Toda política exterior es reactiva porque responde a estímulos coyunturales que consideran la situación internacional y su impacto en el ámbito interno del país que la despliega. Hay, sin embargo, una diferencia sustantiva entre las pocas que tienen visión estratégica y las muchas que buscan el mejor acomodo posible en un ambiente voluble. Las primeras son propias de naciones hegemónicas, cuya influencia va de la mano de su capacidad para ejercer el poder de manera incontestable. Las segundas son las políticas exteriores de muchos países de la periferia, que están sujetos a los vaivenes del orden (desorden) global y operan a partir de convenciones no siempre claras, pero que garantizan a las potencias la estabilidad relativa del sistema de paz y seguridad concebido en 1945. En ambos casos y para sobrevivir, los Estados despliegan habilidades diplomáticas propias, en un entramado cada vez más rígido, donde la autoayuda es crucial para preservar un mínimo de soberanía y avanzar intereses nacionales.
El 3 de noviembre estarán en juego en Estados Unidos a nivel federal los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 en el Senado. El martes de esta semana concluyó en Delaware el ciclo de las elecciones primarias. Ayer comenzaron las votaciones anticipadas en Dakota del Sur y Minnesota. A 45 días de las elecciones de medio mandato, algunas entidades ya han enviado las boletas para los votantes que emitirán su sufragio por correo.
El proceso electoral ya está en pleno curso, a pesar de los intentos de Donald Trump de restringir la modalidad del voto postal. Esta semana la Suprema Corte emitió un fallo que dejó sin efecto las disposiciones del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para implementar la orden ejecutiva que proponía limitar el voto por correo. La decisión del tribunal máximo, que desató la furia del presidente, se suma a un panorama que no le es favorable a Trump y al Partido Republicano.
Son altas las posibilidades de que en la segunda mitad de su mandato, Trump tenga que lidiar con al menos una de las dos cámaras en manos de la oposición demócrata. De ser el caso, estará acotado para avanzar con sus iniciativas legislativas. Además, los demócratas están preparados para someter a Trump y a los miembros de su gabinete a mayor escrutinio legislativo en caso de obtener la mayoría en alguna de las dos cámaras.
Perspectivas electorales
En la convención nacional republicana que se llevó a cabo la semana pasada en Dallas, Texas, Trump definió a los inminentes comicios de medio mandato como un referéndum a su gestión. Llamó a sus seguidores revertir la tendencia histórica de derrotas del partido en poder de la Casa Blanca en las elecciones intermedias. Incluso pidió a los asistentes a la convención jurar que acudirán a las urnas y ofreció un bono de $5 mil dólares para todos los adultos estadounidenses en caso de conservar la mayoría en ambas cámaras.
Las perspectivas para el Partido Republicano no son muy favorables. De entrada, si las elecciones son un referéndum de Trump, no ayuda que el nivel de aprobación de su gestión ha registrado desde hace semanas niveles inferiores a 40%. En el promedio de NYT y de Silver Bulletin, la cifra a esta fecha es de 38% y 38.5%, respectivamente. La inflación, el alto precio de los combustibles y la impopularidad de la guerra en contra de Irán tampoco juegan a favor de Trump.
Por ello, de manera sistemática, en las encuestas en las que se pregunta a los participantes su preferencia genérica para las elecciones legislativas, los demócratas aventajan a los republicanos. En las 10 encuestas más recientes compiladas por NYT sobre el voto genérico, el Partido Demócrata está por arriba del Republicano por al menos 4%.
De acuerdo con diversos modelos, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata aventaja al Republicano. A manera de ejemplo, 270toWin anticipa que los demócratas están al frente en 214 distritos y los republicanos en 201, por lo que la mayoría se definirá en los 20 restantes. En el caso de The Center for Politics, las cifras son 210 D, 203 R y 22 muy competidos. Diversos ejercicios prospectivos anticipan un triunfo demócrata, aunque varía el margen con el que aventajarían a los republicanos. Vote Predictor concede a los demócratas 64% de posibilidades para controlar la cámara baja con 221 asientos como mayoría.
En el Senado, la competencia está más reñida, pues el margen de ventaja de los republicanos se ha reducido. Vote Predictor otorga a los republicanos 67% de posibilidades de mantener la mayoría frente a 33% para los demócratas; sin embargo, a manera de contraste, esa relación a mediados de enero era 98% vs 2%. De los 35 asientos en juego, 270toWin considera que en al menos 6 (Alaska, actualmente R; Iowa, R; Maine, R; Michigan, D; Ohio, R; y Texas, R), habrá una competencia muy intensa y serán los que determinen la mayoría en el Senado. La contienda también será interesante en Carolina del Norte (ahora R), Georgia (D) y Nueva Hampshire (D) y podría haber una sorpresa en Kansas (R).
Trump, entre actos de campaña y advertencias sobre la vulnerabilidad electoral
Después del llamado desde Dallas, Texas al referéndum a su mandato el 3 de noviembre, Trump viajó a Gastonia, Carolina del Norte a media semana para participar en un acto de apoyo a la candidatura a Michael Whatley al Senado. En las próximas semanas participará en distintos eventos de campaña a lo largo del país.
A lo largo del año, Trump ha advertido en numerosas ocasiones sobre las vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense. El 16 de julio, en un mensaje transmitido desde la Casa Blanca, reveló que se han registrado casos de fraude en comicios previos que han sido encubiertos. Incluso advirtió que en algunos listados de electores están incluidos alrededor de 225 mil ciudadanos extranjeros. También compartió su preocupación sobre la confiabilidad de los aparatos estatales que contabilizan los votos y de la infraestructura electoral del país. Anunció además la apertura de un portal de la Casa Blanca que contiene documentos sobre la integridad de los procesos electorales. Hizo un llamado para que el Senado aprobara antes de los comicios intermedios la ley Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America), que contiene importantes modificaciones a las disposiciones electorales vigentes. En general, los observadores consideraron que el presidente no proporcionó en esa ocasión evidencia nueva para sustentar sus argumentos.
A pesar de su insistencia en la aprobación de la ley SAVE America, Trump no ha logrado que el liderazgo republicano del Senado la ponga a consideración del Pleno por no contar con suficiente apoyo para que avance con una mayoría calificada de 60 votos. En más de una ocasión, ha evidenciado su malestar por el estancamiento de esta iniciativa que propone criterios más estrictos para el registro de votantes y limita las justificaciones para emitir el voto postal. Con respecto a este último tema, el intento para restringir el sufragio por correo por la vía de una orden ejecutiva se vio frustrado por la decisión de la Suprema Corte de esta semana que bloqueó las nuevas reglas del Sistema Postal de Estados Unidos.
Sin duda, en caso de que los resultados le resulten adversos el 3 de noviembre, Trump recurrirá a la narrativa del fraude electoral, como ya lo hizo después de las elecciones presidenciales de 2020 y que llevó al llamado a sus seguidores a la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Su discurso del 16 de julio, sus argumentos para insistir en la aprobación de la ley SAVE America y su denuncia en contra del voto postal contienen los elementos para cuestionar el proceso electoral. Los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interna están preparados para apoyar los posibles reclamos de Trump sobre la vulnerabilidad de la infraestructura electoral y la participación de extranjeros en los comicios.
¿Hacia un “gobierno dividido”?
En caso de que el resultado de los comicios del 3 de noviembre le sea adverso a Trump, no se descarta una crisis postelectoral que incluso podría generar una parálisis institucional hasta que las cortes intervengan para resolverla. De mantener la mayoría en ambas cámaras, podrá continuar con la implementación de sus proyectos en la segunda mitad de su mandato. Sin embargo, de continuar las actuales tendencias, un escenario muy probable es el de un gobierno dividido con al menos una de las cámaras en manos de los demócratas. La oposición intentará aprovechar la coyuntura para constituirse en un contrapeso. Trump también ha hecho su parte para generar las condiciones adversas para su partido con una guerra impopular, una inflación que afecta al bolsillo del electorado y precios elevados de los combustibles.
/ En unos días más se cumplirán tres años del fatídico ataque de Hamás contra Israel y del inicio de una desproporcionada respuesta por parte de Tel Aviv contra la población civil palestina tanto en Gaza como en Cisjordania, investigada por la Corte Internacional de Justicia como presunto genocidio. En marzo, si la situación sigue su curso, en un mundo que resulta cada vez más imprevisible, la guerra iniciada por Rusia tras la invasión a Ucrania de 2022 entrará en su sexto año y el conflicto civil sudanés, en el que están involucrados muchos más países de los que públicamente se reconoce, cumplirá casi un lustro de devastar a la nación africana y de llevar a su población al borde de la inanición.
Un escenario de constante confrontación que se replica en otros rincones del orbe y en el cual tanto el derecho internacional como las convenciones y normas que lo rigen son cada vez más vulnerados, sin que medie nada, hasta el momento, para evitarlo. Las consecuencias de esta barbarie legal son múltiples y afectan a todos por igual, de Estados grandes y poderosos a naciones pequeñas e indefensas. El incumplimiento de las convenciones y normas internacionales que con tanto esfuerzo tejió la diplomacia al final de las guerras mundiales del siglo pasado para garantizar un futuro de paz y convivencia, amenazan el presente de toda la humanidad, incluido nuestro patrimonio compartido.
La Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece que “la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo” y requiere de protección internacional, pues su daño implica un menoscabo para toda la humanidad. Un menoscabo que, sin embargo, en fecha reciente, atestiguamos en todos los frentes con impotencia: los budas del siglo V labrados sobre las montañas afganas de Bamiyán, el puente medieval construido por los otomanos en Mostar, los tesoros arqueológicos de la antigua Palmira romana, la ciudad fenicia de Tiro, el enramado de callejuelas del centro histórico de Mosul, el palacio persa de Golestán, las milenarias oliveras de las colinas y valles jerosolimitanos. La vulnerabilidad del Patrimonio Mundial es más evidente que nunca en la historia contemporánea, y frente a ello en América Latina no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados.
El pasado mes de julio en la ciudad surcoreana de Busan en ocasión de la 48ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO se adoptó la decisión de incorporar a la lista del Patrimonio Mundial la red de castillos del Monte Amel en el sur del Líbano y el sitio arqueológico de Sebastia-Samaria en la provincia palestina de Naplusa, siguiendo el protocolo de emergencia de la organización establecido para casos como los del Líbano, Ucrania y Palestina, el cual permite la incorporación de forma inmediata a la lista de sitios patrimoniales amenazados por conflictos bélicos, a fin de blindar su protección internacional.
Como el país del continente americano con mayor número de sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, México posee una posición privilegiada para erigirse como paladín del sistema legal que a través de las Convenciones en la materia aboga por la inalienabilidad de sitios patrimoniales durante los conflictos armados. Como países fundacionales de la UNESCO, el resto de las naciones latinoamericanas deben jugar un papel en la protección del orden jurídico de la organización y en la lucha contra la impunidad de los Estados que la vulneran. Frente a la elección del próximo o la próxima Secretario o Secretaria General de Naciones Unidas es más necesario que nunca que alcemos la voz para preservar el sistema que dio vida a la organización y que se erige como la única y más efectiva barrera frente a la barbarie.
Al confrontar a Canadá, Trump escoge la batalla incorrecta; amenazas no son creíbles
Si se hiciera un análisis objetivo de cuál es el país más confiable del mundo, Canadá estaría en la parte más alta de la lista. Estados Unidos (en los tumultuosos días de Donald Trump) mucho más abajo. Suena un tanto risible que su presidente sostenga que las negociaciones con su socio del norte fracasaron porque los canadienses no son confiables para negociar. En sus propias palabras, escribió en redes ayer: “they are among the worst Nations in the World to deal with. They feel entitled, and yet, WE DON’T NEED CANADA, THEY NEED US!” (Son una de las peores naciones en el mundo con quien negociar. Sienten que tienen derechos y, sin embargo, NO NECESITAMOS A CANADÁ, ¡ELLOS NOS NECESITAN!)
Esta reacción visceral de la Casa Blanca y la amenaza de nuevos aranceles de 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero a partir de enero 2027 responde al reciente fracaso de las negociaciones para lograr un acuerdo que disminuyere aranceles que Estados Unidos ha impuesto ilegalmente y para los que Canadá ha respondido, de manera muy parcial y modesta, con aranceles compensatorios a las exportaciones estadounidenses.
Merece la pena recordar la cronología para tratar de dilucidar en qué puede terminar todo esto. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez en 2017 encontró tres obstáculos legales para imponer sus amados aranceles: uno, son un impuesto y por lo tanto requieren de autorización del Congreso en iniciativas que surjan de la Cámara de Representantes. Dos, Estados Unidos tiene aranceles consolidados cercanos a tres por ciento promedio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aplicados de casi el mismo nivel, por lo que los aranceles no pueden incrementarse sin violar compromisos multilaterales (ver propuesta de reforma a la OMC para superar este problema). Tres, para ciertos países, sobre todo Canadá y México, Estados Unidos está comprometido a cobrar cero aranceles para todos los productos que cumplan con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) primero y luego del Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC).
Peter Navarro, su asesor comercial, le explicó que la única manera de hacerlo era apelar a las excepciones de seguridad nacional que contemplan la ley de Estados Unidos y todos sus tratados. La excepción de seguridad nacional fue diseñada para que los países pudieren desviarse de sus compromisos internacionales en casos de emergencia nacional, de guerra, ataques nucleares y eventos similares. Abusar de esta excepción la pervierte.
Trump utilizó la sección 232 de su legislación comercial para imponer aranceles en acero y aluminio, en 2018. México y Canadá interpretaron, correctamente, que los aranceles de seguridad nacional eran una salvaguardia disfrazada, basados en múltiples declaraciones de Trump que los justificaban en términos de empleo e inversión y en el testimonio del Departamento de Defensa de que el acero y aluminio comerciados con México y Canadá (y algunos otros países) no representaban un riesgo de seguridad nacional al ser países amigos y confiables. Con base en el capítulo ocho del TLCAN, México y Canadá impusieron aranceles contra exportaciones de Estados Unidos para compensar la pérdida de acceso. La compensación funcionó; en algunos meses la Casa Blanca retiró los aranceles para sus socios de América del Norte y se eliminaron también las represalias.
Poco tiempo después, se terminó la negociación del T-MEC y en ella permaneció la facultad de compensación inmediata en caso de salvaguardias, ahora en el capítulo diez.
La llegada de Trump II en 2025 fue mucho más agresiva: impuso primero aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) a todos los países, aunque las exportaciones canadienses y mexicanas quedaran exentas si cumplían con las reglas de origen del T-MEC. Posteriormente impuso aranceles de seguridad nacional sectorial bajo la sección 232 a acero y derivados, aluminio y derivados, vehículos (al contenido no estadounidense los que cumplan con la regla de origen del T-MEC), autopartes (las que cumplan con la regla de origen del T-MEC exentas), cobre y algunos derivados y madera. A diferencia de 2018, México prefirió no usar su derecho compensatorio y los dejó pasar. Canadá, por su lado, sí ejerció ese derecho de forma moderada, pero ello bastó para tensar la relación con Estados Unidos. Tanto, que el primer ministro Trudeau perdió su puesto. El resto de los países del mundo prefirió no tomar represalias a pesar de la arbitrariedad de Estados Unidos.
Trump inspiraba temor y se optó por llevar la fiesta en paz. De haberse tomado represalias generalizadas, es posible que hoy ya no hubiere aranceles, pero el hubiera no existe.
A inicios de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos mediante IEEPA. Trump los sustituyó con aranceles de diez por ciento bajo la sección 122 para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos (México y Canadá exentos si se cumplía con la regla de origen del T-MEC), que expiraron el 24 de julio sin la necesaria extensión por parte del Congreso (imposible que Trump consiguiera los votos). Ahora está en proceso de imponer nuevos aranceles bajo la sección 301 con los pretextos de falta de control de importaciones de bienes con trabajo forzado y exceso de capacidad instalada. Finalmente, Trump amenazó a Canadá con aranceles considerados en la sección 338 (que requiere mostrar discriminación contra Estados Unidos) para que se retiraran los aranceles de compensación parcial que el gobierno canadiense impuso como respuesta a algunos, pocos, de los aranceles de la sección 232.
El fracaso del fin de semana implica el cumplimiento con la amenaza de la sección 338 que se iba a desactivar de haberse acordado una reducción significativa de los aranceles bajo la sección 232. El primer ministro canadiense Mark Carney explicó que Estados Unidos demandó concesiones adicionales inaceptables sin ofrecer nada a cambio y prometió sí compensar los aranceles ahora impuestos, pero a partir del ocho de septiembre.
En este contexto, Trump acaba de volver a amenazar con aranceles de hasta 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero canadienses a partir de enero de 2027. Esta amenaza no es creíble. Las principales compañías perdedoras son estadounidenses. Por el contrario, en caso de que el conflicto con Canadá se agudice puede iniciar un proceso de fuerte oposición doméstica en contra de su política comercial. Ése sería, sin duda, el sentir del Congreso, cuyo Senado ha votado ya dos veces en contra de aranceles para con Canadá. Puede tener un impacto en las elecciones de noviembre, en el medio oeste y en los estados vecinos de Canadá.
Finalmente, y esto es lo más importante, puede orillar a las empresas de Estados Unidos a pronunciarse con mucho mayor énfasis en contra de aranceles arbitrarios y a litigar la ilegalidad no sólo de los impuestos bajo la sección 122, sino también bajo la 338 y la 301, pero, sobre todo, bajo la sección 232. Claramente la Casa Blanca ha abusado de sus facultades al usar estas secciones, invadido una esfera exclusiva del Congreso, violado compromisos internacionales y comprometido la reputación de Estados Unidos como país confiable.
Los eventos en Irán y en el estrecho de Ormuz, la errática política con respecto a Ucrania, la presión del mercado de bonos de gobierno, las elecciones en noviembre y ahora el enfrentamiento con Canadá, terminarán debilitando a Trump en el ámbito político y económico interno. De todos ellos, el menos importante es el de Canadá, pero puede volverse la gota que derrame el vaso.
Es tiempo que el Poder Judicial, el Congreso y el sector privado de Estados Unidos asuman su responsabilidad histórica. Aunque no pueden esperar a que otros países les resuelvan su problema, Mark Carney, quizá después otros más, les muestra el camino.
Lo único bueno que puede decirse de Trump es que obliga a los países a asumir sus responsabilidades: Europa a apoyar a Ucrania e invertir en defensa, México a abandonar abrazos y no balazos, Canadá a buscar ser competitiva y diversificada. Pero también obliga a sus actores domésticos a actuar; van tarde.
/ El nombre que China se da a sí misma lo dice todo: Zhongguó, “el país del medio”, el reino que durante milenios se consideró el centro del mundo civilizado, rodeado de pueblos periféricos. Durante la mayor parte del último milenio, China fue la economía más grande del planeta. Angus Maddison estimó que a principios del siglo XIX China representaba el 30 por ciento del PIB mundial, más que Europa occidental en su conjunto (The World Economy: A Millennial Perspective. París: OECD Development Centre, 2001).
Ciudad de México, marzo 11, 2026. En el marco de su 25° aniversario, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) celebró el primero de sus eventos conmemorativos con un conversatorio con excancilleres, un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y oportunidades de la política exterior mexicana en un orden cambiante.
El encuentro contó con la participación de las y los excancilleres: Bernardo Sepúlveda, José Ángel Gurría, Jorge Castañeda, Patricia Espinosa (en línea) y Claudia Ruiz-Massieu, y fue moderado por Héctor Cárdenas, presidente de COMEXI.
Durante el evento, las y los ponentes compartieron sus experiencias al frente de la política exterior mexicana y reflexionaron sobre la vigencia de los principios constitucionales que históricamente han guiado la política exterior de México. En este sentido, destacaron que el ejercicio de la diplomacia implica equilibrar principios e intereses, así como interpretarlos de manera dinámica frente a los cambios del entorno internacional.
Las y los participantes también enfatizaron la relevancia de que México mantenga una presencia activa en el ámbito multilateral, participando en cumbres internacionales y fortaleciendo su interlocución con otros países, especialmente en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y por un sistema internacional en transformación.
Asimismo, señalaron que México cuenta con oportunidades para impulsar una política exterior más activa, revitalizar su participación en foros y consolidar alianzas estratégicas —como con la Unión Europea— que permitan ampliar su margen de acción internacional.
Dentro de las prioridades inmediatas se destacó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la necesidad de garantizar certeza jurídica para la inversión extranjera. También se subrayó la importancia de fortalecer la relación con Norteamérica, y particularmente con Estados Unidos, mediante una estrategia más proactiva —y no meramente reactiva—, además de impulsar la diversificación no solo en el ámbito comercial, sino también a través de la reapertura del diálogo en temas estratégicos.
Finalmente, las y los excancilleres compartieron sus principales aportaciones a la diplomacia mexicana, así como reflexiones sobre lo que les hubiera gustado impulsar y lo que, en retrospectiva, pudo haberse hecho mejor. Entre aspiraciones, memorias y testimonios destacaron temas como la diversificación del comercio exterior, la recuperación de espacios de influencia en distintas regiones, la organización de cumbres internacionales y el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, entre otros.
Para más información escribe a: comunicacion@consejomexicano.org
/ Quizá una de las consecuencias más directas, pero menos pensadas del libro Ni Venganza Ni Perdón de Julio Scherer es que pareció confirmar mucho de lo que se decía ya dentro y fuera del país acerca del gobierno fundador de la llamada Cuarta Transformación.
Los señalamientos sobre problemas de legalidad están ahí, significados menos por las que hubieran sido quizá debatibles, pero justificables decisiones de corregir abusos previos que por el deseo de imponer determinaciones basadas más en el deseo personal, en el "yo creo" o en la simpatìa ideológica que en capacidades.
