Luis Rubio
Desde que Thomas Hobbes publicó su famoso Leviatán en 1651, el concepto que lo anima ha inquietado y desafiado a estudiosos y políticos sobre cómo entender al mundo: la noción de que el caos es lo natural y siempre puede retornar pende sobre todos los gobiernos que enfrentan retos esenciales de seguridad.
Para Hobbes, el mundo natural es “solitario, pobre, desagradable, violento y hace que la vida sea corta.” Esa es la razón por la cual los hombres optan por un acuerdo que establezca un gobierno legítimo. Así, el Leviatán de Hobbes es un gobierno absoluto, creado por medio de un contrato social a través del cual los individuos ceden algunas libertades en aras de lograr seguridad y orden. En caso de no cumplirse estos objetivos -seguridad y orden- la legitimidad del gobierno entra en crisis. Es en este sentido que el Leviatán se convierte en una especie de espada de Damocles que cuelga sobre cada generación: la del riesgo de volver a caer en ese mundo violento, desordenado y peligroso para la ciudadanía que describe Hobbes con tanta vehemencia. La pregunta perenne e inevitable en tiempos como el que nos ha tocado vivir en México es si estamos avanzando en esa dirección.
Los problemas de seguridad que enfrenta el país no son nuevos. Buena parte del primer siglo después de la independencia, realmente hasta que llegó el porfiriato, fue un periodo por demás violento. Sin embargo, la violencia y delincuencia de hoy son de otra naturaleza y magnitud, toda vez que ya no se trata de pequeñas pandillas o grupos paramilitares al servicio de alguna facción política, sino del crimen organizado que trasciende fronteras, corrompe (o asesina) a quien se le pone enfrente.
No parecería exagerado afirmar que el gran déficit de la era democrática de las últimas décadas fue el de la seguridad. El tránsito del viejo sistema priista al nuevo entorno democrático no fue benigno para la seguridad, en parte porque no se previó que, en adición a los órganos electorales, también era necesario construir nuevas instituciones susceptibles de mantener la paz y la civilidad, además de gobernar con eficacia. Por otro lado, lamentablemente, ese tránsito coincidió con la aparición y fortalecimiento del crimen organizado, producto de circunstancias tanto internas como externas que se juntaron para producir un enorme reto a la seguridad de los mexicanos: como el control que logró el gobierno colombiano sobre sus mafias, el fortalecimiento de la frontera norte después de septiembre 11 y, sobre todo, por el súbito debilitamiento de la vieja (y corrupta) capacidad policiaca y judicial en México.
Lo que siguió fue resultado tanto de la inacción como de la acción de los gobiernos de estas décadas. Fox optó por suponer que los problemas se resolverían solos (“¿y yo por qué?”), en tanto que Calderón tomó la decisión de enfrentar al crimen organizado, lo que destapó la cloaca, provocando un súbito ascenso de la violencia. Aunque este último es un blanco fácil para el régimen, el problema que intentaba resolver, ignorado por su predecesor, era real y sigue vigente. Sin embargo, veinte años después, los riesgos son infinitamente mayores porque las organizaciones criminales han adquirido una capacidad coactiva y de fuego sin precedente. La suma de un gobierno enclenque y organizaciones criminales que atosigan ya no sólo a la población sino incluso al gobierno constituye una ecuación por demás preocupante.
A esa preocupación habría que agregar el desempate que se vislumbra entre la naturaleza del problema -la debilidad del gobierno a todos niveles- y los planes (o dogmas) que el gobierno federal ha desarrollado para combatirlo. Con esto no quiero sugerir que el problema lo creó el gobierno actual, sino que enfrenta una pesada herencia que se ha ido complicando sexenio a sexenio, aunque sin duda el costo de largo plazo de la política de abrazos va a acabar siendo extraordinario. Dicho eso, también es evidente que, en lugar de ir construyendo un camino hacia la consolidación de mayor capacidad gubernamental, lo que ha ocurrido, y sigue ocurriendo, es una erosión sistemática e intencionada de esa capacidad. En estas circunstancias, el reto es muy superior a los planes que se han venido construyendo.
Viendo hacia adelante, quedan más interrogantes que certezas. Una primera es en qué medida crecerá y se propagará el enojo y movilización que podría cobrar forma a partir del asesinato del presidente municipal de Uruapan. Una segunda es cuál será el impacto del plan gubernamental. La experiencia de los dos gobiernos previos que enviaron tropas a Michoacán fue que se pacificó la localidad, pero, al no crearse capacidad gubernamental nueva, la violencia retornó tan pronto se retiraron los soldados. ¿Qué permite avizorar un resultado distinto? Hay claramente dos dimensiones a los sucesos de Uruapan: una es propiamente de seguridad, donde los precedentes son pobres; en tanto que la dimensión política es mucho más delicada, toda vez que tanto el prestigio como la popularidad de la presidenta van de por medio.
Según Napoleón, “Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia de que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada”. Morena tiene claro lo primero, pero se rehúsa a entender que sin lo segundo, enfrentar lo primero es imposible.
