Luis Rubio
/ Los sucesos del pasado fin de semana mostraron la enorme capacidad del crimen organizado de incendiar al país, demoliendo con ello toda noción de que no es del gobierno la responsabilidad de mantener la paz y garantizar la seguridad de la población. También demostró que el crimen organizado amenaza no sólo al ciudadano común y corriente, sino al propio Estado mexicano, terminando con ello la idea de que se puede abrazar a los criminales como estrategia de gobierno.
No hay como la
Luis Rubio
/ Los sucesos del pasado fin de semana mostraron la enorme capacidad del crimen organizado de incendiar al país, demoliendo con ello toda noción de que no es del gobierno la responsabilidad de mantener la paz y garantizar la seguridad de la población. También demostró que el crimen organizado amenaza no sólo al ciudadano común y corriente, sino al propio Estado mexicano, terminando con ello la idea de que se puede abrazar a los criminales como estrategia de gobierno.
No hay como la realidad para destruir toda una visión del mundo. Por décadas, dos paradigmas dominaron la forma de concebir la función del gobierno en materia de seguridad. La más antigua (y efectiva por algún tiempo) fue la de que se podía negociar con el narco, pero se olvida que eso ocurría bajo circunstancias que no tienen vigencia en la actualidad. En aquella época, el gobierno mexicano era sumamente poderoso y podía imponerle reglas y condiciones a los traficantes de droga, mayoritariamente colombianos, cuyo objetivo era llegar al mercado americano. Hoy en día, el gobierno padece de una extraordinaria debilidad, no tiene instrumentos para lidiar con organizaciones criminales que son mexicanas y que se han diversificado hacia toda clase de negocios ilegales, comenzando por el de la extorsión, seguida de trata de personas, robo de mercancías y otras actividades delincuenciales. La noción de que el gobierno de las últimas décadas podría negociar con similar capacidad de control con esas organizaciones es mera fantasía.
El otro paradigma, inventado en el sexenio pasado, es que el problema de la actividad criminal surge de la pobreza, por lo que lo que se requiere es abrazar a los narcos y subsidiar a sus potenciales reclutas, los jóvenes, para convencerlos de no sumarse a ese tipo de actividades. Paradójico que la condición para esos subsidios sea la de no estudiar ni trabajar, lo que por de facto constituye un incentivo para sumarse a las filas del crimen organizado, lo cual contribuye a pensar que hay mar de fondo en este esquema. Hoy es evidente que las organizaciones criminarles vieron la estrategia de los abrazos y no balazos como una oportunidad para crecer y afianzarse en cada vez más espacios del territorio nacional para extorsionar y abusar de una población temerosa y abandonada por quien tiene la responsabilidad -y obligación- de protegerla.
El gobierno enfrenta un dilema muy grande en la forma de combatir al crimen organizado. La semana pasada todos fuimos testigos de los dos lados de la moneda: por un lado, la decisión, que debe ser aplaudida, de confrontar a quien atosiga a la población y la amenaza de manera sistemática con su demanda de “cobro de piso,” extorsión pura y dura. Por el otro lado, fue flagrante la capacidad destructiva de la organización cuyo líder fue eliminado, pero destapando con ello la lucha por la sucesión, todo ello por medio de la violencia. El dilema no es si confrontar o no, sino cómo atenuar los costos de hacerlo.
En un país serio, donde existe una amplia capacidad policiaca y judicial, el gobierno se aboca, primero que nada, a prevenir el crimen, con lo cual se evita el dilema que México enfrenta. Sólo una construcción sólida y sistemática de capacidad en estos ámbitos permitiría combatir al crimen organizado hasta derrotarlo, sin desatar el tipo de violencia que ha existido y que se magnificó en esta ocasión. Además, cuando existe capacidad policiaca, que es muy distinta a la militar, el gobierno podría desarticular a toda una organización sin generar una lucha por la sucesión, como ha ocurrido tantas veces en México y que fue flagrante la semana pasada.
Eliminado el líder, toda la organización se movilizó evidenciando no sólo su presencia en todo el territorio, sino manifestándose de manera cabal -y claramente direccionada- al destruir casi exclusivamente a empresas e instalaciones que se han distinguido por no pagar extorsión. No sobra decir que aquí se conjuntan los intereses del gobierno y de esas empresas porque ambas tienen, o deberían tener, el mismo objetivo de mantener la paz, servir a la ciudadanía y clientes, respectivamente, para el bien de la comunidad en general. No es obvio que esto se entienda en el gobierno porque no hay razón para concebir que la paz y la seguridad ciudadanas sean objetivos ajenos al interés y objetivo gubernamental.
México ha padecido la violencia que surge del crimen organizado desde hace décadas, pero nunca como ahora. No cabe ni la menor duda que la demanda de estupefacientes en el norte constituye un factor central del fenómeno, pero lo que se evidenció la semana pasada, por si el ejemplo faltara, es que la criminalidad es cada vez más mexicana y menos relacionada con el narcotráfico. Este sólo hecho elimina cualquier posibilidad de culpar a otros de los problemas nacionales y coloca la responsabilidad entera de la seguridad sobre el gobierno.
Max Weber decía que al Estado corresponde el monopolio legítimo del ejercido de la violencia. La semana pasada resultó claro que el crimen organizado es quien tiene control de la violencia, dejando en duda, una vez más, quién es el verdadero Estado. Por ello, la medida del éxito es muy simple: cuando el crimen organizado deje de amenazar e intimidar a la ciudadanía.
