Luis Fernando De la Calle
/ No es ninguna sorpresa, ni mucho menos una catástrofe si las tres Partes del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no logran ponerse de acuerdo para extenderlo 16 años más antes del primero de julio. Por el contrario, es resultado del diseño del proceso de revisión (no renegociación) establecido en el artículo 34.7.
Merece la pena recordar que la propuesta del entonces presidente Trump, en su primera vuelta, era que el T-MEC tuviere una cláusula de expiración (sunset clause en inglés) y que la única manera de que continuare era que las tres Partes expresaren su decisión de continuación. Esta demanda tajante no fue aceptada por Canadá y México por obvias razones, la permanencia del tratado es indispensable para la certidumbre, y se obtuvo como resultado el proceso de revisión ahora en curso. Éste contemplaba 2026 como fecha de revisión y se esperaba que Trump ya no fuera presidente aun si se reelegía (lo hizo, pero no consecutivamente), así como un seguro: si las Partes no acuerdan la extensión en 2026, el T-MEC continúa, pero con otra revisión en 2027, si es necesario otra en 2028 y así hasta 2036, cuando la cláusula de extinción sí se aplicaría si las Partes no lo extendieran. Estas revisiones no implican renegociación. Para entonces Donald Trump ya no será Presidente… en principio.
El párrafo 34.7.3 establece que “cada Parte confirmará, por escrito, a través de su jefe de gobierno, si desea prorrogar la vigencia de este Tratado por otro periodo de 16 años.” En caso de que una Parte no desee extenderlo, el párrafo 34.7.4 reza: “Si… una Parte no confirma su deseo de prorrogar la vigencia de este Tratado por otro plazo de 16 años, la Comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta todos los años por el resto del plazo de vigencia de este Tratado.”
Es decir, la aparente incertidumbre que ahora se respira en realidad refleja el triunfo de lo conseguido por Canadá y México ya que la consecuencia de la no extensión por 16 años es tener revisiones anuales, pero sin que se extinga antes de 2036.
Esto no quiere decir que la revisión no sea importante y que no deba hacerse un gran esfuerzo por lograr la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias en la región. Pero sí que no es necesario apresurarse para lograr un acuerdo que no sea conveniente antes del fin de junio.
Aunque México goce de cierta preferencia arancelaria ya que otros, sobre todo China, pagan aranceles más onerosos, es imprescindible seguir insistiendo en que las exportaciones que cumplan con las reglas de origen estén exentas y se tenga la certidumbre de que lo seguirán, independientemente de las medidas que tome Estados Unidos bajo el pretexto de seguridad nacional u otros.
Canadá y México deben recibir trato de cero arancel por cuatro razones: una, por el compromiso adquirido en el T-MEC de que el comercio regional es libre de arancel. Canadá y México han respetado el Tratado, pero también obliga a Estados Unidos. La excepción de seguridad nacional no justifica que no lo respete. Dos, las economías de América del Norte están integradas y la competitividad de una depende de las otras dos. Por ello, un gran número de empresas y asociaciones privadas de Estados Unidos han expresado que Canadá y México deben estar exentos de los aranceles bajo la sección 232 (*). Tres, México y Canadá son los mercados más grandes del mundo para Estados Unidos cuyas exportaciones ingresan sin arancel a ambos mercados. Cuatro, las exportaciones de Canadá y México tienen, casi siempre, contenido estadounidense, sobre todo si cumplen con las reglas de origen. Así, los aranceles a exportaciones canadienses y mexicanas implican un arancel indirecto a las estadounidenses.
Es decir, aranceles cero son fundamentales no sólo porque sea una obligación, lo es, sino porque es lo que más conviene a Canadá, México, pero también a Estados Unidos.
El mismo argumento se puede esgrimir en materia de energía y T-MEC. Estados Unidos y Canadá han argumentado que el régimen legal y reglamentario de México puede discriminar en contra de sus proveedores e inversionistas energéticos al favorecer a Pemex y CFE por ser empresas públicas. Las quejas podrían litigarse en páneles de solución de controversias. USTR ha señalado 54 potenciales violaciones de México al T-MEC, no pocas de ellas alegando discriminación en materia de energía, el resto relacionadas con telecomunicaciones, propiedad intelectual, agricultura, compras de gobierno y otras. México se ha comprometido públicamente a revisarlas.
Desde el punto de vista jurídico, atender las quejas energéticas no es muy complejo. El lenguaje constitucional y legal es suficientemente flexible para que el gobierno mexicano pudiere comprometerse a interpretar y aplicar su marco jurídico de manera no discriminatoria. Por ejemplo, a no utilizar la planeación vinculante como obstáculo para inversiones que puedan competir con CFE y Pemex, al otorgar permisos con la misma celeridad y condiciones para todos y permitir y promover todas las modalidades de inversión y no sólo las públicas y las mixtas, sobre todo en hidrocarburos y petroquímica. La violación más difícil de resolver ya requiere modificaciones a ley federal, es la participación mínima de CFE de 54%. No obstante, en vista de que CFE tiene mucha mayor participación de mercado en generación, podría convenirse con Estados Unidos y Canadá atacar este diferendo cuando la restricción muerda en algunos años, si así sucediere.
Pero la reflexión más importante no es jurídica, ni de relaciones bilaterales, ni de negociación con Estados Unidos. Es más bien sobre si conviene a México un crecimiento acelerado de su sector energético y para ello es útil el papel catalizador de un régimen no discriminatorio acordado con sus principales socios comerciales. Es decir, amén de tomar en cuenta el impacto en el ambiente de revisión del T-MEC o el intercambio de concesiones, la pregunta es si vale la pena promover un ambiente de mayor participación privada en energía en vista de las circunstancias económicas de México y el mundo.
Quizá la única manera de asegurar la supervivencia en el largo plazo de Pemex y CFE sea, curiosamente, abandonar la idea de que son distintas y requieren un trato discriminatorio. Es la percepción de posición privilegiada la base que permite su ordeña. Si sindicatos, proveedores, clientes, comunidades y, sobre todo, la clase política piensan que son empresas con recursos infinitos, el incentivo para ordeñarlas es imparable. Además, al pedirles a Pemex y CFE hacer todo se asegura que tendrán, irremediablemente, pérdidas en áreas en que no son competitivas. Ambas pueden ser exitosas y colaborar poderosamente a las finanzas públicas, pero sólo si son competitivas y viables en el largo plazo.
En los últimos dos años el panorama energético ha cambiado radicalmente, por tres razones: una, la explosión de la inteligencia artificial (IA) que implica mucha mayor demanda de energía competitiva, abundante y limpia. México es ya un jugador muy importante en la provisión de insumos de alta tecnología clave para la construcción de centros de datos en Estados Unidos (lo que explica el importante repunte de las exportaciones en 2025 y lo que va de 2026), y cometería un grave error de no participar en la revolución de la IA al carecer de fuentes de energía. Dos, la guerra en el golfo Pérsico, independientemente de cómo termine, ya modificó la evaluación de riesgo para la inversión en gas natural, etano, petroquímica y química en esa región. América del Norte tiene el gas más económico del mundo y sería candidata para diversificar el riesgo geopolítico del Pérsico. El papel de México podría ser clave. Finalmente, tres, la política comercial de Estados Unidos ahora genera un poderoso incentivo para el cumplimiento con las reglas de origen del T-MEC que requieren de aceros, aluminio, metales refinados, vidrio, fibra de vidrio, químicos, petroquímicos, fibras sintéticas de la región. Todos estos insumos son intensivos en energía, muchos se podrían producir en el sur de México.
La revisión del T-MEC es una buena ocasión para esta reflexión energética. La imperiosa necesidad para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo, también.
Los tratados internacionales siempre plantean el dilema sobre cómo hacerlos obligatorios de manera efectiva. La realidad es que son exitosos en el largo plazo sólo si las Partes ven un beneficio tangible en el cumplimiento. Estados Unidos terminará eximiendo a Canadá y a México de todos o casi todos los aranceles de bienes originarios, no tanto por el escrúpulo de cumplir, este gobierno no lo tiene, ni por la amenaza de represalias, en algún momento se deben considerar, sino porque es lo que conviene a su sector productivo y consumidores. No lo hará en sectores con suficiente fuerza político-electoral para ir en contra de los intereses de todos; acero, por ejemplo.
Propiciar altos niveles de inversión en el mercado de energía sólo es viable si hay una convicción sobre su conveniencia. Si se hace sólo como estrategia de aparente cumplimiento, no funcionará. Al final se debe sopesar el interés de todos sobre el de algunos que, por razones disfrazadas de ideología, abogan por no hacerlo.
La misma línea argumental vale en materia del tratado de extradición y en seguridad.
Ver lista en este sentido de testimonios sobre el proceso de revisión del T-MEC ante el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-fernando-de-la-calle/cumplimiento-con-obligaciones-internacionales-y-relacion-con-estados-unidos/
Horacio Saavedra
