/ Estados Unidos retiró oficialmente de su lista de patrocinadores de terrorismo a Siria. La decisión anuló severas sanciones económicas contra Damasco y marca un acercamiento entre ambos países. La Dra. Aribel contreras analiza esta situación.
/ Un gobernador pidió licencia después de ser acusado en Estados Unidos de proteger al narcotráfico. Tres meses después volvió a su despacho. Duró apenas 33 horas. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su regreso no era pertinente y sostuvo que debía permanecer separado del cargo. Su postura fue firme y, sobre todo, correcta: ante una acusación de esta gravedad, proteger a las instituciones debe estar por encima de cualquier interés personal o partidista.
/ La certeza jurídica se confunde a menudo con la inmutabilidad de las normas. Las normas cambian siempre, y un sistema que no admitiera cambio sería inservible.
Lo que la certeza supone es algo más modesto y difícil: que una empresa pueda anticipar, con un margen razonable de error, las consecuencias jurídicas de una decisión que toma hoy y que producirá efectos durante los próximos diez años. Ese margen es lo que permite comprometer capital.
En los últimos seis meses ocurrió en Estados Unidos una secuencia que muestra con inusual claridad dónde reside ese margen. El 20 de febrero de 2026, por seis votos contra tres, la Suprema Corte resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no faculta al presidente para imponer aranceles. La facultad de establecer derechos y contribuciones corresponde al Congreso conforme al artículo I de la Constitución, y regular la importación no equivale a gravarla. Cayeron con ello los aranceles recíprocos y los vinculados al combate al tráfico de estupefacientes.
La voluntad política no cambió ese día. Cambió el cauce. Esa misma fecha se emitió una proclamación con fundamento en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que impuso un recargo temporal del 10% sobre la mayoría de las importaciones, vigente desde el 24 de febrero. La Sección 122 tiene un límite estricto: 150 días, y su prórroga exige un acto del Congreso. El plazo se cumplió el 24 de julio y la autoridad expiró. Ese mismo día entró un arancel del 10% con fundamento distinto —la Sección 301, en la vertiente de trabajo forzoso—, que mantuvo la exención para los productos que cumplen el T-MEC. La misma tasa, tres fundamentos jurídicos en cinco meses.
De ahí se desprende algo que conviene retener. La voluntad política fija el objetivo. El cauce jurídico disponible determina el alcance, el plazo y el procedimiento con que puede alcanzarse. Cada vía trae consigo sus propios requisitos: determinaciones administrativas, audiencias públicas, límites temporales, posibilidad de revisión judicial. Para una empresa, la diferencia entre un arancel que expira por ministerio de ley y uno que subsiste mientras una investigación permanezca abierta no es una sutileza académica. Es la variable que decide si conviene absorber un costo o rediseñar una cadena de suministro.
El T-MEC se lee mejor desde esa misma clave. El 1 de julio de 2026 la Comisión de Libre Comercio se reunió para cumplir con el artículo 34.7. México y Canadá confirmaron su intención de extender el acuerdo por dieciséis años más; Estados Unidos no lo hizo. Al faltar la confirmación unánime se activó el régimen de revisiones anuales previsto en el propio texto, que puede prolongarse hasta 2036. El tratado sigue plenamente vigente y todas sus disposiciones conservan eficacia. Lo que se acortó fue el horizonte: de dieciséis años a doce meses renovables.
Conviene distinguir dos planos que la conversación pública mezcla. El tratado gobierna el acceso preferencial. Los gravámenes que hoy pesan sobre las empresas mexicanas —acero, aluminio y sector automotriz bajo la Sección 232; trabajo forzoso y la determinación pendiente sobre sobrecapacidad manufacturera bajo la Sección 301— provienen del derecho interno estadounidense. México los ha planteado en la mesa bilateral y la cuarta ronda está prevista para septiembre, de modo que se negocian junto con el tratado. Pero su modificación depende de una decisión unilateral tomada por un cauce con procedimiento propio, no del cumplimiento de una obligación convencional. Negociar el tratado y negociar esas medidas no son la misma operación, aunque ocurran en la misma sala.
Para las empresas esto se traduce en tareas concretas. Según la Secretaría de Economía, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas entra a Estados Unidos sin arancel cuando cumple las reglas de origen; Moody’s estima que cerca del 80% de las importaciones estadounidenses provenientes de México y Canadá satisface las disposiciones del acuerdo. Esas cifras describen el acceso. No describen la estabilidad. Lo que se modificó es la intensidad de la verificación, y el origen debe poder acreditarse en cualquier momento: trazabilidad de insumos, certificados de proveedores de segundo y tercer nivel, registros capaces de resistir una auditoría practicada años después de la operación.
En el plano contractual, la mayoría de los instrumentos plurianuales se redactó bajo el supuesto de un marco estable y guarda silencio sobre quién absorbe un arancel impuesto con posterioridad a la firma. Ese silencio se resuelve en litigio, y llega cuando la evidencia documental ya no puede construirse. Las cláusulas que hoy importan son las de ajuste por medidas gubernamentales sobrevenidas, revisión de precio con umbrales definidos y no discrecionales, obligaciones de información y auditoría hacia la proveeduría, y una elección de foro coherente con el lugar donde el conflicto se producirá.
Queda una franja que ningún contrato repara. Moody’s anticipa que el tratado sobrevivirá acompañado de entendimientos bilaterales paralelos y concesiones sectoriales, y advierte que la incertidumbre prolongada modera el gasto de capital aun cuando algunos aranceles desaparezcan más tarde. La inversión en México muestra debilidad desde 2024. Ninguna cláusula corrige una decisión que simplemente no se toma.
El trabajo jurídico se ha desplazado en consecuencia a una consejería estratégica multidisciplinaria. Durante buena parte de las últimas tres décadas, asesorar en comercio exterior consistió en interpretar correctamente un marco que se daba por estable. Hoy, ya no basta una asesoría en comercio exterior sino consejería estratégica en desarrollo y protección de negocios desde un enfoque jurídico. Consiste en identificar, para cada medida, por qué cauce se dictó, qué límites trae ese cauce y qué puede construirse dentro de él. Por tanto, la certeza jurídica dejó de ser algo que se recibe: se produce, con método y con anticipación, o no existe.
Donald Trump viajará hoy a Houston, Texas, para participar en un evento de recaudación de fondos a favor de la campaña de Ken Paxton, candidato republicano al Senado, cuyo rival James Talarico (D) encabeza varias de las encuestas de fechas recientes. Además, el demócrata ha logrado recaudar más donativos que Paxton. Sobre el tema, nota de USA Today.
Con base en una declaración de emergencia nacional, Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir la importación e instalación de cierto tipo de equipo y software de origen extranjero para su uso en la red eléctrica de Estados Unidos. De este modo, por motivos de seguridad nacional, la orden tiene como propósito reducir la vulnerabilidad de dicha red. Sobre el tema, nota informativa de la Casa Blanca y cobertura en Reuters y Energy News Beat.
El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron la incautación de dos dominios de plataformas operadas por hackers vinculados con China que tenían como objetivo afectar a infraestructura crítica y a redes sensibles de Estados Unidos. Como parte de estas acciones malignas de ciberespionaje, los hackers lograron infiltrar en varias agencias federales, como la NASA, la Reserva Federal, los Departamentos de Energía, Justicia y Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud y el Senado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó estas acusaciones. Al respecto, notas de CNN y Politico.
Los gobiernos demócratas de 23 entidades federativas y del Distrito de Columbia presentaron una nueva demanda ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts a fin pedir que queden sin efecto las disposiciones del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) recientemente aprobadas para implementar la orden ejecutiva de Donald Trump que pretende imponer limitaciones al voto postal para las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Sobre el tema, notas de USA Today, The Hill, Reuters y Axios.
Donald Trump declaró a Al Jazeera que no tiene prisa por regresar a la mesa de negociaciones con Irán. Desde su perspectiva, Estados Unidos está ganando en el conflicto con ese país que mañana llegará a su sexto mes. Consideró que tanto las medidas económicas como los ataques militares son igual de efectivos.
Politico y WSJ informaron que la visita que hizo John Ratcliffe, director de la CIA, a Moscú el martes fue para advertir a Rusia que no debe lanzar un ataque a países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). De acuerdo con varios reportes de inteligencia, Rusia tiene la intención de llevar a cabo un ataque limitado en contra de algún país de la OTAN, en particular a los que dan apoyo militar a Ucrania, para poner a prueba a la alianza. Adicionalmente, en sus reuniones en el Kremlin, Ratcliffe también planteó que Rusia debe reducir su apoyo económico y militar a Irán.
Estados Unidos extendió sus condolencias a las víctimas de las inundaciones y el desplazamiento de tierra en el distrito de Raswuna en Nepal. El Departamento de Estado (DoS) envió un asesor para respuesta a desastres, ofreció ayuda humanitaria por un monto de $500 mil dólares y brindó apoyo consular a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la zona. De acuerdo con los reportes actualizados, hay al menos 65 estadounidenses entre las personas desaparecidas; al respecto, nota de CBS News.
El DoS anunció que impuso sanciones en contra del grupo italiano Autistici/Inventati (A/I Collective) como parte de su campaña para combatir a las redes transnacionales terroristas de extrema izquierda. Al dar a conocer la información, indicó que AI/Collective proporciona la infraestructura digital a las células de activistas de Antifa y otras organizaciones izquierdistas en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Como consecuencia, quedaron bloqueados los intereses y las propiedades en Estados Unidos de las personas sancionadas.
Como parte de la revisión que hace el Departamento de Estado de los casos de extranjeros que ingresan a Estados Unidos con visas de turismo y negocios y solicitan asilo, ayer se informó sobre lo que ocurre con algunos portadores de las de categoría diplomática y oficial. De acuerdo con el análisis, hay extranjeros que ingresan a Estados Unidos con ese tipo de visas respaldadas por una petición oficial de sus respectivos gobiernos y una vez que están en territorio estadounidense solicitan asilo por temor de persecución de sus propias autoridades. Sin identificar a los países, en un caso, 420 portadores de visas diplomáticas y oficiales pidieron asilo y en otros dos, lo hicieron más de 200.
Alfred Bennett, juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, ordenó la liberación de David Tirado Pantoja, testigo de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en manos de agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Tirado Pantoja, quien se encontraba en la camioneta en la que ocurrieron los hechos en julio en Houston, fue detenido por ser migrante indocumentado. Bennett indicó además que no puede ser arrestado nuevamente a menos de que se compruebe ante un juez de inmigración que es un peligro para la comunidad. La muerte de Salgado Araujo, uno de 17 mexicanos indocumentados que han perdido la vida en centros de detención o en operativos de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ha recibido la atención prioritaria del gobierno de México. Sobre el tema, notas de Texas Tribune y The Hill.
A pregunta expresa sobre un posible encuentro con Donald Trump, Claudia Sheinbaum comentó que se llevará a cabo cuando “se llegue a un acuerdo” entre ambas partes. Dijo que habla con frecuencia con él pues a la fecha ha sostenido 21 conversaciones telefónicas. Se refirió a la comunicación permanente entre sus equipos. A manera de ejemplo, mencionó que tanto Marcelo Ebrard como Roberto Velasco se encontraban ayer en Washington, DC para abordar con sus respectivas contrapartes temas comerciales, políticos y de seguridad. Por otra parte, en virtud de que la cumbre de líderes del G-20 se llevará a cabo en diciembre de este año en Miami, Florida, comentó que todavía no decide si asistirá a dicho evento.
Roberto Velasco sostuvo ayer una reunión con Marco Rubio en la sede del Departamento de Estado que estuvo precedida de un saludo sin declaraciones ni preguntas de medios. Al término del encuentro cada parte emitió su respectivo comunicado en el cual identifican con énfasis específico algunos de los temas conversados. Si bien los dos textos se refieren a la cooperación en prioridades compartidas, en particular en materia de seguridad y migración, el de la SRE resalta el combate al tráfico de armas y el “respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.” Por su parte, el del Departamento de Estado pide “acciones decisivas” para poner un alto a la migración indocumentada y al tráfico de fentanilo. En el primer caso, se habla del combate a la delincuencia organizada transnacional y en el segundo, del desmantelamiento de las organizaciones terroristas extranjeras. Velasco también sostuvo encuentros con Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, y Troy Edgar, subsecretario de Seguridad Interna, a quien transmitió la importancia que le otorga México a “la atención de los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas” en centros de detención y operativos de migración. Al término de su visita, Velasco no ofreció declaraciones a la prensa.
Al concluir sus actividades en Washington, DC, Marcelo Ebrard viajó a Phoenix, Arizona. Entre otras actividades, firmó un convenio de cooperación en materia de inversión, innovación, desarrollo tecnológico y formación de talento entre la Secretaría de Economía y la Universidad Estatal de Arizona.
Como parte de su compromiso para combatir a las organizaciones delictivas, el Departamento de Justicia dio a conocer las acusaciones en contra de los hermanos Ramón (“R1”) y Rafael Álvarez Ayala (“R2”), líderes regionales del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y posesión de armas de fuego. En su caso, el “R1” se encuentra detenido en México por su presunta responsabilidad en la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el año pasado. El CJNG es considerado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.
/ La ruptura de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y el evidente distanciamiento político entre los dos vecinos pueden tener consecuencias mayores que las aparentes.
Porque el problema va más allá del intercambio de bienes y servicios y golpea la confianza mutua en las relaciones entre los dos países anglosajones del continente americano.
/ Morena es una vergüenza nacional. Prometió un sistema de justicia que, a leguas, rápidamente demostró que sería un vil instrumento de politización de la justicia (lawfare).
Aplica una justicia lenta, cautelosa y extraordinariamente comprensiva cuando el señalado pertenece a su movimiento. Otra, rápida, implacable y espectacular cuando el acusado está enfrente.
/ Destaca que estamos ante una nueva era de neoproteccionismo en Estados Unidos, a la que Canadá se está enfrentando al poner sobre la mesa la defensa de su identidad y su cultura. Esta nueva ola comercial entre Estados Unidos y Canadá ha llevado a una respuesta canadiense frente a una guerra arancelaria que comienza a vulnerar aspectos que ya no son negociables.
/ Hay realidades que deberían estremecernos hasta obligarnos a actuar. Los recientes casos de niñas embarazadas en Chiapas y Tamaulipas son una expresión brutal de la violencia sexual que sigue arrebatando la infancia, el cuerpo y el futuro de miles de niñas en México; por eso representa una emergencia de salud pública y derechos humanos.
