Bertha Alvarado
/ La política migratoria de Donald Trump ha vuelto a colocar a México en el centro del debate sobre el asilo en Estados Unidos. El programa “Quédate en México” obliga a determinados solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos ante tribunales estadounidenses. Sus defensores lo consideran una herramienta para ordenar la frontera, pero su aplicación plantea una pregunta: ¿puede un gobierno proteger sus fronteras a costa de poner en riesgo a quienes buscan refugio?
Los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) comenzaron en enero de 2019, durante el primer mandato de Trump. Miles de solicitantes fueron devueltos a México, donde debían esperar sus audiencias durante meses, sin certeza sobre la resolución de sus casos.
Joe Biden terminó el programa en 2021 por sus consecuencias humanitarias y legales. Sin embargo, al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump anunció su intención de reimplementarlo. En abril de ese año, un tribunal federal frenó temporalmente los intentos de reactivación por las dudas sobre sus efectos en el derecho al asilo y el acceso a representación legal.
El capítulo más reciente llegó el 7 de octubre de 2026, cuando un juez federal declaró ilegal la implementación examinada en el litigio y ordenó dejarla sin efecto. La resolución concluyó que MPP obstaculizó el derecho a solicitar protección, dificultó el acceso a abogados y limitó las posibilidades de un proceso justo. Aunque representa una victoria para las organizaciones defensoras de migrantes, no elimina todas las restricciones al asilo en Estados Unidos.
El principal problema del programa es que convierte la espera en un riesgo. Quienes huyen de amenazas, persecución o violencia deben encontrar alojamiento, alimento y atención médica durante meses. Además, pueden quedar expuestos a secuestros, extorsiones y otros abusos en ciudades fronterizas.
También está en juego el acceso a la justicia. Solicitar asilo requiere reunir pruebas, explicar los motivos del temor a regresar al país de origen y preparar un caso. Sin embargo, ¿cómo puede alguien defender sus derechos si vive en condiciones de inseguridad, lejos de su abogado y sin información clara sobre su audiencia?
Las cifras del programa original reflejan estas dificultades. Según datos citados durante el litigio, alrededor del siete por ciento de las personas sujetas a MPP consiguió representación legal y apenas 1.1 por ciento obtuvo asilo u otra protección contra la deportación.
Quienes defienden estas medidas argumentan que Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras y administrar las solicitudes migratorias. Sin embargo, ordenar la migración no debería impedir que las personas ejerzan su derecho a pedir protección. Una solución más justa requiere tribunales con mayor capacidad, procedimientos claros y asesoría legal, no trasladar la incertidumbre a quienes tienen menos recursos.
Para México, la medida también implica mayores presiones sobre albergues, servicios médicos y organizaciones civiles fronterizas, que ya operan con recursos limitados. Recibir a personas de distintas nacionalidades exige coordinación bilateral, presupuesto y garantías de seguridad. La cooperación migratoria no debe convertirse en una relación donde Washington determine unilateralmente las responsabilidades mexicanas.
La reciente decisión judicial tampoco significa que el acceso al asilo esté garantizado. En junio de 2026, la Corte Suprema estadounidense emitió otro fallo sobre las condiciones para acceder al procedimiento desde el lado mexicano de la frontera. Aunque es un asunto distinto a MPP, demuestra que las restricciones siguen siendo objeto de disputa.
La migración no se resuelve trasladando personas de un territorio a otro. Detrás de cada solicitud hay una historia y, muchas veces, una situación de peligro que no desaparece al cruzar una frontera. “Quédate en México” prometía orden, pero convirtió la espera en una carga para miles de personas vulnerables.
El fallo de octubre recuerda que las políticas migratorias también deben responder ante la ley. Para México es una oportunidad de exigir una cooperación más equilibrada y protección real para quienes permanecen en su territorio. Una frontera ordenada no debería construirse a costa de la dignidad humana. Si la seguridad de un país depende de trasladar los riesgos a personas vulnerables y a su vecino, el problema no se resuelve: simplemente se desplaza.
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