/ Si hay un deporte en el que Canadá domina a Estados Unidos es el hockey; hoy, en hielos resbaladizos, el comercio revive esa rivalidad y la vuelve más reñida. Y es que los canadienses se han atrevido a sostener lo que aliados como la Unión Europea, británicos y mexicanos no señalan al gobierno del presidente Trump: No podemos aceptar lo que han ofrecido y nos negamos a conceder lo que han pedido. “Nunca se ha planteado la posibilidad de firmar un acuerdo a cualquier precio”.
El gobierno de Mark Carney no se conforma con que Canadá sea un país fiable, sino uno que pueda tomar el palo de hockey y darle un par de golpes a la portería de EU. El mensaje vuela más allá de los cielos de los tres países y de la mariposa monarca, llega a todos los continentes y revive la fuerza de la “Revolución Tranquila de Quebec”.
Esta vez, el primer ministro canadiense no solo reclama: “Somos dueños de nuestra casa, de un océano a otro”. Aclara que los aranceles que la Unión Americana ha impuesto son arbitrarios y constituyen una violación de sus compromisos. EU ya no es un socio leal para uno de sus principales socios comerciales. Y así se afirma, para que lo constate el mundo, después de las negociaciones que los canadienses han vivido en agosto.
En los ojos del miembro más boreal del T-MEC hay temas que no están a discusión. En lo comercial, es inconcebible ceder a Estados Unidos el derecho de supervisar los acuerdos que Canadá firme con otras naciones. Es inviable desmantelar la legislación canadiense de lácteos o alterar las normas lingüísticas de Quebec. No sólo lastima la idea del mando estadunidense para explotar minerales críticos, sino ceder la dirección del gasto de defensa.
El viento del norte enfría el clima. Carney responde con herramientas comerciales tangibles y apela a la soberanía con realismo, no sólo con sentimientos. Canadá es el cliente principal de automóviles estadounidenses. “De hecho, compramos más coches fabricados en Estados Unidos que el Reino Unido, Japón y China juntos”. En esta visión, EU es menos soberano sin el apoyo canadiense: “Les suministramos el 99% de su gas natural, el 85% de sus importaciones de electricidad y el 60% de sus importaciones de crudo”.
Los “americanos” han pedido demasiado y han ofrecido muy poco. EU había anunciado que, desde el 19 de agosto, aplicaría aranceles del 50% a productos canadienses como equipos de hockey, ropa, cemento y cerveza. Esta agresión catapultó las negociaciones y terminó por romperlas. Se prevé que el 7 de septiembre (Día del Trabajo) se conocerán las represalias canadienses.
En el último año Canadá ha firmado más de 20 acuerdos comerciales y de seguridad a nivel internacional. Carney ha puesto como muestra el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, cerrado en un récord de 47 días. Un ganador paralelo de esta guerra comercial es la India, que ahora aprovecha las facilidades comerciales canadienses, así como lo hace la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Canadá ha creado una fórmula para avanzar en sentido contrario a su vecino del sur: crecer sin romper relaciones. Redujo el tipo impositivo sobre nuevas inversiones empresariales al 13%, 4.5 puntos porcentuales menos que EU. Está por verse el resultado de la estrategia canadiense, con palo de hockey, pero siguiendo las reglas.
/ Fue una semana particularmente ruda para la política exterior estadounidense: por un lado, pareció iniciar una literal guerra comercial con Canadá, hasta hoy socio del acuerdo comercial norteamericano que incluye a México, y bajó de nivel unos simulacros de entrenamiento defensivo con Corea del Sur porque ese país no ha ayudado a abrir el Estrecho de Ormuz.
Al confrontar a Canadá, Trump escoge la batalla incorrecta; amenazas no son creíbles
Si se hiciera un análisis objetivo de cuál es el país más confiable del mundo, Canadá estaría en la parte más alta de la lista. Estados Unidos (en los tumultuosos días de Donald Trump) mucho más abajo. Suena un tanto risible que su presidente sostenga que las negociaciones con su socio del norte fracasaron porque los canadienses no son confiables para negociar. En sus propias palabras, escribió en redes ayer: “they are among the worst Nations in the World to deal with. They feel entitled, and yet, WE DON’T NEED CANADA, THEY NEED US!” (Son una de las peores naciones en el mundo con quien negociar. Sienten que tienen derechos y, sin embargo, NO NECESITAMOS A CANADÁ, ¡ELLOS NOS NECESITAN!)
Esta reacción visceral de la Casa Blanca y la amenaza de nuevos aranceles de 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero a partir de enero 2027 responde al reciente fracaso de las negociaciones para lograr un acuerdo que disminuyere aranceles que Estados Unidos ha impuesto ilegalmente y para los que Canadá ha respondido, de manera muy parcial y modesta, con aranceles compensatorios a las exportaciones estadounidenses.
Merece la pena recordar la cronología para tratar de dilucidar en qué puede terminar todo esto. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez en 2017 encontró tres obstáculos legales para imponer sus amados aranceles: uno, son un impuesto y por lo tanto requieren de autorización del Congreso en iniciativas que surjan de la Cámara de Representantes. Dos, Estados Unidos tiene aranceles consolidados cercanos a tres por ciento promedio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aplicados de casi el mismo nivel, por lo que los aranceles no pueden incrementarse sin violar compromisos multilaterales (ver propuesta de reforma a la OMC para superar este problema). Tres, para ciertos países, sobre todo Canadá y México, Estados Unidos está comprometido a cobrar cero aranceles para todos los productos que cumplan con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) primero y luego del Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC).
Peter Navarro, su asesor comercial, le explicó que la única manera de hacerlo era apelar a las excepciones de seguridad nacional que contemplan la ley de Estados Unidos y todos sus tratados. La excepción de seguridad nacional fue diseñada para que los países pudieren desviarse de sus compromisos internacionales en casos de emergencia nacional, de guerra, ataques nucleares y eventos similares. Abusar de esta excepción la pervierte.
Trump utilizó la sección 232 de su legislación comercial para imponer aranceles en acero y aluminio, en 2018. México y Canadá interpretaron, correctamente, que los aranceles de seguridad nacional eran una salvaguardia disfrazada, basados en múltiples declaraciones de Trump que los justificaban en términos de empleo e inversión y en el testimonio del Departamento de Defensa de que el acero y aluminio comerciados con México y Canadá (y algunos otros países) no representaban un riesgo de seguridad nacional al ser países amigos y confiables. Con base en el capítulo ocho del TLCAN, México y Canadá impusieron aranceles contra exportaciones de Estados Unidos para compensar la pérdida de acceso. La compensación funcionó; en algunos meses la Casa Blanca retiró los aranceles para sus socios de América del Norte y se eliminaron también las represalias.
Poco tiempo después, se terminó la negociación del T-MEC y en ella permaneció la facultad de compensación inmediata en caso de salvaguardias, ahora en el capítulo diez.
La llegada de Trump II en 2025 fue mucho más agresiva: impuso primero aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) a todos los países, aunque las exportaciones canadienses y mexicanas quedaran exentas si cumplían con las reglas de origen del T-MEC. Posteriormente impuso aranceles de seguridad nacional sectorial bajo la sección 232 a acero y derivados, aluminio y derivados, vehículos (al contenido no estadounidense los que cumplan con la regla de origen del T-MEC), autopartes (las que cumplan con la regla de origen del T-MEC exentas), cobre y algunos derivados y madera. A diferencia de 2018, México prefirió no usar su derecho compensatorio y los dejó pasar. Canadá, por su lado, sí ejerció ese derecho de forma moderada, pero ello bastó para tensar la relación con Estados Unidos. Tanto, que el primer ministro Trudeau perdió su puesto. El resto de los países del mundo prefirió no tomar represalias a pesar de la arbitrariedad de Estados Unidos.
Trump inspiraba temor y se optó por llevar la fiesta en paz. De haberse tomado represalias generalizadas, es posible que hoy ya no hubiere aranceles, pero el hubiera no existe.
A inicios de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos mediante IEEPA. Trump los sustituyó con aranceles de diez por ciento bajo la sección 122 para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos (México y Canadá exentos si se cumplía con la regla de origen del T-MEC), que expiraron el 24 de julio sin la necesaria extensión por parte del Congreso (imposible que Trump consiguiera los votos). Ahora está en proceso de imponer nuevos aranceles bajo la sección 301 con los pretextos de falta de control de importaciones de bienes con trabajo forzado y exceso de capacidad instalada. Finalmente, Trump amenazó a Canadá con aranceles considerados en la sección 338 (que requiere mostrar discriminación contra Estados Unidos) para que se retiraran los aranceles de compensación parcial que el gobierno canadiense impuso como respuesta a algunos, pocos, de los aranceles de la sección 232.
El fracaso del fin de semana implica el cumplimiento con la amenaza de la sección 338 que se iba a desactivar de haberse acordado una reducción significativa de los aranceles bajo la sección 232. El primer ministro canadiense Mark Carney explicó que Estados Unidos demandó concesiones adicionales inaceptables sin ofrecer nada a cambio y prometió sí compensar los aranceles ahora impuestos, pero a partir del ocho de septiembre.
En este contexto, Trump acaba de volver a amenazar con aranceles de hasta 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero canadienses a partir de enero de 2027. Esta amenaza no es creíble. Las principales compañías perdedoras son estadounidenses. Por el contrario, en caso de que el conflicto con Canadá se agudice puede iniciar un proceso de fuerte oposición doméstica en contra de su política comercial. Ése sería, sin duda, el sentir del Congreso, cuyo Senado ha votado ya dos veces en contra de aranceles para con Canadá. Puede tener un impacto en las elecciones de noviembre, en el medio oeste y en los estados vecinos de Canadá.
Finalmente, y esto es lo más importante, puede orillar a las empresas de Estados Unidos a pronunciarse con mucho mayor énfasis en contra de aranceles arbitrarios y a litigar la ilegalidad no sólo de los impuestos bajo la sección 122, sino también bajo la 338 y la 301, pero, sobre todo, bajo la sección 232. Claramente la Casa Blanca ha abusado de sus facultades al usar estas secciones, invadido una esfera exclusiva del Congreso, violado compromisos internacionales y comprometido la reputación de Estados Unidos como país confiable.
Los eventos en Irán y en el estrecho de Ormuz, la errática política con respecto a Ucrania, la presión del mercado de bonos de gobierno, las elecciones en noviembre y ahora el enfrentamiento con Canadá, terminarán debilitando a Trump en el ámbito político y económico interno. De todos ellos, el menos importante es el de Canadá, pero puede volverse la gota que derrame el vaso.
Es tiempo que el Poder Judicial, el Congreso y el sector privado de Estados Unidos asuman su responsabilidad histórica. Aunque no pueden esperar a que otros países les resuelvan su problema, Mark Carney, quizá después otros más, les muestra el camino.
Lo único bueno que puede decirse de Trump es que obliga a los países a asumir sus responsabilidades: Europa a apoyar a Ucrania e invertir en defensa, México a abandonar abrazos y no balazos, Canadá a buscar ser competitiva y diversificada. Pero también obliga a sus actores domésticos a actuar; van tarde.
Integrante del Grupo México en el Mundo, analiza cómo la integración de Cuba al T-MEC podría impulsar una transición económica pacífica y frenar la crisis migratoria en la región.
/ A México le debe interesar la relación económica con China. Esta relación enfrenta el desafío de mantener el acceso privilegiado al mercado norteamericano sin renunciar a una relación económica y tecnológica con China. Mientras ambos países tienen incentivos para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación, la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos reduce el margen de maniobra para México. El problema no es solamente cuánto comerciar con China, sino cómo hacerlo sin poner en riesgo la integración con Norteamérica.
/ ¿Quién cuidará a los cuidadores? se preguntaba el poeta romano Juvenal. Quizá no haya pregunta más importante para el futuro de México que para qué quiere la presidenta el poder que ha concentrado y cuáles son sus límites.
Paso a paso, el gobierno se ha abocado a desmantelar todo vestigio de contrapeso, oposición o impedimento a su gestión. Su anhelo de control se expande día a día, pero poco a poco va encontrando límites a su ambición, revelando la paradoja del poder: la intención de controlarlo todo acaba controlando casi nada: la rigidez del poder crea una elevada propensión a la fractura.
El emperador Marco Aurelio describió la paradoja del poder absoluto como una ilusión. En sus Meditaciones escribió que la peculiaridad del poderoso radica en que hacer el bien entraña ser condenado por ello. El poder excesivo acaba siendo una ilusión, lo cual no implica que quienes lo ostentan así lo perciban o estén dispuestos a cederlo o modificarlo.
Claudia Sheinbaum comenzó su sexenio asegurándole a los inversionistas que ella les garantizaba que habría reglas claras y que sus inversiones estarían seguras. Su palabra sería la ley. El problema es que ningún inversionista puede confiar exclusivamente en la palabra de un gobernante, ante todo por el hecho de que su reino es temporal, pero sobre todo porque lo que le importa a un inversionista -y, no sobra decir, al ciudadano común y corriente- son las reglas y su vigencia por encima de la palabra del gobernante.
Más aún, aquellas palabras de la presidenta se pronunciaban apenas unos días después de que el congreso había aprobado una serie de reformas constitucionales que daban inicio a la destrucción formal de los pocos contrapesos que todavía sobrevivían, comenzando por el poder judicial, a lo que seguiría la extinción de la autonomía de las comisiones de competencia, telecomunicaciones, energía y demás. En lugar de asentar y afianzar aquella promesa de garantías con hechos tangibles, el camino subsecuente consistió en minarlas hasta hacer la promesa inverosímil.
Pero el gobierno no reconoce la contradicción implícita entre la promesa de que habría reglas claras y la concentración de poder que prosiguió, por lo cual la reiterada convocatoria al llamado “Plan México” no es más que una entelequia. Exceptuando a los empresarios que viven de la cercanía con el gobierno, la noción de que un inversionista o empresario independiente arriesgará su capital sin la existencia de reglas confiables, mecanismos autónomos de resolución de conflictos y contrapesos efectivos es no más que una falacia, una mera ilusión.
Peor todavía, el gobierno ha perseverado en su misión de controlarlo todo. La serie de reformas iniciales se ha ido afirmando con subsecuentes legislaciones en materia de control digital, amparo y, más recientemente, censura a los medios de comunicación. Además de la legislación que se ha ido aprobando, el ejercicio cotidiano del poder, especialmente notorio a través de la conferencia matutina, muestra un inquebrantable deseo por eliminar toda fuente de disenso, divergencia o crítica.
¿Dónde quedó el reconocimiento de la necesidad de inversión privada, así fuese ésta concebida como un mal inevitable?
El ataque directo desde la plataforma presidencial a comunicadores, opinadores, medios y críticos no es más que otra manifestación, si bien más arriesgada y preocupante, de un proyecto de control no sólo de los instrumentos del estado y de la administración, sino de las mentes de los ciudadanos. Es, en palabras de la propia presidenta, un proyecto fascista.
Sin embargo, a pesar del uso de ese término, no me es claro que la presidenta reconozca, en su actuar, las implicaciones de su propia lectura del entorno y más cuando el gobierno norteamericano va cercando, sin prisa, pero sin duda alguna, al expresidente. Poco a poco, se va volviendo evidente que todo ese control, todo ese poder, enfrenta límites reales. Michael Foucault observaba que “donde hay poder, hay resistencia.” Prohibir, amenazar, cohibir y vigilar son todos instrumentos del poder, pero son sólo asequibles en un contexto autoritario.
Quién vigilará a los vigilantes, a los poderosos acaba siendo más que una pregunta retórica. El ánimo autoritario es visible en las palabras, en las leyes, en los actos administrativos y en los hechos, pero la capacidad de implementarlos es, afortunadamente, nimia. El día en que el gobierno reconozca que para controlar a la ciudadanía primero tendría que controlar a los extorsionadores -a los propios y a los del crimen organizado- ese día el proyecto autoritario podría comenzar a rendirle frutos.
/ Mientas eso no suceda, el ánimo de control absoluto acaba revirtiéndose, cuan bumerán, sobre el proyecto de crecimiento económico. Nadie en su sano juicio participará o arriesgará su capital bajo un entorno como el que hoy caracteriza al país. Lo harán, sin duda, quienes dependen del gobierno y se benefician de la cercanía, pero eso nada tiene que ver con el crecimiento de la economía en su conjunto.
En 1979 Octavio Paz describía al gobierno mexicano en el Ogro filantrópico como un “Estado patrimonialista, esto es el príncipe o el presidente, consideran al país como su patrimonio personal.” Luego de enormes intentos, la historia se repite, pero ahora como farsa.
/ En días recientes, el gobierno de los Estados Unidos publicó la Estrategia de Ciencia y Tecnología para la Seguridad Nacional (NSSTS, por sus siglas en inglés). Como otros documentos político-estratégicos, la NSSTS está pensada para apoyar y facilitar la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada a finales de 2025.
Horacio Saavedra
