Alejandro Ramos Cardoso
/ La desinformación no es un fenómeno nuevo. Lo que ha cambiado radicalmente es su escala. Las plataformas digitales han multiplicado el alcance, la velocidad y la precisión con que actores estatales y no estatales intentan manipular la opinión pública. En un entorno informativo marcado por la erosión de la confianza en los medios de comunicación tradicionales, cambios en los patrones de consumo de noticias y una sobrecarga informativa que dificulta discernir entre información genuina y falsa, el terreno para el engaño y la manipulación es particularmente fértil.
La inteligencia artificial (IA) y su uso malicioso añaden una nueva dimensión. La capacidad de producir, en cuestión de segundos y a costos mínimos, textos, imágenes, audios y videos de creciente sofisticación permite generar contenidos engañosos hechos a la medida, y a una escala hasta hace poco inconcebible. La IA generativa ha reducido drásticamente las barreras de acceso a capacidades que antaño requerían recursos técnicos, financieros y humanos considerables.
El reto, por tanto, no es solo combatir la desinformación, sino además preservar las condiciones que permitan distinguir entre información fidedigna y contenido fabricado, sin que ello socave la libertad de expresión. Esto obliga a preguntarse cómo podemos gobernar una tecnología cuyo desarrollo avanza más rápido que nuestra capacidad de acción colectiva.
Ante este fenómeno, la respuesta internacional comienza a tomar forma: la UNESCO, la ONU, la OCDE, y foros multilaterales como el G7 y el G20, entre otros, han avanzado en principios y marcos orientados a conciliar innovación, derechos humanos, democracia y uso responsable y ético de las tecnologías emergentes. Pero ello dista mucho aún de una gobernanza efectiva.
Entre los desafíos que enfrenta la gobernanza de la IA están la fragmentación regulatoria y la disparidad de enfoques: desde el modelo europeo, basado en riesgos y más restrictivo, hasta el estadunidense, más flexible y orientado al mercado; el avance tecnológico, que supera la capacidad regulatoria de los gobiernos; la brecha digital, que afecta sobre todo a las economías en desarrollo y genera nuevas dependencias tecnológicas, y la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización. Otro reto es garantizar una participación sustantiva del “Sur global” en la definición de las reglas de gobernanza. A ello se suma una de las asignaturas pendientes más sensibles: regular el uso de IA en la industria militar.
Avanzar requerirá, por tanto, algo más que reproducir declaraciones de buenas intenciones. Se necesitan mecanismos de cooperación que faciliten la armonización regulatoria; refuercen la transparencia y trazabilidad de los contenidos creados con IA; definan responsabilidades para el desarrollo y uso de esta tecnología, y reduzcan las brechas de capacidades. En suma, se trata de construir marcos que minimicen los riesgos y los efectos perniciosos de la IA y que, a la vez, garanticen el respeto a la dignidad humana, la inclusión y la protección de los derechos humanos.
Ante el cambio constante y vertiginoso que supone la revolución tecnológica, gobernar la IA exige lidiar con la incertidumbre sin que esta se traduzca en parálisis: construir como si la arena fuese piedra. Gobernar la IA antes de que sus efectos terminen por gobernar nuestras sociedades es quizá el gran desafío político y democrático de nuestra era.
Alejandro Ramos Cardoso
