Luis Rubio
/ La concentración del poder es un dulce para quien lo disfruta, pero veneno para la oposición. Quizá la pregunta clave sea quién es la oposición. La pregunta no es ociosa, toda vez que, a pesar de la propaganda, Morena sólo logró 41% del voto en 2024 y su evidente propensión a fragmentarse tiende a crear nuevas fuentes de oposición.
Toda legislación electoral tiene dos componentes: uno es el diseño de sistema político que se propone organizar (lo que sería el hardware del sistema); el otro son las reglas del juego, o sea el software que lo hace funcionar. La reforma que presumiblemente se presentará buscará restringir el acceso para garantizar el control del partido gobernante. El riesgo sería crear el equivalente de una olla exprés al excluir a una buena parte de la sociedad mexicana de la representación. Pero podría ser peor.
Además de establecer una cancha pareja para acceder al poder, la reforma electoral de 1996 consolidó una composición híbrida en las dos cámaras legislativas en la forma de diputados y senadores electos por voto directo y otros por representación proporcional. La idea era garantizar la gobernanza, así como una representatividad efectiva. La gobernanza se intentó asegurar con la llamada cláusula de gobernabilidad que asignaba hasta un 8% de sobre representación al partido mayoritario, en tanto que la representación proporcional procuraba evita que el partido entonces mayoritario apabullara las contiendas con su mayor capacidad de movilización.
La cláusula de gobernabilidad se procuró por la ausencia de experiencia en el gobierno de los partidos entonces minoritarios, circunstancia que ha dejado de ser relevante ahora que al menos tres partidos políticos han ocupado la presidencia. Por otro lado, la combinación de representación directa y proporcional ha perdido sentido, toda vez que, en la práctica, no existe vinculación alguna entre los diputados electos en sus distritos con la ciudadanía que ahí habita ni hay diferencia entre los dos tipos de diputación. En este contexto, no tiene sentido preservar las dos formas de representación: sería infinitamente más útil y menos costoso ir a un sistema de representación puramente proporcional que garantizara una efectiva presencia de toda la población, incluso con menos legisladores, sin las complicaciones y costos que el esquema actual entraña.
Cuando se negoció la reforma de 1996, el objetivo era crear un sistema de competencia efectiva y equitativa que sumara a todos los actores políticos. El objetivo de hoy parece ser el de excluir a los indeseables para Morena y asegurar su permanencia en el poder. Los negociadores del lado del PRI, el entonces partido mayoritario, sabían que cualquier avance de la oposición sería a sus costillas, pero su lógica era la de la estabilidad y el desarrollo de largo plazo. No es que fueran altruistas, sino que privilegiaron una lógica de Estado, que comenzaba por la viabilidad del país.
La lógica de los de Morena es muy distinta, pero es dudoso que sea realista. Como en la era del PRI, mucha de la oposición que hoy enfrenta surge de sus propias filas y esa es una tendencia incontenible por la racionalidad natural de la competencia interna por candidaturas y acceso al poder. Un “movimiento” tan amplio y diverso no tiene manera de contener las diferencias y mantener la disciplina entre sus integrantes. Y esto lleva al asunto de la oposición.
Morena se propuso llevar a cabo una revolución que transformara al país y para eso dividió a los mexicanos entre buenos y malos, amigos y enemigos. Tanto la estructura como el discurso de Morena han seguido esa lógica de discriminación, para contribuir al fortalecimiento de los cuadros internos. Sin embargo, en la medida en que se agrava la fragmentación, los otrora buenos acaban siendo malos, erosionando tanto la cohesión como la legitimidad del partido en el gobierno. Un cambio de reglas como el que parece estar contemplando Morena no hace sino acelerar este proceso lo que, paradójicamente, abonaría a la fortaleza de la oposición, pero sobre todo a acelerar el debilitamiento del propio partido en el gobierno.
Una vez que cambian las reglas, todos son enemigos. Aunque Morena pretende representar a todos los mexicanos, su voto en 2024 no superó el 41% y su credibilidad expresada en las encuestas es sensiblemente inferior al de la presidenta. En este entorno, una reforma como la contemplada, incluyendo la posibilidad de mover la fecha de la llamada “revocación de mandato,” no haría sino afectar a quien va arriba en esa contabilidad, es decir a la presidenta. En consecuencias, la paradoja es que una reforma como la que se discute no haría sino afectar a quien la propone, en cuyo caso se confirmaría el viejo dicho de que nadie sabe para quién trabaja.
George Orwell escribió que “nadie instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura.” Morena pretende haber conducido una revolución y ahora se encuentra ante la tesitura de qué reforma impulsar. Más le valdría limitarse a gozar de su status como la mayor minoría en la forma de representación proporcional porque, de lo contrario, arriesgaría hasta la presidencia.
