/ La presidenta Sheinbaum, en su discurso conmemorativo del centésimo noveno aniversario de la Constitución de 1917, nos puso al día respecto el sentido y propósito de los últimos años en los cambios constitucionales promovidos por la 4T en contra del neoliberalismo, cuya influencia comenzó en 1982-1983 con la implantación del Sistema de Planeación Democrática, la Rectoría del Estado en la economía, el fortalecimiento municipal, la integración de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la regulación de las compras públicas, entre otros aspectos de relevancia constitucional.
/ David Foster Wallace, un novelista, contaba el cuento de dos peces jóvenes que se encuentran a uno viejo en el agua. “¿Cómo está el agua les preguntó el pez viejo?” “¿Qué diablos es el agua?” le responden los otros. Las libertades más fundamentales son como el agua: no se notan hasta que desaparecen. Y ese es el asunto crucial con la reforma electoral que Morena planea endilgarle a la ciudadanía.
Los elementos esenciales que sustentan la vida cotidiana de una sociedad no son cosas como las calles (ni siquiera con sus interminables baches) o la electricidad, sino la capacidad de interactuar entre los ciudadanos y entre estos y sus gobernantes, pues de eso depende que se preserve la paz social, existan empleos y haya progreso, como sea que éste se defina. Esa apertura, decía el filósofo Karl Popper, no sobrevive por sí sola; sólo sobrevive si la ciudadanía la defiende frente a quienes la explotan para destruirla.
La reforma electoral propuesta por Morena va a poner a prueba la existencia de la ciudadanía como entidad viva. Por años, las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas hoy parte activa de Morena, promovieron el desarrollo y avance de la incipiente democracia mexicana. Hoy tanto las organizaciones como la ciudadanía están a prueba: quedarse calladas ante el embate del partido en el gobierno, con el riesgo que eso entraña; o reactivarse, volver a sus orígenes y asumir el rol histórico que hizo posible, hace décadas, el fin del régimen autoritario.
Es indudable que Morena tiene los votos para aprobar cualquier legislación, incluyendo enmiendas constitucionales, que le vengan en gana a sus líderes. Sin embargo, el costo social y, potencialmente, de popularidad, puede llegar a tener enormes efectos políticos. La legitimidad de un gobierno en la era de la ubicuidad de la información es mucho más vulnerable de lo aparente. Es por esto que, con una perspectiva de mediano plazo, lo que haga, o deje de hacer la ciudadanía es trascendental.
Dos imágenes sobre la ciudadanía perviven mis observaciones a lo largo del tiempo: por un lado, el mexicano es extraordinariamente creativo, hábil y flexible. Baste ver a los vendedores ambulantes a la mitad de las arterias urbanas, buscando la oportunidad de hacerla en la vida. El famoso milusos no es algo común, sino extraordinariamente mexicano en su esencia. Esa capacidad de adaptación, búsqueda de opciones y flexibilidad para encontrarlas es también una de las características de la sociedad mexicana en su dimensión sociopolítica. Y, sin embargo, hoy muchas de esas organizaciones civiles dedicadas a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la democracia parecen perdidas en el espacio sideral. Como si una escalera eléctrica llamada Morena súbitamente se habría parado, dejando a sus usuarios paralizados, sin capacidad para dar unos pasos por sí mismos.
No son pocas las legislaciones e instituciones que surgieron de la presión ciudadana, como ilustran las entidades electorales, la de transparencia y las comisiones de derechos humanos. Una a una, estas han ido desapareciendo o han sido neutralizadas por el gobierno. Pocas han sido las voces de alarma, mientras que Morena sigue el proverbial “voy derecho y no me quito.” Pero un gobierno autoritario amenaza a todos, independientemente de su filiación.
Es evidente que un régimen que controla todas las instancias del Estado tiene la capacidad para imponer su ley, pero no sobraría que el gobierno y su partido reparen sobre las consecuencias potenciales de su actuar, pues una vez reformado el sistema electoral (es, decir, subordinado al partido gobernante), ya no hay hacia donde hacerse. Encarrerados, todo parece fácil; no obstante, esa es una receta para errar y socavar sus propios activos.
En su biografía de Robespierre, Marcel Gaucher dice que su biografiado no podía concebir que la alternancia en el poder era clave para la estabilidad política porque no podía imaginar a un partido político como algo más que representante de un interés particular y, por lo tanto, incompatible con una ciudadanía libre. La lección fue dura para Robespierre y no hay razón para pensar que será diferente (así sea por otro método) para Morena. Con acceso inmediato al acontecer nacional y mundial es muy difícil preservar el poder a fuerzas y sin legitimidad: la gente sabe que hay mejores opciones. Nada garantiza que el control o legitimidad con que hoy cuenta Morena siga siendo posible en el futuro.
Nada de esto va a convencer al gobierno o a los liderazgos de Morena. Su cálculo es obvio: hoy tienen el control de los tres poderes públicos y pueden hacer lo que les dé la gana. Más aún, dada la popularidad de que goza la presidenta, su estimación es que el riesgo es menor. En cambio, una vez en control de las entidades electorales, el poder será permanente. Si hubiera alguna duda, las decisiones recientes del INE y del Tribunal electoral, respectivamente, lo confirman.
Dicho eso, no sobra poner sobre la mesa dos elementos más: uno es que, dada su propensión a la fragmentación, nada garantiza que persista la unidad dentro de Morena. El otro es que tampoco es obvio que las organizaciones civiles que hoy están paralizadas dentro de Morena sigan estándolo de manera perenne. A final de cuentas, así le pasó al PRI.
/ Durante las últimas décadas los republicanos estadounidenses fueron consistentes defensores de la soberanía de los estados, pero ahora el gobierno del presidente Donald Trump parece listo a limitarla para facilitar lo que asegura sería limpieza en las elecciones legislativas de medio término.
En concreto, propone tanto nuevas reglas para votantes en general como que el gobierno federal supervise las elecciones en por lo menos quince estados o ciudades donde afirma hay problemas y posibilidades de fraude.
/ En los próximos meses, los países se reunirán en Naciones Unidas para la penúltima Reunión de Alto Nivel sobre VIH antes de concluir con la Agenda 2030. En teoría, estos encuentros sirven para monitorear el avance y renovar compromisos, así como acelerar el camino hacia el fin del SIDA como amenaza de salud pública. Pero esta vez el contexto es distinto. Y es preocupante.
Después de más de dos décadas de avances, la respuesta global al VIH atraviesa uno de sus momentos más frágiles.
No se trata solo de cifras o metas internacionales. En el terreno, esto se traduce en clínicas que reducen servicios, programas comunitarios que desaparecen y pacientes que ya no tienen la misma certeza de acceso a tratamiento y/o prevención. Para millones de personas, la continuidad de la atención no es un tema político: es la diferencia entre vivir o morir.
Una gran parte del problema es financiero. Programas que han sido pilares de la respuesta global como PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para hacer frente al SIDA por sus siglas en inglés), USAID, Fondo Mundial y otros mecanismos de cooperación internacional hoy enfrentan incertidumbre, recortes, reorientaciones o cierre total. Muchos países medianos y bajos ingresos dependen de estos fondos para sostener tratamiento antirretroviral, pruebas, prevención y acompañamiento comunitario. Cuando ese financiamiento tiembla, todo el sistema se vuelve vulnerable.
Al mismo tiempo, en el marco de la iniciativa UN80, están sobre la mesa propuestas que podrían transformar drásticamente el rol de ONUSIDA. En la práctica, esto ya se traduce en grandes reducciones de personal y de presencia en terreno, y existe la posibilidad de que su mandato actual, como programa especializado en la respuesta al VIH, se integre en otras oficinas de la ONU como la OMS y deje de existir como entidad autónoma hacia 2027.
Esto no es un ajuste administrativo menor: ONUSIDA ha sido la pieza central para coordinar la respuesta global al VIH, recolectar datos, exigir rendición de cuentas y mantener la visibilidad y voluntad política en la lucha contra el VIH/SIDA. Su desmantelamiento o absorción en estructuras más amplias corre el riesgo real de que las necesidades específicas de quienes viven con VIH sobre todo en regiones con epidemias dinámicas y desigualdades profundas se diluyan entre una agenda más amplia y competida, así mismo, ONUSIDA siempre ha puesto a las comunidades al frente de la respuesta contra el VIH, mientras que los mecanismos de participación activa de la sociedad civil organizada como la OMS son ampliamente burocráticos, restrictivos, sistemáticamente limitativos y obstaculizan la participación equitativa de las minorías y países de bajos ingresos dificultando que las voces de las personas viviendo con VIH se escuchen, se tomen en cuenta y sirvan para coaccionar soluciones intersectoriales.
Desde Medical Impact trabajamos en contextos de marginación y difícil acceso. Ahí es donde estas decisiones globales se sienten primero. Las poblaciones más afectadas: mujeres, jóvenes, comunidades clave son también las que menos margen tienen para absorber retrocesos. Cuando falla la prevención, aumenta la transmisión. Cuando se interrumpe el tratamiento, crece la mortalidad. Cuando se reduce el trabajo comunitario, la gente simplemente deja de llegar a los servicios.
La próxima reunión de alto nivel debería ser un último llamado de alerta, no una ceremonia diplomática más. El mundo aún puede controlar la epidemia, pero eso exige compromiso político real y financiamiento sostenido.
Retroceder ahora no sería solo un error estratégico. Sería una decisión con consecuencias y costo que se paga con vidas humanas.
Porque el VIH no desaparece cuando deja de ser prioridad. Solo se vuelve más silencioso y desigual.
/ Apenas en noviembre de 2025 se publicó el documento National Security Strategy of the United States of America, acompañado de un prólogo del actual presidente de los Estados Unidos. En él, en pocas palabras, se expone el significado del llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Este corolario refuerza la intención de acentuar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y de protegerlo frente a los intereses de otros actores y países.
De esta estrategia se desprenden dos líneas de acción: enlistar y expandir (Enlist and Expand). La primera coincide con un conjunto de medidas orientadas al control migratorio, que buscan recuperar las mejores prácticas y fortalecer alianzas clave, tanto para frenar la migración y el flujo de drogas ilícitas en toda América e inclusive más allá de sus fronteras, así como fortalecer la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas.
La segunda acción es una estrategia de política exterior de Estados Unidos centrada en recuperar y consolidar su preeminencia en el Hemisferio Occidental. El enfoque principal es desplazar la influencia de potencias extranjeras (competidores no hemisféricos) mediante una combinación de presión económica, alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la presencia comercial estadounidense.
Estas dos líneas de acción coinciden plenamente con las medidas aplicadas para la gestión fronteriza y migratoria durante el primer año de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025. Bajo el liderazgo de Marco Rubio como secretario de Estado, Estados Unidos ha impulsado una nueva forma de relacionarse con países no alineados al bloque occidental, como Cuba y Venezuela.
Esta reconfiguración diplomática se ha traducido en acciones concretas, entre ellas la devolución de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de dichos países, así como la cancelación de permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas medidas han implicado que terceros países cedan ante la presión estadounidense para aceptar deportaciones sin un proceso judicial previo, como ocurrió con los 252 venezolanos trasladados a El Salvador, donde fueron sometidos a procedimientos injustos en una cárcel de alta seguridad.
Con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, la deportación en cadena se convirtió en una estrategia central de control fronterizo. A través de decretos presidenciales, se establecieron mecanismos de devolución a países de origen o a terceros Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Esta configuración ha generado un flujo migratorio inverso que no solo tensa los lazos diplomáticos en el hemisferio, sino que desprotege a los solicitantes de asilo. La celeridad e imposición de estos acuerdos ponen en tela de juicio el principio de retorno seguro y ordenado, creando un entorno propicio para la impunidad y el maltrato sistemático de la población migrante.
El impacto en la vida de las personas migrantes sometidas a deportaciones no regularizadas —particularmente a través de redadas masivas— ha generado un creciente descontento hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta agencia, fundada en 2001, ha sido objeto de un número cada vez mayor de protestas, a partir de enero de 2026, debido a actos violentos contra personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos.
La deportación no regularizada en este contexto implica un riesgo aún mayor para las personas que se beneficiaron del programa Parole —particularmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos—, así como para quienes carecen de estatus legal o han sido señalados por alguna falta relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas deportaciones inmediatas eliminan la posibilidad de un debido proceso antes de la remoción y exponen a las personas a riesgos graves para su vida y seguridad al ser enviadas de vuelta a países de los que huyeron debido a la violencia o a la pobreza.
/ El rápido envejecimiento poblacional en España es una realidad que necesita respuestas y enfoques multidisciplinares para su correcto tratamiento. Hacerle frente implica repensar la organización actual del Estado debido a que cada vez hay más registros de muertes que de nacimientos.
Por lo tanto, vale la pena analizar a la inmigración como un aspecto que puede ayudar en el sostenimiento del Estado de bienestar español.
La inmigración se ha presentado como un elemento fundamental para darle fuerza a las áreas que están mayoritariamente envejecidas y para reducir la tensión provocada por la poca de mano de obra joven y por el preocupante desequilibrio demográfico que está presente alrededor de todo el territorio español. De acuerdo con el Banco de España, el aporte de la población extranjera que vive en España se evidencia sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos.
Lo expuesto anteriormente demuestra el importante rol que tiene la inmigración para servir como motor para el mantenimiento de la economía del país. De hecho, según el centro de análisis Funcas, desde 2022 y hasta finales de 2024 la población extranjera viviendo en España cubrió el 40% de los trabajos disponibles, lo cual tuvo resultados favorables para el crecimiento del sector económico español. Por lo tanto, con los hechos abordados es posible entender a la inmigración como un elemento que tiene la capacidad de adaptarse a los drásticos cambios demográficos que ha atravesado España en los últimos años y, al mismo tiempo, generar respuestas ante las necesidades del país.
En este sentido, la llegada de extranjeros a España puede generar efectos positivos para áreas prioritarias a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que dichos beneficios pueden volverse más viables al estar acompañados de iniciativas que busquen el bienestar de todos los inmigrantes sin importar su país de procedencia ni estatus económico. Según datos arrojados por El Observatorio Social, los extranjeros que viven en España son un sector poblacional que atraviesa múltiples dificultades financieras y se enfrenta a diferentes tipos de brechas, como la laboral. Por esta razón, es necesario que se sumen esfuerzos para que su integración y protección pueda darse de manera exitosa.
En definitiva, la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad en España son factores que afectan el mantenimiento del Estado de bienestar del país a largo plazo. No obstante, crear una agenda con prioridades bien definidas y planes de inclusión para los inmigrantes puede ayudar significativamente a equilibrar las implicaciones causadas por el creciente número de personas de la tercera edad en España.
Al considerar que en el territorio español hay una elevada cantidad de inmigrantes, resulta importante que se analice el papel de dicho sector poblacional como una vía de acción viable para hacerle frente a los desequilibrios provocados por el envejecimiento poblacional. Lograr este objetivo no podrá darse de forma inmediata, pero, para intentar contrarrestar sus efectos actuales, puede ser conveniente que el gobierno de España empiece por abordar las causas estructurales que han provocado que la natalidad haya tenido una caída drástica.
Por último, vale la pena reconocer que el potencial positivo de la inmigración no está libre de problemáticas sociales. Al considerar que la integración de los no nacionales es un aspecto que genera desafíos, es posible plantear que las dinámicas de convivencia en el país se ven afectadas. Por eso, al contemplar a la inmigración como un factor clave para el dinamismo en la economía española, no se debe ignorar la necesidad de promover procesos de cohesión que puedan mantenerse con el paso del tiempo.
/ El Ártico dejó de ser una periferia silenciosa. Hoy es el espacio donde confluyen el deterioro climático, la ambición estratégica y una disputa política que amenaza con profundizar el quiebre trasatlántico. El 22 de marzo de 2025, el hielo marino alcanzó el máximo anual más bajo desde que hay registros satelitales: 14.33 millones de kilómetros cuadrados, muy por debajo del promedio histórico. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo resumió sin eufemismos: el techo helado del hemisferio norte está dejando de cumplir su función de estabilizador climático. En 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que el calentamiento en el Ártico es más acelerado que en cualquier otra región, amplificando riesgos ambientales, económicos y políticos.
Ese deterioro físico abre oportunidades —y tentaciones—. Con menos hielo, se extienden las temporadas de navegación y se acortan distancias entre Asia y Europa. Pero la eficiencia logística convive con una vulnerabilidad mayor: infraestructuras escasas, ecosistemas frágiles y una gobernanza incapaz de contener rivalidades crecientes. El Ártico no solo se derrite; se vuelve disputable.
Soberanía y rutas marítimas
En ese contexto debe leerse el renovado interés de Donald Trump por Groenlandia. Lo que en otro momento pareció una excentricidad, hoy aparece como una pieza coherente —y profundamente inquietante— de una ambición geoestratégica mayor. De lo que se ha filtrado de las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no se desprende que Washington busque, al menos de manera inmediata, más bases militares, acceso privilegiado a minerales específicos o la instalación de armas estratégicas en la isla. El núcleo del diferendo es otro: la soberanía.
Groenlandia no es relevante solo por lo que tiene, sino por dónde está. Para Estados Unidos, adquirir soberanía sobre la isla significaría alterar de manera sustantiva el mapa de colindancias en el Ártico. Hoy, la huella estadounidense en la región deriva casi exclusivamente de Alaska. Esa posición es relevante, pero limitada frente a las amplias proyecciones de Rusia, que cuenta con la mayor línea costera ártica y con reclamaciones consolidadas sobre extensas áreas del océano Ártico. La soberanía sobre Groenlandia permitiría a Washington proyectarse directamente hacia el corazón del Ártico, equilibrando —y disputando— esa ventaja rusa.
No es un detalle menor. En el derecho del mar, la posesión de territorios árticos amplía zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y, con ello, derechos potenciales sobre recursos y rutas. Cambiar la soberanía de Groenlandia alteraría ese equilibrio sin necesidad de disparar un solo tiro. De ahí la gravedad del planteamiento.
A esto se suma la dimensión marítima. El deshielo hace cada vez más plausible la navegación regular por rutas árticas. Los pasos al este de Groenlandia —vinculados al Atlántico Norte y a los accesos entre Norteamérica y Europa— adquieren una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de comercio: controlar, influir o condicionar esos corredores implica capacidad de presión económica y militar. En un mundo de cadenas de suministro tensionadas, los canales de navegación se vuelven instrumentos de poder.
Visto así, la pregunta sobre Groenlandia tiene una respuesta incómoda, pero clara. No son solo los minerales, ni las bases, ni siquiera el corto plazo; es el Ártico. Es la posibilidad de redefinir colindancias, de disputar la primacía rusa y de sentar un precedente sobre cómo se reconfiguran espacios estratégicos en el siglo XXI. “Es el Ártico, estúpido”, podría responder Trump si contestara con franqueza.
Riesgo de contagio normativo
El problema es el costo político de esa ambición. El diferendo golpea directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La alianza pierde cohesión cuando uno de sus miembros plantea, siquiera retóricamente, la modificación de la soberanía de un territorio ligado a otro aliado. Ganan, en cambio, las ambiciones extraterritoriales que alimentan narrativas similares en Beijing y Moscú. Rusia observa; China, sin colindancia directa con el Ártico, busca afanosamente una reivindicación que le permita reafirmarse como actor “casi ártico”. El silencio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ayuda. Europa recibe, una vez más, un incentivo para cerrar filas, mientras la posibilidad de una guerra arancelaria aparece menos como causa y más como síntoma de un divorcio profundo.
Las consecuencias se proyectan más allá del Ártico. Pierde Ucrania, cuya causa se debilita cuando la soberanía se relativiza. Pierde Taiwán, porque el unilateralismo refuerza la lógica de los hechos consumados. Y pierde el orden multilateral, justo cuando más necesitaría reglas claras.
En este escenario, el Ártico se perfila como uno de los principales vectores del conflicto mundial que viene: no necesariamente una guerra abierta, pero sí una disputa sostenida por colindancias, rutas de navegación y legitimidad. A diferencia de otros teatros, aquí confluyen disuasión nuclear, fragilidad ambiental y rivalidad entre grandes potencias.
En el contexto de la moralidad occidental, la acción estadounidense en Venezuela recuerda, en el marco del multilateralismo y el Derecho Internacional, que ese tipo de acción deja a todos los países menos seguros porque erosiona la regla básica que evita que el planeta se convierta en la jungla anárquica de potencias que hace las pesadillas de los realistas más duros. Además, la captura de Nicolás Maduro y los ataques emprendidos para lograrla debilitan el Derecho Internacional —que costó décadas construir y ha estado bajo asedio en el último lustro—, precisamente por el riesgo de contagio normativo: lo que se tolera una vez se vuelve argumento para repetirse (nuevamente, habría que revisar la acumulación de efectos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina).
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado.
Si ese contagio llegara al Ártico, el daño sería doble: tocaría soberanía y, además, elevaría el riesgo nuclear. Porque el Ártico no es solo comercio y minería: es también un teatro de disuasión. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advirtió, en 2025, que una nueva carrera de armamentos nucleares se perfila mientras los regímenes de control se debilitan, y casi todos los Estados con armas nucleares modernizan sus arsenales. Y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que el Ártico vive “cambios geofísicos y geopolíticos” rápidos que obligan a mejorar capacidades, presencia y cooperación con aliados. A esto se suma el acercamiento ruso-chino en la región, que el Pentágono señala como motivo de preocupación estratégica, en parte por infraestructura, energía y rutas marítimas (Reuters, 2024).
El problema es que la gobernanza ártica llega tarde. A diferencia del Antártico, donde el tratado congeló disputas y organizó la investigación científica, el Ártico combina jurisdicciones, intereses comerciales y competencia militar con una arquitectura más frágil. El Consejo Ártico —foro clave de cooperación— ha intentado recomponer rutinas de trabajo técnico tras las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, pero su reactivación gradual deja claro lo delicado del momento. Y, aun así, la región no está condenada al choque: el Acuerdo para Prevenir la Pesca No Reglamentada en Alta Mar en el Océano Ártico Central entró en vigor en 2021, como ejemplo de precaución multilateral antes de que llegue la depredación. Es una pista importante: cuando el mundo se lo propone, puede acordar “límites” antes de que el mercado o la rivalidad los impongan por la fuerza.
Una oportunidad para la política exterior mexicana
Ahí es donde México tiene una oportunidad que no depende de tener costa en el Ártico, para proponer una Zona Libre de Armas Nucleares en el Ártico (ZLANA). México es un actor con credenciales normativas en desarme y construcción de paz. El Tratado de Tlatelolco —primer acuerdo que estableció una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada— sigue siendo referencia mundial. La idea no es extravagante: es un instrumento previsto por la arquitectura internacional, que ayudaría a la seguridad internacional y fortalecería el papel de México como actor mundial proactivo y responsable.
La propuesta, en una primera fase, no necesita obsesionarse con la cartografía ni con una negociación imposible de la noche a la mañana. Lo que sí necesita es ambición moral con realismo estratégico: México podría impulsar una conversación formal —en la ONU y con Estados árticos— para explorar esta ZLANA. No para “desmilitarizar” el Norte, sino para reducir el terrible riesgo de que un incidente, una crisis de soberanía o una política de hechos consumados escale hacia el umbral nuclear en un ecosistema que es, simultáneamente ambientalmente frágil y estratégicamente deseado. En términos de diseño, el precedente de las zonas libres ofrece herramientas conocidas: compromisos regionales, protocolos para que los Estados con armas nucleares se obliguen a no amenazar ni usar armas nucleares contra la zona, y mecanismos de verificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además, mantiene guías y experiencia sobre verificación y salvaguardias vinculadas a tratados de zonas libres, lo que daría credibilidad técnica a cualquier esquema.
¿Para qué serviría, en la práctica política, una iniciativa así? Primero, para reinstalar una línea roja clara en un entorno donde las líneas se borran. Si el mensaje geopolítico de Venezuela fue “el fuerte puede actuar”, el mensaje ártico debería ser el inverso: “hay ámbitos donde nadie puede jugar con fuego”. Segundo, para proteger el espacio de cooperación científica y ambiental que aún sobrevive. Las organizaciones indígenas, con estatus de participantes permanentes en el Consejo Ártico, han insistido en que el valor del foro es precisamente permitir cooperación pacífica e incorporar conocimiento indígena en decisiones. Tercero, para darle al multilateralismo una victoria concreta en tiempos de fatiga diplomática: una norma de contención nuclear es el tipo de logro que ordena incentivos incluso cuando las potencias desconfían entre sí.
La objeción típica es inmediata: “las potencias nucleares nunca aceptarán”. Pero la historia de las zonas libres enseña que el camino suele empezar por lo que parece improbable y avanza por capas. La clave es presentar el proyecto como una inversión de seguridad compartida, no como una derrota para nadie. De hecho, varias potencias ya conviven con zonas libres en otros continentes y han firmado protocolos de respeto. Y, en el Ártico, la contención nuclear puede alinearse con intereses que no son ideológicos: evitar accidentes, bajar costos de crisis, proteger infraestructura estratégica y sostener estabilidad en rutas y mercados que todos desean utilizar.
También hay un argumento de política exterior mexicana: el Ártico no es una agenda ajena a Norteamérica. La creciente centralidad del Norte en la defensa continental muestra que la seguridad regional se está reconfigurando; Canadá, por ejemplo, formalizó planes de inversión a 20 años por 38 600 millones de dólares canadienses para modernizar capacidades vinculadas al entorno polar. Y la promesa de las rutas árticas también tendrá un valor elevado para Norteamérica como región. México, firme en su prioridad norteamericana, gana si su vecindad estratégica se vuelve más predecible y menos propensa a crisis. Si el deshielo reconfigura rutas y competencia, México tiene incentivos para que ese reordenamiento ocurra con reglas, no con ultimatos.
Compuertas abiertas
La discusión sobre Groenlandia y la intervención en Venezuela dejan una advertencia: cuando se relativiza la soberanía, se abren compuertas. El Ártico es demasiado importante para dejarlo a esa deriva. México puede ofrecer algo escaso: una diplomacia capaz de hablar con el Norte sin perder legitimidad en el Sur, y capaz de poner sobre la mesa una idea de seguridad humana que no compite con la defensa legítima, sino con la escalada irracional. Proponer un Ártico libre de armas nucleares no resolverá por sí solo la rivalidad internacional, pero sí puede recortar el espacio donde un error se vuelve catástrofe. En un mundo que se calienta, reducir la probabilidad del peor incendio es una política exterior sensata.
México no es un espectador irrelevante. Como actor con tradición en desarme y construcción normativa, puede jugar una carta que otros no tienen. Y el llamado Sur global también tiene incentivos para hacerlo: el debilitamiento del Derecho Internacional rara vez se queda en el Norte. Cuando las reglas se erosionan arriba, el costo se paga abajo.
La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado; es una señal. Y como toda señal temprana, merece ser leída con cuidado. El Ártico ya no es solo un termómetro del clima; es un barómetro del orden internacional. Ignorarlo sería un error estratégico. Disputarlo sin reglas, una irresponsabilidad histórica.
Carlos Matute González
