/ La política migratoria de Donald Trump ha vuelto a colocar a México en el centro del debate sobre el asilo en Estados Unidos. El programa “Quédate en México” obliga a determinados solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos ante tribunales estadounidenses. Sus defensores lo consideran una herramienta para ordenar la frontera, pero su aplicación plantea una pregunta: ¿puede un gobierno proteger sus fronteras a costa de poner en riesgo a quienes buscan refugio?
Los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) comenzaron en enero de 2019, durante el primer mandato de Trump. Miles de solicitantes fueron devueltos a México, donde debían esperar sus audiencias durante meses, sin certeza sobre la resolución de sus casos.
Joe Biden terminó el programa en 2021 por sus consecuencias humanitarias y legales. Sin embargo, al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump anunció su intención de reimplementarlo. En abril de ese año, un tribunal federal frenó temporalmente los intentos de reactivación por las dudas sobre sus efectos en el derecho al asilo y el acceso a representación legal.
El capítulo más reciente llegó el 7 de octubre de 2026, cuando un juez federal declaró ilegal la implementación examinada en el litigio y ordenó dejarla sin efecto. La resolución concluyó que MPP obstaculizó el derecho a solicitar protección, dificultó el acceso a abogados y limitó las posibilidades de un proceso justo. Aunque representa una victoria para las organizaciones defensoras de migrantes, no elimina todas las restricciones al asilo en Estados Unidos.
El principal problema del programa es que convierte la espera en un riesgo. Quienes huyen de amenazas, persecución o violencia deben encontrar alojamiento, alimento y atención médica durante meses. Además, pueden quedar expuestos a secuestros, extorsiones y otros abusos en ciudades fronterizas.
También está en juego el acceso a la justicia. Solicitar asilo requiere reunir pruebas, explicar los motivos del temor a regresar al país de origen y preparar un caso. Sin embargo, ¿cómo puede alguien defender sus derechos si vive en condiciones de inseguridad, lejos de su abogado y sin información clara sobre su audiencia?
Las cifras del programa original reflejan estas dificultades. Según datos citados durante el litigio, alrededor del siete por ciento de las personas sujetas a MPP consiguió representación legal y apenas 1.1 por ciento obtuvo asilo u otra protección contra la deportación.
Quienes defienden estas medidas argumentan que Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras y administrar las solicitudes migratorias. Sin embargo, ordenar la migración no debería impedir que las personas ejerzan su derecho a pedir protección. Una solución más justa requiere tribunales con mayor capacidad, procedimientos claros y asesoría legal, no trasladar la incertidumbre a quienes tienen menos recursos.
Para México, la medida también implica mayores presiones sobre albergues, servicios médicos y organizaciones civiles fronterizas, que ya operan con recursos limitados. Recibir a personas de distintas nacionalidades exige coordinación bilateral, presupuesto y garantías de seguridad. La cooperación migratoria no debe convertirse en una relación donde Washington determine unilateralmente las responsabilidades mexicanas.
La reciente decisión judicial tampoco significa que el acceso al asilo esté garantizado. En junio de 2026, la Corte Suprema estadounidense emitió otro fallo sobre las condiciones para acceder al procedimiento desde el lado mexicano de la frontera. Aunque es un asunto distinto a MPP, demuestra que las restricciones siguen siendo objeto de disputa.
La migración no se resuelve trasladando personas de un territorio a otro. Detrás de cada solicitud hay una historia y, muchas veces, una situación de peligro que no desaparece al cruzar una frontera. “Quédate en México” prometía orden, pero convirtió la espera en una carga para miles de personas vulnerables.
El fallo de octubre recuerda que las políticas migratorias también deben responder ante la ley. Para México es una oportunidad de exigir una cooperación más equilibrada y protección real para quienes permanecen en su territorio. Una frontera ordenada no debería construirse a costa de la dignidad humana. Si la seguridad de un país depende de trasladar los riesgos a personas vulnerables y a su vecino, el problema no se resuelve: simplemente se desplaza.
/ Si viviéramos en un mundo ideal, la inteligencia artificial únicamente potenciaría la capacidad productiva de un país. En un mundo real, su implementación entre el Norte y el Sur global será marcadamente distintiva en torno a dos ejes: control de la infraestructura y repercusiones en el tejido social.
Daniel Susskind, economista de Oxford, distingue dos maneras de relacionarnos laboralmente con esta disrupción. En primer lugar, la complementariedad: el escenario ideal donde la IA eleva la productividad y acelera la ejecución de tareas sin reemplazar al trabajador. En segundo lugar, la sustitución: un proceso que afecta severamente a las clases medias, donde la tecnología es capaz de asumir funciones administrativas, contables y manufactureras.
El pronóstico es que la IA polarizará el mercado laboral, desplazando a la clase media hacia empleos de muy alta o de muy baja especialización.
La OCDE, en su Estudio Económico de México 2026, estima que la IA podría afectar hasta al 35 % de los empleos mexicanos, en un país donde la clase media la constituyen más de 47 millones de personas.
Las consecuencias serán desiguales: el Norte global dispone de mayor capacidad para financiar la transición educativa y tecnológica de sus ciudadanos, pero los países del Sur enfrentan un escenario más difícil.
El desafío recae en la inteligencia y maniobra del Estado.
México surfea una ambivalencia: sí está integrado a la cadena de semiconductores mediante el diseño, ensamblaje y empaquetado, pero no desarrolla procesadores GPU, ni es propietario de software de diseño, o de la arquitectura soberana de sus centros de datos en Querétaro. Amazon, Microsoft y Google dirigen el rumbo de la infraestructura.
Tenemos que observar muy bien a la India, que ha liderado la democratización de la infraestructura de inteligencia artificial. Por ejemplo, el gobierno subsidia tiempo de acceso a supercómputo para que las startups locales puedan acceder a entrenar a sus modelos por 65 rupias la hora (~0.68 USD). Además, India impulsa el desarrollo de modelos lingüísticos propios en lenguas regionales, procurando que su cultura no quede excluida.
México ha comenzado a articular su propia defensa a través de Coatlicue, donde se priorizará el entrenamiento científico, climático y energético.
Desarrollar infraestructura pública digital es hablar de soberanía y capacidad estatal. Un centro de datos o una cadena de ensamblaje deben tratarse como tal. La infraestructura y el impacto humanitario no están en la mesa de la competencia comercial, sino que son nuestra mayor capacidad de proteger y legar un futuro a nuestras generaciones.
El acaparamiento monopólico conlleva una pérdida de autonomía, limita el margen de maniobra electoral y comercial, y genera riesgos de seguridad donde el ciudadano es incapaz de proteger sus propios datos e identidad. Construir ecosistemas públicos protegidos por las democracias es un síntoma de evolución social.
/ El 3 de noviembre de 2026 se renovará por completo la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un tercio de los escaños del Senado y 36 de las 50 gubernaturas del país. Existe una vieja noción, respaldada en buena medida por la realidad, según la cual las elecciones intermedias funcionan como un péndulo político que tiende a requilibrar el poder presidencial en función de la evaluación que hace el electorado estadounidense de la gestión del mandatario en turno. Durante el siglo XXI, el único presidente que logró aumentar el número de escaños de su partido en el Congreso en unas elecciones intermedias fue George W. Bush, en gran medida debido al fenómeno de unidad nacional que surgió como reacción a los atentados terroristas del 11-S.
El péndulo contra Trump
El escenario actual dista mucho del que enfrentó Bush en 2002. La intervención militar estadounidense en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado fuertes presiones sobre los precios de los combustibles, mientras que la inflación y el deterioro de la aprobación presidencial configuran un entorno político adverso para Donald Trump. A ello se suma la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, debilitada por renuncias y fallecimientos. Los republicanos cuentan con 218 representantes, frente a 214 demócratas y un independiente, además de dos escaños vacantes. En estas condiciones, el margen para conservar el control de la Cámara es mínimo.
Los mercados de predicción, como Kalshi, reflejan esta tendencia: al 21 de octubre de 2026, asignaban a los demócratas alrededor de 91% de probabilidades de hacerse con el control de la Cámara de Representantes y proyectaban que podrían alcanzar 235 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para obtener la mayoría, aunque todavía lejos de los 290 que representarían una mayoría de dos tercios. Estas cifras no constituyen una certeza electoral, sino una estimación sujeta a cambios conforme evoluciona la contienda.
El poder de las cámaras
La Cámara de Representantes desempeña un papel central en el sistema político estadounidense: tiene la facultad de iniciar proyectos de ley de carácter fiscal y de aprobar los presupuestos de ingresos, de ahí que en el argot político se le atribuya el “poder sobre la cartera”. Asimismo, puede iniciar procedimientos de juicio político contra funcionarios federales. Por ello, una derrota republicana en esta cámara supondría un golpe considerable para Trump, al limitar su capacidad para impulsar su agenda legislativa y reforzar la supervisión del ejecutivo por parte de la oposición.
Además, la Cámara de Representantes interviene en la elección presidencial cuando ningún candidato obtiene la mayoría de los votos del Colegio Electoral. En ese supuesto, cada delegación estatal dispone de un voto. Por tanto, aunque una nueva impugnación de los resultados electorales por parte de Trump podría generar tensiones políticas e institucionales, el desenlace dependería de las reglas constitucionales y de la composición de las delegaciones estatales, no únicamente del control partidista de la Cámara.
La batalla por el Senado
Sin embargo, la verdadera sorpresa de este proceso electoral podría estar en el Senado. Debido a que sus integrantes se renuevan de manera escalonada ⸺por tercios cada 2 años⸺, el calendario electoral puede favorecer a uno u otro partido, dependiendo de los escaños que estén en disputa. Aunque el Senado presenta un sesgo estructural favorable a los republicanos, esta ventaja responde, en buena medida, al sistema de representación igualitaria de los estados: entidades rurales y poco pobladas, como Dakota del Norte, Utah o Wyoming, eligen el mismo número de senadores que estados densamente poblados, como California o Nueva York, donde los demócratas suelen obtener mejores resultados. En este contexto, el calendario electoral de 2026 parecía inicialmente muy favorable a los republicanos, pues se disputan más escaños ocupados por senadores de ese partido y procedentes de estados con una tradición electoral republicana.
Ganar el Senado representaría un importante triunfo para los demócratas, no solo porque les permitiría controlar ambas cámaras del Congreso y limitar el margen de maniobra legislativo de Trump, sino también por las atribuciones de esta institución. Entre ellas destacan la supervisión de la política exterior, la ratificación de nombramientos presidenciales y la confirmación de los jueces federales, incluidos los integrantes de la Corte Suprema. Por ello, si se produjera una vacante en el máximo tribunal o Trump quisiera sustituir a algún miembro de su gabinete, un Senado controlado por los demócratas podría obstaculizar sus decisiones. Además, una vez que la Cámara de Representantes aprueba los artículos de juicio político, corresponde al Senado conducir el proceso y decidir si el funcionario debe ser destituido. Esta facultad no se limita al presidente, pues también puede aplicarse a otros funcionarios federales. En este contexto, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, podría convertirse en objeto de un proceso de este tipo.
¿Cómo llegaron los demócratas a la posibilidad de conquistar el Senado? Aunque este escenario sigue siendo incierto y las proyecciones varían según el modelo utilizado, diversos factores ayudan a explicar la competitividad de la contienda. A la baja popularidad de Trump se suma una serie de decisiones republicanas relacionadas con la selección de candidatos y las estrategias electorales estatales que han abierto oportunidades para los demócratas.
Texas es un ejemplo destacado. El senador John Cornyn buscaba la reelección; sin embargo, durante las primarias republicanas, Trump respaldó al Exfiscal General del estado, Ken Paxton, quien terminó imponiéndose en la contienda interna. Paxton ha enfrentado acusaciones y controversias relacionadas con presuntos fraudes financieros, así como cuestionamientos por su actuación en casos de violencia sexual y por el trato dispensado a sus colaboradores. Texas, que no ha elegido a un demócrata para la gubernatura desde que George W. Bush derrotó a la entonces gobernadora Ann Richards en 1994, ha sido durante décadas un objetivo prioritario para los demócratas. En dos ocasiones, el excongresista Beto O’Rourke intentó conquistar cargos estatales de alto perfil. Ahora, el partido busca competir con James Talarico por el Senado y con Gina Hinojosa por la gubernatura.
Talarico, estudiante de un seminario presbiteriano, intenta acercarse a los votantes conservadores mediante una interpretación progresista de las Escrituras que busca conciliar sus valores religiosos con la plataforma demócrata. También pretende fortalecer el respaldo entre los votantes latinos, un sector cuyo comportamiento electoral en 2024 contribuyó a los avances de Trump en algunos distritos fronterizos. Otro candidato demócrata que merece atención es el cantante de música regional mexicana Bobby Pulido, quien compite por un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas. La contienda estatal concentra así varias candidaturas demócratas de alto perfil que podrían modificar el panorama político de un estado tradicionalmente republicano.
La composición final de la Cámara será determinante.
Otro caso relevante es Carolina del Norte, donde el senador republicano Thom Tillis decidió no buscar la reelección tras sus desacuerdos con Trump. Su retiro abrió una oportunidad para los demócratas, que presentan al exgobernador Roy Cooper como candidato. Alaska también merece atención. Se trata de un estado tradicionalmente republicano, asociado, entre otras figuras, con Sarah Palin, Exgobernadora y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008. Allí, Mary Peltola, quien ganó una elección especial para ocupar el único escaño del estado en la Cámara de Representantes, busca ahora llegar al Senado. El sistema electoral de Alaska, que incluye una primaria no partidista y una elección general por orden de preferencia, añade un elemento particular a la contienda.
También debe considerarse que Trump incorporó a integrantes de la bancada republicana a su gabinete, lo que generó vacantes y elecciones especiales en el Senado. Ohio es uno de los estados donde esta circunstancia tiene consecuencias electorales. Históricamente competitivo en las elecciones presidenciales, el estado celebra una elección especial para cubrir el escaño que dejó J.D. Vance al asumir la vicepresidencia. El republicano Jon Husted ocupa actualmente el puesto, mientras que el demócrata Sherrod Brown busca recuperarlo. La contienda se ha vuelto competitiva y constituye uno de los escenarios relevantes para la disputa por el control de la Cámara.
Una situación similar se presenta en Florida, donde el nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado dio lugar a una elección especial para cubrir su antiguo escaño. Sin embargo, el panorama es distinto al de Ohio: Florida ha virado hacia la derecha en los últimos años, lo que representa un desafío para los demócratas. La candidatura demócrata compite en un estado donde el partido ha perdido terreno entre distintos segmentos del electorado y donde la contienda senatorial se desarrolla en condiciones desfavorables para sus aspiraciones.
Finalmente, hay estados en los que las encuestas muestran contiendas cerradas. En Carolina del Sur, la republicana Darline Graham busca la reelección, mientras que la demócrata Annie Andrews intenta disputarle el escaño. En Iowa, la republicana Ashley Hinson compite con el demócrata Josh Turek por un puesto que quedará vacante debido al retiro del actual Senador. En ambos estados, los promedios de las encuestas han registrado márgenes estrechos, aunque las mediciones pueden variar según la fecha, la metodología y el universo de votantes consultado.
Un caso particular es Nebraska, donde el independiente Dan Osborn vuelve a competir por un escaño en el Senado. Osborn ha prometido que, de resultar electo, no se integrará al grupo parlamentario demócrata. Su candidatura introduce una variable adicional en el cálculo de mayorías, pues su eventual llegada al Senado no garantizaría que sus votos se alinearan con los de los demócratas.
Una mayoría bajo presión
La composición final de la Cámara será determinante. Para los demócratas, no bastaría con obtener una mayoría nominal si no logran mantener la cohesión necesaria para aprobar iniciativas y ejercer sus facultades de supervisión. Algunos senadores moderados podrían apartarse de la posición del partido en determinados asuntos, lo que haría más complejas las negociaciones. Además, en caso de empate, el vicepresidente Vance puede emitir el voto decisivo. Por ello, una mayoría demócrata efectiva dependería tanto del número de escaños obtenidos como de la capacidad de la bancada para actuar de manera coordinada.
/ A la habitual incertidumbre a la que tiene acostumbrado al mundo el presidente Donald Trump con sus incontables estropicios, ahora se suma el nerviosismo por cómo puede reaccionar ante la muy probable derrota de su partido en las elecciones intermedias.
En democracias, perder poder no debería ser una amenaza; sin embargo, los gobiernos que corrompen el sistema que los encumbró suelen caer en un círculo vicioso en el que la debilidad y el desgaste político (natural) pasan de una preocupación electoral a un riesgo personal que los aferra aún más al poder.
Gradualmente, Trump cada vez necesita menos su poder para gobernar y más para protegerse a sí mismo y a los suyos; entonces, de forma extraña, empieza a preocupar que quien abusó de su poder comience a perderlo y a sentirse acorralado. Y por eso se escuchan temores como: ¿qué se va a atrever a hacer?, ¿qué va a hacer con México, Irán o tal o cual país?
Las predicciones sobre estas elecciones intermedias son secuela de la realidad que Trump siempre decidió ignorar: las tarifas son un impuesto. Estimaciones recientes indican que las tarifas de su administración le han costado a una familia promedio alrededor de mil 100 dólares al año. A esto hay que sumarle el aumento de la deuda pública, la cual, al comienzo de su administración, representaba para cada ciudadano unos 107 mil dólares, y hoy es de alrededor de 120 mil.
El movimiento de Trump, MAGA, fue hábil en capitalizar el hartazgo y la torpeza con que se manejaron las “guerras interminables” en Medio Oriente por parte de administraciones pasadas, pero su desprecio por cualquier promesa, incluidas las suyas, lo ha llevado a doblar las apuestas en Irán, convirtiendo el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos en una prioridad para los votantes.
No tiene sentido pronosticar las acciones de un presidente que presume de ser impredecible y errático, y cada vez más paranoico ante la posibilidad de que la victoria legislativa del partido demócrata se traduzca en investigaciones por los múltiples casos de corrupción que lo rodean.
No obstante, sí vale la pena recordar precedentes y patrones en las decisiones de presidentes que, tras perder las elecciones intermedias y al ver acotadas sus posibilidades de maniobra en política doméstica, ven en las zonas grises legales de la política exterior un refugio para seguir actuando con menor deferencia hacia el Congreso.
Los malos resultados en las intermedias normalmente llevan a los presidentes a apoyarse en poderes ejecutivos que les permiten actuar en política exterior con mayor margen que en política doméstica, una reacción que les permite tratar de conseguir logros que, además, apuestan, definirán su legado.
Richard Nixon, tras perder su mayoría en las elecciones de 1970, no tardó en extender la guerra de Vietnam a Laos, anunciar su famosa visita a China y firmar, en 1972, importantes acuerdos de control de armas con la Unión Soviética.
Poco después, Jimmy Carter, tras los malos resultados de 1978, priorizó el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China y cortó las relaciones con Taiwán. Continuaba la Guerra Fría y Ronald Reagan, después de las elecciones de 1982, autorizó la invasión de Granada y se concentró en firmar tratados sobre armas nucleares con Mijaíl Gorbachov mientras intentaba hacer un control de daños por el escándalo Irán-Contra.
Bill Clinton, igualmente, se enfocó después de 1994 en su legado en política exterior al reemplazar el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) por la Organización Mundial del Comercio, utilizar el Fondo de Estabilización como apoyo a México aun tras el rechazo del Congreso, normalizar las relaciones con Vietnam y poner fin a la guerra de Bosnia mediante los Acuerdos de Dayton.
La tendencia continúa. El Partido Republicano pierde las intermedias de 2006 debido al hartazgo y la falta de resultados en la guerra de Irak. No obstante, la administración Bush aprobó en enero de 2007, contradiciendo a los grupos de estudio sobre el tema que había formado el Congreso sobre la guerra, el envío adicional de 20,000 tropas, a cargo del general David Petraeus, en una guerra que cada vez contaba con más recursos para conseguir objetivos cada vez más confusos.
La administración Obama, de igual forma, se concentró en la segunda mitad de su mandato en restablecer relaciones con la dictadura cubana, ordenar bombardeos en Libia, negociar el acuerdo sobre el cambio climático de París, el acuerdo nuclear con Irán y anunciar que EE. UU. haría, por fin, un “giro hacia Asia”.
No es una tendencia que excluya a Donald Trump. Durante su primera administración, los demócratas ganaron la Cámara Baja en 2018 y, poco después, firmó el TMEC y anunció el retiro de tropas de Siria, lo que provocó la renuncia de su secretario de Defensa, Jim Mattis. En enero de 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y anunció la retirada de EE. UU. del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.
El Partido Demócrata probablemente cuente con la oportunidad de revertir, investigar y sancionar algunos de los peores estragos de MAGA. Quizá la diferencia en el contexto actual esté en la soledad de Trump: al distanciamiento natural con el Congreso se suman candidatos republicanos que comienzan a alejarse del presidente con la popularidad más baja antes de unas elecciones intermedias. Sigue el aislamiento que genera posicionarse como un facilitador del régimen de Putin en la guerra de Ucrania, que repudia a Europa, Canadá, Corea del Sur o a cualquier aliado histórico de EE. UU. Se viene una soledad combinada con persecución, paranoia, debilidad y más corrupción. No es buena combinación.
/ México y la Unión Europea son socios económicos fundamentales. Europa es nuestro tercer socio comercial y segundo mayor inversionista extranjero. Sin embargo, recibe apenas el 3.6% de nuestras exportaciones, una cifra que debería hacernos pensar en todo lo que todavía podemos hacer.
Después de diez años de negociaciones y más de veinticinco años del acuerdo original, finalmente se firmó su modernización. Es una buena noticia. Pero sería un error celebrarla demasiado pronto, ya que un acuerdo comercial vale, al final, por lo que hacemos con él. Ahí empieza la parte difícil.
México aprendió durante décadas, con razón, a mirar hacia el norte. Nuestra integración con Estados Unidos y Canadá es una de nuestras mayores fortalezas y seguirá siéndolo, pero diversificar no significa darle la espalda a Norteamérica; significa ganar opciones y México necesita, con urgencia, más opciones.
Europa debería ser una de ellas, no solamente para exportar más tequila, autopartes o productos agroindustriales. La oportunidad verdaderamente interesante está en el capital europeo y en lo que puede significar para la modernización de la industria mexicana.
Europa enfrenta decisiones difíciles sobre su futuro. Necesita crecer, recuperar competitividad y encontrar dónde invertir para seguir siendo relevante en un mundo cada vez más disputado. Necesita socios estables y confiables. Una Europa que busca autonomía estratégica no puede darse el lujo de mirar únicamente hacia dentro y, en ese escenario, México debería levantar la mano.
El capital europeo puede ayudar a desarrollar infraestructura, energía, manufactura avanzada y nuevas capacidades industriales. México, a cambio, ofrece escala, talento, una plataforma industrial probada y una posición difícil de replicar entre América del Norte y el resto del mundo.
Pero nada de esto ocurrirá por inercia. México debe dejar de pensar que firmar acuerdos equivale a aprovecharlos. Las empresas mexicanas tienen que atreverse a cruzar el Atlántico, conocer ese mercado y competir en él. De igual forma, México debe ofrecer razones concretas para que una empresa europea decida invertir aquí y no en otro país.
Ese es el verdadero potencial del acuerdo modernizado: no comerciar un poco más de lo mismo, sino utilizarlo para construir capacidades que hoy todavía no tenemos. La firma abre una puerta, toca cruzarla. La oportunidad histórica no está en haber modernizado el acuerdo. Está en que México entienda su magnitud y decida utilizarlo.
/ La presidenta Sheinbaum presentó un decreto para que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes. En él se plantea que las plataformas deberán retirar contenido que promueva violencia, abuso sexual, suicidio o trastornos alimenticios y reportarlo a las autoridades. La mayoría de la gente que leyó esa noticia probablemente la pasó por alto. Suena técnico, lejano, cosa de gobierno. Ahí es donde está el problema.
Tengo 26 años. En este momento no estoy pensando en tener hijos, pero me asusta el mundo al que podrían llegar. No es un mundo en abstracto, sino al concreto; el que ya existe hoy en México, que ningún decreto resuelve por sí solo.
El problema de las plataformas no está solo en el contenido. TikTok, Instagram y YouTube retienen a los adolescentes porque hacer que dejarlo sea difícil forma parte de su diseño: scroll infinito, autoplay, algoritmos que aprenden tus puntos de quiebre, notificaciones que simulan ansiedad social si no respondes. Un decreto que depende de la "voluntad de las plataformas" no afecta ese mecanismo.
Encima del diseño adictivo está el contenido: influencers que enseñan que la dominancia es masculinidad, que los estándares de belleza imposibles son aspiracionales, que la identidad vale lo que valen tus seguidores. Ninguno de ellos tiene responsabilidad legal por lo que le pasa al adolescente que los consume durante cuatro horas al día. Las plataformas tampoco.
Los números son contundentes. Según el análisis de UNICEF México 2026, 14 millones de niños viven en pobreza. La tasa de violencia sexual contra menores se duplicó entre 2018 y 2023. Los niños y adolescentes desaparecidos aumentaron en un 30.3% entre 2023 y 2024. La inversión pública destinada a la infancia cayó del 26.5% al 15.8% del gasto social. Cada uno de esos números empeoró el año pasado.
"Proteger a los niños" lleva años siendo una de las frases más rentables en política. Se usa para repudiar libros, películas y series, para vetar leyes de identidad de género, para ganar ciclos de noticias e hilar una conversación falaz. Rara vez aparece cuando hay que financiar trabajadoras sociales, mantener líneas de crisis abiertas o legislar la responsabilidad de una plataforma que recomienda contenido violento a un adolescente a las dos de la mañana.
El decreto de esta semana es un primer paso real. Tiene intención legítima y, si se convierte en legislación con dientes, podría cambiar algo. Pero hoy le falta lo esencial: sanciones para plataformas que no cumplan y un mandato que obligue a rediseñar la experiencia de usuario para menores; cambiar el mecanismo que los engancha, no solo retirar el contenido que genera más quejas.
La pregunta que nadie hace en los ciclos de noticias sobre decretos y plataformas es quién, en México, cuida a los niños en serio. La respuesta incómoda es que como sociedad hemos decidido no mirarlo de frente.
Ese es el daño de lo apolítico: no que las infancias en México no te importen, sino que nos hemos acostumbrado a que “proteger a los niños” sea una frase y no una política. En esa distancia viven y mueren millones de ellos.
Posdata: No me sorprende que los mexicanos estemos dejando de tener hijos. Y no, no es solo por el “woke”; es porque no sabemos si al país le importan lo suficiente las infancias para que crezcan libres y seguros.
/ Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI, habla en entrevista con Leonardo Curzio sobre el *Council of Councils*, un encuentro que se realiza dos veces al año y reúne a think tanks de distintas partes del mundo para analizar la coyuntura internacional y los retos del multilateralismo. Este año, COMEXI es anfitrión de esta conferencia, que promueve el diálogo y el intercambio de perspectivas sobre los principales desafíos globales.
