecutor de coerción internacional en un conflicto externo a su membresía, anticipando una mutación más amplia: de alianza defensiva a instrumento expedicionario de administración del orden. Este punto no niega la urgencia humanitaria ni las atrocidades cometidas por fuerzas serbobosnias; identifica otra cosa: una transformación institucional en la que una alianza regional, sostenida materialmente por Estados Unidos, comenzó a operar como mecanismo de imposición extraterritorial de seguridad.
Kosovo llevó esa mutación más lejos. En 1999, la OTAN lanzó la Operación Fuerza Aliada. La campaña aérea duró 78 días y no contó con autorización explícita del Consejo de Seguridad bajo el capítulo VII de la Carta. Kosovo no era un Estado independiente ni miembro de la OTAN; Serbia/Yugoslavia tampoco pertenecía a la alianza. En el propio Consejo de Seguridad hubo objeciones a la legalidad de los ataques. En 2000, la Comisión Independiente Internacional sobre Kosovo formuló después la frase que condensó el dilema: la intervención fue “ilegal pero legítima”.
Esa fórmula no resolvió el problema; lo institucionalizó. Si una coalición liderada por la potencia predominante podía actuar fuera de las reglas establecidas porque se atribuía una legitimidad superior, entonces la regla dejaba de operar como regla común y pasaba a depender de quién tenía poder para definir la excepción. Bosnia mostró una intervención extraterritorial canalizada por el sistema de la ONU, mientras que Kosovo mostró una sin autorización expresa de ese sistema. Juntas revelaron que, desde el inicio del momento unipolar, legalidad multilateral, legitimidad moral y capacidad militar empezaron a desacoplarse.
La discusión actual sobre la OTAN refuerza retrospectivamente este punto. La alianza suele presentarse como comunidad de valores y defensa colectiva, pero su credibilidad material ha dependido de forma desproporcionada de Estados Unidos. Cuando Trump condiciona la protección estadounidense al gasto europeo en defensa, no solo expresa una preferencia presupuestaria, sino que desnuda la dependencia política de una arquitectura atlántica que descansa sobre una correlación de poder. La alianza no flota sobre reglas impersonales; reposa en una distribución concreta de capacidades, voluntad y mando.
Ruanda: la selectividad por omisión Ruanda reveló la otra cara de la misma selectividad. En 1994, mientras se desarrollaba el genocidio, la comunidad internacional no intervino con la rapidez ni la fuerza necesarias. El Consejo de Seguridad redujo la misión de la ONU en el terreno cuando la violencia ya escalaba, y los Estados con capacidad de actuar evitaron asumir costos políticos y militares. La Resolución 912 ajustó y redujo el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda en abril de 1994; informes posteriores de la ONU documentaron fallas graves de la organización y de sus Estados miembros.
Ruanda es el ejemplo más devastador de la selectividad por omisión. El problema fue que los Estados con capacidad de actuar no quisieron pagar el costo de hacerlo. La regla humanitaria existía como aspiración moral; lo que no existió fue voluntad política para aplicarla cuando el interés estratégico parecía bajo y el costo político-militar alto.
La comparación entre Kosovo y Ruanda resulta indispensable. En Kosovo, la legalidad fue rebasada en nombre de la urgencia humanitaria; en Ruanda, la legalidad, el procedimiento y la prudencia institucional sirvieron de coartada para no actuar. La regla formal era la misma: soberanía, prohibición del uso de la fuerza y responsabilidad colectiva frente a atrocidades masivas. La práctica, sin embargo, dependió de geografía, interés estratégico, visibilidad mediática, costo militar y jerarquías políticas no siempre confesadas. Esa doble experiencia produjo el terreno moral sobre el cual nacería la R2P.
Derechos humanos, Responsabilidad de Proteger y justicia selectiva La R2P surgió como respuesta a Ruanda y Srebrenica. Su intuición básica era poderosa: la soberanía no podía entenderse solo como escudo del Estado frente al exterior; implicaba una responsabilidad hacia la población. Si un Estado no quería o no podía proteger a su población frente a genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional debía asumir una responsabilidad subsidiaria. En 2005, los Estados miembros de las Naciones Unidas aceptaron una versión acotada del principio, subrayando que la acción colectiva debía realizarse por medio del Consejo de Seguridad y conforme a la Carta de la ONU.
El problema no estaba necesariamente en el principio. Nadie debería defender una soberanía entendida como licencia para exterminar. El problema estaba en el contexto de poder en que ese principio iba a ser interpretado. En un mundo unipolar, la línea entre proteger civiles, castigar gobiernos, rediseñar regímenes y ordenar regiones podía volverse borrosa. La R2P nació como intento de disciplinar la intervención; en la práctica, corría el riesgo de convertirse en gramática moral de la intervención.
La misma tensión atravesó el orden internacional de los derechos humanos. La era posterior a la Guerra Fría produjo una expansión normativa importante: tribunales penales internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia, mayor centralidad del Derecho Internacional Humanitario, operaciones de paz con componentes de protección civil, discurso mundial contra la impunidad y, más tarde, R2P. Ese giro no debe descartarse porque fue una respuesta a atrocidades reales. Pero el universalismo quedó atrapado en una aplicación selectiva. En teoría, los derechos humanos son universales; en la práctica, los mecanismos para protegerlos han dependido de jerarquías políticas, alianzas estratégicas, visibilidad mediática y costos militares. Por ejemplo, Magnus Lundgren y Mark Klamberg muestran que la atención del Consejo de Seguridad a conflictos armados no se explica solo por la gravedad humanitaria, sino también por intereses y divergencias entre miembros permanentes.
La justicia penal internacional ofrece otro ejemplo. Estados Unidos apoyó o toleró algunos procesos internacionales cuando afectaban a adversarios o a contextos donde su exposición era limitada, pero rechazó someterse plenamente a los mismos mecanismos. Washington no es Estado parte de la Corte Penal Internacional; la Ley de Protección de Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses de 2002 restringió la cooperación con la Corte y buscó proteger a funcionarios y militares estadounidenses frente a posibles procesos. En 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para imponer sanciones contra la Corte por acciones dirigidas contra Estados Unidos, Israel y otros aliados.
La consecuencia es corrosiva. Cuando los derechos humanos se invocan como universales frente a adversarios, pero se relativizan frente a aliados o frente a la potencia central, dejan de funcionar como regla común y pasan a ser percibidos como instrumento de jerarquía. Esto no invalida los derechos humanos. Al contrario, muestra por qué deben defenderse con mayor consistencia. La lección no debería ser abandonar el lenguaje de derechos, sino rescatarlo de la selectividad geopolítica.
Irak: la guerra preventiva como fractura de confianza La segunda guerra de Irak llevó esta lógica a su punto más destructivo. Después de los atentados del 11-S, el gobierno de George W. Bush reformuló la seguridad nacional estadounidense en términos de prevención, cambio de régimen y expansión democrática. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 defendió una posición más activa frente a amenazas emergentes y presentó la libertad política y económica como camino universal hacia la paz. En su segundo discurso de toma de posesión, Bush afirmó que la política de Estados Unidos consistiría en apoyar movimientos e instituciones democráticas en toda nación y cultura, con el objetivo último de terminar con la tiranía en el mundo.
Irak mostró el peligro de confundir intención declarada con legitimidad internacional. La invasión de 2003 no contó con autorización explícita del Consejo de Seguridad. Antes de la guerra, los inspectores de la ONU no habían encontrado evidencia concluyente de programas activos de armas de destrucción masiva; después, el Informe Duelfer tampoco confirmó la premisa central de la invasión. En 2004, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, afirmó que la guerra no había sido conforme con la Carta de las Naciones Unidas y que, desde ese punto de vista, era ilegal.
Irak no fue solo un error de inteligencia ni solo una guerra mal planeada; fue una fractura de confianza. Para buena parte del mundo, confirmó que la potencia garante podía reinterpretar amenazas, invocar resoluciones previas, actuar sin autorización clara y después narrar la intervención como parte de una misión democrática. La guerra derrocó a Saddam Hussein, pero no produjo una victoria en el sentido político profundo del término. Si victoria significa construir un orden legítimo, estable, pacífico y compatible con las reglas invocadas para justificar la acción, Irak fue un fracaso monumental.
El daño no se limitó al caso concreto. Cada excepción mal resuelta se convierte en precedente político, aunque no sea precedente jurídico. Otros actores aprenden no necesariamente el derecho, sino la técnica de la justificación: invocar amenaza preventiva, denunciar dobles raseros, apropiarse del lenguaje de seguridad y reinterpretar la legalidad según conveniencia. La erosión no consiste en que las reglas desaparezcan, sino en que pierdan reciprocidad.
Libia: cuando proteger civiles terminó pareciendo cambio de régimen Libia fue el caso en que la R2P quedó atrapada en la desconfianza acumulada. En 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger civiles, estableció una zona de exclusión aérea y reforzó el embargo de armas. La intervención de la OTAN se presentó como operación para proteger a la población civil frente a las fuerzas de Muamar el Gadafi. El resultado político fue el colapso del régimen y la fragmentación del Estado libio. Reportes posteriores concluyeron que la intervención descansó en supuestos problemáticos, que se subestimaron las consecuencias políticas de la caída de Gadafi y que la comunidad internacional hizo demasiado poco para estabilizar el país tras la intervención.
Libia dejó una lección devastadora para el sistema. Para quienes apoyaban la intervención, fue un caso en que se evitó una masacre inminente. Para otros actores, fue la prueba de que una autorización limitada para proteger civiles podía transformarse en cambio de régimen. Esa percepción importó más que cualquier defensa jurídica posterior, porque el orden internacional vive también de confianza interpretativa. Si los miembros permanentes del Consejo de Seguridad creen que las autorizaciones humanitarias serán tensadas hasta producir resultados políticos no pactados, bloquearán futuras autorizaciones. Así, una intervención justificada en nombre de la responsabilidad colectiva terminó debilitando la posibilidad de acción colectiva futura.
La parálisis actual del Consejo de Seguridad debe entenderse en esa genealogía. No es simplemente prueba de que el orden basado en reglas se debilitó recientemente; es el reflejo institucional de una confrontación creciente dentro de un sistema cuyas promesas universales ya habían sido dañadas por la selectividad de origen. Conforme algunos observaron la manera en que Estados Unidos y sus aliados utilizaron, estiraron o rodearon el sistema multilateral, aprendieron también la fórmula: invocar soberanía, bloquear mandatos, usar el veto, denunciar dobles raseros y defender esferas de interés propias. La tragedia es que esa politización no empezó cuando otros actores empezaron a desafiar a Washington; empezó cuando Estados Unidos pudo aplicar reglas, excepciones y principios de manera selectiva sin enfrentar contrapesos equivalentes.
Latinoamérica: la Doctrina Monroe sin decir su nombre Latinoamérica vivió el momento unipolar desde otro registro. No fue el escenario principal de las intervenciones humanitarias posteriores a la Guerra Fría, pero sí el laboratorio de democratización, condicionalidad económica, disciplinamiento financiero y administración hemisférica. La región salió de dictaduras, guerras civiles y crisis de deuda con una promesa: democracia representativa, apertura comercial, privatización, disciplina fiscal, autonomía de bancos centrales, integración a mercados mundiales y reinserción financiera. Algunas reformas respondían a problemas reales; otras fueron presentadas como ruta casi única hacia la modernidad.
El llamado Consenso de Washington no fue una conspiración secreta, sino una convergencia de diagnósticos y prescripciones. John Williamson acuñó el término para describir un conjunto de políticas que, según su lectura, eran compartidas en Washington respecto de Latinoamérica. Estudios posteriores han evaluado ese legado con mayor distancia: algunas reformas estabilizaron variables macroeconómicas, pero los resultados en crecimiento sostenido, equidad, legitimidad social y fortaleza institucional quedaron por debajo de las expectativas de sus promotores.
Aquí la advertencia de Roland Paris resulta útil, aunque provenga del estudio de operaciones de paz. La liberalización no es neutral cuando llega antes que la capacidad institucional. En sociedades con Estados débiles, sistemas judiciales frágiles, desigualdad extrema, estructuras fiscales regresivas, élites concentradas y ciudadanía desconfiada, abrir mercados y acelerar competencia política puede producir resultados muy distintos a los esperados. Puede generar modernización, sí; pero también captura regulatoria, privatización de rentas, informalidad, precarización, frustración democrática y terreno fértil para economías ilícitas. En 2004, Paris propuso “institucionalización antes que liberalización” para advertir que democratización y mercantilización pueden ser transformaciones turbulentas cuando se introducen antes de capacidades institucionales robustas.
La pregunta decisiva no es si el mundo posterior a la hegemonía estadounidense tendrá orden, sino qué tipo de orden será y bajo qué reglas se organizará. No se trata de decir que el Consenso de Washington causó por sí solo la violencia criminal, la desigualdad, la corrupción o el desencanto democrático que golpean a Latinoamérica. Sería simplista. Se trata de reconocer que la adopción —a veces voluntaria, a veces bajo presión— de formas de gobierno y mercado sin suficiente construcción institucional contribuyó a crear condiciones de vulnerabilidad. La democracia llegó muchas veces como procedimiento electoral; el mercado, como disciplina externa, y el Estado, como aparato reducido antes de volverse eficaz.
El sistema interamericano refleja esa tensión. Tras la Guerra Fría, la Organización de los Estados Americanos desarrolló mecanismos de defensa colectiva de la democracia. La Resolución 1080 de 1991 y la Carta Democrática Interamericana de 2001 expresaron la idea de que la democracia representativa era condición del orden hemisférico. En principio, fue un avance histórico: Latinoamérica, marcada por golpes militares y dictaduras, establecía que la ruptura democrática no era un asunto puramente interno. Pero el diseño tenía una fragilidad de origen. La defensa de la democracia operaba en un hemisferio donde la asimetría con Estados Unidos era abrumadora y donde la memoria de intervención seguía viva. Cuando la democracia se definía desde Washington o se asociaba con preferencias económicas específicas, el mecanismo perdía neutralidad (y nada de esto se expresa en detrimento a las luchas político-sociales reales de la región).
En este contexto, la Doctrina Monroe nunca desapareció del todo. Dejó de nombrarse en el registro diplomático cotidiano, pero siguió operando como gramática profunda. La doctrina original, formulada en 1823, advertía a las potencias europeas contra la intervención en el hemisferio occidental y consolidaba la idea de una esfera de interés estadounidense. El Corolario Roosevelt explicitó después la posibilidad de que Estados Unidos ejerciera un “poder policial internacional” en casos que juzgara flagrantes. Después de la Guerra Fría, el lenguaje cambió: ya no se hablaba necesariamente de tutela civilizatoria ni de exclusión de potencias europeas; se hablaba de democracia, drogas, mercados, corrupción, seguridad, gobernanza, migración y estabilidad financiera. Pero la premisa seguía siendo parecida: el hemisferio era un espacio donde el orden estadounidense se asumía como intérprete natural del orden aceptable.
Lo más problemático no era que se invocara abiertamente la Doctrina Monroe, sino que ya no hacía falta invocarla. Funcionaba como sentido común. Latinoamérica debía democratizarse de cierto modo, abrirse de cierto modo, combatir el narcotráfico de cierto modo, administrar la migración de cierto modo y alinearse geopolíticamente de cierto modo. Si un gobierno se desviaba, la respuesta podía ir desde presión diplomática y condicionalidad financiera hasta sanciones, aislamiento, certificaciones unilaterales o apoyo selectivo a actores internos. La esfera de influencia no desapareció; se tecnificó. Y al tecnificarse se volvió más difícil de discutir, porque ya no se presentaba como dominación sino como normalidad.
Monroe y China: la hegemonía imperfecta La persistencia del espíritu Monroe plantea una aparente contradicción: si Estados Unidos mantuvo una expectativa de deferencia hemisférica, ¿cómo se explica el avance de China en Latinoamérica? Una posible respuesta es que la hegemonía estadounidense fue real, pero no omnipotente. Funcionó como régimen de disciplinamiento político y estratégico, no como control absoluto de todos los flujos económicos. Washington conservó capacidad de presión en asuntos considerados vitales —seguridad, drogas, migración, alineamientos diplomáticos, crisis políticas, sanciones, financiamiento multilateral—, pero, al mismo tiempo, promovió una globalización abierta que permitió a la región diversificar comercio, inversión y financiamiento.
La paradoja es que el propio orden de mercado impulsado desde Washington abrió canales que China utilizó de manera más consistente que Estados Unidos en varios terrenos. Mientras Washington priorizaba el Medio Oriente, la guerra contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, la condicionalidad democrática y la disciplina macroeconómica, Beijing ofrecía demanda de materias primas, financiamiento para infraestructura, inversión en energía y minería, comercio creciente y un discurso de no intervención atractivo para gobiernos latinoamericanos cansados de tutelas externas.
El avance chino, por tanto, no demuestra que la Doctrina Monroe haya desaparecido. Muestra que la versión posterior a la Guerra Fría de esa doctrina fue selectiva, tecnocrática y, en ocasiones, distraída. Estados Unidos siguió esperando deferencia hemisférica en asuntos políticos y estratégicos, pero no pudo impedir que la región respondiera a incentivos económicos mundiales. China llenó vacíos de financiamiento, demanda e infraestructura que Washington no quiso o no pudo ocupar por estar ocupado en otros asuntos, subrayando que las limitaciones de capacidades fueron también constantes durante el al auge del orden basado en reglas.
Sin embargo, la diversificación no equivale automáticamente a autonomía. Las exportaciones latinoamericanas hacia China se han concentrado con frecuencia en materias primas —soya, cobre, hierro, petróleo y otros recursos—, mientras las importaciones desde China incorporan mayor contenido manufacturero y tecnológico. La presencia china amplía márgenes de maniobra, pero también puede reproducir reprimarización, dependencia financiera, vulnerabilidad logística y exposición en infraestructura estratégica. Desde 2020, estudiosos apuntaron que la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos ha reactivado en Washington una lógica de “Monroe 2.0” frente a la presencia china en la región.
La tarea latinoamericana no es sustituir subordinación a Washington por dependencia frente a Beijing; es convertir la competencia entre potencias en capacidad negociadora propia. Esto exige instituciones estatales capaces de evaluar proyectos, regular sectores estratégicos, evitar capturas, diversificar socios, coordinar posiciones regionales y defender márgenes de autonomía sin caer en neutralismos retóricos ni alineamientos automáticos.
Trump como síntoma, no como origen Trump debe leerse menos como anomalía absoluta que como versión superlativa de un proceso largo. No inventó la selectividad, la coerción económica, el unilateralismo ni la idea de que Estados Unidos tiene prerrogativas especiales en su hemisferio. Lo que hizo fue reducir los eufemismos. Donde antes se hablaba de liderazgo, habló de transacción. Donde antes se hablaba de orden liberal, habló de ventaja nacional. Donde antes se insinuaba una esfera de influencia, la nombró con crudeza.
Ya en su segundo mandato, con la política comercial de “Estados Unidos primero”; en abril de 2025 anunció aranceles recíprocos como instrumento de presión económica. Estas medidas no fueron una ruptura total con el pasado, sino la intensificación de una lógica de convertir bienes públicos internacionales —comercio abierto, alianzas, seguridad, instituciones— en instrumentos explícitos de negociación unilateral.
Ese mismo patrón se observa en la OTAN. Durante décadas fue presentada como comunidad de seguridad occidental, alianza de valores y estructura defensiva compartida. Sin embargo, cuando Trump condiciona la protección estadounidense al gasto europeo, queda al descubierto no solo su estilo, sino la dependencia material de la arquitectura atlántica respecto de Estados Unidos y posible víctima de excepciones cada vez más estridentes. El artificio aparece desnudo: la alianza no flota sobre reglas impersonales, sino sobre una correlación de poder.
La hegemonía, cuando se siente segura, administra; cuando se siente amenazada por la multipolarización, exige, castiga y cobra. Por eso Trump parece tan disruptivo: no porque haya inventado la pulsión unilateral, sino porque la ejerce en un mundo donde ya no puede disfrazarse tan fácilmente de universalidad. La política exterior trumpista no destruye un orden perfectamente imparcial; revela la fragilidad de un orden que durante décadas dependió de que la potencia central presentara sus preferencias como reglas comunes.
Multipolaridad sin romanticismo La multipolaridad actual no debe leerse como accidente ni como simple sustitución de una hegemonía por otra. El mundo no se volvió multipolar solo porque China creciera, Rusia resistiera su degradación, la India aumentara su peso u otros actores diversificara alianzas. También se volvió multipolar porque la legitimidad del momento unipolar se desgastó desde dentro. El poder concentrado tiende a producir dos efectos simultáneos: sobrextensión del centro y aprendizaje defensivo de los demás. La multipolaridad actual es resultado de capacidades materiales nuevas, pero también reacción acumulada frente a la selectividad del orden anterior.
En esa discusión, la idea de Amitav Acharya sobre un mundo “multiplex” ayuda a evitar una lectura demasiado estrecha del cambio internacional: el fin del predominio estadounidense no implica necesariamente hegemonía china ni caos absoluto, sino una arquitectura más plural, regionalizada y superpuesta, con múltiples centros de autoridad y arreglos institucionales coexistentes. Pero esa pluralización no garantiza por sí misma un orden más justo. Puede abrir espacios de autonomía, pero también producir fragmentación, competencia normativa, nuevas dependencias y nuevas lógicas de “esferas de influencia” alternativas. La cuestión no es solo describir el mundo que emerge, sino entender por qué el viejo orden perdió autoridad.
Esta distinción es crucial para potencias medias. Si se interpreta la multipolarización solo como oportunidad para remplazar a Washington por Beijing, Moscú u otro centro de poder, reproducirá la misma lógica de subordinación bajo otro lenguaje. Si, en cambio, entiende que la crisis del orden estadounidense se debe tanto a la redistribución del poder como a la erosión de su legitimidad normativa, podrá formular una estrategia más sofisticada: diversificar vínculos, fortalecer capacidades estatales, defender reglas recíprocas, evitar alineamientos automáticos y convertir la competencia entre potencias en margen de negociación propio.
Esto no significa que la multipolaridad garantice justicia. Puede producir equilibrio, pero también fragmentación; pluralismo, pero también nuevos bloques; autonomía, pero también cinismo. El error sería remplazar obediencia automática a Washington por fascinación acrítica con cualquier poder que lo desafíe. La crítica del momento unipolar no debe convertirse en indulgencia frente a la agresión rusa, la coerción china, la represión interna de regímenes autoritarios o la instrumentalización de la soberanía para encubrir abusos.
Para México y Latinoamérica, la conclusión estratégica no puede ser el rechazo automático a Estados Unidos, pues seguirá siendo vecino, socio, mercado, fuente de inversión, potencia militar, actor migratorio y realidad geográfica. Tampoco puede ser la resignación. Necesita una doctrina de agencia: defender el Derecho Internacional con más consistencia que las grandes potencias; rechazar tanto la intervención selectiva como la soberanía usada para encubrir atrocidades; reconstruir mecanismos regionales menos dependientes de la polarización ideológica; diversificar relaciones económicas sin caer en nuevas dependencias; fortalecer capacidades estatales antes de aceptar recetas de apertura o seguridad, y convertir su peso colectivo en capacidad negociadora.
México, en particular, debe entender que su margen no depende solo de reaccionar al último arancel, al último exabrupto o a la última amenaza. Depende de comprender la profundidad histórica del proceso. La presión estadounidense actual no es únicamente el temperamento de un presidente; es la expresión de una potencia que recurre a instrumentos explícitos de coerción, aunque los estilos presidenciales varíen conforme a la coyuntura.
Defender reglas que obliguen también al poderoso La defensa de un orden verdaderamente basado en reglas exige abandonar la nostalgia por la década de 1990. Aquel no fue simplemente un periodo de estabilidad liberal; fue también el laboratorio de muchas distorsiones actuales. Allí se normalizó la idea de que algunas guerras podían ser ilegales pero legítimas; que algunas sociedades podían ser democratizadas desde fuera; que algunos mercados debían abrirse antes de que existieran instituciones capaces de regularlos; que algunas regiones pertenecían de manera natural a la administración estratégica de una potencia, y que algunas violaciones del Derecho Internacional eran amenazas al orden y otras, costos inevitables de preservarlo.
El orden basado en reglas no empezó a erosionarse cuando otros actores aprendieron a bloquear, desafiar o manipular sus mecanismos. Empezó a corroerse cuando, tras la Guerra Fría, la potencia vencedora pudo aplicar reglas, excepciones y principios de manera selectiva sin enfrentar contrapesos equivalentes. La ONU siguió siendo el núcleo jurídico del sistema, pero su funcionamiento reflejó la distribución desigual del poder. La OTAN siguió presentándose como alianza defensiva, pero actuó cada vez más como instrumento extraterritorial de administración coercitiva del orden. Los derechos humanos siguieron siendo principios universales, pero su protección dependió con demasiada frecuencia de quién era la víctima, quién era el perpetrador y qué intereses estaban en juego.
Esa es, precisamente, la lógica de la expansión gradual del orden: la erosión del orden bajo la apariencia de su defensa. No se trata de una ruptura frontal ni de un abandono explícito de las reglas, sino de una deformación progresiva de sus límites. El lenguaje permanece: legalidad, estabilidad, democracia, derechos, seguridad, responsabilidad. Lo que cambia es la práctica: las excepciones se acumulan, los mandatos se expanden, las instituciones se instrumentalizan y la interpretación del poder dominante termina sustituyendo la reciprocidad de la regla. Así, un orden presentado como universal, multilateral y normativamente limitado puede transformarse gradualmente en un orden jerárquico, discrecional y administrado por quien tiene mayor capacidad de definir qué cuenta como amenaza, qué cuenta como urgencia y qué cuenta como legitimidad.
La expansión gradual del orden permite entender por qué la crisis actual no puede reducirse al ascenso de potencias revisionistas ni al estilo de un presidente. Trump no inventó la extralimitación; la desinhibió. China y Rusia no descubrieron por sí solas la utilidad de invocar soberanía, veto, dobles raseros o zonas de influencia; aprendieron también de un sistema en el que las reglas fueron aplicadas de manera selectiva desde el centro. La multipolarización contemporánea, por tanto, no es solo el resultado de una redistribución material del poder. Es también la reacción acumulada ante un orden cuya legitimidad fue desgastada desde dentro por quienes afirmaban custodiarlo.
Reconocer esta genealogía no absuelve a los revisionistas actuales ni justifica invasiones, anexiones, autoritarismos o nuevas esferas de dominación. Más bien permite defender mejor las reglas que todavía importan. Una regla solo sobrevive si obliga también al poderoso; de lo contrario, deja de ser regla y se convierte en privilegio. Y un orden que convierte sus excepciones en método termina produciendo aquello que decía querer evitar: desconfianza, bloqueo institucional, competencia geopolítica y búsqueda de alternativas fuera del marco que alguna vez se presentó como común.
La pregunta decisiva no es si el mundo posterior a la hegemonía estadounidense tendrá orden, sino qué tipo de orden será y bajo qué reglas se organizará. Esa pregunta no puede responderse desde la nostalgia por el momento unipolar ni desde la ilusión de que toda alternativa a Washington es emancipadora. Debe responderse desde la construcción de capacidades propias: instituciones más fuertes, diplomacias más profesionales, coordinación regional menos ideologizada, diversificación económica prudente y defensa consistente del derecho internacional.
La tarea no es escoger amo. Es aprender a negociar en un mundo donde ningún poder debe confundirse con la regla, y donde ninguna promesa de orden —ni la liberal, ni la revisionista ni la multipolar— debe aceptarse sin instituciones, con mecanismos propios y capaces de convertir margen en agencia. Nombrar la expansión gradual del orden ayuda a entender que lo que vivimos no es solo una coyuntura, ni tampoco el colapso instantáneo que tantos diagnósticos anuncian cada vez que encuentran un acontecimiento suficientemente dramático para convertirlo en símbolo. Trump, Ucrania, Gaza, Taiwán, los aranceles, la parálisis del Consejo de Seguridad o el ascenso de China pueden ser hitos de una crisis, pero no son por sí solos su origen ni necesariamente su desenlace. El error está en escoger un evento y declararlo el fin definitivo de un orden que lleva décadas mostrando síntomas de agotamiento, pero que aún estructura instituciones, alianzas, mercados, dependencias y vocabularios de legitimidad. Por eso, la pregunta no es cuándo murió el orden basado en reglas, sino quién ha tenido poder para declarar sus excepciones, quién ha pagado sus costos y quién será capaz de construir reglas que obliguen también al fuerte. Solo entonces las potencias medias dejarán de reaccionar a los síntomas —el último exabrupto, la última guerra, el último arancel— y podrán actuar sobre la enfermedad de fondo: un sistema que decía ser universal, pero que demasiadas veces funcionó como privilegio.
/ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra en proceso de elegir a la próxima persona que ocupará la Secretaría General. Tras 10 años en el cargo, António Guterres concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2026 y entregará a su sucesor (o sucesora) una institución con serios desafíos por delante. Quien resulte electo enfrentará una crisis de legitimidad, un déficit de confianza y un rezago financiero que exigen un liderazgo firme, pragmático y creativo.
El proceso de elección Hasta hoy, seis perfiles compiten por el cargo. Aunque deberán obtener el respaldo de la mayoría de la Asamblea General, el verdadero desafío consiste en superar el filtro previo del Consejo de Seguridad, que debe recomendar formalmente la candidatura. Las implicaciones son profundas: los miembros permanentes del Consejo tienen la facultad de vetar a cualquier aspirante que no se ajuste a su visión sobre el futuro de la ONU o que consideren excesivamente cercano a los intereses de otra potencia con derecho de veto.
Para esta elección en particular, se anticipa que la persona electa provenga de Latinoamérica, en apego al principio de rotación geográfica, una práctica consolidada, aunque no formalmente establecida en las reglas de la Organización. Asimismo, ha cobrado fuerza la posibilidad de que, por primera vez, una mujer ocupe la Secretaría General. Sin embargo, esta no es una posición consensuada. Mientras China, Francia y el Reino Unido se han mostrado favorables a esa posibilidad, Estados Unidos y Rusia sostienen que la designación debe recaer en la candidatura más sólida, independientemente de su género.
Los perfiles de los candidatos La chilena Michelle Bachelet fue propuesta originalmente por Brasil, México y su propio país. Su candidatura es una de las más sólidas, respaldada tanto por el apoyo de las dos mayores potencias latinoamericanas como por una amplia trayectoria política y multilateral. Además de haber sido Presidenta de Chile en dos ocasiones, fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Aunque el nuevo gobierno chileno decidió retirar su respaldo, Brasil y México mantienen su apoyo a Bachelet, quien encarna una visión progresista de la izquierda latinoamericana y cuenta con una reconocida experiencia en materia de gobernanza internacional.
Pero en esta contienda, cualquier antecedente puede ser tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. En octubre de 2025, antes de anunciar formalmente su candidatura, Bachelet fue recibida en Beijing por el Ministro de Relaciones Exteriores. Tras el encuentro, la Cancillería china emitió un comunicado inusual en el que la describió como “una estadista de renombre mundial y una vieja amiga del pueblo chino”, entre otros elogios. Este aparente respaldo se reiteró durante una visita reciente a China, lo que despertó interrogantes entre algunos analistas, ya que uno de los últimos actos de Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue la publicación de un controvertido informe sobre la situación en Xinjiang, un tema especialmente sensible para Beijing.
Su candidatura tampoco ha encontrado el mismo nivel de receptividad en Washington. El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha expresado reservas sobre su postulación. Entre otras críticas, señaló que Bachelet evitó calificar como genocidio las acciones de China contra la minoría uigur y cuestionó su defensa del acceso al aborto como un derecho humano. Dado que estas objeciones provienen de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, no puede descartarse que se anticipe un eventual veto a su candidatura.
Otra de las mujeres latinoamericanas con una sólida trayectoria es la costarricense Rebeca Grynspan. Hasta hace poco fungió como Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Desde esa posición encabezó los esfuerzos de la ONU para mitigar los efectos humanitarios de la guerra entre Rusia y Ucrania, al facilitar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que permitió reanudar la exportación de 33 millones de toneladas de cereales desde puertos ucranianos y contribuyó a evitar una crisis alimentaria mundial.
Su capacidad para dialogar con todas las partes, incluso en un contexto de conflicto armado, le ganó el respeto de numerosos Estados miembros. Además, se ha desempeñado como Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Vicepresidenta de Costa Rica.
Quien resulte electo enfrentará una crisis de legitimidad, un déficit de confianza y un rezago financiero que exigen un liderazgo firme, pragmático y creativo. Grynspan cuenta con el respaldo de su propio país, a diferencia de Bachelet. Aunque no es un requisito formal, se trata de una ventaja política relevante. Otro punto a su favor es que ha sido la única candidata que ocupaba un cargo dentro de la ONU en acatar la solicitud de la Asamblea General de separarse temporalmente de sus funciones durante la campaña. Esta decisión fue interpretada como una muestra de respeto a la voluntad de los Estados miembros y de compromiso con la rendición de cuentas, una cualidad esencial para quien aspire a encabezar la Organización.
Rompiendo con la expectativa de que la próxima Secretaría General recaiga en una mujer, Argentina presentó la candidatura de Rafael Grossi. El actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuenta con una amplia trayectoria diplomática y experiencia en organismos vinculados a la seguridad internacional y el desarme, entre ellos el propio OIEA y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Respaldado por el gobierno de Javier Milei, Grossi es percibido como una candidatura asociada a los sectores más conservadores de la región y potencialmente más cercana a Estados Unidos. Su experiencia técnica y su perfil en materia de no proliferación nuclear podrían resultar atractivos para varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
A diferencia de Grynspan, Grossi se mantiene en su cargo al frente del OIEA. Ha argumentado que la naturaleza de sus responsabilidades y las exigencias de su puesto hacen inviable una separación temporal. Un eventual éxito de su candidatura dependerá, en buena medida, de su capacidad para proyectar liderazgo en momentos de crisis. En ese sentido, ha logrado navegar escenarios complejos relacionados tanto con la invasión rusa de Ucrania como con el avance del programa nuclear iraní.
La candidatura más accidentada hasta la fecha ha sido la de Macky Sall, quien gobernó Senegal durante 12 años y fue postulado por Burundi. Cuando anunció su candidatura, Burundi intentó aprovechar su posición como presidente de la Unión Africana para presentarla como una candidatura respaldada por el continente. No fue así. Por ello, propuso a los miembros de la Unión avalarla mediante un “procedimiento de silencio”. Es decir, la candidatura sería considerada africana siempre que ningún Estado miembro expresara objeciones. Sin embargo, varios países del bloque se opusieron de inmediato. A pesar de ello, Burundi mantuvo su apoyo a Sall, aunque únicamente a título nacional.
No hay una fecha límite para la presentación de candidaturas. Por ello, no sorprendió que, meses después de que surgieran las primeras postulaciones, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa fuera nominada por Antigua y Barbuda, mientras que la embajadora Carolyn Rodrigues-Birkett fue postulada por Guyana.
Espinosa es una figura ampliamente reconocida en los círculos multilaterales. Fue la primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas y se desempeñó como Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Defensa de Ecuador. Por su parte, Rodrigues-Birkett es la actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU y, anteriormente, ocupó los cargos de Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Asuntos Amerindios de su país.
Los diálogos interactivos de la Asamblea General: un vistazo al futuro Con el propósito de renovar los procesos de la Organización, los Estados miembros acordaron que esta fuera la elección de secretario general más transparente e incluyente en la historia de la ONU. Para ello, establecieron diálogos interactivos convocados por la presidencia de la Asamblea General, en los que las personas candidatas se someten a audiencias públicas y responden preguntas de los Estados miembros y de organizaciones de la sociedad civil sobre sus prioridades y propuestas para la institución.
Aunque este mecanismo no es jurídicamente vinculante, ha contribuido a incrementar el interés en las candidaturas, fortalecer el escrutinio público y promover una mayor transparencia en el proceso de selección.
Durante las audiencias públicas, que se extendieron por cerca de 3 horas para cada candidatura, los Estados miembros y los representantes de la sociedad civil buscaron esclarecer una cuestión fundamental: ¿cuál es la visión de cada aspirante para el futuro de la Organización y cómo utilizaría el cargo para hacerla realidad? Las respuestas dejaron en evidencia que las diferencias entre las candidaturas no son meramente de estilo o trayectoria, sino que reflejan concepciones distintas sobre las prioridades y el papel de la ONU.
Por un lado, Bachelet y Grynspan coincidieron en la necesidad de atender la crisis de legitimidad que enfrenta la institución y de profundizar el actual proceso de reformas bajo los principios de eficacia, modernización y transparencia. Sin embargo, al examinar sus propuestas con mayor detalle, emergen diferencias relevantes. Bachelet otorgó mayor peso a la preservación del sistema internacional basado en instituciones, al proponer la renovación de la autoridad moral de la ONU, una mayor presencia sobre el terreno y una reforma del Consejo de Seguridad. Grynspan, en cambio, puso el acento en el papel de la Secretaría General como instancia de liderazgo y gestión, subrayando que cualquier transformación sustantiva requiere del respaldo y la voluntad política de los Estados miembros.
Una visión distinta sobre el futuro de la ONU puede apreciarse en las propuestas de Grossi y Sall. Grossi centró buena parte de su intervención en la agenda de desarrollo y aprovechó el espacio para destacar sus logros en materia de gestión y liderazgo al frente del OIEA. Sall, por su parte, puso el énfasis en la interrelación entre desarrollo y paz. Subrayó la importancia de las operaciones de mantenimiento de la paz, el uso de la diplomacia preventiva para evitar nuevos conflictos y la necesidad de fortalecer la cooperación con las instituciones de Bretton Woods y el sector privado para impulsar esta agenda.
A pesar de su tardía postulación, Espinosa sí tuvo la oportunidad de participar en el diálogo interactivo. Ahí presentó una visión distinta a las anteriores, comenzando por una concepción del desarrollo impulsada desde la soberanía nacional y no desde Nueva York. También defendió que los resultados de la ONU deben medirse por el número de vidas salvadas y abogó por poner fin a los diagnósticos excesivos. En materia de seguridad, afirmó que priorizaría la diplomacia preventiva mediante los buenos oficios de la organización para facilitar la gestión de conflictos y avanzar en discusiones clave, como la reforma del Consejo de Seguridad.
Las diferencias entre las candidaturas son profundas, desde sus afinidades ideológicas y la relación que mantienen con algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad hasta la visión con la que conducirían la Organización. Sin embargo, conviene recordar que la elección requiere el consenso de los cinco miembros permanentes y que no hay una fecha límite para la presentación de candidaturas. Por ello, no resulta descabellado considerar que la persona que finalmente obtenga el cargo aún no haya sido postulada y que emerja como una opción capaz de conciliar los intereses de las grandes potencias antes de la votación de la Asamblea General prevista para antes de noviembre.
/ analiza el discurso de Marco Rubio, quien busca catalogar como terroristas a organizaciones de extrema izquierda. Destaca que Estados Unidos estaría intentando implementar una doctrina de control hemisférico frente a ideologías vinculadas al comunismo y al socialismo.
🗣️ Raquel López Portillo (@RaquelLPM) analiza la propuesta de Marco Rubio (@marcorubio) de catalogar a organizaciones de "extrema izquierda" como terroristas. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué hay detrás de esta idea?
/ Una brutal comparación entre la actual situación de Gaza y la de los campos de exterminio nazis puso de relieve el problema actual de Israel: a ojos de una creciente corriente de opinión en el mundo, se ha convertido en verdugo.
En días pasados, una manifestación pro-palestina desplegó una reproducción de la puerta de entrada de Auschwitz, el tristemente célebre campo de concentración, con el nombre de Gaza en lugar de su lema de trabajo.
/ En las últimas semanas en Estados Unidos ha trascendido un nuevo movimiento por de más escandaloso: el household voting. Puesto en términos simples, la propuesta, impulsada por pastores, influencers y activistas de ultraderecha, buscan que las mujeres renuncien a sus derechos electorales con el fin de que cada familia emita un solo voto, ejercido por el jefe del hogar.
Esta narrativa resonó con fuerza en la Women’s Leadership Summit de Turning Point USA, una de las organizaciones conservadoras más influyentes de Estados Unidos. En este evento, figuras como Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, impulsaron discursos centrados en el regreso a los “valores tradicionales”, al punto de aconsejar a las asistentes a “tener más hijos de los que pueden mantener”.
/ El 1 de julio venció el plazo para renovar el T-MEC y Estados Unidos decidió no hacerlo en su forma actual. El tratado sigue vigente, pero Washington lo transformó en un esquema de revisión permanente que puede extenderse hasta 2036.
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