/ La expiración del tratado de reducción de armas nucleares, conocido como Nuevo START, marca silenciosamente el fin de una época. Seguramente muchos no prestaron atención al hecho de que desapareció el último tratado de control de armamento nuclear entre Estados Unidos y Rusia. No obstante, es posible que en los futuros manuales de historia se interprete el 5 de febrero de 2026 -el primer día sin ningún tratado vinculante de reducción de arsenales nucleares- como el inicio de una nueva era nuclear.
/ Apenas en noviembre de 2025 se publicó el documento National Security Strategy of the United States of America, acompañado de un prólogo del actual presidente de los Estados Unidos. En él, en pocas palabras, se expone el significado del llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este corolario refuerza la intención de acentuar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y de protegerlo frente a los intereses de otros actores y países.
De esta estrategia se desprenden dos líneas de acción: enlistar y expandir (Enlist and Expand). La primera coincide con un conjunto de medidas orientadas al control migratorio, que buscan recuperar las mejores prácticas y fortalecer alianzas clave, tanto para frenar la migración y el flujo de drogas ilícitas en toda América e inclusive más allá de sus fronteras, así como fortalecer la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas.
La segunda acción es una estrategia de política exterior de Estados Unidos centrada en recuperar y consolidar su preeminencia en el Hemisferio Occidental. El enfoque principal es desplazar la influencia de potencias extranjeras (competidores no hemisféricos) mediante una combinación de presión económica, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la presencia comercial estadounidense.
Estas dos líneas de acción coinciden plenamente con las medidas aplicadas para la gestión fronteriza y migratoria durante el primer año de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025. Bajo el liderazgo de Marco Rubio como secretario de Estado, Estados Unidos ha impulsado una nueva forma de relacionarse con países no alineados al bloque occidental, como Cuba y Venezuela.
Esta reconfiguración diplomática se ha traducido en acciones concretas, entre ellas la devolución de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de dichos países, así como la cancelación de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas medidas han implicado que terceros países cedan ante la presión estadounidense para aceptar deportaciones sin un proceso judicial previo, como ocurrió con los 252 venezolanos trasladados a El Salvador, donde fueron sometidos a procedimientos injustos en una cárcel de alta seguridad.
Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, la deportación en cadena se convirtió en una estrategia central de control fronterizo. A través de decretos presidenciales, se establecieron mecanismos de devolución a países de origen o a terceros Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esta configuración ha generado un flujo migratorio inverso que no solo tensa los lazos diplomáticos en el hemisferio, sino que desprotege a los solicitantes de asilo. La celeridad e imposición de estos acuerdos ponen en tela de juicio el principio de retorno seguro y ordenado, creando un entorno propicio para la impunidad y el maltrato sistemático de la población migrante.
El impacto en la vida de las personas migrantes sometidas a deportaciones no regularizadas —particularmente a través de redadas masivas— ha generado un creciente descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, fundada en 2001, ha sido objeto de un número cada vez mayor de protestas, a partir de enero de 2026, debido a actos violentos contra personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos.
La deportación no regularizada en este contexto implica un riesgo aún mayor para las personas que se beneficiaron del programa Parole —particularmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos—, así como para quienes carecen de estatus legal o han sido señalados por alguna falta relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas deportaciones inmediatas eliminan la posibilidad de un debido proceso antes de la remoción y exponen a las personas a riesgos graves para su vida y seguridad al ser enviadas de vuelta a países de los que huyeron debido a la violencia o a la pobreza.
/ Hubo un tiempo en que cruzar mares era un acto de fe y de método. Los navegantes no tenían satélites ni mapas de precisión: tenían cielo. Las estrellas no les decían “qué pasará”, pero sí les daban orientación: dónde está el norte, cuánto falta, si el clima viene torcido. En un cambio de época, la política internacional se parece a esa travesía antigua: no hay ruta segura, pero sí señales. La diferencia es que hoy las constelaciones no están arriba; están en tratados comerciales, reposicionamientos diplomáticos y decisiones energéticas.
Llegó la hora del fuera máscaras: Estados Unidos y México se quitaron la careta en la misma semana. Washington dejó de fingir que su poder es pura “democracia y valores” y habló como lo que es cuando se siente cómodo: un imperio. México, en cambio, dejó de fingir que tiene control interno y se exhibió como un Estado que, incapaz de impartir justicia plena y de narrarse con fuerza propia, termina operando bajo el guion del vecino.
/ De ser el tema emblemático de su campaña electoral, la política migratoria se ha convertido en un pantano para el presidente Donald Trump.
En un esfuerzo para salvar cara, la idea ahora parece enfocarse más en la frontera y la construcción del muro, así como en una ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, donde los inmigrantes indocumentados encuentran refugio y aún apoyo.
/ Cuando se habla de “Davos”, se habla del Foro Económico Mundial organizado por el Banco Mundial, el espacio donde jefes de Estado, empresarios, organismos multilaterales y académicos se reúnen para leer el pulso del mundo y anticipar hacia dónde se mueve la economía global. América Latina no tenía —hasta ahora— un escenario propio de esa escala. Por eso el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá los días 28 y 29 de enero de 2026, se consolidó como un Davos latinoamericano: un punto de encuentro político y económico para posicionar a la región en el mapa geopolítico global, en un momento de alta fragmentación internacional.
Panamá se convirtió en el epicentro del debate regional. Siete jefes de Estado y uno de gobierno, más de 30 delegaciones oficiales y más de 6,500 participantes de 70 países dejaron claro que la región busca algo más que inversión: busca voz.
Entre los presentes estuvieron Raúl Molina (Panamá), Lula (Brasil), Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica); y José Antonio Kast (Chile). Las cifras importan, pero el mensaje político importó más: América Latina quiere defender su lugar en la redefinición del orden económico internacional.
Uno de los ejes más claros fue la defensa de los minerales críticos. Litio, cobre, níquel y tierras raras —concentrados en gran parte en nuestra región— ya no son solo insumos para la transición energética, son activos geopolíticos. No es casual que la disputa por estos recursos venga acompañada de presiones externas, desde intereses de mineras extranjeras hasta narrativas que normalizan la quema del Amazonas o la venta de territorios estratégicos, como hoy se discute en la Patagonia. La transición energética global pasa, inevitablemente, por América Latina.
El foro dejó ver una región políticamente fragmentada. Una América Latina tensionada entre derechas e izquierdas, entre discursos de soberanía y agendas de mercado. En ese contexto, llamó la atención el discurso de unidad de Kast, en contraste con una región donde conviven un Lula que apuesta por integración, un Milei que promueve la liberalización extrema y una nueva derecha en Centroamérica que gana espacio.
Más allá de los paneles —50 en total— el foro fue también un espacio de operación política y económica. Se realizaron más de 400 reuniones bilaterales y, gracias a una plataforma de CAF, más de 1,100 encuentros adicionales. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, fue claro: CAF ya no solo financia, también construye puentes y crea espacios donde la región articula su narrativa frente al mundo. Esa función política, en el contexto actual, es tan relevante como el financiamiento.
Este reacomodo regional no puede analizarse sin mirar hacia afuera. Europa discute la votación final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que crearía un mercado de más de 700 millones de personas. Aunque México no esté incluido, el impacto regional es innegable. Tras más de 25 años de negociación, el acuerdo sigue generando fuertes críticas: organizaciones como Greenpeace y Climate Action Network advierten que acelerará la deforestación para la producción de carne y soja, mientras agricultores europeos temen competencia desleal y pueblos indígenas denuncian afectaciones territoriales.
El “Davos latinoamericano” no resolvió las tensiones de la región, pero las puso sobre la mesa. América Latina está en una disyuntiva histórica. Puede seguir siendo proveedora de recursos en un mundo que los disputa sin reglas claras, o puede usar su peso estratégico para negociar desde una posición más cohesionada. En 2026, eso ya es un primer paso.
/ El rápido envejecimiento poblacional en España es una realidad que necesita respuestas y enfoques multidisciplinares para su correcto tratamiento. Hacerle frente implica repensar la organización actual del Estado debido a que cada vez hay más registros de muertes que de nacimientos.
Por lo tanto, vale la pena analizar a la inmigración como un aspecto que puede ayudar en el sostenimiento del Estado de bienestar español.
La inmigración se ha presentado como un elemento fundamental para darle fuerza a las áreas que están mayoritariamente envejecidas y para reducir la tensión provocada por la poca de mano de obra joven y por el preocupante desequilibrio demográfico que está presente alrededor de todo el territorio español. De acuerdo con el Banco de España, el aporte de la población extranjera que vive en España se evidencia sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
Lo expuesto anteriormente demuestra el importante rol que tiene la inmigración para servir como motor para el mantenimiento de la economía del país. De hecho, según el centro de análisis Funcas, desde 2022 y hasta finales de 2024 la población extranjera viviendo en España cubrió el 40% de los trabajos disponibles, lo cual tuvo resultados favorables para el crecimiento del sector económico español. Por lo tanto, con los hechos abordados es posible entender a la inmigración como un elemento que tiene la capacidad de adaptarse a los drásticos cambios demográficos que ha atravesado España en los últimos años y, al mismo tiempo, generar respuestas ante las necesidades del país.
En este sentido, la llegada de extranjeros a España puede generar efectos positivos para áreas prioritarias a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que dichos beneficios pueden volverse más viables al estar acompañados de iniciativas que busquen el bienestar de todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia ni estatus económico. Según datos arrojados por El Observatorio Social, los extranjeros que viven en España son un sector poblacional que atraviesa múltiples dificultades financieras y se enfrenta a diferentes tipos de brechas, como la laboral. Por esta razón, es necesario que se sumen esfuerzos para que su integración y protección pueda darse de manera exitosa.
En definitiva, la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad en España son factores que afectan el mantenimiento del Estado de bienestar del país a largo plazo. No obstante, crear una agenda con prioridades bien definidas y planes de inclusión para los inmigrantes puede ayudar significativamente a equilibrar las implicaciones causadas por el creciente número de personas de la tercera edad en España.
Al considerar que en el territorio español hay una elevada cantidad de inmigrantes, resulta importante que se analice el papel de dicho sector poblacional como una vía de acción viable para hacerle frente a los desequilibrios provocados por el envejecimiento poblacional. Lograr este objetivo no podrá darse de forma inmediata, pero, para intentar contrarrestar sus efectos actuales, puede ser conveniente que el gobierno de España empiece por abordar las causas estructurales que han provocado que la natalidad haya tenido una caída drástica.
Por último, vale la pena reconocer que el potencial positivo de la inmigración no está libre de problemáticas sociales. Al considerar que la integración de los no nacionales es un aspecto que genera desafíos, es posible plantear que las dinámicas de convivencia en el país se ven afectadas. Por eso, al contemplar a la inmigración como un factor clave para el dinamismo en la economía española, no se debe ignorar la necesidad de promover procesos de cohesión que puedan mantenerse con el paso del tiempo.
/ Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 deben leerse menos como una cita deportiva y más como una arquitectura política donde se condensan las tensiones y ambiciones del orden internacional contemporáneo. En una Europa marcada por la guerra en Ucrania, la erosión del multilateralismo y un entorno estratégico cada vez más inestable, estos Juegos funcionan como una prueba concreta de coherencia, capacidad y proyección de poder europeo.
Beata Wojna
