/ Apenas en noviembre de 2025 se publicó el documento National Security Strategy of the United States of America, acompañado de un prólogo del actual presidente de los Estados Unidos. En él, en pocas palabras, se expone el significado del llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este corolario refuerza la intención de acentuar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y de protegerlo frente a los intereses de otros actores y países.
De esta estrategia se desprenden dos líneas de acción: enlistar y expandir (Enlist and Expand). La primera coincide con un conjunto de medidas orientadas al control migratorio, que buscan recuperar las mejores prácticas y fortalecer alianzas clave, tanto para frenar la migración y el flujo de drogas ilícitas en toda América e inclusive más allá de sus fronteras, así como fortalecer la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas.
La segunda acción es una estrategia de política exterior de Estados Unidos centrada en recuperar y consolidar su preeminencia en el Hemisferio Occidental. El enfoque principal es desplazar la influencia de potencias extranjeras (competidores no hemisféricos) mediante una combinación de presión económica, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la presencia comercial estadounidense.
Estas dos líneas de acción coinciden plenamente con las medidas aplicadas para la gestión fronteriza y migratoria durante el primer año de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025. Bajo el liderazgo de Marco Rubio como secretario de Estado, Estados Unidos ha impulsado una nueva forma de relacionarse con países no alineados al bloque occidental, como Cuba y Venezuela.
Esta reconfiguración diplomática se ha traducido en acciones concretas, entre ellas la devolución de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de dichos países, así como la cancelación de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas medidas han implicado que terceros países cedan ante la presión estadounidense para aceptar deportaciones sin un proceso judicial previo, como ocurrió con los 252 venezolanos trasladados a El Salvador, donde fueron sometidos a procedimientos injustos en una cárcel de alta seguridad.
Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, la deportación en cadena se convirtió en una estrategia central de control fronterizo. A través de decretos presidenciales, se establecieron mecanismos de devolución a países de origen o a terceros Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esta configuración ha generado un flujo migratorio inverso que no solo tensa los lazos diplomáticos en el hemisferio, sino que desprotege a los solicitantes de asilo. La celeridad e imposición de estos acuerdos ponen en tela de juicio el principio de retorno seguro y ordenado, creando un entorno propicio para la impunidad y el maltrato sistemático de la población migrante.
El impacto en la vida de las personas migrantes sometidas a deportaciones no regularizadas —particularmente a través de redadas masivas— ha generado un creciente descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, fundada en 2001, ha sido objeto de un número cada vez mayor de protestas, a partir de enero de 2026, debido a actos violentos contra personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos.
La deportación no regularizada en este contexto implica un riesgo aún mayor para las personas que se beneficiaron del programa Parole —particularmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos—, así como para quienes carecen de estatus legal o han sido señalados por alguna falta relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas deportaciones inmediatas eliminan la posibilidad de un debido proceso antes de la remoción y exponen a las personas a riesgos graves para su vida y seguridad al ser enviadas de vuelta a países de los que huyeron debido a la violencia o a la pobreza.
/ El rápido envejecimiento poblacional en España es una realidad que necesita respuestas y enfoques multidisciplinares para su correcto tratamiento. Hacerle frente implica repensar la organización actual del Estado debido a que cada vez hay más registros de muertes que de nacimientos.
Por lo tanto, vale la pena analizar a la inmigración como un aspecto que puede ayudar en el sostenimiento del Estado de bienestar español.
La inmigración se ha presentado como un elemento fundamental para darle fuerza a las áreas que están mayoritariamente envejecidas y para reducir la tensión provocada por la poca de mano de obra joven y por el preocupante desequilibrio demográfico que está presente alrededor de todo el territorio español. De acuerdo con el Banco de España, el aporte de la población extranjera que vive en España se evidencia sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
Lo expuesto anteriormente demuestra el importante rol que tiene la inmigración para servir como motor para el mantenimiento de la economía del país. De hecho, según el centro de análisis Funcas, desde 2022 y hasta finales de 2024 la población extranjera viviendo en España cubrió el 40% de los trabajos disponibles, lo cual tuvo resultados favorables para el crecimiento del sector económico español. Por lo tanto, con los hechos abordados es posible entender a la inmigración como un elemento que tiene la capacidad de adaptarse a los drásticos cambios demográficos que ha atravesado España en los últimos años y, al mismo tiempo, generar respuestas ante las necesidades del país.
En este sentido, la llegada de extranjeros a España puede generar efectos positivos para áreas prioritarias a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que dichos beneficios pueden volverse más viables al estar acompañados de iniciativas que busquen el bienestar de todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia ni estatus económico. Según datos arrojados por El Observatorio Social, los extranjeros que viven en España son un sector poblacional que atraviesa múltiples dificultades financieras y se enfrenta a diferentes tipos de brechas, como la laboral. Por esta razón, es necesario que se sumen esfuerzos para que su integración y protección pueda darse de manera exitosa.
En definitiva, la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad en España son factores que afectan el mantenimiento del Estado de bienestar del país a largo plazo. No obstante, crear una agenda con prioridades bien definidas y planes de inclusión para los inmigrantes puede ayudar significativamente a equilibrar las implicaciones causadas por el creciente número de personas de la tercera edad en España.
Al considerar que en el territorio español hay una elevada cantidad de inmigrantes, resulta importante que se analice el papel de dicho sector poblacional como una vía de acción viable para hacerle frente a los desequilibrios provocados por el envejecimiento poblacional. Lograr este objetivo no podrá darse de forma inmediata, pero, para intentar contrarrestar sus efectos actuales, puede ser conveniente que el gobierno de España empiece por abordar las causas estructurales que han provocado que la natalidad haya tenido una caída drástica.
Por último, vale la pena reconocer que el potencial positivo de la inmigración no está libre de problemáticas sociales. Al considerar que la integración de los no nacionales es un aspecto que genera desafíos, es posible plantear que las dinámicas de convivencia en el país se ven afectadas. Por eso, al contemplar a la inmigración como un factor clave para el dinamismo en la economía española, no se debe ignorar la necesidad de promover procesos de cohesión que puedan mantenerse con el paso del tiempo.
/ El Ártico dejó de ser una periferia silenciosa. Hoy es el espacio donde confluyen el deterioro climático, la ambición estratégica y una disputa política que amenaza con profundizar el quiebre trasatlántico. El 22 de marzo de 2025, el hielo marino alcanzó el máximo anual más bajo desde que hay registros satelitales: 14.33 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del promedio histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo resumió sin eufemismos: el techo helado del hemisferio norte está dejando de cumplir su función de estabilizador climático. En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento en el Ártico es más acelerado que en cualquier otra región, amplificando riesgos ambientales, económicos y políticos.
Ese deterioro físico abre oportunidades —y tentaciones—. Con menos hielo, se extienden las temporadas de navegación y se acortan distancias entre Asia y Europa. Pero la eficiencia logística convive con una vulnerabilidad mayor: infraestructuras escasas, ecosistemas frágiles y una gobernanza incapaz de contener rivalidades crecientes. El Ártico no solo se derrite; se vuelve disputable.
Soberanía y rutas marítimas
En ese contexto debe leerse el renovado interés de Donald Trump por Groenlandia. Lo que en otro momento pareció una excentricidad, hoy aparece como una pieza coherente —y profundamente inquietante— de una ambición geoestratégica mayor. De lo que se ha filtrado de las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no se desprende que Washington busque, al menos de manera inmediata, más bases militares, acceso privilegiado a minerales específicos o la instalación de armas estratégicas en la isla. El núcleo del diferendo es otro: la soberanía.
Groenlandia no es relevante solo por lo que tiene, sino por dónde está. Para Estados Unidos, adquirir soberanía sobre la isla significaría alterar de manera sustantiva el mapa de colindancias en el Ártico. Hoy, la huella estadounidense en la región deriva casi exclusivamente de Alaska. Esa posición es relevante, pero limitada frente a las amplias proyecciones de Rusia, que cuenta con la mayor línea costera ártica y con reclamaciones consolidadas sobre extensas áreas del océano Ártico. La soberanía sobre Groenlandia permitiría a Washington proyectarse directamente hacia el corazón del Ártico, equilibrando —y disputando— esa ventaja rusa.
No es un detalle menor. En el derecho del mar, la posesión de territorios árticos amplía zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y, con ello, derechos potenciales sobre recursos y rutas. Cambiar la soberanía de Groenlandia alteraría ese equilibrio sin necesidad de disparar un solo tiro. De ahí la gravedad del planteamiento.
A esto se suma la dimensión marítima. El deshielo hace cada vez más plausible la navegación regular por rutas árticas. Los pasos al este de Groenlandia —vinculados al Atlántico Norte y a los accesos entre Norteamérica y Europa— adquieren una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de comercio: controlar, influir o condicionar esos corredores implica capacidad de presión económica y militar. En un mundo de cadenas de suministro tensionadas, los canales de navegación se vuelven instrumentos de poder.
Visto así, la pregunta sobre Groenlandia tiene una respuesta incómoda, pero clara. No son solo los minerales, ni las bases, ni siquiera el corto plazo; es el Ártico. Es la posibilidad de redefinir colindancias, de disputar la primacía rusa y de sentar un precedente sobre cómo se reconfiguran espacios estratégicos en el siglo XXI. “Es el Ártico, estúpido”, podría responder Trump si contestara con franqueza.
Riesgo de contagio normativo
El problema es el costo político de esa ambición. El diferendo golpea directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La alianza pierde cohesión cuando uno de sus miembros plantea, siquiera retóricamente, la modificación de la soberanía de un territorio ligado a otro aliado. Ganan, en cambio, las ambiciones extraterritoriales que alimentan narrativas similares en Beijing y Moscú. Rusia observa; China, sin colindancia directa con el Ártico, busca afanosamente una reivindicación que le permita reafirmarse como actor “casi ártico”. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ayuda. Europa recibe, una vez más, un incentivo para cerrar filas, mientras la posibilidad de una guerra arancelaria aparece menos como causa y más como síntoma de un divorcio profundo.
Las consecuencias se proyectan más allá del Ártico. Pierde Ucrania, cuya causa se debilita cuando la soberanía se relativiza. Pierde Taiwán, porque el unilateralismo refuerza la lógica de los hechos consumados. Y pierde el orden multilateral, justo cuando más necesitaría reglas claras.
En este escenario, el Ártico se perfila como uno de los principales vectores del conflicto mundial que viene: no necesariamente una guerra abierta, pero sí una disputa sostenida por colindancias, rutas de navegación y legitimidad. A diferencia de otros teatros, aquí confluyen disuasión nuclear, fragilidad ambiental y rivalidad entre grandes potencias.
En el contexto de la moralidad occidental, la acción estadounidense en Venezuela recuerda, en el marco del multilateralismo y el Derecho Internacional, que ese tipo de acción deja a todos los países menos seguros porque erosiona la regla básica que evita que el planeta se convierta en la jungla anárquica de potencias que hace las pesadillas de los realistas más duros. Además, la captura de Nicolás Maduro y los ataques emprendidos para lograrla debilitan el Derecho Internacional —que costó décadas construir y ha estado bajo asedio en el último lustro—, precisamente por el riesgo de contagio normativo: lo que se tolera una vez se vuelve argumento para repetirse (nuevamente, habría que revisar la acumulación de efectos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina).
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado.
Si ese contagio llegara al Ártico, el daño sería doble: tocaría soberanía y, además, elevaría el riesgo nuclear. Porque el Ártico no es solo comercio y minería: es también un teatro de disuasión. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advirtió, en 2025, que una nueva carrera de armamentos nucleares se perfila mientras los regímenes de control se debilitan, y casi todos los Estados con armas nucleares modernizan sus arsenales. Y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que el Ártico vive “cambios geofísicos y geopolíticos” rápidos que obligan a mejorar capacidades, presencia y cooperación con aliados. A esto se suma el acercamiento ruso-chino en la región, que el Pentágono señala como motivo de preocupación estratégica, en parte por infraestructura, energía y rutas marítimas (Reuters, 2024).
El problema es que la gobernanza ártica llega tarde. A diferencia del Antártico, donde el tratado congeló disputas y organizó la investigación científica, el Ártico combina jurisdicciones, intereses comerciales y competencia militar con una arquitectura más frágil. El Consejo Ártico —foro clave de cooperación— ha intentado recomponer rutinas de trabajo técnico tras las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, pero su reactivación gradual deja claro lo delicado del momento. Y, aun así, la región no está condenada al choque: el Acuerdo para Prevenir la Pesca No Reglamentada en Alta Mar en el Océano Ártico Central entró en vigor en 2021, como ejemplo de precaución multilateral antes de que llegue la depredación. Es una pista importante: cuando el mundo se lo propone, puede acordar “límites” antes de que el mercado o la rivalidad los impongan por la fuerza.
Una oportunidad para la política exterior mexicana
Ahí es donde México tiene una oportunidad que no depende de tener costa en el Ártico, para proponer una Zona Libre de Armas Nucleares en el Ártico (ZLANA). México es un actor con credenciales normativas en desarme y construcción de paz. El Tratado de Tlatelolco —primer acuerdo que estableció una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada— sigue siendo referencia mundial. La idea no es extravagante: es un instrumento previsto por la arquitectura internacional, que ayudaría a la seguridad internacional y fortalecería el papel de México como actor mundial proactivo y responsable.
La propuesta, en una primera fase, no necesita obsesionarse con la cartografía ni con una negociación imposible de la noche a la mañana. Lo que sí necesita es ambición moral con realismo estratégico: México podría impulsar una conversación formal —en la ONU y con Estados árticos— para explorar esta ZLANA. No para “desmilitarizar” el Norte, sino para reducir el terrible riesgo de que un incidente, una crisis de soberanía o una política de hechos consumados escale hacia el umbral nuclear en un ecosistema que es, simultáneamente ambientalmente frágil y estratégicamente deseado. En términos de diseño, el precedente de las zonas libres ofrece herramientas conocidas: compromisos regionales, protocolos para que los Estados con armas nucleares se obliguen a no amenazar ni usar armas nucleares contra la zona, y mecanismos de verificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además, mantiene guías y experiencia sobre verificación y salvaguardias vinculadas a tratados de zonas libres, lo que daría credibilidad técnica a cualquier esquema.
¿Para qué serviría, en la práctica política, una iniciativa así? Primero, para reinstalar una línea roja clara en un entorno donde las líneas se borran. Si el mensaje geopolítico de Venezuela fue “el fuerte puede actuar”, el mensaje ártico debería ser el inverso: “hay ámbitos donde nadie puede jugar con fuego”. Segundo, para proteger el espacio de cooperación científica y ambiental que aún sobrevive. Las organizaciones indígenas, con estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico, han insistido en que el valor del foro es precisamente permitir cooperación pacífica e incorporar conocimiento indígena en decisiones. Tercero, para darle al multilateralismo una victoria concreta en tiempos de fatiga diplomática: una norma de contención nuclear es el tipo de logro que ordena incentivos incluso cuando las potencias desconfían entre sí.
La objeción típica es inmediata: “las potencias nucleares nunca aceptarán”. Pero la historia de las zonas libres enseña que el camino suele empezar por lo que parece improbable y avanza por capas. La clave es presentar el proyecto como una inversión de seguridad compartida, no como una derrota para nadie. De hecho, varias potencias ya conviven con zonas libres en otros continentes y han firmado protocolos de respeto. Y, en el Ártico, la contención nuclear puede alinearse con intereses que no son ideológicos: evitar accidentes, bajar costos de crisis, proteger infraestructura estratégica y sostener estabilidad en rutas y mercados que todos desean utilizar.
También hay un argumento de política exterior mexicana: el Ártico no es una agenda ajena a Norteamérica. La creciente centralidad del Norte en la defensa continental muestra que la seguridad regional se está reconfigurando; Canadá, por ejemplo, formalizó planes de inversión a 20 años por 38 600 millones de dólares canadienses para modernizar capacidades vinculadas al entorno polar. Y la promesa de las rutas árticas también tendrá un valor elevado para Norteamérica como región. México, firme en su prioridad norteamericana, gana si su vecindad estratégica se vuelve más predecible y menos propensa a crisis. Si el deshielo reconfigura rutas y competencia, México tiene incentivos para que ese reordenamiento ocurra con reglas, no con ultimatos.
Compuertas abiertas
La discusión sobre Groenlandia y la intervención en Venezuela dejan una advertencia: cuando se relativiza la soberanía, se abren compuertas. El Ártico es demasiado importante para dejarlo a esa deriva. México puede ofrecer algo escaso: una diplomacia capaz de hablar con el Norte sin perder legitimidad en el Sur, y capaz de poner sobre la mesa una idea de seguridad humana que no compite con la defensa legítima, sino con la escalada irracional. Proponer un Ártico libre de armas nucleares no resolverá por sí solo la rivalidad internacional, pero sí puede recortar el espacio donde un error se vuelve catástrofe. En un mundo que se calienta, reducir la probabilidad del peor incendio es una política exterior sensata.
México no es un espectador irrelevante. Como actor con tradición en desarme y construcción normativa, puede jugar una carta que otros no tienen. Y el llamado Sur global también tiene incentivos para hacerlo: el debilitamiento del Derecho Internacional rara vez se queda en el Norte. Cuando las reglas se erosionan arriba, el costo se paga abajo.
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado. El Ártico ya no es solo un termómetro del clima; es un barómetro del orden internacional. Ignorarlo sería un error estratégico. Disputarlo sin reglas, una irresponsabilidad histórica.
/ Después de una década de negociaciones y de acuerdo con declaraciones oficiales, México y la Unión Europea (UE) están listos para firmar el Acuerdo Global modernizado, un instrumento jurídico que promete, entre otras cosas, transformar las relaciones comerciales entre ambos actores que ya tienen una trayectoria de intercambios importante.
El acuerdo llega en un momento propicio porque, mientras el mundo se enfrenta a guerras comerciales y el proteccionismo gana terreno, ambos actores apuestan por diversificar, aunque sea ligeramente, sus mercados y fortalecer sus relaciones económicas más allá de sus socios tradicionales. ¿Qué gana México? Primero, se extiende la liberalización a casi todos los productos agropecuarios que ahora entrarán al mercado europeo. Segundo, las empresas europeas tendrán acceso a las licitaciones públicas mexicanas, lo que podría incentivar la inversión. Tercero, los productos agrícolas emblemáticos recibirán protección reforzada contra la imitación. Cuarto, las PyMEs mexicanas contarán con procedimientos simplificados para exportar a la UE. Finalmente, la UE garantizará el acceso justo a materias primas críticas.
Sin embargo, el Acuerdo enfrenta retos significativos. La UE insiste en estándares ambientales rigurosos que generan fricción, como sucede con el Mercosur. La política energética de México prioriza la energía estatal sobre las renovables y esto preocupa a Bruselas. Además, el gobierno mexicano deberá adaptar muchas regulaciones para alinearse con las normas europeas, lo que requiere capacidades institucionales aún en desarrollo. Las PyMEs necesitarán apoyo financiero y técnico para cumplir con los estándares que demanda el mercado europeo.
El panorama se complica por el contexto geopolítico. Los Estados Unidos impusieron aranceles a productos mexicanos, creando incertidumbre comercial. Aunque esto podría favorecer el acuerdo con la UE como vía de escape, también significa que México debe mantener buenas relaciones con EU mientras abre o refuerza nuevos mercados. Del lado mexicano, tiene sentido la diversificación, pero desde la perspectiva de ciertos sectores internos, el Acuerdo podría implicar la competencia con productores europeos más consolidados.
En la UE el proceso es más complicado. Aunque la parte comercial del Acuerdo sólo necesita la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, la dimensión política y de cooperación requiere además unanimidad de los 27 parlamentos nacionales y de algunos parlamentos locales. Esto abre la puerta a vetos inesperados, especialmente de países escépticos sobre ciertos temas sensibles.
Pero ¿este acuerdo es bueno para México? La respuesta es matizada. Lo es para grandes empresas exportadoras y para la diversificación económica en un contexto de incertidumbre global. Pero también exige que México asuma compromisos serios y fortalezca sus instituciones para obtener beneficios tangibles. No es un regalo de la UE a México ni viceversa; es una apuesta mutua.
Se trata de una estrategia ganar-ganar, pero sólo si se implementa con seriedad y un compromiso político genuino más allá de la coyuntura.
/ El Cáucaso inicia 2026 con transita de un “conflicto congelado” a una competencia geopolítica con un corredor comercial transcontinental. La influencia regional se desplaza de Moscú a Washington y Ankara. La estabilidad de Georgia y las elecciones armenias de junio presentan riesgos significativos.
Resultado de la reunión en Washington de agosto de 2025, la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) —buscando renacer al “Corredor Medio”— marginó a Rusia y provocó indignación iraní. Presencia de la UE por 99 años en TRIPP, que con medianía pretende impulsar el comercio Este-Oeste, corre el riesgo de acción militar de Irán y sabotaje híbrido por Rusia.
Importante riesgo político son las elecciones armenias en junio. Serán prueba crítica para el primer ministro Pashinyan, cuya “Cuarta República” y sus compromisos post- Segunda Guerra de Karabakh con Azerbaiyán (eliminar referencias constitucionales al territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabakh) han generado amplia oposición, incluyendo a la iglesia armenia y facciones nacionalistas, que califican las concesiones como traición a la identidad nacional. Toda irregularidad electoral e imposibilidad de un referéndum constitucional podría colapsar el proceso de paz y reanudar escaramuzas fronterizas. Pese al giro pro-occidental de Armenia , depende de energía rusa y la ruta comercial del Alto Lars. Moscú ha mostrado disposición a cierres fronterizos y aumentos del precio de energía como apariciones de influencia política. Rusia podría utilizarlos para influir en el electorado armenio o penalizar a Azerbaiyán por acercarse a Washington.
Georgia está sumida en crisis política tras las elecciones de 2024 y el aplazamiento de su adhesión a la UE hasta 2028. El partido “Sueño Georgiano” consolida poder, rompiendo con Bruselas. Para enero de 2026, EUA y el Reino Unido sancionaron a más de 200 funcionarios georgianos. El giro del gobierno hacia una “modernización autoritaria”—financiada progresivamente con capital chino para eludir las sanciones occidentales —ha generado un profundo cisma social, con manifestaciones al estilo Maidán en Tbilisi— peligro persistente para la estabilidad. Un “estado de protesta congelado” en Tbilisi podría derivar en enfrentamientos violentos.
Azerbaiyán requiere equilibrar su alianza estratégica con Washington con la necesidad de gestionar el descontento de Moscú. El derribo en 2024 de un avión azerbaiyano por sistemas rusos sigue siendo fuente de tensión.
La posición militar de Irán en el río Aras es de grave preocupación. Realizó ejercicios a gran escala en frontera con Armenia en 2025 con el objetivo explícito de disuadir al “eje turco” (Turquía y Azerbaiyán). La seguridad de la infraestructura energética es prioridad regional. Los oleoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC) y del Cáucaso Sur (SCP) son vulnerables a sabotaje y ataques asimétricos. En clima de alta tensión geopolítica, estas arterias energéticas son objetivos para cualquiera que busque ejercer presión económica sobre Europa y Turquía.
El presunto deterioro de la salud (necrosis pancreática) del líder checheno Ramzan Kadyrov a principios de 2026 representa la mayor amenaza para la seguridad en el sur de Rusia. Un vacío de poder en Grozni —sin aparente delfín— sumado a operaciones de inteligencia ucranianas y propaganda yihadista, amenaza con desestabilizar el desarrollo socioeconómico del Cáucaso. Abjasia y Osetia del Sur continúan anómalas, pero críticas. Una base rusa en la costa de Abjasia en 2025 incrementó la presencia naval rusa en el Mar Negro.
La arquitectura de seguridad liderada por Rusia fenecido en el Cáucaso. La disolución oficial del Grupo de Minsk de la OSCE en 2025 y la suspensión de la membresía de Armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) provocaron vacíos que EUA aborda. TRIPP y la “paz armada” entre Bakú y Ereván —con riesgos de escaramuzas por “corrección fronteriza”—pusieron fin a décadas de mediación rusa.
La incursión estadounidense enfrenta a la oposición rusa, pero igual de Irán y Turquía, quienes pese a su rivalidad son recelosos. Irán percibe a TRIPP como “tijera geopolítica” de 43 kilómetros diseñada para cortar sus rutas comerciales hacia Europa y Rusia. La actual inestabilidad interna en Teherán (con estimaciones de decenas de millas de muertos en días recientes) agravada por su conflicto con Israel en 2025 le vuelve propenso a escaladas en “zonas grises” en el Cáucaso.
El “ Corredor Medio ” (Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana)—que evita a Rusia e Irán —es el principal escenario de competencia geopolítica.
En 2026 la infraestructura para la paz (ferrocarriles, oleoductos, cables de fibra óptica) se unirá a la región o fungirá como nueva fricción entre potencias.
/ “La historia no se detiene por nadie.” La frase suena a consuelo, pero hoy funciona más como advertencia: estamos dejando atrás una época diseñada —política, económica e institucionalmente— para domesticar la incertidumbre. En el último cuarto de siglo, las sociedades y los Estados apostaron por un “orden basado en reglas” que prometía previsibilidad; no paz absoluta, porque la paz mundial siempre fue elusiva, pero sí una gramática compartida que redujera el margen de sorpresa. Ese andamiaje se está desgastando. Y el desgaste no se expresa solo como crisis coyunturales —una guerra aquí, una intervención allá—, sino como una policrisis estructural: una reconfiguración profunda de las bases históricas sobre las que se construyó el mundo que dábamos por sentado.
La palabra “policrisis” se usa a menudo como sinónimo elegante de caos. Es un error. La policrisis no son muchos problemas acumulados; es la coexistencia de transformaciones que se retroalimentan y que, juntas, cambian el sistema completo. Por eso el vértigo contemporáneo no viene solo de “lo que pasa”, sino de la sensación de que ya no sabemos “cómo funciona” el mundo. Ese desajuste entre expectativas y oportunidades —una de las versiones de lo que la teoría social ha llamado privación relativa— es el combustible emocional de nuestro tiempo: el sentimiento de que “el sistema nos quedó a deber”, que las promesas de ascenso, seguridad y dignidad fueron aplazadas indefinidamente para mayorías cada vez más impacientes.
Cuatro tiempos a la vez
Parte del desconcierto proviene de que vivimos en cuatro bandas temporales simultáneas: 1) en la larga duración se mueven estructuras civilizatorias, como formas de producción, organización social, tecnologías generales, incluso ideas de autoridad y legitimidad; 2) en la mediana duración ocurre el relevo de hegemonías, como potencias que ceden capacidad de ordenar y otras que ganan margen para disputar; 3) en la corta duración operan los ciclos políticos, económicos y tecnológicos que se notan en elecciones, recesiones, auges de inversión o estallidos sociales, y 4) la inmediatez —producto histórico del avance tecnológico y de la ubicuidad mediática— comprime la experiencia, es decir, todo sucede “en vivo”, todo parece definitivo, todo exige reacción inmediata, aunque sus causas sean lentas y sus consecuencias aún más lentas.
La confusión aparece cuando intentamos explicar procesos de larga duración con lenguaje de coyuntura o cuando confundimos la espuma de la inmediatez con el oleaje profundo. Un enfrentamiento fronterizo o incluso una pandemia pueden ser eventos enormes, pero su relevancia histórica se mide con otra vara: si aceleran o revelan cambios estructurales que ya venían en marcha.
Ese es el marco para entender el periodo que va del fin de la Guerra Fría hasta hoy: una secuencia de golpes que no solo dañaron piezas del sistema, sino que erosionaron la fe en el sistema mismo. Tras la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética y el ocaso del orden traído por la certeza de una tensión permanente y conocida, una serie de conflictos sacudieron al mundo que celebraba “el final de la historia”. De entre ellos destaca la guerra del Golfo, no solo porque fue la primera guerra del mundo posterior a la Guerra Fría, sino porque fue el laboratorio donde se volvió visible una nueva forma de hacer guerra: la de la información, la de las narrativas, la de las mentes. La imagen de periodistas embebidos en unidades operativas, transmitiendo en tiempo real, no fue solo un recurso mediático: fue una señal estratégica. A partir de ahí, todas las potencias —o quienes aspiraban a serlo— comenzaron a comprender una nueva dimensión de batalla: la esfera cognitiva, donde la percepción antecede a la decisión, y la decisión antecede a la acción.
El 11-S fracturó la sensación de invulnerabilidad de la superpotencia y dio paso a la “guerra contra el terrorismo”, una era de securitización mundial, expansión de aparatos de vigilancia y guerras prolongadas con resultados estratégicamente ambiguos. La invasión rusa a Georgia en 2008 —frecuentemente tratada como un episodio regional— fue en realidad otro aviso temprano: mostró que la fuerza podía reabrir fronteras políticas en el espacio postsoviético y anticipó el tipo de revisionismo que más tarde veríamos con mayor escala. La crisis financiera de 2008 no fue solo un colapso de mercados: fue un colapso de credibilidad. La narrativa de eficiencia y mérito que acompañó al capitalismo globalizado se vio contradicha por rescates, precarización y desigualdad. Después vinieron los síntomas sociales: Occupy Wall Street y su 99% vs. 1%; los chalecos amarillos en Francia; oleadas contra el poder establecido de distinta ideología; el ascenso de retóricas de agravio y pertenencia —MAGA (“Make America Great Again”), pero también Black Lives Matter— que, aunque divergentes, comparten un diagnóstico emocional: “esto no funciona para mí”.
En este punto suele decirse que “la democracia está muriendo”. La frase captura ansiedad, pero oscurece el fenómeno. Lo que vemos es más estructural: un desplazamiento en la forma en que las sociedades producen legitimidad, autoridad y obediencia. La democracia liberal —como combinación de representación, partidos, prensa, pesos y contrapesos, y un horizonte de progreso material— floreció y se amplió mientras funcionó relativamente bien, mientras pudo prometer movilidad social, construir clases medias y sostener un consenso mínimo sobre lo “normal”. Cuando el rendimiento de ese arreglo se estanca, la democracia no desaparece de inmediato; cambia de textura. Además, pierde capacidad de articular futuro y se vuelve, cada vez más, un procedimiento para administrar agravios presentes.
Ese cambio de textura es clave para entender por qué la erosión democrática no debe leerse como obituario, sino como síntoma de reacomodo de época. En transiciones históricas, las instituciones y formas no “mueren” porque sí: dejan de encajar con el tipo de sociedad, economía y ecología informativa que las rodea. Hoy, la economía precariza, la desigualdad se normaliza, la movilidad social se encoge y la identidad compite con el interés material como eje de la política. En ese entorno, el conflicto se intensifica y la democracia se vuelve campo de batalla donde se disputa qué cuenta como verdad, qué cuenta como pueblo y qué cuenta como pertenencia.
Estados Unidos: del arquitecto de reglas al actor de fuerza
La pérdida relativa de poder de Estados Unidos no es un derrumbe repentino; es un desgaste sostenido que se arrastra desde finales del siglo XX y que se acelera cuando el resto del mundo ya no concede legitimidad automática a reglas escritas desde Washington. El orden liberal se apoyaba en una promesa: apertura económica, expansión de derechos, instituciones multilaterales y democracia como horizonte. Esa promesa se ha agotado por dos vías. Primero, porque produjo ganadores y perdedores dentro de las sociedades, y los perdedores aprendieron a votar, protestar y bloquear. Segundo, porque el mismo sistema que decía universalizar reglas terminó viéndose como mecanismo de asimetrías: sanciones para unos, excepciones para otros; derechos humanos invocados selectivamente; mercados abiertos en el discurso y proteccionismo en la práctica.
En ese contexto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marca algo más que alternancia política: institucionaliza una lectura del mundo donde las reglas son instrumento, no marco; donde la certidumbre se sustituye por la ventaja, y donde la fuerza —económica, tecnológica, militar— vuelve a presentarse como fundamento último del orden. Es tentador reducir el fenómeno a personalidad o estilo, dejando de lado lo estructural. En sociedades saturadas de privación relativa, la promesa de “romper todo” deja de ser un escándalo y se convierte en oferta política; la destrucción de normas se vende como justicia correctiva.
La paradoja es que, al mismo tiempo que la superpotencia se muestra menos dispuesta a sostener el andamiaje multilateral, el mundo enfrenta problemas que solo pueden administrarse con coordinación: cadenas de suministro, pandemias, ciberseguridad, clima, migración. La pandemia fue un espejo brutal: evidenció capacidad científica, pero también un reflejo geopolítico primario —cada quien se salva a sí mismo— que debilitó la ilusión de comunidad internacional y aceleró el “sálvese quien pueda” como ética práctica.
China, Rusia y la India: multipolaridad sin manual y categorías mentales obsoletas
La policrisis también es un problema de percepción. Occidente tiende a pensar el poder con categorías creadas por Occidente: hegemonía, reglas, instituciones, democracia liberal como estándar. Pero el ascenso de China obliga a reconocer que el mundo puede ordenarse con lógicas distintas. Beijing es ya potencia económica y tecnológica, y la disputa por semiconductores e inteligencia artificial (IA) es, en realidad, disputa por la infraestructura del porvenir inmediato: quien controle esas plataformas controlará la productividad, la capacidad militar, la vigilancia y el ritmo de innovación. La pregunta no es solo si China remplazará a Estados Unidos, sino qué papel busca: ¿arquitecto alternativo de reglas, líder civilizatorio, o gran potencia pragmática que asegura márgenes sin cargar con costos de hegemonía? Incluso, ¿qué conceptos y categorías debemos utilizar para ponderar este futuro?
Rusia, por su parte, empuja explícitamente por un mundo multipolar en el que Estados Unidos ya no dicte las reglas del juego. La invasión a Ucrania —y la manera en que reconfiguró sanciones, gasto militar europeo, mercados energéticos y alineamientos— fue también un mensaje sistémico: el territorio como argumento sobre las fracturas en el “orden” establecido. Y, sin embargo, Moscú no ofrece un “modelo” de orden; ofrece una fuerza de fricción: puede impedir, complicar, castigar. Así puede lograr y mantener un lugar importante en la mesa. En un sistema fatigado, el actor que puede romper es tan relevante como el que puede construir.
La India añade otra capa: economía en crecimiento, ambición tecnológica y una base demográfica que ya rebasó a China, un dato con implicaciones de largo plazo para mercado laboral, consumo, poder militar potencial y proyección regional. Nueva Delhi podría ser uno de los grandes ganadores estructurales del reordenamiento, pero su papel internacional aún está en construcción: equilibra autonomía estratégica, rivalidad con China, relación con Estados Unidos y liderazgo del Sur global sin asumir costos de “policía” internacional.
La multipolaridad, así, no es un concierto armónico de potencias: es una redistribución de margen de maniobra. Y, crucialmente, no debemos asumir que “multipolaridad” significa lo mismo para todos: es muy probable que cada actor relevante (China, Estados Unidos, la India, Rusia, Europa o las potencias regionales) tenga una visión distinta —e incluso divergente— de qué implica y cómo debería verse ese arreglo. El resultado es un mundo más negociado, pero también más propenso al choque, porque la capacidad de imponer disciplina disminuye mientras aumentan las oportunidades de desafiar: incertidumbre sobre orden.
Clima, energía, tecnología y migración: las fuerzas transversales que vuelven todo más difícil
Hay fuerzas que no respetan fronteras y que están rediseñando la política mundial desde abajo. El cambio climático avanza más rápido que las respuestas políticas. Multiplica problemas: inflación alimentaria, desastres, estrés hídrico, presión fiscal y migraciones que ya no serán solo económicas o por violencia, sino por habitabilidad. Y, sin embargo, la acción climática pierde prioridad real cuando las potencias compiten por seguridad energética y ventaja industrial. La hipocresía energética no es moral; es estructural: el petróleo barato sigue siendo un factor central de alianzas y de estabilidad interna.
La guerra en Ucrania mostró esa tensión: sanciones, pero también rutas alternativas. China y la India se volvieron compradores cruciales de crudo ruso en distintos momentos. En un mundo de policrisis, la moralidad compite con la factura de energía.
La revolución tecnológica agrava el cuadro. La combinación de IA aplicada, automatización y control de semiconductores acelera la posibilidad de sustituir trabajo humano a escala, no solo en manufactura sino en servicios, logística, análisis e incluso tareas cognitivas. Esto tiene una implicación política explosiva: grandes porciones de población —ya vulnerables— pueden volverse “prescindibles” para la creación de valor, aumentando presión para programas asistencialistas justo cuando muchas pirámides demográficas se invierten y los Estados envejecen. La desigualdad deja de ser un subproducto incómodo y se convierte en motor de inestabilidad.
Pero hay una dimensión adicional, menos discutida y cada vez más influyente: los idearios de la élite tecnológica mundial. En torno a la élite empresarial del sector tecnológico (tech-bros), a ciertos círculos de capital de riesgo y a quienes controlan plataformas, infraestructura digital y narrativas de innovación, circula una visión del futuro que no es neutra. Suele mezclar promesas emancipadoras —eficiencia, progreso, “soluciones” tecnológicas— con un trasfondo marcadamente elitista: la idea de que el rumbo correcto lo define una minoría “capaz” y que las fricciones sociales son obstáculos a optimizar, más que comunidades a representar. En esa lógica, la desigualdad aparece como precio aceptable del avance, o incluso como filtro natural; la política se ve como estorbo y la democracia como un sistema demasiado lento para un mundo que debe acelerarse.
Esa mentalidad importa porque no se queda en discursos: influye en diseño de plataformas, en gobernanza algorítmica, en concentración de datos, en relaciones con Estados y, sobre todo, en la manera en que se concibe quién cuenta en la economía del mañana. Si la automatización vuelve prescindibles a millones y, al mismo tiempo, los idearios dominantes en el sector que produce esa automatización tienden a naturalizar la exclusión, la promesa de “prosperidad para todos” se vuelve más frágil. El resultado es una incompatibilidad creciente entre los aparentes reclamos de mayorías —ya de por sí excluidas— y los proyectos implícitos de una élite que imagina el futuro como un espacio de selectos, hiperproductivos y altamente conectados.
El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos.
Aquí aparece una tensión y divergencia que puede moldear lo que venga: por un lado, sociedades que exigen dignidad, redistribución y protección ante el desplazamiento tecnológico; por el otro, una constelación de actores tecnológicos con recursos, influencia cultural y capacidad de “hacer mundo” por medio de infraestructura digital, muchas veces empujando por desregulación, excepción y poder privado. Esa fricción no es secundaria: puede traducirse en populismos antitecnología, en regulaciones abruptas, en capturas regulatorias silenciosas o en nuevos pactos sociales. En cualquier caso, añade otra capa a la policrisis, porque amplía el conflicto central de nuestro tiempo: quién decide las reglas —y para quién— en un orden que ya no logra producir certidumbre compartida.
La movilidad humana completa el triángulo. Migrar es histórico y natural, pero hoy choca con fronteras rígidas y discursos nativistas que se endurecen mientras las causas de migración se multiplican. La idea de Estado-nación —histórica, no eterna— se defiende con dureza precisamente cuando su capacidad de encausar flujos y economías se reduce.
Y, como telón de fondo, la polarización: política, por crisis de consensos; económica, por desigualdad persistente que se replica en casi todas las sociedades. La polarización no es ruido, es señal de que las viejas coaliciones sociales que sostenían el contrato político se están rompiendo.
Varios países ofrecen este espejo: el impulso mundial de “desmontar” instituciones como respuesta al agravio social. Más allá de simpatías partidistas, el punto estratégico es otro: cuando la estabilidad institucional deja de ser valor central, la incertidumbre se institucionaliza. Reglas menos claras, decisiones más centralizadas.
Pero incluso aquí conviene leer el fenómeno en clave de transición, no de tragedia lineal. No es un “apagón” repentino; es una recomposición del vínculo entre Estado y sociedad cuando cambian las condiciones materiales, informativas y demográficas. En un mundo de incertidumbre estructural, las mayorías demandan protección inmediata —seguridad, precio de la vida, empleo, pertenencia, inclusión—, y los sistemas representativos, diseñados para deliberar y procesar diferencias, quedan tensados. Eso empuja a soluciones de concentración de poder que prometen eficacia, aunque su costo sea la fragilización de contrapesos.
Esto conecta con una idea clave para entender el siglo XXI: la “necesidad de caos”. Una parte de la población apoya destruir el sistema establecido aun sin claridad sobre qué vendrá después, porque siente que el sistema “merece ser derribado”. Es un fenómeno que resuena con el brexit, Trump, los chalecos amarillos, los virajes a derechas extremas y múltiples expresiones de hartazgo internacional.
Gaza, Ucrania y el regreso del realismo, pero con un mundo distinto
Las guerras recientes —Ucrania y Gaza— se leen a menudo como eventos aislados, y ahí está el peligro intelectual. Son también síntomas del debilitamiento del “orden basado en reglas”: la dificultad de disuasión, la fragmentación diplomática, el uso instrumental del Derecho Internacional y la incapacidad de producir salidas estables. No es que las reglas hayan desaparecido; es que su capacidad de obligar se redujo y su legitimidad se volvió objeto de disputa.
En este escenario, muchos celebran un “regreso al realismo”: intereses, poder, zonas de influencia. Pero si concluimos que el futuro será una simple repetición del pasado, erramos. El tablero ya no es el de 1945 ni el de 1991. La diferencia decisiva es la multiplicación de actores no estatales —lícitos e ilícitos— con capacidad real de alterar resultados: plataformas tecnológicas, redes criminales trasnacionales, fondos, milicias, cadenas logísticas privadas, comunidades digitales capaces de movilizar o desestabilizar, y de la diversificación de los ámbitos de acción humana. En campos como el tecnológico, estos actores llevan ventaja sobre los Estados. El resultado podría ser, incluso, el inicio del fin del Estado-nación tal como lo conocimos: no porque desaparezca de un día para otro, sino porque su monopolio de soberanía efectiva se erosiona.
Vemos, además, un auge de nuevas formas de acción estratégica, como “la guerra híbrida”, no como sustituto de la guerra física —que persistirá por control de territorio y recursos tangibles—, sino como expansión natural hacia otros campos, especialmente el cognitivo. La batalla por las mentes, por la influencia convertida en acción, se ha vuelto notable. Y aquí aparece una paradoja central: si bien observamos el agotamiento de la democracia, también vemos el uso de mecanismos democráticos —elecciones, opinión pública, movilización de mayorías— como vehículo de erosión democrática. La influencia sobre mayorías alcanzadas por narrativas que cuestionan los marcos referenciales les ofrece una falsa sensación de comprensión y esperanza: comprensión, porque simplifica el mundo en relatos totales; esperanza, porque promete salvación vía exclusión, castigo o ruptura. Así, se logra la erosión más efectiva de la democracia porque se hace desde adentro, por medio de sus propios mecanismos.
Vale subrayar que esto también es histórico: cada gran cambio de periodo trae consigo una crisis de mediación. En los tiempos más recientes, cuando se transforma la tecnología de la comunicación —como ocurrió con la imprenta, la radio o la televisión— se reordenan los equilibrios de autoridad y la manera en que una sociedad decide qué es real. Hoy, la economía de la atención, las redes sociales, el contenido curado y la IA han alterado esa mediación a una escala inédita y con una velocidad que desborda a las instituciones. La democracia liberal se construyó sobre mediadores relativamente estables (partidos, sindicatos, prensa, academias, burocracias profesionales). Al debilitarse esos puentes, la legitimidad busca rutas alternativas: liderazgos directos, plebiscitarios, identidades duras, comunidades cerradas. No es “el fin” de la política democrática; es su metamorfosis bajo nuevas condiciones de comunicación y desigualdad.
Ese proceso, a su vez, alimenta dos dinámicas que se refuerzan. Primero, facilita a los elitistas —incluida parte de la élite tecnológica— el argumento de que solo minorías “capaces” deberían poder tomar decisiones, porque “las masas” serían demasiado manipulables o demasiado impulsivas. Segundo, produce una cámara de eco permanente en la que el “99%” se mantiene en tensión con el “1%”: no como metáfora política puntual, sino como estructura emocional que recircula la privación relativa y aumenta la presión sobre la idea de que “el sistema debe morir”.
Y aquí aparece la conexión más fina con la transición histórica: la erosión democrática no ocurre pese al “orden basado en reglas”, sino porque ese orden dependía del respaldo de un tipo de gobiernos nacionales y ciudadanía, y de un tipo de confianza social que hoy ya no se reproducen automáticamente. En la era liberal, la promesa era que reglas compartidas —dentro y entre Estados— generarían estabilidad y, con ella, prosperidad suficiente para sostener acuerdos (tanto así que países democráticos estuvieron dispuestos a ir a la guerra para asegurar que otros países se volvieran democráticos). Cuando la prosperidad se concentra, cuando la seguridad se vuelve desigual y cuando la información se convierte en un campo de batalla permanente, las reglas dejan de percibirse como garantías y empiezan a verse como candados: mecanismos que protegen a quienes “ya llegaron” y excluyen a quienes “siguen esperando”. En ese punto, la democracia liberal deja de ser el idioma incuestionado del futuro y se vuelve uno de varios dialectos disponibles para organizar la vida colectiva. Si se le agrega un alza cínica de la transaccionalidad, del poder entendido como derivado solamente de recursos, y no sustentado también en valores, tenemos la explosiva combinación del hoy.
Durante un tiempo, persistirá la idea de que, si logramos recomponer pactos internos —reducir la desigualdad, reconstruir la confianza y actualizar las instituciones a la nueva ecología informativa—, también podremos recuperar parte del “rumbo” colectivo, no como regreso intacto a un pasado, sino como rearticulación de una promesa mínima de convivencia bajo reglas compartidas. Lo decisivo es entender qué forma democrática —con qué mediaciones, qué límites al poder y qué nuevos equilibrios entre lo público y lo privado— puede emerger y sostener certidumbre en una época distinta. Las mentes y el espacio cognitivo ya han sido modificadas. La plasticidad cerebral —a punta de redes sociales, contenido curado, IA y economías de la atención— sembró la idea de un mundo diferente del actual, que para muchos no funciona ni cumple promesas. ¿Cuál es ese mundo? Todavía no lo sabemos. Hay miles de versiones posibles de ese nuevo mundo circulando al mismo tiempo, compitiendo por adhesión, identidad y acción. Y, en gran medida, estamos viviendo esa guerra por sentido que añade otro punto de incertidumbre a esta transición histórica.
Ahí aparece la intuición más incómoda de nuestra época: sabemos que el mundo del que venimos se está acabando, pero no tenemos forma de saber con certeza qué viene. La transición histórica no tiene manual. A diferencia de los siglos posteriores, nosotros no gozamos de retrospectiva. No podemos ver el “corte” que, dentro de 500 años, usarán para nombrar esta etapa. ¿Ya ocurrió? ¿Aún está por venir? ¿Se definirá por 2008, por 2014, por 2020, por 2022, por 2025? Nadie lo sabe. Y, sin embargo, el impulso de buscar patrones —la industria completa de gestión de riesgo, previsión, cumplimiento normativo, análisis— sigue vivo porque fue construido para cerrar la brecha de incertidumbre. Hoy intenta hacerlo con herramientas diseñadas para un mundo más estable.
No hay vuelta atrás: repensar la supervivencia
En tiempos históricos, la nostalgia es una trampa. No hay vuelta al orden liberal “clásico” como marco indiscutido. No significa que desaparezca por completo, pero lo que manda es la tendencia de redistribución del poder, agotamiento ideológico, competencia tecnológica, crisis climática, presión migratoria y polarización.
Eso obliga a replantear la estrategia, sobre todo para potencias medias y países que no dictan reglas, pero que sí pueden ampliar o reducir su vulnerabilidad. La primera tarea es pensar en dos horizontes al mismo tiempo: existencia inmediata y de largo plazo. En el corto plazo, se trata de resiliencia: blindar infraestructura, profesionalizar inteligencia y gestión de crisis, y sostener cohesión social mínima; en situación ideal, además, diversificar dependencias críticas (energía, alimentos, tecnología). En el largo plazo, se trata de apuestas: posicionarse en cadenas de valor del siglo XXI (semiconductores, IA aplicada, transición energética), construir autonomía estratégica sin autarquía, y diseñar políticas demográficas, educativas y de innovación que permitan navegar el remplazo tecnológico del trabajo y acomodar los movimientos naturales humanos naturales y creados por la presión de los tiempos.
La segunda tarea es intelectual: no confundir tácticas heredadas con diagnósticos correctos. Las zonas de influencia, por ejemplo, pueden reaparecer como práctica de poder; pero creer que explican todo conduce a errores, porque hoy compiten con redes, datos, plataformas y mercados que no obedecen fronteras.
La tercera tarea es política: sostener instituciones que produzcan previsibilidad sin caer en el fetiche institucional. Las instituciones importan no por ser “buenas” moralmente, sino porque reducen arbitrariedad y permiten coordinar expectativas. Cuando se destruyen, la incertidumbre no se elimina, se privatiza, se vuelve costo social y se paga con inestabilidad.
El mundo que viene —si es que “viene”, porque en realidad ya está aquí— no será necesariamente mejor ni peor; será distinto. Y ese es el punto central. Estamos entrando en una época donde la certidumbre deja de ser bien público garantizado por un centro hegemónico y se convierte en un recurso escaso que cada actor buscará producir para sí mismo, por la buena o por la mala. Eso reordena alianzas, economías y políticas nacionales. También reordena mentalidades. Quizá el mensaje final sea el más difícil de aceptar: no se trata de esperar a que pase la tormenta para volver a lo de antes. Lo de antes era una fase histórica, y está terminando. El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos, entendiendo que la policrisis no es una suma de crisis coyunturales, sino el cambio lento, pero sostenido, de la estructura total del mundo.
/ El rumbo de la gobernanza internacional en 2026 se encuentra profundamente condicionado por la persistencia y transformación de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento militar regional para convertirse en un caso paradigmático de las tensiones estructurales que atraviesa el sistema internacional contemporáneo. A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania se sitúa en el centro de un entramado de dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y normativas que revelan tanto los límites como las mutaciones de la gobernanza global en un entorno marcado por la fragmentación del poder, la competencia estratégica y la erosión de consensos multilaterales.
/ En México, la gestión de emergencias humanitarias se ha ido desplazando hacia una creciente confianza en la tecnología como herramienta para mejorar la prevención, la respuesta y la coordinación ante crisis que van desde desastres naturales hasta dinámicas humanitarias más complejas y prolongadas. Mecanismos como alertas tempranas, sistemas de información, plataformas digitales o el desarrollo de drones nacionales prometen rapidez y eficiencia en contextos en los que cada minuto cuenta. Sin embargo, la pregunta clave no debería ser si la tecnología puede ayudar, sino cómo y bajo qué condiciones lo hace.
El nuevo sistema de alertas sísmicas en teléfonos móviles permite observar esa promesa de la innovación tecnológica en la gestión de emergencias, en particular como herramienta de prevención. Este tipo de soluciones muestra que la tecnología puede contribuir a la reducción de riesgos cuando se apoya en infraestructura operativa, coordinación institucional y una lógica clara de uso público. Al mismo tiempo, ese potencial se ve limitado por la ausencia de políticas públicas claras, de inversión sostenida y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La tecnología, por sí sola, difícilmente puede sustituir una gestión integral de las emergencias humanitarias.
En muchas crisis en México —como sismos, fenómenos climáticos extremos o desplazamientos internos— la tecnología se implementa de forma fragmentada, sin marcos regulatorios sólidos ni protocolos claros para el uso de la información. Esto abre la puerta a riesgos importantes, especialmente en el manejo de datos personales y biométricos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. La recopilación de información puede ser útil para coordinar ayuda, pero sin las garantías adecuadas también puede derivar en exclusión, vigilancia indebida o en usos secundarios de los datos sin consentimiento.
El problema no es la tecnología, sino la expectativa de que pueda compensar carencias históricas en infraestructura, capacidades institucionales y políticas de prevención. Cuando estos rezagos no se enfrentan, la innovación deja de ser una herramienta de protección y se vuelve un recurso cómodo: ordena datos, genera alertas y produce una sensación de control, sin modificar realmente las condiciones que generan la vulnerabilidad.
Dicho esto, la promesa tecnológica en la gestión de emergencias humanitarias sigue siendo real, pero incompleta. Para que la innovación cumpla su función social, debe ir acompañada de reglas claras, inversión sostenida, protección de datos y un enfoque que coloque a las personas por encima de la eficiencia administrativa. De lo contrario, la tecnología no solo deja de proteger, sino que también puede profundizar desigualdades y trasladar riesgos a quienes ya viven en condiciones de mayor precariedad.
Innovar en emergencias no significa solo digitalizar la respuesta, sino también reconocer que la tecnología necesita reglas, gobierno y responsabilidad para no amplificar los riesgos que promete reducir. De lo contrario, la promesa tecnológica corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de fragilidad, disfrazada de eficiencia y modernización.
Andrea Rosas Guzmán Internacionalista con especialidad en Seguridad Internacional. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias en la London School of Economics (LSE).
Paola V. Suárez Ávila
