Juan Ascencio Moctezuma
/ La ONU, como institución, enfrenta grandes retos para conservar su relevancia como actor clave en la prevención, manejo y resolución de conflictos. El contexto actual se caracteriza por la multiplicación de conflictos armados y por la proliferación de mecanismos de mediación con niveles diferenciados de relevancia política y efectividad.
La acotación de la ONU “como institución” es clave. No se trata de una idea abstracta, sino de una estructura burocrática liderada por el Secretario General, en la que destaca el Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, que incluye a la Unidad de Apoyo a la Mediación.
Estas instancias realizan análisis de conflictos, alerta temprana y asesoría técnica a mediadores -generalmente enviados especiales- nombrados por el Secretario General o el Consejo de Seguridad. Sin embargo, su alcance está condicionado por el respaldo político y financiero de los Estados miembros.
En paralelo, se ha consolidado un verdadero “mercado de resolución de conflictos”, saturado y competitivo. Actores como Estados Unidos o coaliciones ad hoc intervienen con motivaciones claras y herramientas de presión directa. Sus procesos suelen ser rápidos y visibles, pero también responden a intereses geopolíticos específicos. El activismo de Washington en distintos conflictos ilustra esta lógica: capacidad de presión, acuerdos transaccionales y prioridad a resultados inmediatos.
A ello se suma el auge del mini-multilateralismo, es decir, coaliciones flexibles que operan fuera de marcos institucionales tradicionales. Estas fórmulas responden a la necesidad de rapidez y control político, pero también fragmentan los esfuerzos globales de mediación.
Frente a este panorama, la ONU enfrenta un problema estructural de recursos. Su financiamiento combina un presupuesto regular limitado con contribuciones voluntarias que sostienen buena parte de sus actividades de mediación. El fondo flexible destinado a estas tareas ronda los 30 a 40 millones de dólares anuales, con déficits cercanos al 30 por ciento. A esto se suman retrasos en el pago de cuotas y presiones políticas para reducir el gasto, que han derivado incluso en problemas de liquidez y recortes operativos.
El resultado es una paradoja: cuanto más complejos y numerosos son los conflictos, mayor es la demanda de la ONU, pero menor es el respaldo político y financiero que recibe para actuar. Se le exige resolver, pero no se le dota de las herramientas necesarias.
En este contexto, la relevancia de la ONU no radica en competir con mediadores estatales en poder político. Su ventaja comparativa es diseñar la arquitectura de la paz. Más que protagonizar iniciativas que acaparan reflectores, la ONU opera en el terreno menos visible pero decisivo: estructuración de procesos de negociación, redacción de acuerdos, diseño de arreglos de seguridad, apoyo constitucional e inclusión de actores marginados.
Es ahí donde su contribución resulta insustituible. La ONU no necesariamente cierra acuerdos, pero sí ayuda a que estos funcionen, se implementen y sobrevivan en el tiempo. En un entorno dominado por soluciones transaccionales, su capacidad técnica aporta sostenibilidad institucional.
La mediación internacional parece evolucionar hacia un modelo dual: los Estados negocian los términos políticos del acuerdo, mientras la ONU diseña su viabilidad. Este reparto de funciones no implica irrelevancia, sino reconfiguración.
De cara al futuro, el liderazgo de la Secretaria o Secretario General será determinante. Más que buscar protagonismo, deberá articular una división del trabajo clara con los Estados miembros y posicionar a la ONU como actor central en aquellos procesos donde se requiere neutralidad, legitimidad y capacidad técnica.
La ONU, como institución, no es irrelevante para la paz. Pero sigue atrapada en una brecha cada vez más difícil de sostener: se le exige más de lo que se le permite hacer. La próxima renovación de liderazgo abre una oportunidad real para romper esta inercia. De lo contrario, la comunidad internacional seguirá alimentando la paradoja de contar con una institución sobresaturada de demandas y expectativas, pero privada de los medios necesarios para cumplirlas.
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